Los difíciles primeros dos meses del gobierno de Gabriel Boric

Cecilia Vergara Mattei

Las altas expectativas de la ciudadanía, el complejo escenario económico y social marcado por la inflación, la altísima desigualdad, el permanente bombardeo de la prensa hegemónica y el agitado panorama internacional son factores que han opacado los aciertos que ha tenido la administración del nuevo presidente Gabriel Boric, a punto de cumplir dos meses en el poder.

Recién el 4 de mayo, casi dos meses después de asumir Boric, la Cámara de Diputados aprobó el alza del salario mínimo en 60 dólares, diferentes comisiones ratificaron el Acuerdo de Escazú, tratado ambiental que no fue suscrito por Sebastián Piñera y que Boric impulsó en sus primeros días en el cargo.

Asimismo, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto que aumenta los recursos para estabilizar el precio del querosén en el inicio de la temporada fría y también ratificó el nombramiento de Rodrigo Cid en Televisión Nacional de Chile: por primera vez el canal tiebe en su directorio a un periodista con larga trayectoria en la cadena pública.

El camino a la nueva Constitución –que parecía despejado cuando la opción fue aprobada por 78% en 2020– hoy aparece como una incógnita y se anticipa un resultado “estrecho”, en medio de encuestas que muestran el Rechazo como una alternativa al alza y una cobertura comunicacional dominada por los grandes grupos mediáticos, que incluso se han declarado contrarios al proceso constituyente o al trabajo de la Convención en sus editoriales.

Pero los medios hegemónicos no resaltaron los cuatro acuerdos entre Ejecutivo y Legisaltivo, desviando la atención hacia la Convención Constitucional y sus intríngulis. Otra iniciativa del gobierno apunta a paliar los efectos de la inflación en los sectores más vulnerables (escaló a 10,5% en 12 meses, el primer registro de dos dígitos desde 1994). Los analistas prevén que continúe en aumento y ese es uno de los factores que complican al gobierno, como lo es también la guerra en Ucrania.

El gobierno de Boric requerirá de la antigua centro-izquierda para poder gobernar, pero eso no será suficiente para implementar los elementos más relevantes de su programa: reforma tributaria, de pensiones y de salud. Por otra parte, aunque la derecha está en crisis, se rearticulará para promover el rechazo de la nueva Constitución en el plebiscito de salida, así como para intentar bloquear las iniciativas gubernamentales.

“La situación política y económica actual no tiene precedentes”, resume la académica, Claudia Heiss. “La inflación se debe en parte al tremendo gasto público que hubo en 2021, que fue inusual para un gobierno de derecha, sobre todo después de la actitud tacaña que tuvo en 2020 en el momento más difícil de la pandemia, cuando la gente no tenía qué comer y a pesar de ello no hubo ayudas fiscales”.

Para Heiss, el equipo económico de Boric, liderado por Mario Marcel, ha sido eficaz en crecer hacia el centro con políticas de responsabilidad fiscal y también en explicar que fenómenos como la inflación al final son un daño para las personas más pobres.

Además de lo económico, el gobierno de Boric ha dado señales importantes en términos de equidad de género –ingresaron un proyecto de ley para garantizar el pago efectivo de la pensión alimenticia de los padres deudores– y ha cumplido algunas de sus promesas de campaña, como retirar las querellas por ley de seguridad del que el gobierno de Piñera había interpuesto contra los llamados “presos del estallido social”.

Pese a los avances, la llegada de Boric al gobierno ha sido compleja. Su popularidad ha ido bajando en picada: según la encuestadora Cadem, el 18 de marzo tenía 50% de aprobación y 20% de rechazo, y el 8 de mayo la primera cifra había bajado a 38% y la segunda había escalado a 53%. De todo el gabinete, su exjefa de campaña y hoy ministra del Interior, Izkia Siches, es la que tiene mayor desaprobación: 63%.

Los analistas señ.alan que esta caída es normal, por la salida de un gobierno que tuvo que enfrentar el estallido social y la llegada de uno con figuras jóvenes cuya premisa fue la renovación de la política, las expectativas estaban especialmente altas.

