Durmiendo con el enemigo para satisfacer al FMI: una Argentina con futuro incierto
Rodolfo Koé Gutiérrez
Tras más de 13 horas de debate, la Cámara de Diputados argentina dio media sanción al proyecto de ley del oficialismo para refinanciar la deuda externa contraída por el gobierno anterior de Mauricio Macri y giró al Senado el proyecto que avala el Acuerdo de Facilidades Extendidas entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional.
Pese a que el proyecto contó con el respaldo de 200 legisladores, mientras otros 37 votaron por la negativa y 15 se inclinaron por la abstención, dejó en evidencia un agrave fractura en la unidad del oficialista Frente de Todos lo que abre un mnayísuculo signo de interrogación de cara al futuro inmediato.
Durante el largo debate, incluso desde el oficialismo argumentaron que «hay un gobierno que por sus principios jamás hubiera recurrido al organismo, pero que recibió una auténtica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar», reconocieron que “no hay nada que festejar” y que se trata del “mejor acuerdo que se pudo conseguir para “evitar el default”
Tras la aprobación de la Cámara de Diputados al acuerdo con el FMI, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un video en el cual marcó diferencias con el camino que Alberto Fernández en la negociación con ese organismo. “Otra vez… inmensa pena”, reflexionó, tras señalar que el Fondo Monetario Internacional «siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino”.
El video muestra imágenes de los destrozos que produjeron en su despacho del primer piso del Congreso las pedradas que manifestantes arrojaron contra el edificio mientras el acuerdo se debatía en Diputados. Cristina hace un relato en off en el que cuenta con quiénes estaba allí en el momento del ataque eran los senadores Oscar Parrilli y Anabel Fernández Sagasti y el diputado Máximo Kirchner, quien votó luego en contra del acuerdo con otros legisladores del espacio La Cámpora.
Esos diputados explicaron las razones de su rechazo en un documento crítico del FMI y el gobierno de Mauricio Macri, y también de la actual gestión, refiriéndose en duros términos el papel del ministro de Economía Martín Guzmán. Cuestionaron al Gobierno de Alberto Fernandéz y señalaron que “debería haber optado por una negociación ‘dura’ que procure extender los plazos de devolución por encima de los reglamentos vigentes en el FMI, eliminar la sobretasa de interés».
También consideraron que «se debió exponer ante los argentinos y argentinas y ante todos los Foros Internacionales posibles, no sólo aquellas gravísimas irregularidades del préstamo otorgado a Mauricio Macri, sino también el carácter y objetivo estrictamente político que tuvo dicho préstamo y que fuera exteriorizado por un funcionario de la administración Trump y actual Presidente del BID: concurrir en auxilio del gobierno de Cambiemos y salvar la administración de Mauricio Macri”.
El acuerdo en Diputados sobre el texto fue el fruto de varias reuniones desarrolladas durante toda la jornada entre representantes del oficialismo y de otros bloques opositores. Las reacciones fueron diversas. La a diputada izquierdista Myriam Bregman aseveró que «El Frente de Todos y Juntos por el Cambio también son corresponsables y copartícipes de la estafa a la que están nuevamente sometiendo a la Argentina”.
El diputado de la opositora Unión Cívica Radical, Lisandro Nieri, consideró que el acuerdo con el FMI «nace obsoleto» y es «poco transparente», al sostener que «no soluciona los problemas de nuestro país». Para el legislador, «aún cumpliendo las metas deja a nuestro país en diciembre de 2023 en una situación de mayores desequilibrios macro que la observada en 2019. No soluciona los problemas de nuestro país”, dijo.
Para el analista Mario Wainfeld, Alberto Fernández transita un mandato “condenado” a optar por el mal menor ante disyuntivas tremendas. El Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es, según la narrativa oficial, injusto e indeseable aunque resulta el mal menor contra el escenario catastrófico del default. Y así, la aprobación del Acuerdo en el Congreso se valoró como mal menor ante un eventual rechazo del proyecto.
