Elefantes en el bazar Argentina: tapar problemas creando problemas mayores

Juan Guahán 

 Éstos no parecen ser tiempos de mucha “normalidad”, aunque… tal vez  son tantos los desbarajustes que lo normal sea esto. En el lenguaje del pueblo hay una serie de giros verbales que suelen ser  muy explicativos de la realidad, como “un elefante en un bazar! La picardía popular sube la parada preguntando ¿cómo se disimula un elefante en un bazar?. La réplica no se hace esperar: ¡Haciendo entrar una manada de elefantes!

Pues bien, los argentinos parecen especialistas en este tema. Ante la manifiesta incapacidad de encontrar respuestas a problemas de larga data tienen una salida: generan dificultades mayores, que disimulan las anteriores. Esto no es de ahora. Viene de lejos, los problemas se multiplican y el país sigue como en el tango gardeliano ¡Cuesta abajo en mi rodada!

Los acontecimiento de este tipo van alcanzando tal magnitud que nos acercan, con bastante velocidad, a puntos de definición. Claro está que siempre está la posibilidad de continuar en esta senda de una lenta pero irremediable caída. Pero, son tantos problemas, que pueden continuar en este progresivo deterioro o desembocar en dos caminos disímiles: Una descomposición definitiva o que, desde el fondo más hondo, emerja algo nuevo.

Vayamos a los hechos. Dos grandes y entrelazados problemas atraviesan la humanidad: la epidemia de la Covid 19 y el cambio climático. Obviamente, Argentina no es ajeno a ninguno de ellos. Las cifras actuales de la variante Ómicron, con sus altísimas cifras de contagio junto a los ruinosos y extremos “fenómenos naturales” que tienen al cambio climático como fundamento, dan cuenta de la incidencia y riesgos de tales situaciones sobre la realidad.

A tales contratiempos universales los argentinos le agregan algunas características propias que explican la gravedad de la situación económica, social, institucional, moral y de soberanía nacional que están atravesando.No quedan dudas que hay un creciente empobrecimiento colectivo a la par de la repugnante concentración económica. Ambas situaciones se realimentan entre sí y están en la raíz de la decadencia que nos rodea.

En este marco, un voraz y generalizado extractivismo, que abarca las más diversas actividades económicas, debilita –aún más- las relaciones con el Fondo Monetario Internacuiomnal (FM) garante del sistema financiero internacional que ata la actividad económica nacional a los peores intereses del sistema mundial de dominación.

Deuda y FMI: imposibilidad de pago y caminos inciertos

 No hay dudas de que Argentina no tiene condiciones de pagar las deudas contraídas, en nombre del Estado. También está claro que sus pretensiones de pagarla con reducción de la deuda, mayores plazos, menores intereses y menos presión para reducir el déficit fiscal, tienen pocas posibilidades de ser aceptadas por el FMI en las condiciones planteadas por el país.

El presidente Alberto Fernández quiere mostrarle al FMI que tiene aval de gobernadores, del parlamento, de empresarios, partidos políticos y algunas centrales sindicales.  Su aspiración es que todas estas superestructuras se sumen al criterio de aceptar el acuerdo con la supuesta condición que deje crecer al país. Ésa es la posición oficial de todo el gobierno y lo que le pide a estos interlocutores lo está consiguiendo a medias.

De todos modos cabe hacer dos salvedades. Una está referida a la actitud de estas superestructuras. Su mirada, en general, respondió más a las internas de cada una de ellas y su relación con el Ejecutivo que a la situación y perspectivas generales del país.

Corresponde señalar que hubo una posición que fue notoriamente diferente, la del Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, quien señaló que “Negociar con el Fondo, con la catástrofe que significa para los próximos años y la condena a las futuras generaciones, y no denunciar esa deuda como odiosa, como una estafa, es un camino equivocado que no comparto. Disculpen, sé que es una verdad incómoda”.

Luego de citar al Inca Atahualpa, a San Martín, Rosas y Bolívar, quién con la frase “odio más a la deuda que a los españoles” habría acuñado el concepto de “deuda odiosa” utilizado en los tiempos que San Martín ejercía como Protector del Perú.

De ese modo el gobernador puntano pareció reiterar la posición de su hermano, Adolfo, cuando 20 años atrás –en medio de la crisis del 2001- suspendió los pagos hasta que se determinara la legalidad de lo reclamado.

Terminó su polémica intervención solicitando que se convoque a una consulta popular para que sea el pueblo quien decida y amplió su crítica a los arreglos de la deuda privada, realizados en el 2020, por la pérdida de soberanía que ellos encierran al declinar la jurisdicción argentina, a favor de los tribunales de  Nueva York.

La segunda observación que corresponde formular es que vastos sectores populares se vienen movilizando en contra de estos acuerdos y negociaciones. Eso ocurre porque va creciendo la conciencia de que estos remedios terminarán perjudicando a la mayoría del pueblo argentino, como ya ocurriera en anteriores negociaciones.

Cómo se está llegando a los puntos más álgidos de esta negociación, las partes procuran mejorar sus posiciones. Si para la Argentina la cuestión tiene una importancia capital, para el FMI tampoco es un tema menor. Ese crédito significa el 47% de su cartera crediticia. Si éste préstamo se volviera incobrable, además del mal ejemplo para otros países, pondría en apuros al propio FMI, cuyos mayores accionistas son EEUU, Japón y China.

