El destituído ministro del Interior paraguayo re-involucra al expresidente Cartes en narcotráfico

Celso Guanipa Castro

El presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez, destituyó al ministro del Interior,Arnaldo Giuzzio, por sus supuestos vínculos con el nacotraficante brasileño Marcus Vínicius Espindola «Marques de Padua», detenido hace una semana en Foz de Iguazú, pero los caminos de las investigaciones conducen a la figura del expresidente colorado Horacio Cartes.

En el 2000 Cartes fue vinculado al narcotráfico, después de que la Dirección de Aeronáutica Civil incautó 343 kilos de marihuana y 20 de cocaína de un avión que aterrizó en su finca de La Esperanza. La estadounidense DEA, lo señaló como cabecilla de una red de lavado de dinero. Giuzzio  denunció al expresidente por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa. La disputa mediática y judicial siguió entre ambos.

En lugar de Giuzzo asumió el embajador Federico González, anunció el jefe de Gabinete civil de la Presidencia, Hernán Hutteman, quien también reveló que Cecilia Pérez dejará de ser ministra de Justicia para asumir como asesora en materia de seguridad.

El fiscal paraguayo Federico Delfino había anunciado más temprano que investigará los vínculos de Giuzzio con el llamado «Marques de Padua», detenido hace una semana en Foz de Iguazú (suroeste de Brasil, ciudad lindera en la Triple Frontera con Paraguay y Argentina) durante una operación multinacional llamada Turf.

El Operativo Turf tomó un giro significativo cuando se filtró a la prensa algunas fotografías que supuestamente vinculan a Giuzzio con el narcotraficante, quien pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Giuzzio confirmó en su cuenta de Twitter, que Espíndola lo visitó el año pasado para ofrecerle implementos de seguridad a través de su empresa, Black Eagle SA.

Proponen juicio político

Diputados de Paraguay ya examinaban una propuesta de juicio político contra Giuzzio, tras el tiroteo ocurrido el domingo 30 de enero durante un concierto a las afueras de la capital, Asunción, en el que hubo cuatro heridos y dos personas perdieron la vida, entre ellas la influencer Cristina «Vita» Aranda.

De acuerdo con la acusación, Giuzzio ha tenido un mal desempeño y “no cumple con la mayoría de sus funciones, ya que actualmente se percibe un descontrol en cuanto a la seguridad interna del país, con una rutina opacada por inseguridad, delincuencia; perpetrándose crímenes de todo tipo (…) Entre los motivos de acusación se citan hechos de secuestro y los cada vez más frecuentes actos de sicariato en distintos puntos del país».

El 26 de enero el entonces todavía minitro del Interior señaló: Presenté denuncia contra el anterior presidente Horacio Cartes, por los indicios de hechos punibles como el lavado de dinero proveniente del contrabando, enriquecimiento ilícito en la función pública y declaración falsa «El crimen de una ciudadana fue aprovechado por el grupo Cartes para iniciar este líbelo acusatorio», argumentó el ministro ante la Comisión Permanente del Congreso en alusión a la muerte de «Vita» Aranda.

El 3 de febrero Giuzzio tuiteó: El crimen organizado me inició una guerra política, mediática y jurídica, justamente por mi postura de denunciar su esquema. Si me tengo que ir, me iré. Pero no me van a callar, que les quede claro.

La Fiscalía paraguaya ya había archivado denuncias similares a las realizadas por Giuzzio, según declaraciones hechas a medios locales por el senador Jorge Querey, quien aseguró que en 2019 integró una comisión que redactó un informe investigativo sobre los lazos de Cartes con el brasileño Darío Messer, y señaló que dicho reporte los involucraba a ambos y a otras 20 personas en lo que llamó “otros posibles hechos punibles”, pero fue engavetado por la Fiscalía tras recibirlo.

Querey aseveró que las denuncias de esa comisión guardan coincidencia con las que ahora emitió Giuzzio contra Cartes, y señaló que este utiliza el poder político para blindarse y frenar las investigaciones.

Los caminos conducen a Horacio Cartes

Horacio Cartes gobernó Paraguay entre 2013 y 2018, y una investigación brasileña lo acusaba ya en 2019 de tener vínculos con su gigantesca red de lavado de dinero. La Justicia brasileña emitió una orden de captura preventiva contra el expresidente paraguayo como parte de una investigación por corrupción, que lo vincularía con el caso «Lava Jato» y una red de lavado de dinero trasnacional que habría movido cerca de 1.600 millones de dólares y operado a través de cuentas en 52 países.

Según las autoridades brasileñas, Dario Messer, el presunto líder de la organización criminal, habría sido una figura esencial en la ejecución de delitos de corrupción y evasión de impuestos, y Cartes habría sido su cómplice. Messer fue detenido a principios de ese año en Brasil. La orden de captura del juez federal Marcelo Bretas, forma parte de la operación Patrón que es como Messer llamaba a Cartes.

Hoy la Fiscalía paraguaya cree que el vínculo entre Giuzzio y el presunto narco podría arrojar conclusiones acerca de la labor de la Secretaría Nacional Antidrogas en el operativo que permitió la fuga de otro de los buscados, Lindomar Reges Furtado, en una camioneta de una funcionaria de Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del expresidente Horacio Cartes (2013-2018),  investigado por la Fiscalía por vínculos coln el contrabando y el lavado de dinero..

Inclusive la patrulla policial que estaba en el operativo está a nombre de la tabacalera del expresidente. La esposa de «Marques de Padua» también es accionista de Tabesa SA. Para el Fiscal fedrico Dlsino, el caso era «complejo», pero aseveró que no dejará a nadie fuera de la investigación, incluidas a las personas que tienen vínculos con Tabesa.

Los narcos en la política paraguaya

La venta y/o tráfico de narcóticos siempre es opción para el financiamiento de campañas políticas a cambio de protección y cargos. Actualmente hay varios legisladores y autoridades vinculados al negocio, señalaba el diario Últimas Noticias en julio de 2020.

Pese a denuncias ya realizadas en Fiscalía y los informes presentados al Congreso, la Justicia paraguaya no profundiza casos de políticos vinculados al tráfico de drogas. Tampoco existe control estricto al financiamiento de campañas políticas.

Emblemático es el caso de Wilmar Neneco Acosta, ex intendente de Ypejhú, fue condenado por el asesinato del periodista Pablo Medina, ya que se comprobó ser el autor moral del hecho. Medina realizaba publicaciones que vinculaban a Acosta con el narcotráfico.

Uno de los casos más sonados de narcopolítica está ligado al diputado Ulises Quintana, vinculado a  Cucho Cabaña, presunto narcotraficante. El legislador tiene procesos por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencia, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado. Otro es Freddy D’Ecclesiis, cuyo hermano, Víctor había caído con droga en Uruguay. El diputado, además, tiene vínculos con uno de los hermanos del clan narcotraficante Giménez Noguera.

También en la larga lista está Carlos Chicharo Sánchez, político colorado, procesado por supuestamente estar al frente de una organización dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero proveniente de Brasil, liderada por el narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca,

* Periodista y politólogo paraguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)