TLCAN: deuda eterna, hambre, pérdida de soberanía y de democracia en México

Gerardo Villagrán del Corral

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) produjo una serie
de limitaciones al desarrollo de México, en particular por el efecto producido por el endeudamiento, que amplió los costos para el Estado y debilitó al máximo la soberanía del país, además de  las posibilidades de la democracia en su sentido más integral.

La gran bandera con que la tecnocracia de los gobiernos neoliberales –en especial el de Carlos Salinas de Gortari- vendió a la ciudadanía las bondades del TLCAN fue no otra que la convergencia con los ingresos de Estados Unidos merced a las supuestas ventajas del libre comercio, la desregulación financiera y la competencia.

Las cifras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) son por demás elocuentes y  muestran que 30 años de neoliberalismo llevaron a que los trabajadores mexicanos no pudieran comprar ni siquiera los alimentos indispensables –ya no digamos satisfacer sus necesidades de vivienda, educación, salud y acceso a la cultura y al esparcimiento– pese a dedicar a ello la totalidad de su día.

Es más, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció que, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, el ingreso real per capita de los mexicanos ha continuado su divergencia a largo plazo con respecto a Estados Unidos y la proyección indica que la brecha podría ampliarse aún más.

Los ingresos de los trabajadores mexicanos son cada vez más bajos en comparación con los que se perciben al otro lado del río Bravo, y que esta tendencia se mantendrá pese a la transmutación del TLCAN en el actual Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La ampliación de la brecha no se debe a que la economía de EEUU haya registrado un mayor crecimiento en el periodo, sino que existe una auténtica precarización de los trabajadores mexicanos. El estudio México 2018: otra derrota social y política a la clase trabajadora, de la UNAM permite  precisar que los aumentos salariales que nacieron muertos, y que entre 1987 y 2018 el salario mínimo perdió 80 por ciento de su poder adquisitivo.

Esta degradación salarial se tradujo en que, si en el primero de esos años se requerían cuatro horas con 53 minutos de trabajo para adquirir la canasta básica, en 2017 eran necesarias 24 horas con 31 minutos, tendencia que recién comenzó a revertirse desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Pero no solo los efecfos fueron sobre la clase trabajadora, sino sobre todo fueron devastadores para los campesinos. Como efecto de la liberalización del sector agrario, los campesinos mexicanos se vieron obligados a competir sin apoyo alguno contra una agricultura altamente mecanizada, tecnificada y subvencionada, lo que se tradujo en una doble condena: los sembradores debieron dejar su forma de vida para pasar a engrosar los cinturones de miseria de las grandes ciudades o para buscar el llamado sueño americano.

Mientras, señala un editorial del diario La Jornada, el país perdió su soberanía alimentaria y pasó a depender de las importaciones agropecuarias, a tal punto que compra en el exterior 82.2 por ciento del maíz amarillo, 86 por ciento del arroz, 70 por ciento del trigo y 39.3 por ciento de la carne de cerdo que consume, por mencionar sólo algunos bienes.

La contraparte de esta descampesinización del mundo rural es la concentración de las mejores tierras en manos de la gran agroindustria dedicada no a satisfacer las necesidades alimentarias, sino el mercado de exportación.

Una gran agroindustria trasnacional basada en la destrucción del medio ambiente (por ejemplo con la xpansión del aguacate en Michoacán) y sobre todo en la violación sistemática de los derechos humanos de los trabajadores agrícolas, como se ha documentado ampliamente en el valle de San Quintín, Baja California.

Deuda y soberanía

Desde 1994, el endeudamiento creciente se ha ido imponiendo con más severos costos atados a la cuenta de la soberanía nacional.  Especialmente en materia financiera, resultó muy difícil cualquier intento de evitar los excesivos pagos paralelos que se “cobran” adicionalmente a los créditos y se obligan a pago con riqueza y soberanía nacionales.

Exigencias directas e indirectas de pago que han abierto el 80% de las economías a la voracidad económica y al atropello constante de los más caros valores de la democracia y soberanía.

Al mismo tiempo aumentan las ganancias especulativas bancarias y financieras, obtenidas a raíz del pago de esas otras obligaciones contraídas junto con los créditos, lo que obligó a los países deudores, menos desarrollados, a soportar por la fuerza de los nuevos créditos de los que dependen, la “transferencia” de la crisis de los industrializados a su propia costa.

Los efectos que eran secundarios al TLCAN en México, significaron que las decisiones nacionales, y todo el marco de su ejecución pública y privada de la contratación y destino de los recursos públicos, sean regulados por autoridades
monetarias y financieras internacionales, a las que poco importa saquear la riqueza nacional ni sus devastadoras consecuencias sociales y humanas.

El problema de la pérdida de soberanía durante los gobiernos neoliberales mexicanos por el endeudamiento es el exceso al que se ha llevado la situación: sin límites de política nacional, pública y privada, incluida específicamente la política financiera y fiscal; y en ausencia de elementales valores patrios, de honor y justicia.

Ni Estado ni mercado pueden captar, resolver y mantener los enormes conflictos que significa la extrema violencia de la normalidad expansiva del capital financiero actual; especialmente en las últimas décadas con el cambio en la relación entre la soberanía estatal y la acumulación del capital; aspecto crítico de la época neoliberal.

A casi tres décadas de que los destinos nacionales mexicanos quedaran ungidos al libre comercio, pareciera que el gobierno de López Obrador se ha dado cuenta que es hora de tomar medidas para paliar sus efectos más negativos sobre las mayorías.

* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)