DOSSIER: Elecciones en Colombia con una una potente energía de cambio

Como nunca antes lo había vivido el país, las elecciones para seleccionar el presidente 2022-2026 están cargadas de una potente energía de cambio, de ruptura con la historia de dos siglos de manejo oligárquico del gobierno, que han dejado un país de exclusiones, violencia opresiva contra las voces disonantes,  matanzas, asesinatos, represión, además de la concentración de la riqueza, multiplicación del empobrecimiento y el hambre, y del desconocimiento de la naturaleza como un todo integral, para convivir y no expoliar

Un “Pacto Histórico” puede derrotar

a las fuerzas de la guerra

Paula Giménez

Tras una larga campaña electoral, el próximo domingo 29 de mayo se realizan las elecciones presidenciales de Colombia. Como ante cada confrontación política, sea social o institucional, una vez más y como desde hace años, el importante país sudamericano repone la contradicción principal entre las fuerzas que históricamente se han enfrentado. Las de la paz, en busca de un proyecto de justicia social y las de la guerra, en favor de la imposición de un proyecto expoliador, dispuesto al aniquilamiento de sus adversarios.

El “Pacto Histórico”, la coalición de Partidos, Sindicatos y Movimientos Sociales que encabezan Gustavo Petro, ex militante de la organización M-19 y ex alcalde de Bogotá, y Francia Márquez, una jóven mujer afrocolombiana feminista, ambientalista y defensora de los Derechos Humanos, están construyendo la posibilidad de un victoria electoral que se convierta en un contundente triunfo político para las fuerzas de la paz.

La fórmula presidencial de la centroizquierda y la izquierda contiene al primer y a la tercera aspirante presidencial individual de las elecciones primarias del pasado mes de marzo, celebrada en conjunto a las elecciones parlamentarias del país. Allí, Petro obtuvo casi 4,5 millones de votos y Francia Márquez, 785 mil papeletas.

En segundo lugar, y entre medio de los dos candidatos del “Pacto Histórico”, emerge Federico “Fico” Gutiérrez con 2,1 millones de electores, alcalde de Medellín entre 2016 y 2020, que parece se presenta a sí mismo como el presidente de “un país en orden y con oportunidades” y que, a esta altura, apuntala los apoyos más o menos explícitos del actual presidente Iván Duque, del uribismo y del santismo. También puja por intentar colarse en la eventual segunda vuelta Rodolfo Hernández, un empresario con numerosas acusaciones de corrupción y con un discurso al estilo chabacano de Donald Trump.

Este domingo se juega la oportunidad del pueblo colombiano de materializar su larga historia de lucha en una victoria electoral, en un país signado por la violencia política y un modelo neoliberal con una larga historia en posición de gobierno.

 Violencia y política en Colombia

La violencia política en Colombia tiene larga data. La misma puede remontarse a la defección santanderista al proyecto de Patria Grande de Simón Bolívar, que dio origen a la actual República de Colombia. El Estado, desde su origen, configuró un régimen político dominado por posiciones ideológicas conservadoras y pro-imperiales, muy estrecho y poco permeable a las demandas de los sectores populares.

El principal problema fue –y es- la tenencia de la tierra. A costa de muchísima violencia, una élite defendió –y aún defiende- sus privilegios. A mediados del siglo XX, el cuestionamiento a este orden económico, social y político, por parte de las organizaciones campesinas, “popularizó” al Partido Liberal colombiano que, bajo el liderazgo de Jorge Eliecer Gaitán, prometió una ampliación de derechos y una reforma agraria.

Los sectores oligárquicos comprendieron la amenaza y el sicariato asesinó al líder liberal en abril de 1948. La respuesta popular devino en la famosa insurrección popular conocida como el “Bogotazo”, que conmocionó para siempre la vida política del país. Eran los tiempos de “La Violencia”, como se define un período histórico que al menos se extiende hasta 1958, con la caída de la dictadura de Rojas Pinilla.

Lo extraño del caso es que, luego de “La Violencia”, no vino “La Paz”, sino el surgimiento del llamado “Frente Nacional”, un pacto de alternancia de gobierno que puso a los dos partidos tradicionales, el Conservador y el Liberal, detrás de un único candidato presidencial, mientras se dividían todos los cargos oficiales por igual, por más de 16 años, hasta 1974.

El contubernio, la estrechez política de la oligarquía, la violencia institucionalizada, el desplazamiento forzado de campesinos y campesinas, sumados al explosivo contexto internacional y regional, determinaron que las Autodefensas Campesinas se convirtieran en una necesidad. En esas luchas por el territorio, liberales, comunistas y humanistas cristianos darán inicio a una lucha social y armada, que se sintetizó en el nacimiento en 1964 de las dos organizaciones políticas y militares más importantes de Colombia, las FARC y el ELN, a la que luego se unirían otros agrupamientos, como el EPL en 1967 y el M-19 en 1973.

Tras un ciclo de ascenso en las luchas populares, desde mediados de los años 80 se ensayan diversos acuerdos de paz. Uno de los mismos permitió el surgimiento de la Unión Patriótica (UP), que rápidamente se consolidó como la tercera fuerza electoral del país. Pero un sistemático proceso de asesinato de líderes y activistas de la UP terminaría en genocidio. En la historia de Colombia, numerosos diputados, senadores y candidatos a la presidencia fueron asesinados, como Jaime Pardo Leal de UP en 1987, Luis Carlos Galán del Partido Liberal en 1989 y Carlos Pizarro de Alianza Democrática M-19 en 1990.

El narcotráfico captura y envuelve al sistema institucional colombiano

Toda esa historia de violencia se agravó con la expansión del narcotráfico y la constitución del llamado Narcoestado, la expresión superestructural de una estructura social muy dependiente de la economía paralela o “paraeconomía”. Tantos años de implementación de la doctrina neoliberal han generado que, en la Colombia del siglo XXI, no haya economía que tenga garantía real de desarrollarse si no está transversalizada y sostenida por el narcotráfico y la guerra, esa que se agravó con la intervención imperial del “Plan Colombia” en 1999 y la “guerra al terrorismo” de Álvaro Uribe Vélez desde su llegada a la presidencia en 2002. Un entramado que incluye a los Cárteles y las Empresas Militares Privadas, con profunda penetración territorial en el país que es el primer productor de cocaína del mundo.

Tal como señala la intelectual colombo-venezolana María Fernanda Barreto en el libro Más allá de los Monstruos (2019), “el narcotráfico y la guerra son lucrativas empresas que dinamizan la circulación y la acumulación de capital. En el caso específico de Colombia, ambos negocios la han salvado de las recesiones económicas que, en cambio, han enfrentado los países que están retornando al neoliberalismo en la región como Argentina y Brasil, así como los que nunca salieron”.

Producir poder no es igual a realizarlo. Así, a esta altura, quedan pocas dudas de que lo que el Cartel de Medellín de Pablo Escobar produjo, en términos económicos y sociales, fue realizado en términos políticos por el uribismo.

Los vínculos entre el uribismo y el narcotráfico están probados públicamente. Luego de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia abriera en 2018 una investigación sobre el expresidente por ser fundador y cabecilla, junto a su hermano, del “Bloque Metro” del paramilitarismo colombiano, el pasado mes de abril, Carmen Helena Ortiz, la jueza de Bogotá que actualmente maneja el expediente, tras una audiencia que se prolongó durante casi 12 horas, decidió mantener abierta la denuncia contra el expresidente. Según señaló el portal de CNN, durante la audiencia la jueza Ortiz criticó el trabajo del fiscal de la causa, Gabriel Ramón Jaimes, que entre julio y agosto de 2021 había intentado archivar la causa (CNN, 2/05/2022).