Roberto Izikson, de Cadem, la caída se explica porque las amplias ayudas económicas que entregó el gobierno de Piñera en 2021 se detuvieron así como los retiros de fondos de pensiones, y por los desmanes y delincuencia asociados a las protestas en la zona de La Araucanía, con el enfrentamiento entre el pueblo mapuche y el Estado, pero donde también se han ido instalando problemas externos, como el narcotráfico y los intereses de las empresas extractivistas, ictícolas y deforestadoras.

Para Iziken también han afectado al gobierno los errores cometidos por la ministra del Interior, y  la composición del gabinete, en su mayoría conformado por personas jóvenes, lo que haría que los ciudadanos mayores de 45 años vean el gobierno con distancia.

Pero Heiss señala que los nombramientos han sido un punto fuerte del Ejecutivo debido a la alta calificación para los cargos que asumieron: una experta en cambio climático está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, un experto en movilidad en el de Transporte, el antiguo vicerrector de Investigación y Desarrollo de la principal universidad pública del país es hoy ministro de Ciencia y Tecnología.

También ha habido nombramientos simbólicos fuera de La Moneda: la proporción de género en los directorios de las empresas públicas se ha movido notablemente gracias al nuevo gobierno. En Codelco, la minera estatal, pasó de haber una a tres mujeres.

Un factor que sería crítico para cualquier era el empalme de la nueva administración con el proceso constituyente y, en el caso de Boric, el hecho es que su proyecto se entrelaza simbólicamente con el plebiscito constitucional. Él ha sido, por lo tanto, una cara visible de la intención de renovar la carta magna.

A la Convención Constitucional le quedan menos de dos semanas para aprobar las normas. Luego viene una etapa de armonización del texto y finalmente será votado en un referéndum de voto obligatorio el 4 de setiembre de 2022. La campaña, se anticipa, será dura, y para ella el gobierno tendrá la obligación de ser neutral ante la elección, lo que significa que no podrá destinar recursos públicos ni horas laborales a promover ninguna de las dos opciones. Así lo dispuso la Contraloría.

Boric ha dicho que su deber será garantizar una campaña informada y que “la Constitución no es un capricho del gobierno”, pero el escenario se vislumbra complejo. En medio de la incertidumbre, el presidente cuenta todavía con una garantía: en la calle sigue recibiendo múltiples muestras de cariño. De hecho, su gobierno poco a poco ha hecho retroceder las vallas que separaban a La Moneda de esa alameda que, en su discurso de triunfo, un emocionado Gabriel Boric prometía abrir.

En el caso chileno sabemos que nuestra inequidad social es de las más severas de la Tierra. Solo el 1% es el propietario del 49.6 % de toda la riqueza nacional, lo que nos ubica, conforme a los estudios del World Inequiality Report de este año, en el puesto veinticuatro en términos de desigualdad social entre 159 países con datos disponibles. Confirmando, con ello, nuestro índice del 0.47 del Informe Gini que marca en el mundo la concentración de la riqueza versus la pobreza extrema de cada nación.

Ya se sabe que la desigualdad es la peor entre todos los países de la OCDE, entidad a la que pertenece el país, como también más aguda que la que prevalece en países como México y Brasil. Muy por encima, incluso, de la que existe en los Estados Unidos, el epicentro del capitalismo mundial y donde el uno por ciento de los habitantes más pudientes controla el 34.9% de la riqueza.

Las cifras de la pobreza y de la concentración de la riqueza son ciertamente pavorosas y en nada prácticamente se acorta la brecha entre el poder adquisitivo de los multimillonarios chilenos y los más desposeídos.

Todo lo que hicieron los gobiernos que sucedieron a la dictadura pinochetista muy poco mitigaron las desigualdades y la cotidiana realidad de millones de chilenos, los que a causa de la pandemia y los nubarrones actuales de nuestra economía hoy se encuentran peor que antes, esto es con altos niveles de desempleo, bajísimos ingresos y un proceso inflacionario que castiga sobre todo el consumo de los más desposeídos.

