Un avión venezolano-iraní detenido en Argentina: presión del lobby israelita

Rubén Armendáriz

En medio de la espuma mediática por la aeronave venezolana retenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza, las presiones de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) lograron que el juez federal Federico Villena decidiera liberar a los tripulantes venezolanos y prohibirla salida del país de los cinco ciudadanos iraníes hasta confirmar que no son militantes o dirigentes de la guardia islámica conocida como Al Quds.

El gobierno de Irán denunció que la detención en Ezeiza del Boeing 747 venezolano que transportaba a 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes forma parte de una «operación de propaganda» contra Teherán como consecuencia de sus políticas nucleares.

«Las últimas semanas están llenas de propaganda, operaciones psicológicas, guerra de palabras para provocar un sentimiento de inseguridad (en Irán) y este caso forma parte de ello», aseguró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Said Khatibzadeh, en una conferencia de prensa.

El Boeing llegó a Ezeiza el lunes 6 de junio, cuando comenzaba la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos, con una carga de autopartes. Integraban su tripulación catorce venezolanos y cinco iraníes. Previamente, por el mal clima, había hecho una escala en la ciudad argentina de Córdoba.

El avión de la empresa venezolana Emtrasur que fue retenido en Argentina tuvo a Uruguay como protagonista, ya que rechazó el ingreso del avión supuestamente sancionado por Estados Unidos. Según indica el fallo judicial, decisión de Uruguay fue clave para «levantar sospecha» en las autoridades argentinas y que estas definieran quitar los pasaportes a los pasajeros.

Uruguay rechazó el vuelo porque el avión contaba con una «una restricción» por tener un número de matrícula «que estaría observado por varios países». El ministro de Defensa uruguayo, Javier García, anunció que fue él quien desautorizó el aterrizaje, con información que recibió el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, «de agencias extranjeras, que se volcaba al Uruguay y, como la jurisdicción es del Ministerio de Defensa, el responsable de tomar esa decisión soy yo», alegó el jerarca.

El ministro argentino de Seguridad Ciudadana, Aníbal Fernández, señaló que no había nada que nos mostrara que el avión no tenía que ingresar. Después hay muchos cruces que se hacen y encontramos la punta para la investigación pertinente. Se revisó todo y ningún tripulante tenía una alerta para ingresar. Se les dio autorización para dormir y no se fueron por falta de combustible. Las empresas de acá no le quieren cargar por una posible sanción de Estados Unidos”, dijo por televisión.

El abogado de los pasajeros Rafael Resnick realizó un pedido de habeas corpus que fue rechazado por «abstracto» en el caso de los venezolanos, a quienes se les devolvió el pasaporte por ser parte de un estado asociado al Mercosur, y fue rechazado de plano para los iraníes, a quienes se investiga.

El vuelo llegó a Buenos Aires el lunes 6 de junio proveniente de Caracas, con una parada por niebla en el aeropuerto de Córdoba, con 17 tripulantes. «Toda vez que no pesaba sobre ninguno de los miembros de la tripulación alerta, restricción o impedimento alguno, se permitió su ingreso en los términos de la normativa aplicable», dice el fallo judicial sobre el habeas corpus.

Al llegar a Argentina, el vuelo fue investigado y revisado en varias oportunidades, al igual que la documentación de los pasajeros, pero no se encontró ningún material sospechoso y los pasajeros no estaban en los registros de la Interpol. Al día siguiente, esa aeronave tenía previsto otro vuelo que no pudo concretar por falta de combustible.

Ni la empresa estatal YPF ni la trasnacional Shell le vendieron el combustible necesario. El miércoles, con todos sus tripulantes a bordo, el avión partió desde Buenos Aires hacia Uruguay. Sin embargo, el gobierno uruguayo rechazó el pedido de ingresar en el espacio aéreo uruguayo por tratarse de un avión que estaba sancionado por EEUU.

El avión «debió retornar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y allí la Dirección Nacional de Migraciones retuvo la documentación de los tripulantes y dio intervención a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. «La situación migratoria no tenía nada que ver con el motivo, (…) y en el medio se produce nueva información (el rechazo de Uruguay) y es lo que hace que se cambie el motivo, por las dudas razonables», indica el fallo.

Los cinco iraníes estaban con algún grado de sospecha por una única razón: Uruguay no los dejó entrar cuando el avión se dirigió a Montevideo para cargar combustible.

En el medio de la polémica quedó involucrada la automotriz Volkswagen Argentina, junto con las empresas autopartistas Faurecia y SAS: el avión transportaba asientos y piezas para el tablero de instrumentos de la Taos fabricada en Argentina. Volkswagen dijo que no tenía relación alguna con la situación y señaló que compra a esas dos autopartistas las piezas de los asientos y panel de instrumentos.

El lobby israelí

La Justicia argentina considera siempre sensible la presencia de viajeros iraníes, en razón de las alertas rojas de captura emitidas por Interpol que rigen para exgobernantes de ese país, acusados por vínculos con el atentado contra el centro de la comunidad judía argentina cometido en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y unos 300 heridos.

La AMIA y la DAIA advirtieron que la compañía Mahan Air fue “sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas”; y por ello le reclamaron al Gobierno de Alberto Fernández que dé “una información exhaustiva y detallada sobre las personas que viajaban en el avión y los motivos de su paso por el país”.
Las entidades israelitas señalaron que los atentados del 17 de marzo de 1992 contra la Embajada de Israel y del 18 de julio de 1994 contra la AMIA “que aún permanecen impunes, fueron planificados y ejecutados por el Hezbollah, un grupo terrorista financiado y apoyado por la República Islámica de Irán”, aunque no hay pruebas que lo confirmen.

* Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)