¿Paz o pacificación?

Cuando Juan Manuel Santos llegó a la presidencia de Colombia en 2010, la región lograba articular alianzas entre varios países gobernados por el progresismo, mientras la crisis global abierta en 2008 abría un marco de incertidumbre en las élites colombianas.

En ese contexto se dispuso un escenario de diálogos de paz entre el Estado colombiano y las FARC, por entonces la organización política y militar más grande del país. Las primeras conversaciones iniciaron en 2012 y culminaron el 23 de junio de 2016, cuando el Presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, “Timochenko”, máximo comandante de las FARC, firmaron un acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades, y la definitiva “dejación de las armas”. El acuerdo alcanzado recibió una dura puñalada en octubre de ese mismo año, cuando el uribismo, en alianza a los grandes medios de comunicación, impusieron un estrecho triunfo del “NO” en el plebiscito por los acuerdos de paz que el santismo y las FARC convinieron para validar socialmente los pactos alcanzados.

Según Barreto, “la oligarquía colombiana no quiere paz, solo quiere avanzar hacia una pacificación que dé mayor seguridad a las actividades económicas legales e ilegales y que facilite la expansión de los mercados para otro de sus grandes negocios: la guerra”.

Si se los desnaturaliza, los números de la violencia social y política en Colombia causan escalofríos. Según el reconocido INDEPAZ (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), en lo que va de 2022 y hasta el 24 de mayo, se produjeron 42 masacres con 151 víctimas fatales. En el mismo período, se contabiliza el asesinato de 78 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y 21 firmantes de los Acuerdos de Paz y ex combatientes de las FARC.

Durante el fuerte ciclo de protestas sociales, en el marco de un paro nacional, que se vivió entre abril y julio del año pasado, el INDEPAZ registró 83 homicidios, 44 de los cuales se presume que fueron cometidos por la fuerza pública. De igual manera, 96 personas sufrieron violencia ocular (como en Chile) y se lograron registrar 35 víctimas de violencia sexual en manos de las fuerzas de seguridad, tipificadas por Naciones Unidas como tácticas de terrorismo.

En otras palabras, los niveles de violencia política de Colombia, que incluyen desplazamientos de población, sicariato, secuestro y asesinato de líderes y liderezas sociales, es directamente proporcional a la defensa irrestricta de los negocios legales e ilegales que una elite sostiene, en base a la corrupción, a una fuertísima organización paraestatal y a una captura de los principales resortes del poder institucional.

Las fuerzas de la paz contra las fuerzas de la guerra: la contradicción política y social

Las elecciones de este domingo 29 de mayo pueden dar un triunfo electoral a una fuerza de izquierda por primera vez en la historia de Colombia. Existen serias posibilidades de que Gustavo Petro y Francia Márquez superen el 50% de los votos, alcanzando un triunfo en primera vuelta, algo que en Colombia sólo consiguió el ultraderechista de Álvaro Uribe en 2002 y en 2006 con participaciones electorales de la ciudadanía que no superaron el 45% del padrón.

Según la encuesta de CELAG de mayo, el 48% de los votos válidos serían en favor de Gustavo Petro, mientras que el 53,2% de los encuestados cree que el ex alcalde de Bogotá será el próximo presidente de la República.

Tal como señala el politólogo colombiano Christian Arias Barona, un triunfo en primera vuelta evitaría que el programa de gobierno del Pacto Histórico, sin dudas muy progresivo, con mucho arraigo popular, seamodificado por la pragmática -y necesaria- construcción de amplitud y gobernabilidad que exige toda búsqueda de nuevos aliados para llegar a la Casa de Nariño, la sede del poder ejecutivo colombiano.

Colombia es la cuarta economía de América Latina, la tercera en cantidad de habitantes, y la “cabeza de playa” de los intereses neoconservadores del gran capital angloamericano en la región. Un triunfo de esta magnitud, aún con la mediación de un parlamento donde la coalición del “Pacto Histórico” no cuenta con mayoría, daría un enorme empuje a las fuerzas de la paz en Colombia, y todas las fuerzas populares de la región.

Parece una paradoja que, precisamente en tierra de Simón Bolívar, se haya consolidado la fortaleza norteamericana en Latinoamérica. Decía el Libertador, en 1829: “los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad.“ Más de doscientos años parecen darle la razón. Sin embargo, el destino y la providencia siguen estando en disputa, y cada día está más claro que si hay algo que no tiene dueño, es precisamente el futuro.

* Psicóloga, magister en Seguridad de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

 

 

Caída del uribismo y emergencia de lo nuevo

Ociel Alí López

Lo que está a punto de pasar en Colombia, según todas las encuestas, es un hito latinoamericano. Confirmaría el cambio de clima político, incluso en uno de los territorios más hostiles de la región, para las fuerzas progresistas. Nos referimos al probable triunfo en las presidenciales –cuya primera vuelta se llevará a cabo el domingo 29– de un candidato abiertamente izquierdista, el exguerrillero Gustavo Petro, que se enfrenta, entre otros, a Federico Fico Gutiérrez, un exalcalde de Medellín, que pretende recomponer el bloque hasta ahora hegemónico.

La llamada gran encuesta, contratada por diversos medios del establishment colombiano y publicada la semana pasada, confirma las tendencias que ya habían marcado otras firmas: Petro va a la delantera con un 40 por ciento de los votos, casi duplicando a Fico, que alcanza un 21 por ciento. El voto en blanco ocupa el tercer lugar de las preferencias, con 13 por ciento, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández tiene 11 por ciento y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, 7 por ciento.

Según revela la encuestadora Yanhaas, responsable de la gran encuesta, en una hipotética segunda vuelta, Petro alcanzaría el 47 por ciento, mientras Fico obtendría el 34. La porción del electorado que hoy afirma que en esa instancia no votaría a ninguno de ambos candidatos es de 19 por ciento. En relación con los resultados de la misma encuestadora en marzo, Petro aumenta un 5 por ciento, mientras que Fico cae un punto. La opción «Ninguno» pasa de 23 a 19 por ciento, lo que permite inferir que los indecisos se están moviendo hacia el flanco izquierdo. Datos muy similares plantean otras consultoras.

Cabeza de playa

Desde el ascenso del uribismo al poder, a comienzos de siglo –en medio de la lucha del Estado contra grupos guerrilleros que controlaban vastas zonas del país–, Colombia se consolidó como el principal aliado de Estados Unidos en Latinoamérica. Con el ascenso del chavismo en Venezuela y la propagación de varias experiencias de izquierda en la región, Colombia acogió bases, asesores, tropas y tutelaje militar estadounidense, convirtiéndose en una cabeza de playa en lo que Washington históricamente ha considerado su patio trasero. Un lugar estratégico para Estados Unidos que ahora está en riesgo, no por un triunfo guerrillero, como se pensó otrora, sino a causa de un proceso electoral pacífico y democrático que ha desplazado a los márgenes al principal actor político colombiano de las últimas décadas.