Por todo lo dicho, transitamos un sendero muy estrecho y al borde del precipicio. El gobierno aprieta para conseguir mejores condiciones (que siempre serán malas, por la naturaleza del FMI) de un acuerdo que –luego de un tiempo- volveremos a incumplir.

El gobierno argentino aspira tener este tema en la agenda procurando estirar su definición, todo lo que pueda.

Tratará que –para el momento en que no haya más excusas- para los vencimientos de febrero y marzo, no se llegue a la formalización de un default. Tengamos presente que siempre existen mecanismos para disfrazar la realidad.

El extractivismo como política de entrega

Que la deuda es un problemón no quedan dudas. Que el gobierno de Alberto y Cristina Fernández la hizo crecer –según la Secretaría de Finanzas- en unos 40 mil millones de dólares es un dato que no se puede soslayar; que estamos endureciendo la posición respecto al FMI y la administración de Joe Biden (el viejito “peronista”, como les gustaba decir a algunos funcionarios) es otra pata de esta realidad.

Y entonces…mientras se cacarea sobre una deuda imposible de pagar, se profundizan las políticas de entrega. A lo que ya venía pasando con el tránsito y salida de las riquezas por el Río Paraná, se le agrega lo que viene ocurriendo en la explotación minera o en materia de hidrocarburos.

Pero da la impresión que desde el pueblo surgen las reservas morales que alimentan la indignación y resistencia a estas medidas. Lo ocurrido en Chubut es un botón de muestra: La pueblada i,mpidió un megaproyecto minero..

En los últimos días, desde los espacios comunicacionales vinculados al gobierno, se ha desatado una campaña destinada a desvalorizar y desvirtuar los argumentos de quienes no acuerdan con esas políticas. Lo llamativo es que ahora se suman personajes y espacios considerados progresistas, algunos de ellos próximos a organizaciones sociales cercanas al gobierno.

 Hidrocarburos y minería

En una economía donde pobreza, inflación y deuda parecen ser los únicos rubros de crecimiento sostenido existe una importante excepción. Se trata de las actividades extractivas.

El extractivismo, una de las modalidades básicas del enriquecimiento y despliegue tecnológico de los países centrales,  goza de buena salud. Nuestras tierras proporcionan al mundo desarrollado los recursos naturales (bienes comunes) y las materias primas que constituyen una de las bases de su poderío.

En esos sectores se consolidan las inversiones, sobre todo extranjeras. El sector minero ha recibido inversiones, en estos dos años, por una cifra que ronda los nueve mil millones de dólares. El reciente fracaso en Chubut, no lo hará desistir de esta política, ni abandonar el camino emprendido.

Está demostrada la incapacidad de la dirigencia argentina para modificar la matriz productiva, al servicio del modelo agroexportador. Es por ello que, además de la producción agropecuaria, sueñan que las explotaciones hidrocarburíferas y mineras les proporcionen los “recursos salvadores”.

En función de este objetivo dan todo tipo de garantías y ventajas a las inversiones en este tipo de explotaciones, que se terminan llevando las riquezas y dejando un peligroso y comprobado saldo de riesgos de salud y ambientales a los vecinos y economía de cada zona involucrada.

Eso es lo que ocurrió con el mayor proyecto minero de nuestro país: Bajo de la Alumbrera (Andalgalá y Belén, en Catamarca). Allí y durante 20 años se extrajo cobre, oro y molibdeno, declarados por la empresa. Pero otros 50 minerales (entre ellos: escandio, titanio, cromo, cobalto, cesio y uranio) son extraídos y no declarados, es decir sacados de contrabando, sin pagar impuestos.

 (El valor de lo extraído y no declarado en los primeros 18 años –según documentación existente- fueron ¡139.643 millones de dólares! Esto da una idea acerca del origen de nuestro empobrecimiento y el enriquecimiento de otros) Una dimensión de lo extraído lo da el hecho que fue transportado durante 20 años, con un tren de 52 vagones y 56 toneladas de capacidad por vagón, en 23 viajes mensuales. Luego trasladados desde el puerto de San Lorenzo (Rosario) a Canadá y otros lugares de procesamiento.

El gobierno, sin recursos para pagar, ni voluntad política para tomar el toro por las astas y resolver los temas de fondo, procura ganar tiempo en el tema de la deuda. Mientras tanto avanza en la entrega a través de políticas extractivistas.

En materia de hidrocarburos, estos días han crecido las protestas por la habilitación por decreto de los estudios para la exploración sísmica, con la novedad que ahora serían a gran profundidad, que harían la petrolera noruega Equinor, junto a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Shell, en tres áreas offshore del Mar Argentino.

El gobierno defendió su política porque de allí sale el 17% del gas que consumimos. Las protestas tuvieron su epicentro en Mar del Plata, pero se extendieron, en lo que se conoció como “el atlanticazo” por Rosario, Córdoba, Viedma, Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Medidas semejantes ya habían sido intentadas, sin poderlas concretar, por Mauricio Macri, en el 2019.

Esta despreocupación del interés colectivo en aras de hacer negocios también tiene otras manifestaciones. Vecinos de Villa Constitución, sobre el Río Paraná y en el límite entre Santa Fe y Buenos Aires, han denunciado que los reiterados incendios de los humedales de esa zona y Entre Ríos, tienen una comprobada lógica de incorporar miles de hectáreas de esas tierras al mercado inmobiliario y destinarlas a la cría y engorde de animales.

 

*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE,

 

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