Chile llegó a su punto de bifurcación 

Paula Giménez y Matías Caciabue *

Este domingo 21 de noviembre Chile vuelve a las urnas. Esta vez, en la primera vuelta presidencial. Sin duda alguna, estos últimos dos años han sido bisagra para el país trasandino; que corrió el velo neoliberal y se dispuso a transformar de raíz el modelo económico, político y social.  Desde fines del año 2019, con el inicio de las revueltas, comenzó un proceso de avanzada popular que supuso, como todo proceso, enfrentamientos y pujas de poderes entre diferentes programas.

De la calle, de la iniciativa constante, de la “evasión masiva” en el metro ante el aumento de su tarifa, bajo la consigna “nos cansamos, nos unimos” día a día se fueron sumando sectores sociales que pedían por educación pública gratuita, salud digna, reconocimiento del trabajo no remunerado, jornada laboral de 40 horas, entre otras. El proceso construyó la “marcha más grande de la historia”, con más de un millón de personas en las calles.

Un pueblo, que perdió la inmovilidad y el miedo ante la constante represión de las fuerzas policiales, logró descorporativizarse para conquistar masivamente plazas y las calles, con la llamada “Primera Línea” blindando a la protestas de amplios sectores sociales. Millones de chilenas y chilenos gritaron “sin justicia no hay paz” y juraron luchar hasta “que la dignidad sea costumbre”.

Las luchas permanentes tuvieron que sumar otras formas ante la irrupción de la Pandemia mundial del Coronavirus. De la masividad a la conquista de los territorios, nunca se abandonó la iniciativa y la ofensiva. La crisis sanitaria en Chile se sumó a la crisis política, social y económica, y los barrios se llenaron de “ollas comunes” y “comedores populares”, para asistir a personas en su alimentación. Surgieron las “Brigadas de sanitización” como una respuesta del pueblo en el marco de la Rebelión Popular en Chile.

Como es conocido, a toda avanzada popular le corresponde un proceso de reacción. La respuesta del poderoso régimen, edificado por la violencia pinochetista e institucionalizado en la Constitución de Jaime Guzmán –líder de la UDI, el partido civil de la dictadura donde militó el ahora candidato presidencial José Antonio Kast-, no tardó en llegar. El Estado, con Sebastián Piñera a la cabeza, utilizó el garrote y la dureza de un marco legal punitivista para amedrentar a la sociedad. La represión constante, el toque de queda, el estado de excepción y una de las cuarentenas más largas del mundo, se hicieron parte de la cotidianidad.

Uno de los riesgos latentes que existían y existen es que el proceso social se cierre y quede “institucionalizado”. ¿Cómo no quedar entrampados en un debate electoral que sólo traiga calma y acuerdo con los sectores representantes de los más poderosos?

Si bien una nueva constitución era urgente y necesaria, en términos de edificación de un nuevo contrato social, si la misma no está acompañada de un proceso de organización social que trastoque las precedentes estructuras económicas y sociales, todo podría quedar trunco y agotado en el mero acto jurídico.

Acuerdo por la “Paz Social”, la Constituyente y el sistema electoral. 

“Ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por S.E. el Presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático” comienza diciendo el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” suscrito por diversos partidos políticos de derecha de centro derecha/izquierda y de izquierda.

Tensionando, y en algunos casos entrando en contradicción con la lucha en las calles, se inició un camino electoral, que incluyó elecciones primarias presidenciales y las próximas presidenciales, que mostró grandes debilidades para abarcar al conjunto de luchas sociales.

La más reciente elección en Chile, realizada el pasado 18 de julio, fue las primarias presidenciales que contó con 3 millones de votantes sobre un total de 14 millones de electores/as habilitados. Se pudo elegir cuál candidato presidencial los representaría en las elecciones de noviembre de acuerdo a dos coaliciones: el ofcialismo “Chile Vamos” y el opositor “Apruebo Dignidad”.

La coalición de derecha tuvo su interna entre Joaquín Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evopoli), Mario Desbordes (RN) y Sebastián Sichel (Independiente); mientras que la izquierda tuvo en la contienda a Daniel Jadue (Partido Comunista) y Gabriel Boric (Frente Amplio). Resultando ganadores, por la derecha, Sebastian Sichel, y por la izquierda, Gabriel Boric.

La centroizquierda, la ex Concertación que terminó funcionando como la “pata progresista” del régimen pospinochetista, no estuvieron presentes en las primarias por no llegar a acuerdo con la izquierda para presentarse, por lo que están yendo sólo a las elecciones de noviembre. Una vez más, muestran su servidumbre al Estado construido por el pinochetismo.