Aunque visto por sus críticos de izquierda como un conglomerado represivo y paramilitar asociado al narcotráfico y la guerra sucia, el uribismo también ha sido un fenómeno electoral y político de gran éxito en los últimos 20 años, y ha ganado cuatro de las cinco disputas presidenciales de este siglo: solo fue derrotado en el balotaje de 2014, tras triunfar en la primera vuelta. Su líder y fundador, Álvaro Uribe (presidente de 2002 a 2010), encabezó durante años las encuestas como el político más popular del país y batió récords de votaciones, tanto como candidato a la presidencia como en su rol de postulante al Senado.

La actual presidencia de Iván Duque (2018-2022), el delfín uribista, puede considerarse como la fase decadente de este movimiento, en la que se agudizó la crisis interna en el bloque hegemónico. Previamente, durante los mandatos de Juan Manuel Santos (2010-2018) –que encabezó las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a pesar de haber sido ministro de Defensa del propio Uribe–, había ocurrido una fisura definitoria en el bloque de poder. Santos, perteneciente a una de las familias tradicionales de la oligarquía colombiana, vino a «adecentar» con cierto éxito la imagen violenta de Colombia y su Estado e incluso obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2016. Este proceso le valió la oposición tenaz de Uribe, otrora su padrino político y su principal apoyo en las elecciones de 2010.

La debacle

La firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y las FARC, si bien fue seguida por una estela de incumplimientos, persecuciones y asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros, también permitió que el conflicto sociopolítico se desplazara hacia los centros urbanos y la lucha dentro de las instituciones, con lo que perdió peso el factor militar y ganaron terreno agendas vinculadas a la reforma política y social. Emergió así un potente movimiento de protesta, especialmente en el ámbito urbano, que desencuadraba las formas tradicionales en las que se venía configurando la política colombiana.

Al mismo tiempo, quedó claro que una parte de las oligarquías ya no estaba dispuesta a seguir empantanada en la lógica guerrerista de las últimas décadas. Desde entonces, el uribismo viene en un proceso de reflujo. Aunque se alzó victorioso en las presidenciales de 2018 y logró boicotear temporalmente el proceso de paz contribuyendo al triunfo del No en el plebiscito de 2016, quedó herido de muerte por este cambio de eje. En octubre de 2019, al perder las elecciones regionales, se confirmó que este movimiento estaba sufriendo un proceso de decaimiento.

Con Duque en el poder, se venían produciendo roces internos que, aunque no llegaron a la ruptura, sí contribuyeron al debilitamiento del uribismo. Durante la fallida reforma tributaria de 2021, Uribe le hizo a Duque una «súplica angustiosa», como él mismo la enunció, para que el presidente no emprendiera ese proyecto. Duque no lo escuchó y se chocó de frente contra las mayores protestas sociales de la historia contemporánea. El llamado estallido colombiano cambió la imagen del país, que intentaba venderse a los mercados internacionales como estable y en ascenso, a la de uno ingobernable y fragmentado.

Las legislativas de marzo de este año vieron la debacle electoral del partido de Uribe, el Centro Democrático, que pasó de ser la formación más poderosa del país a conservar apenas un 10 por ciento de los votos, un resultado que lo dejó en quinto lugar, lejos de la primera posición que acostumbraba.

El conflicto llega a la ciudad

El actual escenario solo puede entenderse si se recuerdan las masivas protestas que sacudieron a Colombia a finales de 2019. El nivel de conflictividad de esos días trasmutó la escenografía rural de insurgencia guerrillera por una de protesta urbana más parecida al estallido chileno que a la estética de revolución cubana que acostumbraban los grupos armados.

Luego, en setiembre de 2020 y en plena pandemia, la muerte en Bogotá del taxista Javier Ordóñez a manos de la Policía enardeció a grandes grupos de ciudadanos que salieron a manifestar en masa. Ya Colombia no era la misma. Así, llegó un nuevo estallido en abril de 2021, convocado por el Comité Nacional de Paro, compuesto por centrales sindicales, magisteriales, organizaciones indígenas, campesinas y populares. Se había derramado el vaso.

Mientras tanto, el gobierno ha venido perdiendo fuerza debido a diversos escándalos de corrupción y acusaciones de vínculos con el narcotráfico, además de las imputaciones legales que llevaron a Uribe al arresto domiciliario durante un breve período y luego a renunciar al Senado.

Es en este escenario que Petro se perfila como favorito, con una propuesta más moderada que en instancias anteriores, pero vinculada a los movimientos sociales que hicieron frente al uribismo, un factor que encarna sobre todo su candidata vicepresidencial, Francia Márquez.

Por primera vez en la historia de Colombia un candidato de izquierda tiene chances de ganar. Pero aún falta. Hace un par de semanas, grupos paramilitares amenazaron al candidato, quien tuvo que reprogramar su gira de campaña. La ha retomado recientemente, pero rodeado de escoltas que portan grandes láminas de hierro. Cinco candidatos presidenciales han sido asesinados en las últimas cuatro décadas. Antes, en 1948, el asesinato del candidato Jorge Eliécer Gaitán fue el detonante de una guerra que aún perdura.

Todavía habrá que esperar el comportamiento del elector el 29 de mayo y, en caso de que ningún candidato consiga la mitad más uno de los votos, un balotaje que está planificado para el 19 de junio. Allí sabremos si el hito se ha producido.

*Sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Publicado en Brecha

No, no es lo mismo esta elección que la de 2018

Lariza Pizano

Hay quienes dicen que la campaña de hace cuatro años y la de ahora se parecen porque la derecha y la izquierda son las que más opción tienen de llegar a la Presidencia. Pero, así sea que las cosas sigan iguales —lo cual no es claro— y la elección termine siendo entre Gutiérrez y Petro, la situación es muy diferente a la de 2018.

Para comenzar, la agenda es otra: tras una pandemia, las demandas sociales están en el centro del debate. Hay hambre y la gente tiene sed de resolver su existencia inmediata.

Esa agenda le ha quitado piso a la derecha, cuyas posibilidades —a diferencia de hace cuatro años— son menores cada día. El pánico de este sector a hablar de políticas sociales, por considerar que esas son causas de izquierda, sumado a la mala imagen de Iván Duque le abrieron camino a Petro. Además, hace cuatro años era difícil predecir lo que pasaría, pero hoy las encuestas evidencian que mientras Gutiérrez no logra romper el techo, al candidato del Pacto Histórico le sobra piso.

En 2018, la paz se convirtió en el centro del debate. En contraste, hoy prácticamente no está en la discusión electoral. En el cuatrienio quedó claro que el paso de las Farc por el Congreso no implicó que se acabara el poco Estado que hay y, por cuenta de la ineficiencia estatal, hoy los excombatientes también han pasado a ser víctimas. Según el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, por primera vez, la mayoría de colombianos apoyan el Acuerdo de Paz (51 %), en contraste con el 41 % que lo hacía en 2016.

Venezuela también dejó de ser una amenaza. Maduro sigue en las mismas y el panorama ha cambiado a favor suyo. Estados Unidos necesita petróleo y, frente a las actitudes de Biden, el oso de Duque con la idea del cerco se hizo aún mayor. El riesgo de la “venezolanización” de Colombia es hoy un chiste.

También, a diferencia de 2018, la esencia del candidato de derecha es otra. Gutiérrez no es Duque y pide en silencio no ser el que diga Uribe. Él y sus asesores han construido una imagen alejada del expresidente, conscientes del daño que le hace a un candidato aparecer como un títere. A Fico no se le ocurriría mandarle saludos al rey.