De allí el descrédito en que terminaron los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, tanto como la gestión de Sebastián Piñera. Ello explica, por supuesto, el Estallido Social del 2019 y el malestar nacional que llevó a elegir como primer mandatario a actual Presidente Gabriel Boric, optando ahora por las izquierdas y el Partido Comunista por sobre los candidatos de la derecha y del centro político

Si los moradores de La Moneda tienen actualmente un mandato claro, más que brindarnos una nueva Constitución, es la redistribución de la riqueza nacional, mejorando los sueldos y las pensiones de los trabajadores y pensionados de manera significativa. Sin acotarse, por cierto, a un reajuste tan discreto del salario mínimo que, ya se calcula, no alcanzará siquiera para hacer frente al alza de los productos más esenciales, como el pan y otros de primera necesidad.

El académico y analista Juan Pablo Cárdenas señala que en medio de los aterradores índices de la criminalidad de la protesta cada vez más extendida de norte a sur del país, se imponen medidas claras que signifiquen un cambio de rumbo en el ejercicio de la política. Sobre todo cuando a los actuales gobernantes hasta hace poco se les veía en las protestas sociales apoyando las demandas radicales o incluso revolucionarias.

Añade que, desgraciadamente, lo que más se aprecia otra vez es el objetivo de dotar de más armas “disuasivas” a las policías, incentivar la inversión foránea y la mantención de un sistema de comunicaciones y medios informativos adictos al modelo económico vigente y, como se comprueba, reactivos a los cambios. Esto es de los arietes cotidianos de las ideas neoliberales que se prometieron abolir y que, de paso, impiden la diversidad informativa tantas veces prometida y postergada.

La directora de Latinobarómetro, Marta Lagos, expresó que durante el estallido social «se quebró el Estado de Derecho (…) Desde ese momento en adelante el gobierno de Sebastián Piñera perdió total control del Estado de Derecho y fue incrementando». Apuntó que la segunda administración de Piñera fue la responsable política de la actual crisis de seguridad.

En relación al acuerdo nacional de seguridad que pretende impulsar el actual Ejecutivo, el analista político, historiador y académico Patricio Gajardo manifestó que «es muy difícil, no hay piso político (…) Los acuerdos transversales de violencia surgen porque el gobierno no ha sido capaz de asumir el monopolio legítimo del uso de la fuerza, que es lo que le corresponde a la autoridad».

Por algo ya se teme que venga otra vez un más de lo mismo y, ciertamente, con las convulsiones sociales que, más temprano que tarde, van a provocar aquel “hastío y cansancio” que anotaba Gabriel Boric cuando todavía era candidato.

Inequidad

La inequidad social chilena es de las más severas del mundo, ya que solo el 1% es el propietario del 49.6 % de toda la riqueza nacional, lo que ubica al país en el puesto veinticuatro en términos de desigualdad social entre 159 países, con un índice del 0.47 del Informe Gini que marca en el mundo la concentración de la riqueza versus la pobreza extrema de cada nación.

Todo lo que hicieron los gobiernos que sucedieron a la dictadura pinochetista muy poco mitigaron las desigualdades y la realidad de millones de chilenos, que hoy se encuentran peor que antes, esto es con altos niveles de desempleo, bajísimos ingresos y un proceso inflacionario que castiga sobre todo el consumo de los más desposeídos.

Y era de esperarse el descrédito en que terminaron los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, tanto como la gestión de Sebastián Piñera, que desembocaron en el estallido social del 2019 y el malestar nacional que llevó a elegir como primer mandatario a actual presidente Gabriel Boric, presentado como candidato de la izquierda.

La desigualdad chilena es más aguda que la de México y Brasil y se expande la brecha entre el poder adquisitivo de los multimillonarios chilenos y los más desposeídos. Una desigualdad muy por encima de la que existe en Estados Unidos, el epicentro del capitalismo mundial y donde el uno por ciento de los habitantes más pudientes controla el 34.9% de la riqueza.

El mandato que tiene el nuevo gobierno no es solo brindar una nueva Constitución sino mejorar significativamente los sueldos y las pensiones de los trabajadores y pensionados para hacer frente al alza de los productos más esenciales, como el pan y otros de primera necesidad.

El académico y analista Juan Pablo Cárdenas señala que el país enfrenta hoy una crisis que solo podría superarse con prohibir la extrema riqueza y emprender necesariamente la expropiación de recursos en manos de la avidez y codicia de empresarios nacionales y extranjeros.

* Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)