Una mención particular merece la emergente de la “Lista del Pueblo”, conformada por un sector del movimiento que a lo largo de estos tres años de lucha se mantuvo constante en la calle y que decidió participar del proceso electoral que daría forma a la constituyente, obteniendo 27 constituyentes de los 155 en disputa. Si bien ellos no participaron de las primarias presidenciales, se especulaba con su irrupción en las generales, cosa que no sucedió porque su candidatura presidencial no fue aceptada.

Previas a estas elecciones presidenciales, el pasado 13 de junio, con la segunda vuelta de la elección de gobernadores, solamente fueron a las urnas un 19,6% de los votantes. Las anteriores elecciones nacionales fueron el fin de semana del 15 y 16 de mayo, la denominada “megaelección” de concejales, alcaldes y, por primera vez, convencionales constituyentes y gobernadores, que contó con una concurrencia de alrededor de seis millones de personas, cerca del 40% del padrón electoral.

Chile en la encrucijada

No hay ninguna novedad en la falta de participación en las elecciones por parte de las y los chilenos. Lo que sí resulta novedoso, al menos para el debate político, es cómo se pasó de un momento tan grande de efervescencia popular a estos índices tan bajos de participación electoral. ¿Será que el sistema electoral formal no es comprendido como una vía de canalización de la lucha popular?

En este contexto, la aprobación, por parte de la Cámara de diputados, del juicio político a Sebastián Piñera, por irregulares ventas a las Islas Vírgenes Británicas para un proyecto minero, parecería debilitar aún más los cimientos de un Chile que supo ser el ejemplo del neoliberalismo en la región. ¿Esto servirá para el embate electoral en el marco de una crisis del régimen o del Estado?

El ex vicepresidente e intelectual boliviano Álvaro García Linera, al caracterizar las distintas etapas de una “crisis del Estado”, afirma la existencia de un “punto de bifurcación” que divide a la sociedad en dos grandes fuerzas sociales con capacidad de movilización y despliegue territorial, en la disputa por el control político y económico de un país. Estas son la fuerza de la transformación y la fuerza de la reacción.

Pareciera, entonces, que en Chile llegamos a un “punto de bifurcación”: o termina de parir un proyecto político capaz de articular políticamente las expectativas populares, o se avanza en un proyecto más explotador encabezado por las fuerzas de la reacción, restableciendo el status quo y el orden. En esta encrucijada se encuentra Chile.

A días de realizarse las elecciones presidenciales, las encuestas muestran una polarización entre la extrema derecha y la izquierda. José Antonio Kast, fiel representante de la amalgama de cuadros del Opus Dei y de los Chicago Boy´s que cogobernó Chile con Pinochet, y Gabriel Boric, ex líder de las protestas universitarias de 2011 y 2012, son quienes podrían llegar al ballotage. Por motivaciones distintas, ambos tienen, en sus discursos, algo en común: desprenderse de los últimos treinta años de política chilena.

Las elecciones se dan en un clima complejo: Todavía se está redactando una nueva constitución, continúan algunos focos de protestas urbanas en Santiago y otras regiones, persiste el conflicto con la comunidad mapuche, y siguen existiendo presos y presas políticas sin que nadie de respuesta (incluso desde las plataformas electorales).

Por eso, y más allá de las elecciones, miles de chilenas y chilenos persisten en la idea de profundizar los procesos organizativos, que sean capaces de construir nuevas relaciones sociales, que no respondan al modelo neoliberal que azotó al país desde septiembre de 1973. El desafío está en volver a poner el eje en las consignas de la revuelta, y en poner a todas y todos los cuadros políticos y a las organizaciones populares a sintetizar en transformaciones concretas lo iniciado en 2019.

La profundización de la política, con nuevos valores, la potencia de lo local enlazado globalmente y viceversa, la construcción de una nueva sociedad parada en la dignidad de su pueblo y en lo común; es la tarea. Erradicar de una vez y para siempre la mercantilización de la vida, la privatización de los recursos, los beneficios para algunos pocos, la especulación y la profunda desigualdad.

El pueblo chileno, ante este escenario tiene solo una opción: no perder la iniciativa y la lucha en las calles. El juego electoral no resolverá, per se, ninguna de las demandas del proceso de la revuelta iniciada en 2019. No debemos confundir “reformas superficiales” con victorias populares.

La voz popular fue contundente: “Chile será la tumba del capitalismo”. Es necesaria una nueva constitución, es necesario que otros sectores accedan al gobierno del Estado y que lo tensionen en otra dirección, pero el epicentro debe ser siempre la organización popular. No hay poder sin enfrentamiento, la clase trabajadora tiene la política y la movilización como herramienta de transformación y como vía para alcanzar los objetivos que se plantea. Es por todo. Es por la resolución del punto de bifurcación chileno en favor del Pueblo. Hasta que la dignidad se haga costumbre.

* Analistas argentinos del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)