El centro político también es otro. Con su actitud antialianzas, hace cuatro años Fajardo se blindó de figuras destructivas como la de Íngrid Betancourt. Contra todo pronóstico y paradójicamente, en ese entonces él remontó sin coaliciones. Esta vez es desplazado por Rodolfo Hernández, cuyo discurso antipolítico, pero vacío, tomó fuerza tras cuatro años de formas burdas y repartijas.

Finalmente, mientras las elecciones de 2018 fueron las más pacíficas en la historia reciente, las actuales, por cuenta de la radicalización y la incapacidad estatal, han sido las más violentas de la década.

En cuatro años, una pandemia, una crisis social y un pésimo gobierno cambiaron el panorama político por completo.

*Politóloga de la Universidad de los Andes, académica y especialista en política colombiana.

El fin no justifica los medios, y algunos

medios tienen fines injustificables

Ignacio ‘Iñaki’ Chaves G.*

Los objetivos mediáticos, sean por beneficios económicos o por incidencia política, no pueden estar, o no deberían estarlo, por encima de la decencia, de la verdad y de la justicia.

El pasado mes de abril, Noticias Caracol difundió una noticia falsa que el propio medio calificó como “error en la cobertura” y de la que se retractó ratificando su compromiso de facilitar “información transparente y veraz, como siempre”. El medio, perteneciente al Grupo Santo Domingo, mintió y luego se disculpó, pero ahí dejó el ruido de sus trinos con falsa información que termina, de una u otra manera, calando en la sociedad y construyendo esos imaginarios que nos condicionan y dominan.

“Miente, que algo queda”, un dicho histórico con una historia detrás que bebe de la propaganda y la manipulación. Y esa manipulación informativa es la que está acabando con la fiabilidad y la seriedad de los medios, sobre todo de los que denomino masivos de des-información y que se deben a quien paga la tinta, el micrófono o la cámara.

Tal vez mintiendo con la aviesa intención de que, a fuerza de repetirse, se termine convirtiendo en una verdad o en una falsedad asumida como parte de esa ‘normalidad anormal’ en donde, como señalara Delavigne en su Les enfants d’Edouard: “Mientras más increíble es una calumnia, más memoria tienen los tontos para recordarla”.

La corresponsal de Noticias Caracol en Madrid (España) apareció el jueves 21 de abril en el noticiero del mediodía “informando” sobre los señalamientos contra Petro hechos por Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, un exoficial vinculado a la seguridad del Estado venezolano que se encuentra ahora preso en Madrid. Su declaración, en efecto, tuvo lugar al día siguiente y el sujeto no dijo nada sobre una posible financiación de Venezuela a la campaña del candidato presidencial ni hizo ninguna otra acusación.

Para la Federación Internacional de Periodistas, la divulgación de noticias falsas –o falseadas– produce “un peligroso círculo de desinformación” favorecido por el uso de las redes virtuales que “permiten que los usuarios sean productores y consumidores de contenidos a la vez, y han facilitado la difusión de contenido engañoso, falso o fabricado. Así se genera un circuito vicioso, y una noticia falsa se replica miles de veces en cuestión de segundos”1.

Es un asunto grave que más bien nos debería hacer reflexionar sobre esa manipulación, esa desinformación generalizada que parece haberse instalado entre los medios, no todos, pero sí una parte importante, con gran poder y altos índices de audiencia, y que tergiversa la realidad a beneficio de quienes manejan los hilos de los poderes político, económico y mediático; sin olvidar, en el caso colombiano, el militar y sus acólitos armados fuera de la ley.

Mala praxis e imagen para un sector, el de los medios en Colombia, que está bajo sospecha por su exceso de concentración y su falta de imparcialidad

En Colombia el escenario mediático es netamente oligopólico, y esa concentración atenta contra un sistema democrático de por sí excesivamente mediado por los poderes financieros y políticos que controlan el espectro de la información escrita, radiada y televisada a través de unos medios sumisos que no ponen en duda lo que cuentan, pero cuya docilidad sí atenta y cuestiona los valores democráticos2.

El actual panorama informativo, lo producido por los medios, y la situación hoy de las audiencias –televidentes, escuchantes, oyentes y usuarias y usuarios de dispositivos móviles–, facilita sobremanera la ‘invasión‘ de bulos, chismes, patrañas, memes y demás fauna del mal informar y del mentir

Los nuevos hábitos de consumo de información en el barrizal de las redes virtuales, donde se lee con prisas, y el contexto pasa a un segundo plano, y conviven por igual infundios y noticias contrastadas, han creado un caldo de cultivo tóxico que atenta contra el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz3.

A pesar del artículo 20 de la Constitución Política de Colombia de 1991 sobre garantizar “a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”; pese al carácter público del espectro electromagnético, y de que, en Colombia, las telecomunicaciones son por ley un servicio público, la concesión de ese espectro a operadores privados ha convertido el escenario mediático en un ámbito oligopólico

Esa concentración determina las agendas mediáticas y éstas obedecen al interés de los propietarios de los medios masivos de información. Esos grandes conglomerados mediáticos no solamente están en el centro, sino que son el centro de todo lo informativo que sucede en el país. Son quienes nutren la información conocida al aportar cerca del 60% de los contenidos de la “realidad” que acontece y se difunde entre la sociedad en prensa, radio, televisión o internet4.

La noticia difundida por Noticias Caracol en su noticiero de mayor audiencia es no solamente un atentado contra el periodismo y la verdad, sino contra los derechos y las libertades, contra los valores y, sobre todo, contra la democracia

La calidad de la democracia está y estará siempre muy relacionada con la calidad de los medios, viejos y nuevos, con su independencia y su capacidad de ofrecer en conjunto a los ciudadanos una oferta, no de recreación, sino de información amplia, completa y realmente pluralista5.

Gustavo Petro y Francia Márquez, al frente del Pacto Histórico, están sembrando, sobre todo después de los resultados en las elecciones legislativas del pasado mes de marzo, de esperanza el panorama social y político de Colombia. Pero hay sectores poderosos que no lo ven con buenos ojos y que no van a aceptar una derrota sin pelear con todos los medios a su alcance, que son muchos, y entre los que se encuentra una parte de los medios masivos de difusión de noticias.

Kapuscinski decía que las guerras siempre empiezan mucho antes de que se oiga el primer disparo, comienzan con un cambio del vocabulario en los medios. Esa parece haber sido la estrategia de Noticias Caracol dando pábulo a una noticia falsa que se difunde como verdadera y que tiene detrás la intencionalidad de perjudicar la imagen de un candidato y su proyecto de cambio social.

En Colombia, en un panorama ilusionante como pocas veces antes, se miente en los medios para entorpecer esa transformación y para denigrar a sus hacedores sin reparar en las posibles consecuencias. Efectos, por lo general violentos, de los que este país tiene una larga y sufrida experiencia y de los que debería haber aprendido, también esos medios que contribuyen al conflicto.

La candidatura del Pacto Histórico está en la diana de esa parte pacata, pero poderosa y violenta de la sociedad que no se siente ni vive la problemática de un país que necesita un cambio por mucho tiempo aplazado. La noticia ofrecida por Noticias Caracol es una muestra más de la política de acoso y derribo practicada por ciertos sectores del poder y cumple con esa máxima planteada por Rousseau: “por más grosera que sea una mentira, señores, no teman, no dejen de calumniar. Aun después de que el acusado la haya desmentido, ya se habrá hecho la llaga, y aunque sanase, siempre quedará la cicatriz”.

