La mano que mece la cuna: El rol de Estados Unidos en la guerra en Ucrania

El lunes 7 de marzo las fuerzas militares rusas localizaron una red de seis laboratorios en la zona del Donbas. Las instalaciones halladas, algunas parcialmente desmanteladas, corresponden a laboratorios de investigación militar gestionados por investigadores estadounidenses y ucranianos en forma conjunta. Los documentos encontrados en los laboratorios se vinculan con la contratista Southern Research Institute, adscripta a la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa (DTRA), una dependencia del Pentágono.

En una investigación de 2018 sobre el desarrollo de armamento biotecnológico, titulada “Las armas biológicas del Pentágono”, se detallan los contratos de esa empresa con el Ministerio de Defensa estadounidense para generación y propagación de bioagentes. Un día después de los hallazgos, la subsecretaria de Estado Victoria Nuland aceptó la existencia de esos laboratorios conjuntos y se mostró alarmada ante la posibilidad de que dichas instalaciones puedan ser utilizadas en el futuro por Moscú.

La tarea conjunta de guerra biológica implementada con Kiev es parte de un programa desarrollado por Washington para empoderar a los sectores nacionalistas ucranianos e incitarlos a una confrontación con Rusia. Según la historiadora estadounidense Mary Elise Sarotte, autora de Ni una pulgada más: Estados Unidos, Rusia y el estancamiento de la posguerra fría, el rechazo norteamericano a la pacificación europea se debe a que la cooperación en seguridad dentro de ese continente fue vista por Wall Street y los think tanks estadounidenses como una posibilidad cierta de pérdida de influencia en la región.

Una de las fuentes consultadas para su investigación –un importante funcionario del Departamento de Estado– manifestó que una integración entre Rusia y Europa “sería peligrosa (…) Si los europeos unen sus fuerzas y construyen un sistema de seguridad común, nosotros nos quedamos fuera y eso no es deseable. Hay que fortalecer la OTAN para que eso no ocurra”.

El 21 de noviembre de 1990 se celebró en París la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). Durante ese evento se firmó la Carta para la Seguridad Europea, suscrita por los Estados de Europa, Estados Unidos y Canadá. En el apartado titulado “Relaciones amistosas entre estados participantes”, se consignaba: “La seguridad es indivisible. La seguridad de cada uno de los Estados participantes está inseparablemente vinculada con la seguridad de los demás”. También se advertía que los firmantes –entre los que se hallaban Rusia, los integrantes de la Unión Europea y Estados Unidos– “no fortalecerán su seguridad a expensas de la seguridad de otros Estados”.

Ese mismo año, ocho meses antes de la rúbrica de la Carta de la Seguridad Europea, el entonces jefe del Departamento de Estado, James Baker, le garantizó a Mijail Gorbachov que la Alemania reunificada se convertiría en el último país en ser integrado a la OTAN: “Entendemos la necesidad de garantías para los países del Este. Si tenemos presencia en una Alemania que es parte de la OTAN, no habría extensión de la jurisdicción de la OTAN para las fuerzas de la OTAN, ni una pulgada hacia el este”. El entonces embajador de Estados Unidos en Moscú, Jack Matlock certificó, tiempo después, que se le otorgaron “garantías categóricas” a la Unión Soviética de que la OTAN no se expandiría hacia el este.

Los documentos oficiales desclasificados en 2017 por el gobierno de los Estados Unidos, referidos a los compromisos asumidos ante Rusia, fueron digitalizados por el National Security Archive. En el informe se detalla la lista de los funcionarios gubernamentales que se comprometieron en las dos décadas posteriores a la reunificación alemana a no expandirse militarmente hacia el Este.

Entre los citados aparecen el secretario de Estado norteamericano James Baker, el Presidente George Bush, el ministro de Exteriores alemán Hans-Dietrich Genscher, el canciller Helmuth Kohl, el director de la CIA Robert Gates, el Presidente francés François Mitterrand, la primera ministra británica Margaret Thatcher y su sucesor John Major, el secretario de Exteriores de ambos, Douglas Hurd, y el secretario general de la OTAN, Manfred Wörner.

Un lustro más tarde del establecimiento de esos compromisos se llevaron a cabo las primeras maniobras militares conjuntas de la OTAN con Ucrania. Mientras se realizaban los ejercicios bélicos en la frontera de Rusia, el ministro de Exteriores británico, Malcom Rifkind, afirmaba que el verdadero objetivo consistía en impedir que Rusia se consolidase como una potencia similar a la que fue la URSS medio siglo atrás. En 1999 se integraron a esa organización atlantista tres países: Polonia, Hungría y la República Checa.

En 1996, cuando aparecía como evidente la defección a los compromisos asumidos por Washington y los países europeos, Gorbachov concedió una entrevista en la que señaló: “Hoy se pueden ignorar los intereses de Rusia, sus críticas a la ampliación [de la OTAN], pero la debilidad de Rusia no será eterna. ¿Es que no se dan cuenta para quién trabajan con esa política? Si la OTAN avanza en esa dirección aquí habrá una reacción”.