El Gobierno debió (retro)ceder ante la oposición, resignarse a un texto escueto y empobrecedor para conseguir una tan inédita como incómoda mayoría transversal. La redacción del proyecto (un solo artículo) dándole al Ejecutivo una autorización general, suprimiendo todos los detalles acordados con el Fondo, incumple el objetivo institucional de la ley 27.612 impulsada por Fernández.
La estrategia era implicar al Congreso en las decisiones, y la oposición optó por no zafar de ese compromiso. Si el Acuerdo termina de aprobarse, el Gobierno puede pasar de pantalla. Hacer política económica. Intentar cumplir sus promesas de crecimiento, aumento de empleo y redistribución del ingreso, a pesar de los compromisos asumidos.
El oficialista Frente de Todos (FdT) llegó a la instancia final, dividido, con antagonismos internos crecientes, con un ministro de Economía, Martín Guzmán, descolocado tras haber defendido a capa y espada “el otro proyecto”, el del plan económico que incluía en detalle las metas acordadas con el Fondo.
Y atravesando las consecuencias de la renuncia del diputado Máximo Kirchner a la presidencia del bloque. Hoy el oficialismo afronta la mayor crisis de identidad desde que asumió Alberto Fernández. La fragmentación no se puede esconder debajo de la alfombra pese a la fuerte campaña mediática, y la crisis interna perdura.
Si el Senado convierte en ley al proyecto, el eje de las discusiones se trasladará a las políticas públicas. El oficialismo todavía tiene las herramientas para cumplir con sus promesas pro necesita mejorar mucho su gestión, relanzarse, innovar en políticas socioeconómicas, reducir la inflación, la pobreza y la desigualdad.
Con un 40 por ciento de la población por debajo del nivel de pobreza, “sin avances tangibles para los sectores populares (algo bien distinto a apenas «poner plata en el bolsillo de la gente») servirán de poco las declaraciones, los encuentros inmortalizados en imágenes fugaces, las alabanzas a la unidad sin correlato en la acción concreta de todos los días”, señala Wainfeld.
Denuncia penal por la deuda de Macri
Durante todo el período 2016-2019, la fuga de capitales se triplicó. Incluso durante la primera etapa de auge de ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los 41.100 millones de dólares. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, alcanzó los 45.100 millones.
El 14 de mayo del año 2020 el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió un informe denominado Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019 en el cual describió el conjunto de políticas económicas que se aplicaron desde diciembre de 2015, las que facilitaron la fuga de capitales y crearon las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento.
El informe que tuvo estado público, si bien demostró la existencia de salida del país de alrededor de 86.000 millones de dólares, no procedió a individualizar a los particulares y empresas, que habían transferido esas sumas al exterior, y cual había resultado la justificación para hacerlo, ya que la misma podría haber obedecido a diversas causas
Ahora, a los efectos de acreditar la posible existencia de conductas delictivas, los dirigentes peronistas Alicia Castro, Amado Boudou, Gabriel Mariotto y el abogado Alejandro Olmos Gaona, presentaron una denuncia penal a los efectos de que se levante el secreto fiscal por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ára poder determinar la legalidad o ilegalidad de las transferencias de capitales efectuadas entre los años 2016 y 2019.
La verificación se haría a través de los informes cruzados del BCRA y de la AFIP. Así se podrá establecer si las salidas de esos capitales correspondieron a operaciones convencionales derivadas de la compra de insumos importados, pago de derechos por uso de marcas (royalties), y depósitos en el exterior de sumas oportunamente declaradas, o de operaciones efectuadas al margen de la ley.
Asimismo, el abogo Daniel Trava denunció penalmente al exministro de Economía del gobierno de Cambiemos, Nicolás Dujovne por presuntas «operatorias de triangulación y fuga de dinero”, a partir de una investigación periodística que reveló conversaciones del exfuncionario en las que se hablaba de cómo mover dinero a cuentas en el exterior.
*Periodista económico argentino, analista asociado a al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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