Colombia tiene su piel marcada por miles de cicatrices grabadas a sangre y fuego por tantas violaciones de derechos y libertades que han marcado su historia y no le han permitido superar las múltiples violencias. La situación de inseguridad del candidato presidencial, y de su fórmula vicepresidencial, que han tenido que suspender por unos días parte de su gira por el país, puede tener que ver con esa manera de “informar” y deformar que lleva a que ciertos sectores se envalentonen y amenacen, más si cabe, a todo y a todos los que puedan hacer peligrar su privilegiada situación.

Pero, a pesar de todo, es tiempo de creer que sí se puede, incluso con la incertidumbre que flota en el ambiente y con las dudas sobre el comportamiento de algunos colectivos cuando llegue el cambio. El país y sus gentes se merecen que la dignidad se haga costumbre y que se pueda vivir sabroso.
No traguemos entero, no comamos cuento y dudemos y cuestionemos lo que leemos, vemos y oímos en los medios. Practiquemos el sano ejercicio de preguntarnos, porque como afirmaba María Zambrano “la actitud de preguntar supone la aparición de la conciencia”6.

No le hagamos pistola a la paz asumiendo, ya sea implícita o explícitamente, la violencia verbal, incluida la de los medios, o física, la de cualquier sujeto social o entidad política, como algo normal e inevitable. Apostémosle a la paz, también desde los medios. Porque como señalaba el maestro Javier Darío Restrepo “el periodismo es un servicio público que el periodista presta a través de la información”. Una información veraz y contrastada, un periodismo ético y no violento y una ciudadanía crítica y con criterio.

De la noticia falsa en cuestión se hicieron eco en un principio La Silla Vacía7 , que luego la quitó de su parrilla, y Las 2 Orillas8.

Notas

1 Federación Internacional de Periodistas (2018). Guía para combatir la desinformación en la era de la posverdad. Disponible en: https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Fake_News_-_FIP_AmLat.pdf
2 Chaves, J.I. (2020). “La diversidad comunicacional como termómetro de la salud democrática. El caso de Noticias Uno en Colombia”. En Comunicación y diversidad, libro de comunicaciones, VII Congreso de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, pp. 2199-2220. Valencia: AE-IC.
3 Tapia, M., Chaves, J.I. y Gordo, R. (2020). “Un muro contra las fake news: el caso del diario español Público y su herramienta de transparencia informativa”. En Herrero, J., Saavedra, J. e Hidalgo, T. (coords.) La narrativa audiovisual: del concepto a la alfabetización mediática, pp. 295-307. Madrid: Fragua.
4 Gordo, R. y Chaves, J.I. (2020). “El manejo de la agenda mediática. Quién y cómo se opera en Colombia”. En Comunicación y diversidad, libro de comunicaciones, VII Congreso de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, pp. 2246-2264. Valencia: AE-IC.
5 Melo, J.O. (2004). “La libertad de prensa en Colombia: su pasado y sus perspectivas actuales”. Disponible en: https://www.banrepcultural.org/exposiciones/un-papel-toda-prueba/la-libertad-de-prensa-en-colombia-su-pasado-y-sus-perspectivas
6 Zambrano, M. (2012). El hombre y lo divino. México: FCE, p. 35.
7 La Silla Vacía https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/envivo/el-petrismo-hace-tendencia-contra-caracol-noticias-a-pesar-se-excusa-por-noticia-falsa
8 Las 2 Orillas https://www.las2orillas.co/la-descachada-de-noticias-caracol-con-petro-que-lo-televidentes-no-le-perdonan/

* Sociólogo y comunicador. Doctor en Comunicación y Ciencias Sociales por la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor investigador de Uniminuto Bogotá (Colombia),

El país hoy: hambrunas, inflación y democracia

Libardo Sarmiento Anzola

“Las hambrunas no se producen en regímenes democráticos”, afirma el premio Nobel de Economía (1998) Amartya Sen, El valor de la democracia.
“Las desigualdades no nacen por un orden natural e ineluctable. Las desigualdades no son un producto de la naturaleza, son un producto de decisiones políticas» .  Cristina Fernández de Kirchner, en la Eurolat.

Para las familias que compran su comida, la seguridad alimentaria depende primero de sus ingresos monetarios. En Colombia, durante 2021, según estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), 6,1 millones de personas, el 12,2 por ciento de la población, vivieron bajo condiciones de hambruna, esto es, de pobreza extrema o indigencia. En 2022, el hambre de la población pobre y la caída en el nivel de vida de la clase media vulnerable escalarán exponencialmente teniendo en cuenta el dato de la inflación en el mes de abril que alcanzó 9,23 por ciento, en su dato anual, convirtiéndose en el registro más alto en 21 años.

El aumento en el valor de la canasta básica familiar (CBF) estuvo impulsada por el costo de los alimentos y bebidas que, en este caso, fue de 26,1 por ciento y aportó 4,26 puntos porcentuales a la inflación anualizada. El aumento en el salario mínimo legal (SML) que para este año fue de 10,07 por ciento, quedando fijado en $1 millón mensual, se encuentra ya rezagado y corroído frente a la remontada acelerada en los precios de los bienes y servicios básicos.

Si bien hay factores climáticos adversos, existen otros determinantes que están impulsando la inflación, como la crisis en las cadenas logísticas internacionales, el repunte en el precio del dólar (en 2021 la moneda colombiana fue la más devaluada en el mundo; durante 2021 la devaluación del peso frente al dólar estadounidense fue de 16%) que encarece la importación de alimentos (el 30% de la CBF es adquirida en el extranjero), la guerra Rusia-Ucrania, dos importantes países proveedores de materias primas básicas, el conflicto armado interno que continua desplazando violentamente a la población campesina, el aumento arbitrario y oportunista en el margen de ganancia de los empresarios y el incremento desmedido en impuestos y el precio de los servicios públicos controlados por los gobiernos nacional y territoriales, entre otros.

En promedio el año pasado, las personas en pobreza del país tuvieron ingresos por $472.905 mientras que los vulnerables alcanzaron a $765.735. De acuerdo con el reporte de las cifras de pobreza monetaria del país, el 39,3 por ciento de los habitantes viven en situación de pobreza, es decir, con menos de $354.031 en promedio cada mes; a esto se suma 31 por ciento de personas que el Dane reconoce como vulnerables, es decir, viven con menos de $690.524 en el mismo periodo. En resumen, el 70,3 por ciento de la población colombiana vive con menos del salario mínimo legal (gráficos 1 y 2).

El aumento en mayor medida del precio de los alimentos impacta negativa y más fuertemente a las clases trabajadoras por cuanto la proporción más alta de sus ingresos se gasta en estos bienes esenciales. Por lo limitado de los ingresos, los hogares pobres destinan alrededor del 45 por ciento a la compra de alimentos.

Democracia y hambrunas

El economista Amartya Sen objetó el modo tradicional de entender la pobreza como precariedad de recursos; por ejemplo, el hambre como falta de producción de alimentos. Sen, en su obra Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation (Oxford. Clarendon Press, 1981), sostiene que es la estructura de derechos de una sociedad la que limita la capacidad de las personas para acceder a los bienes y servicios necesarios para la reproducción biológica humana. De tal modo que la privación no siempre se debe a catástrofes naturales (sequias, deslizamientos de tierra, terremotos o inundaciones, entre otras), sino muchas veces más a las estructuras sociopolíticas y económicas que impiden a las personas gozar de una vida digna y democrática.