Advertencia y presagios

En 1997, George Kennan, uno de los pensadores estadounidenses más influyentes de la Guerra Fría, señaló en una entrevista en el New York Times que “ampliar la OTAN sería el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era de posguerra fría”. Detalló además que dicha expansión “inflamaría las tendencias nacionalistas y militaristas de Rusia” y que eso llevaría a “restaurar el clima de la Guerra Fría a las relaciones este-oeste, e impulsará una política exterior rusa en direcciones opuesta a nuestros intereses”.

Un año después, ante la nueva expansión de la OTAN promovida por Bill Clinton en 1998, Kennan puntualizó que “esto es el inicio de una nueva Guerra Fría… creo que es un error trágico. No hay ninguna razón para esto. Nadie estaba amenazando a nadie”. Algo similar opinó Henry Kissinger en un artículo que escribió para el Washington Post en 2014: Ucrania “no debería de ser la avanzada de cualquiera contra el otro, debería de funcionar como un puente entre ellos”. Y recomendó: “Estados Unidos necesita evitar tratar a Rusia como un ente aberrante al cual se le tienen que enseñar reglas de conducta establecidas por Washington”.

William Perry, el secretario de Defensa de Bill Clinton, declaró un lustro atrás que Estados Unidos es el responsable del deterioro en las relaciones con Rusia. El actual jefe de la CIA de Joe Biden, William Burns, advirtió en una autobiografía, hace dos años, que invitar a Ucrania a la OTAN es percibido por todos los partidos políticos de Rusia como “nada menos que un reto directo a los intereses rusos”.

Ted Galen Carpenter, especialista en relaciones internacionales del conservador Cato Institute, señaló en 2018 que los partidarios del atlantismo belicista habían desencadenado una segunda Guerra Fría al extenderse hacia el Este: “Era completamente pronosticable que la expansión de la OTAN llevaría a una ruptura trágica, posiblemente violenta, de relaciones con Moscú… las advertencias fueron ignoradas. Ahora estamos pagando el precio por la miopía y arrogancia de la política exterior de Estados Unidos”.

Dos semanas atrás, cuando Vladimir Putin ordenó la operación militar en Ucrania, el coronel Douglas McGregor, ex asesor de Seguridad del gobierno de Donald Trump, aseguró que la decisión del Putin no sólo era previsible, sino justificada, dado el acoso producido por la OTAN durante los últimos veinte años. Todos los analistas internacionales e incluso los encargados del seguimiento geopolítico militar sabían que la creciente amenaza de la OTAN –junto a la persecución de ruso-hablantes en Ucrania– garantizaba un conflicto armado.

Una esvástica por ahí

En febrero de 2014 se produjo en Ucrania un Golpe de Estado inscripto en la seguidilla de la revolución de colores promovida por diplomáticos de Estados Unidos, agencias de inteligencias y corporaciones mediáticas.

La revolución del Maidán tuvo como protagonista a la actual subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, que en 2014 era la jefa para Asuntos Europeos del gobierno de Barack Obama. Mientras se sucedían los disturbios en Kiev, se filtró una conversación telefónica de Nuland con el entonces embajador de Estados Unidos en Ucrania, Geoffrey Pyatt.

En ese diálogo se explicitaban los tres objetivos centrales de la operación del Maidán: digitar a los próximos dirigentes que debían hacerse cargo del gobierno ucraniano, impedir la continuidad de los vínculos pacíficos entre la Unión Europea y Rusia, y envalentonar a los sectores neonazis rusofóbicos. El historiador alemán Herwig Roggemann –uno de los máximos cronistas de los acontecimientos europeos contemporáneos– consideró que “aquella ‘victoria’ occidental en Kiev, el Maidán de 2014, fue el mayor fracaso de la historia europea tras el histórico cambio de 1990”.

Gracias a la injerencia y colaboración estadounidense, los grupos neonazis que lideraron la revuelta del Maidán se transformaron en batallones paramilitares. El banquero Ígor Kolomoiski, gobernador de la región de Dnipropetrovsk, fue el primero en financiar a los batallones territoriales (terbats) Azov, Dnipro 1, Dnipro 2, Aidar y Donbas, encargados de hostigar y asesinar a activistas de Lugansk y Donetsk que pretendían seguir hablando su idioma. El informe de 2016 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OCHA), acusó al regimiento Azov de violar el derecho internacional humanitario.

En junio de 2015, tanto Canadá como Estados Unidos anunciaron –luego de entrenar a los grupos paramilitares por dos años– que sus fuerzas no apoyarían más al regimiento Azov, dadas sus tendencias neonazis. En 2016 el Pentágono desoyó las recomendaciones del los organismos de derechos humanos, que monitoreaban el Donbas, y levantó la prohibición. Dos años después, en octubre de 2019, 40 miembros del Congreso de los Estados Unidos, encabezados por el representante Max Rose, firmaron sin éxito una carta en la que pedían al Departamento de Estado el etiquetamiento de Azov como una “organización terrorista extranjera” (FTO, por sus siglas en inglés).

