Decreto de emergencia de Piñera desvía la atención de la crisis para atacar a los mapuches

Cecilia Vergara Mattei

El presidente chileno Sebastián Piñera, en medio de los escándalos de corrupción que dejaron al descubierto los Papeles de Pandora,  decretó el estado de emergencia en cuatro de las siete provincias de la macrozona sur del país, que abarca las regiones del Biobío, la Araucanía y Los Ríos, epicentro del conflicto mapuche con el Estado por la recuperación de tierras ancestrales y la obtención de autonomía.

Cuando falta poco más de un mes para la elección presidencial, con Piñera en medio de una investigación por presunto cohecho o soborno, y el candidato oficialista Sebastián Sichel sigue cayendo en las encuestas, la seguridad y la violencia sobre la mesa han sido históricamente herramientas políticas de su sector para enfrentar momentos de alta complejidad y desviar la atención popular de los graves problemas que vive el país.

La decisión se da en un contexto de franco deterioro gubernamental en todo sentido, con casi 80 por ciento de rechazo y apenas 15 por ciento de aprobación, en medio de un paro de camioneros que presionaba por la intervención de los militares, al igual que los partidos oficialistas.

Si la semana pasada fue nefasta para Piñera con la revelación de los Pandora Papers, este martes se comenzó a configurar un panorama aún más oscuro ya que se encuentra definitivamente asediado tanto en el plano judicial como en el político por el caso de la millonaria compraventa de la minera Dominga entre su familia y su amigo íntimo Carlos “Choclo” Délano.

La directora de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, informó que el presidente se encuentra en calidad de imputado por eventuales delitos tributarios y cohecho, luego de los antecedentes dados a conocer por Ciper y LaBot en el marco de los Pandora Papers.

Mientras, la oposición presentó en el Parlamento la acusación constitucional contra el mandatario por  el negocio realizado, incompatible con su cargo, en el que benefició a su familia a cambio de no declarar una reserva natural.

El diputado humanista Tomás Hirsch señaló que ésto deja claro que “este presidente está inhabilitado para seguir en el cargo. Esperamos que diputados de oficialismo, al estudiar los capítulos, lleguen a la convicción que hay faltas gravísimas por parte del Presidente Piñera debe ser destituido”.

Los mapuches, pueblos originarios, suman más de dos millones, alrededor de 12.7 por ciento de la población chilena, pese a lo cual no son reconocidos como pueblo originario –al igual que ninguno de los otros 10 existentes en el país–, sino como etnia. Tampoco la educación ha sido sobre la base de la interculturalidad, lo cual ha derivado en racismo y exclusión.

Los territorios mapuches, desconociendo los sucesivos gobiernos de Chile pactos de coexistencia pacífica suscritos en 1825, fueron invadidos a mediados del siglo XIX por tropas militares que asesinaron sin piedad y se apoderaron de las tierras. Éstas fueron entregadas a principios del siglo XX a colonos europeos que formaron latifundios y que tras el golpe militar de 1973 pasaron a propiedad de conglomerados forestales que las explotan a destajo.

Tras el asesinato de Denisse Cortés Saavedra, el 10 de octubre durante una manifestación a favor de las reivindicaciones del pueblo mapuche, Piñera decretó el Estado de Excepción durante 15 días con la participación de las Fuerzas Armadas y se refirió a las protestas de comuneros mapuches en las provincias de Biobío y Arauco (región de Biobío) y en las provincias de Malleco y Cautín (región de La Araucanía)  como una “grave alteración al orden público”.

La muerte de Cortés, estudiante de derecho y colaboradora de la ONG Defensoría Popular,despertó una ola de indignación ante las versiones de Carabineros que apuntaban a culpabilizar a  las personas que participaron en la marcha. Representantes de los pueblos originarios y candidatos presidenciales respaldaron la apertura de una investigación sobre las circunstancias de su muerte.

Daniel Jadue, alcalde de la comuna capitalina de Recoleta y excandidato presidencial, afirmó que «Piñera busca desviar la atención de sus oscuros negocios descubiertos por los Papeles de Pandora, la militarización de la zona es el camino errado y tendrá duras consecuencias». El problema no es el decreto en sí sino las consecuencias, los tiempos y fundamentos.

Entregar a las Fuerzas Armadas el control de la zona, siendo que no están entrenadas para este tipo de acción, supone que, más que dar soluciones, este puede ser el puntapié inicial para una espiral de profundización de la violencia.

“La decisión es política y responde a un cálculo electoral. No hay evidencia que sustente que la presencia de militares ha disminuido la incidencia de delitos o de violencia. Es más, la evidencia internacional muestra que, cuando los militares entran a reemplazar las labores que le corresponden a la policía, se generan espacios de mayor violencia, se profundizan las espirales de conflicto», sostuvo Eduardo Vergara, de Chile 21.

La única política es la represión

La decisión afecta a las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco, que suman 52 mil kilómetros cuadrados, y se prolongará durante 15 días prorrogables e implica que las fuerzas armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones, así como de apoyo de vigilancia, patrullaje y transporte, a los procedimientos policiales que se desarrollen en la zona.

Piñera admitió con la medida el desgobierno que prevalece cuando justificó que este estado de excepción constitucional de emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos, sin mencionar las aspiraciones de los mapuches.

En la macrozona, las ocupaciones de predios y las acciones de reivindicación mapuche ocurren a diario; las policías y las autoridades políticas han sido rebasadas y carecen de capacidad para garantizar el estado de derecho, ampliamente vulnerado.

Mientras, Piñera enfrenta una investigación judicial, imputado por potenciales delitos tributarios, cohecho y soborno relacionados con negocios familiares en paraísos fiscales –la venta de 33 por ciento de acciones de un proyecto minero, durante su primer gobierno (2010-14), condicionada a no declarar protegida la zona donde estaría la minera–, incurriendo en sus recurrentes conflictos de intereses, en su habitual mezcla de  negocios y política.

Además, enfrentará desde esta semana una acusación constitucional en la Cámara de Diputados, impulsada por la oposición, que podría significar su suspensión en el cargo y posteriormente, tras su paso por el Senado, la destitución.

Todo ello, en un contexto de elecciones presidenciales y legislativas a realizarse el 21 de noviembre, donde el candidato oficialista, un ex ministro de Piñera, se ubica en cuarto lugar con apenas 10 por ciento de la intención de voto, detrás del izquierdista Gabriel Boric, el ultraderechista José Antonio Kast y la democristiana Yasna Provoste.

No es la primera vez que el gobierno de Piñera apuesta a la militarización del conflicto. En febrero anunció que el ejército se sumaría al patrullaje conjunto, que haría coordinación estratégica con las policías y que dispondrían de puestos de mando conjuntos, sin ningún resultado práctico en cuanto a desescalar la violencia.

Ahora, en el decreto del estado de excepción se prevé restringir las libertades de movilización y reunión, junto a la designación de jefes de la defensa nacional que asumen el mando de las fuerzas armadas y de orden.

En el Biobío, la Araucanía y Los Ríos se suceden acciones de resistencia indígena desde hace dos décadas, las cuales aumentaron de manera exponencial en los últimos años en busca, sobre todo, de expulsar a las grandes empresas forestales que controlan, con la vista gorda de los sucesivos gobiernos, cuatro millones de hectáreas, cuyos bosques nativos fueron arrasados y remplazados por plantaciones de pino y eucalipto.

* Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).