El hambre es un hecho político y no una fatalidad. La violencia, la injusticia y la exclusión generan hambre. Los gobiernos manipulan los circuitos de producción y suministro de alimentos para así poder controlar mejor a sus pueblos. En Colombia, la acumulación por desposesión (métodos de la acumulación originaria violenta para mantener la expansión del sistema capitalista), las políticas neoliberales y la guerra han permitido a la oligarquía lumpen que controla hegemónicamente el poder expoliar a los pueblos originarios y comunidades campesinas de la propiedad de cerca de siete millones de hectáreas durante las últimas cuatro décadas; proceso nefasto y de consecuencias catastróficas para la agricultura y la seguridad-soberanía alimentaria del país. Las tierras expoliadas o despojadas son dedicadas a la expansión de los latifundios ganaderos, la explotación minero-energética, narcocultivos y a los biocombustibles (Colombia es el cuarto productor mundial de aceite de palma y el primero en América).

Las consecuencias de este modelo de poder y de gobierno no son menores: La violencia generó el desplazamiento forzado de alrededor de seis millones de personas desde los campos a cinturones de miseria en los centros urbanos. Actualmente, de acuerdo con la organización Greenpeace, Colombia, un país con vocación agrícola, importa el 30 por ciento de los alimentos que consume. Para las familias productoras, la seguridad alimentaria depende del acceso a la tierra, el crédito, el riego, la infraestructura vial y la asistencia técnica.

En Colombia, el hambre perdura en un mundo de abundancia. Durante el período 1950-2021, la población aumentó 4,5 veces: de 11.329.222 pasó a 51.049.000. En estos setenta y dos años, la economía creció 16,2 veces; el valor del PIB se incrementó, en precios constantes, de 50.780 a 824.467 miles de millones de pesos. En consecuencia, el PIB per cápita, en precios constantes, se elevó 3,6 veces: de 4,5 millones de pesos anuales en 1950 a 16,2 millones en 2021.

Pobreza y hambruna
 en América Latina

En América Latina, la crisis social continúa pese a la reactivación económica, con tasas de desocupación y niveles de pobreza y pobreza extrema mayores a los observados antes de la pandemia de covid-19. De acuerdo con las estimaciones de la Cepal, la tasa de desocupación en 2021 llegaría a 11,8 por ciento para las mujeres y 8,1 para los hombres, en comparación con las cifras del 12,1 por ciento y el 9,1, respectivamente, registradas en 2020.

Es una ‘crisis clasista’: la pérdida del empleo y la reducción de los ingresos laborales ocurridas durante la pandemia han afectado especialmente a los estratos de menores ingresos. En 2021, la tasa de pobreza extrema habría alcanzado el 13,8 por ciento y la de pobreza llegaría al 32,1. Por tanto, en comparación con las cifras de 2020, el número de personas en situación de pobreza extrema pasaría de 81 a 86 millones, mientras que el número total de personas en situación de pobreza disminuiría ligeramente de 204 a 201 millones. Pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema o indigencia se han mantenido por encima de los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social (gráfico 3). Una realidad que también ha puesto en evidencia la vulnerabilidad en que vive buena parte de la población en los estratos de ingresos medios, caracterizados por bajos niveles de cotización a la protección social contributiva y muy baja cobertura de la protección social no contributiva3.

Dinámica de la hambruna,
la inflación, el empleo 
y los salarios

Una vez finalizado el año 2021, en el que la reactivación de la economía se consolidó luego del cierre obligado por la pandemia del coronavirus (el PIB aumentó en 10,6%), el nivel de la pobreza en Colombia registró una leve mejoría. Tras haber subido al 42,5 por ciento en el 2020 en medio de la pandemia, el Dane reveló que el porcentaje de personas clasificadas como pobres se redujo al 39,3 por ciento, lo que significó una caída de 3,2 puntos porcentuales (pp) frente a la cifra del año anterior, lo que significa que de haber 21 millones de personas en condición de pobreza monetaria en el 2020 se pasó a tener 19,6 millones en esta situación, es decir, la cifra se redujo en 1,4 millones.

“Esta reducción se explica por la reactivación económica que tuvo el país, el mayor número de empleos y las ayudas institucionales del gobierno nacional y local”, señaló el director del Dane, Juan Daniel Oviedo. Sin embargo, el país todavía cuenta con 2,1 millones de personas en esta situación de pobreza monetaria por encima de las cifras de antes de la pandemia, en el 2019 (gráfico 2).

Sin las ayudas institucionales nacionales, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia mayor, compensación del IVA, Ingreso Solidario y otras locales, la incidencia, de pobreza monetaria de Colombia hubiera llegado al 42,9 por ciento en el 2021 cuando en realidad quedó en 39,3 por ciento. En términos de pobreza extrema, si no hubiéramos tenido ningún tipo de estas ayudas, de acuerdo con el director del Dane, la incidencia hubiera llegado al 16,2 por ciento cuando en realidad el año pasado se redujo a un 12,2 por ciento. La línea de pobreza monetaria extrema per cápita nacional en el 2021 fue de 161.099 pesos mensuales y en el caso de un hogar de cuatro personas fue de 644.396 pesos.

Oviedo explicó que si en un hogar de 4 personas en la alcancía en donde todos ponen los ingresos llegan al mes a menos de esos 644.396 pesos todos los integrantes están, por tanto, por debajo de la pobreza extrema. “Estas líneas de pobreza son el costo que un hogar debe subsanar para poder garantizar unas condiciones mínimas de vida”, explicó el director de la entidad estadística. Entre tanto, la línea de pobreza monetaria per cápita nacional quedó en 354.031 pesos y en el caso de un hogar de 4 personas fue de 1’416.124, es decir, si la suma de todos los ingresos es menor a ese valor.

Si bien los datos de pobreza monetaria mejoraron entre 2020 y 2021, pues 1,4 millones de personas salieron de esa condición y 1,3 millones lo hicieron de la pobreza extrema, la desigualdad sigue siendo un factor problemático y conflictivo de tipo estructural en la historia del país. De acuerdo con el informe de Pobreza Monetaria del Dane, la desigualdad, medida a través del coeficiente de Gini, presentó una ligera reducción en 2021, al ser comparada con el dato de 2020.

En 2021, en el total nacional el coeficiente de Gini fue 0,523; en 2020 este coeficiente fue de 0,544. A su vez, en 2021 el Gini en cabeceras municipales fue 0,510, y en 2020 fue 0,537. En los centros poblados y zonas rurales dispersas el Gini fue 0,455 para 2021 y en 2020 este coeficiente fue 0,456. Cabe resaltar que en la medición del indicador, cero (0) es la cifra que refleja menor desigualdad y uno (1) el número que muestra mayor desigualdad.

En paralelo, la inflación en Colombia no da tregua; en abril de 2022 el índice de precios al consumidor (IPC) alcanzó el 9,23 por ciento en la variación anual y el índice de los alimentos llegó a 26,1 (gráfico 4). Es la inflación más alta en lo corrido del siglo XXI. Las alzas en la comida tienden a golpear más los bolsillos de las personas con menores ingresos. La inflación es, hoy en día, una de las principales amenazas para el bienestar de millones de colombianos que hoy encuentran más difícil acceder a servicios y bienes básicos de la canasta familiar. La inflación provoca estragos en las clases populares y medias vulnerables. Al desagregar la información de inflación del mes de abril de 2022 por ciudades se encuentra que las tres con el mayor dato anual fueron Santa Marta (12,2%), Cúcuta (12,2%) y Popayán (11,9%). Por el contrario, Bogotá (8,1%), Medellín (9,05%) y Manizales (9,07%), tuvieron las menores cifras.