El logotipo del grupo –que fue premiado con la incorporación oficial a la Guardia Nacional ucraniana– exhibe el Wolfsangel, uno de los símbolos utilizados por el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Según el oficial retirado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Philip Giraldi, el entrenamiento de estos grupos por parte de instructores estadounidenses empoderó a los sectores más rusofóbicos y habilitó la respuesta de Moscú: los signos hitleristas son las distintivos que los rusos no pueden soportar.

El primer acuerdo de Minsk, rubricado el 5 de septiembre de 2014, garantizaba la autonomía para los habitantes del Este ucraniano. Fue refrendado por representantes de Ucrania, la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk (DNR) y la República Popular de Lugansk (LNR). Tres meses después, el 2 de diciembre, el parlamento ucraniano modificó unilateralmente la “ley sobre el estatuto especial” estipulado en el protocolo. Según la revista estadounidense Army Times, el Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos ha trabajado desde 2014, en forma oculta, para desarrollar un concepto operativo militar en conjunto con las fuerzas armadas de Kiev.

El 1º de septiembre de 2020 ‎se prohibió ‎por ley el uso de cualquier otra lengua que no sea el ucraniano en la administración, en los ‎servicios públicos ‎y en la enseñanza. A pesar de que el 20% de la población no habla ucraniano, las escuelas donde se enseñaba ruso ‎y húngaro fueron cerradas.

Un año después, el 21 de julio de 2021, el actual Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, promulgó la Ley ‎sobre los Pueblos Autóctonos, en la que se estipula que sólo los ucranianos de origen ‎escandinavo, ‎los de origen tártaro y los caraitas tienen “derecho a gozar plenamente de todos ‎los Derechos Humanos y de todas las libertades ‎fundamentales”. Ante la requisitoria de los ruso-hablantes de por qué no figuraban con los mismos derechos ciudadanos, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, adujo que “tienen un estado propio [por la Federación Rusa] por lo que no pueden considerarse autóctonos”.

Cerco y contención

La promulgación de la Ley de los Pueblos Autóctonos se aprobó mientras se llevaba a cabo la cumbre de la OTAN en Budapest, donde Estados Unidos propuso sumar a Ucrania. Los dos temas centrales de debate fueron “las políticas y acciones agresivas de Rusia” y “los desafíos que plantea la República Popular de China” a la seguridad de los países del organismo.

A fines de 2021 Joe Biden promulgó la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2022, en la que se profundiza la “teoría del cerco y la contención” de todos los países que no aceptan el liderazgo de Washington. En el documento se deja claro que sólo alcanza –para ser considerado agresor, o enemigo– la voluntad de un país para defender sus fronteras, su identidad, su seguridad territorial y/o su soberanía.

Los cuatro objetivos actuales de Estados Unidos en Eurasia son:

• Demonizar a Rusia y a China para evitar su ascenso como potencias;
• Generar malestar interno en dichos países para impedir su consolidación como potencias;
• Separar a Rusia de la Unión Europea tanto en términos comerciales como energéticos y suplir a Moscú como proveedor de gas, en formato licuado; y
• Desplegar una nueva carrera armamentista orientada a revitalizar la economía atlantista.

Rusia es en la actualidad el segundo productor de hidrocarburos del planeta. El 40% del gas que consume Europa llega por gasoductos gestionados por Gazprom. El gas licuado –que Washington pretende exportar para suplir las exportaciones rusas– costaba 8 dólares el millón de BTU el año pasado, y hoy cotiza a 55 dólares. Europa se sumó a la ofensiva de Washington y se prepara para un duro invierno después de congelar el proyecto del gasoducto Nord Stream II.

Washington se siente parcialmente victoriosa porque arrastró a la Unión Europea hacia la rusofobia. Ahora necesita que Rusia pierda la guerra en el formato de desprestigio y descrédito. Mientras azuzan a los ucranianos a resistir frente a uno de los ejércitos más poderosos del planeta, planean la venta de armas y la futura reconstrucción de Ucrania. Para Washington, una victoria rusa plena conlleva el peligro de un nuevo orden mundial con un eje Moscú-Beijín. Después de fabricar las condiciones para la guerra, el Departamento de Estado se concentra en la necesidad de imponer una narrativa demonizadora de Putin, capaz de obviar el despliegue de la OTAN y el genocidio en el Donbas.

Su credibilidad, sin embargo, quedó expuesta el último 5 de marzo cuando funcionarios de Biden visitaron Caracas para tramitar la compra de petróleo con quien desconocen como Presidente, Nicolás Maduro. Como consignó el marxista de la tendencia Groucho: “Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”.

*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)