El gráfico cuatro muestra la dinámica del índice de pobreza extrema o indigencia en Colombia durante los años 1988 a 2022. Este índice expresa las condiciones de hambruna en cuanto hace referencia a los hogares que no cuentan con ingresos suficientes para adquirir los alimentos necesarios que requiere un ser humano para sobrevivir.

Para efectos comparativos con los demás países de la región, las cifras de pobreza extrema corresponden a los cálculos de la Cepal que se fundamenta en los conceptos y metodologías desarrolladas por las Naciones Unidas; y los cuales son 4,4 puntos porcentuales más altos que los cálculos del Dane debido a las mayores exigencias y rigor técnico en la definición de la línea de indigencia. En concreto, existen diferencias en el costo por kilocaloría entre la medición oficial colombiana y la medición de la Cepal.

El enfoque que utiliza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) a fin de estimar la pobreza extrema o hambruna consiste en el costo de adquirir una canasta básica de alimentos, la cual debe satisfacer los requerimientos calóricos promedio de la población, mediante una estructura de bienes y precios proveniente de las pautas de consumo observadas en un grupo de referencia y ajustada de manera que cuente con equilibrios nutricionales básicos. Los requerimientos provienen de las recomendaciones internacionales vigentes en materia de energía y nutrientes y son los que el estado actual del conocimiento establece como los adecuados para sostener una vida humana sana.

En esas recomendaciones se proponen determinados estándares de energía y cantidades de nutrientes, indispensables para conformar una dieta adecuada en función de ciertas características de las personas como el sexo, la edad y el tipo de actividad física que desarrollan. Los hábitos de consumo de la población son captados mediante encuestas de ingresos y gastos de los hogares o encuestas de condiciones de vida, según su disponibilidad en cada país. En la construcción de las líneas de pobreza se toma como grupo de referencia un subconjunto particular de la población que provee los patrones del gasto adecuado para representar un estándar de suficiencia.

Entre 1988 y 2019, el país se benefició de un período de reducción de la pobreza extrema o, lo mismo, de la población en condiciones de hambruna. De padecer una tercera parte de la población esta penuria se alcanzó un mínimo de 12,8 por ciento. En 2020 la hambruna volvió a afectar al 19,2 por ciento de la población; en 2021 se redujo a 15,5 y en 2022 se proyecta que vuelva a incrementarse por lo menos a 16,5 debido al alza incontrolada en el precio de los alimentos y los servicios públicos domiciliarios. Las condiciones de hambruna o indigencia están relacionadas con las dinámicas del precio de la canasta básica familiar, en particular los alimentos, los salarios, el empleo y las políticas públicas sociales.

Para mayor evidencia veamos a continuación el análisis en la Matriz de correlación, la cual muestra los valores de correlación de Pearson, que miden el grado de relación lineal entre cada par de elementos o variables contempladas anteriormente. Los valores de correlación se pueden ubicar entre -1, cero y +1. Si los dos elementos tienden a aumentar o disminuir al mismo tiempo, el valor de correlación es positivo; si el valor es cero no existe relación entre las variables; si es negativo, una variable aumenta mientras la otra disminuye (tabla 1).

Respecto a las correlaciones positivas y significativas (valores superiores a 0,8), de la tabla adjunta se puede inferir que la indigencia, pobreza extrema o condición de hambruna se encuentra altamente relacionada, de una parte, con el IPC o Índice total de Precios al Consumidor (0,80), esto es, el costo de adquirir una canasta básica de alimentos y el costo de los demás bienes y servicios, más que con la asociación o conexión al considerar únicamente la canasta de alimentos (correlación de 0,66); de otra, con el incremento anual del salario mínimo legal (0,84).

En Colombia únicamente el 10 por ciento de la clase trabajadora devenga un SML, el grueso de los ocupados, el 70 por ciento, no alcanza a percibir un SML y sólo el 20 por ciento cuenta con ingresos superiores a un SML. Como en Colombia todo está indexado, al aumento anual de ese salario, los empresarios y gobernantes responden elevando sus ganancias e impuestos, acrecentando los precios muy por arriba del incremento en el salario de referencia, por consiguiente los trabajadores informales y los desempleados se ven perjudicados y sumidos en la indigencia o la hambruna.

En particular, un IVA del 19 por ciento sobre la canasta básica familiar es un crimen de Estado que sume a las clases trabajadoras en la miseria (a mayor inflación mayor es el recaudo de impuestos por IVA). Además, la inflación total está altamente correlacionada con el IPC de alimentos (0,89) y en doble dirección o simétricamente con el incremento anual del SML (0,97).

Respecto a las correlaciones negativas, se registra de manera poco significativa una asociación entre la tasa de desempleo y el IPC total (-0,26), el IPC de alimentos (-0,19) y el incremento porcentual del SML (-0,19). Esto permite concluir, de una parte, que el tema salarial no es una carga negativa para la generación de empleo (más asociado a la productividad, la competencia y la dinámica oferta-demanda) pero, de otra, los bajos ingresos de la clase trabajadora reducen su capacidad de compra y, por ende, afecta la demanda agregada.

En cuanto las variables no relacionadas, llama la atención que la pobreza extrema o hambruna se encuentre correlacionada a un nivel poco significativo, aunque de manera positiva, con la tasa de desempleo promedio anual (0,22). La mayoría de los pobres e indigentes sobreviven mediante el “rebusque”, las actividades informales y el empleo precario; difícilmente pueden mantenerse por largo tiempo como desempleados y son asumidos por las estadísticas como ocupados. En resumen, es apenas lógico que la pobreza extrema se encuentre correlacionada con las variables índice de precios al consumidor, los ingresos medidos por los cambios en el SML y los niveles de desempleo.

Hambruna, democracia
y política pública

Al decir que la hambruna es «política» equivale a decir que se puede combatir con facilidad ya que no la provocan ni el exceso de población ni los fenómenos naturales. Las hambrunas son siempre consecuencia de acciones humanas, sus instituciones y el modelo de desarrollo, aunque su origen sea una catástrofe natural.

De acuerdo con esto, para superar la pobreza extrema se requiere de una sociedad que garantice la dignidad humana y que asuma el no morirse de hambre como uno de los primeros derechos humanos. En esa lógica, una de las formas de abordar el derecho a la alimentación consiste en considerarlo un derecho humano exigible y cuya vulneración genera una obligación de reparación por parte del Estado, las empresas y la sociedad. La lucha contra la pobreza y por la seguridad-soberanía alimentaria son prioridades imbricadas en un régimen verdaderamente democrático, pero necesariamente enmarcada esta lucha de manera sistémica en un modelo de desarrollo sostenible y humano construido sobre consensos plurales, incluyentes y democráticos4.

Son unos derechos que deben exigirse cotidianamente y que de parte de cualquier gobierno, sobre todo de uno de nuevo tipo, debe materializar de inmediato a través de medidas concretas, tales como: 1. Realizar una efectiva redistribución de la tierra y reforma agraria integral; 2. Poner en marcha un plan estratégico, con acciones anuales específicas, que estimulen la siembra de todos aquellos alimentos que la bondad climática de nuestro territorio y las características de nuestros suelos permitan; 3. Por esta vía romper la dependencia alimentaria que hoy padece el país, estimulando además y de manera especial, gramíneas, de manera que en la dieta diaria se garantice ingesta de proteínas;

4. Una medida que debe ir complementada con la cría de diversidad de especies de semovientes mayores y menores, siempre en granjas a pequeña escala, sin uso de químicos ni biológicos para engorde y crecimiento apresurado, de manera que se garantice también los derechos de estos animales y su consumo no se traduzca en veneno y problemas de salud para los humanos;

5. Construir y poner en marcha un sistema nacional de mercadeo, con dos beneficios inmediatos: garantizar la compra de lo producido, al tiempo que su redistribución y mercadeo a lo largo y ancho del país;

5. Quebrar, por esta vía, el precio de los alimentos, a la par de crear miles de puestos de trabajo, bien por conducto de: a) ocupación de mano de obra en el campo; procesamiento y transformación de los alimentos –con valores agregados– en diversidad de empresas, cooperativas, mutuales y otras formas asociativas que deben construirse en todos los departamentos con tal fin; c) la apertura y atención de tiendas por todo el territorio nacional;

6. Construir una política de precios para los alimentos básicos, de manera que se impida el acaparamiento y el incremento en sus precios más allá de los indicadores de ingresos de los trabajadores de salario mínimo;

7. Mientras se quiebra la pobrecía y exclusión que reina en el país: a) abrir por todas las ciudades cientos de comedores populares que le garanticen a todo aquel que no pueda procurarse el alimento diario indispensable para su vida con salud, el goce de ese derecho; b) entrega de mercados populares a través de centros barriales y veredales a los hogares que lo requieran cumpliendo los requerimientos nutricionales y culturales.

Estas, y otras medidas necesarias de implementar para superar el modelo económico y político hoy vigente y sus nefastas consecuencia sociales, como la indispensable redistribución de la riqueza a través de la aprobación de una renta básica universal o ingreso ciudadano, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, la apertura de miles de puestos de trabajo que lleven a la dignificación de tal derecho, solo podrán aprobarse y ponerse en marcha si se garantiza una dinámica politización y movilización de nuestra sociedad.

Ningún gobierno puede romperle el brazo a quienes controlan la economía y los factores políticos sustanciales que tensan las riendas del poder si no cuenta con el favor de las mayorías, y en Colombia esto significa hacer realidad un salto fundamental: dejar atrás la democracia como formalidad, como acto electoral, y robustecerla como democracia radical, de lo cual y para lo cual un factor sustancial es lograr la activación de las fibras más profundas de la conciencia popular, de manera que la democracia y los derechos humanos se hagan cuerpo en millones de seres humanos hasta ahora negados de todo.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 

Petro, Francia y un proyecto histórico

que creció desde el pie

Gerardo Szalkowicz

Unas horas antes de expirar su mandato como alcalde de Bogotá, en la noche del 31 de diciembre de 2015, Gustavo Petro tuiteó una foto suya sonriendo junto a un cuadro de Simón Bolívar, saludando con la mano izquierda en alto y vaticinando que, concluida la etapa de la “Bogotá Humana”, arrancaba su camino por una “Colombia Humana”.

El establishment no lo tomó en serio. Había logrado instalar el registro de una gestión tumultuosa, que incluyó su destitución durante 35 días. Pero a contrapelo de la imagen de cadáver político que leyeron sus enemigos, se fue imponiendo la de un líder con apoyo popular perseguido por la élite tradicional. Y, tras un gran desempeño en el Senado y de perder por poco en el balotaje de 2018, aparece hoy con altísimas chances de convertirse en el primer presidente de izquierda de la historia colombiana.

Dicen que es tímido, serio, obsesivo. Gustavo Francisco Petro Urrego nació hace 62 años en Ciénaga de Oro, un pueblito caliente y ganadero del Caribe colombiano, pero se crió en el frío de Zipaquirá, a unos 50 kilómetros de Bogotá. De joven ya empezó a rebelarse en el colegio religioso leyendo a un prohibido Gabriel García Márquez y juntándose con sindicalistas que fueron forjando su formación marxista. A los 17 años se sumó a la guerrilla urbana del M-19 y se hizo llamar “Aureliano”, en homenaje al Gabo.

Estudió Economía, fue concejal y estuvo preso por liderar una toma de tierras. Luego de la desmovilización del M-19 y el proceso de paz de 1990, fue asesor de la Gobernación de Cundinamarca y fue electo diputado en 1991. Pero en 1994 su partido pidió protección al Estado para algunos militantes y fue nombrado agregado diplomático en Bélgica, donde hizo una especialización en Medioambiente, tema que se convertirá en uno de sus ejes programáticos centrales.

A su regreso al país, en 1998, retomó la carrera legislativa y se convirtió en una de las principales voces en el Senado para denunciar el entramado narco-paramiltar con los sectores de poder encarnados en el uribismo. Lo que se conoció como “parapolítica”. Fundó su partido Progresistas, desde el cual ganó la Alcaldía de Bogotá en 2011, y ahora va por su tercer intento de llegar a la presidencia encabezando el Pacto Histórico, una amplia coalición que, por primera vez, logró aglutinar desde la centroizquierda hasta los movimientos populares más radicales. Una alianza que germinó en esta coyuntura pero que es el resultado de procesos que llevan años madurando, de un acumulado de largas experiencias y luchas. Un proyecto histórico que creció desde el pie.

La candidata de los movimientos sociales

“Nací en Suárez, Cauca, entre una montaña surcada por dos ríos, donde mis abuelos, mis abuelas, mis padres y yo tenemos el ombligo sembrado, un territorio ancestral donde aprendí el valor de la tierra. Mis raíces son los pasos de cientos de miles de seres humanos esclavizados que entregaron su vida y trabajo por parir la libertad para esta nación”. Así se presenta oficialmente Francia Márquez, reconocida lideresa social, afrodescendiente y feminista que edificó su figura defendiendo el territorio y el medioambiente.

En las elecciones primarias de marzo, su precandidatura recibió una avalancha de casi 800 mil votos, quedando segunda en su alianza y como la tercera más votada de todas las coaliciones. Desde esa fortaleza, Petro accedió a designarla como su candidata a vice.

Francia tiene 40 años y desde que, en 1997, se incorporó a la organización Proceso de Comunidades Negras no dejó de luchar contra el racismo, el patriarcado y el extractivismo, denunciando la explotación minera que contamina los ríos y provoca el desplazamiento forzoso de las comunidades del Cauca.

Estudió Derecho en la Universidad Santiago de Cali y, como reconocimiento a su activismo, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2015 y el premio ambiental Goldman en 2018. Por lo mismo, arrastra un cúmulo de persecuciones y amenazas, y en 2019 fue víctima de un atentado.

La maquinaria de guerra

Ese parece ser el principal obstáculo para el triunfo de la izquierda: el esquema de violencia estatal y paraestatal que funcionó siempre como dique de contención de las demandas y anhelos de la población. Solo este año fueron asesinados 76 líderes y lideresas sociales y 21 exguerrilleros que firmaron la paz y dejaron las armas. También, solo en 2022, ya se registraron 40 masacres.

En los últimos meses se intensificaron los ataques y asesinatos; un informe de la Misión de Observación Electoral advirtió que esta fue la campaña electoral más violenta de los últimos 12 años. Por eso, el Pacto Histórico le pidió a la Comisión Interamericana de DD HH garantías para la seguridad de sus candidatos.

El domingo que viene empieza a jugarse el futuro de Colombia. Y ahí van Gustavo Petro y Francia Márquez, con el acumulado histórico del campo popular detrás y la esperanza, más viva que nunca, de terminar con tantos años de sangre y dolor.

*Periodista argentino, editor de Nodal.am