Jorge Elbaum|

El 26 de mayo fue detenido en las cercanías de Londres el ex director ejecutivo del Meinl Bank, entidad financiera austríaca que fue privada de su licencia en 2019 por su responsabilidad en operaciones delictivas de lavado de activos, fuga de capitales y maniobras conocidas como back-to-back, orientadas a ocultar fraudes fiscales de grandes corporaciones y acaudalados empresarios. Entre otras, la firma de auditores Price Waterhouse Coopers identificó operaciones ilegales en beneficio de Macri. En el marco de esa investigación, relacionada con el Meinl, ya fue condenado el ex ministro de finanzas de Austria, que ocupó esa cartera entre los años 2000 y 2007. A Karl-Heinz Grasser se le impuso una sentencia de ocho años de prisión, el 4 de diciembre de 2020, por el delito de lavado de activos.

El ex director ejecutivo de Meinl Bank con sede en Viena, Peter Weinzierl, fue arrestado a pedido de la fiscalía del Este de Nueva York por delitos vinculadas a entidades bancarias, guaridas fiscales y sociedades offshore situadas en cuatro territorios específicos: Austria, Liechtenstein, Andorra y Antigua. Aún permanece como prófugo otro de los mandantes de esa entidad, Alexander Waldstein, sobre quien pesa una orden de captura internacional. Ambos se desempeñaron, además, como miembros de la dirección del Meinl Bank ubicado en la isla caribeña de Antigua.

La detención del ex director ejecutivo y el consentimiento para su extradición otorgado por las autoridades británicas motivaron la contratación de varios bufetes de abogados de Nueva York, ante la posible aquiescencia de Weinzierl a reducir su condena –prevista a priori a 70 años de cárcel– mediante formatos de delación premiada. Según información brindada a El Cohete por dos integrantes de The New York County Lawyers Association (NYCLA, organización gremial que nuclea a los abogados de ese Estado), uno de los prestigiosos bufetes contratados la semana posterior a la detención del ejecutivo vienés fue solicitado por representantes del grupo Macri.

El análisis pormenorizado de las diferentes causas que tramita la familia del ex Presidente explica la preocupación por lo que puedan referir Weinzierl y Waldstein. De todas formas, la famiglia Macri no es la única que se encuentra solicitando contactos en Nueva York: una vez que trascendió la detención, también otros clientes con residencia bancaria en Austria, Liechtenstein, Ucrania, Panamá y Austria recurrieron a letrados.

Un día antes del arresto del funcionario austríaco, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicas las acusaciones contra los ex integrantes del Meinl Bank, por su rol en el lavado de cientos de millones de dólares. Los encargados de difundir las imputaciones fueron el secretario de Justicia Auxiliar Interino, Nicholas Mcquaid, el fiscal federal del distrito de Nueva York, Mark Lesko, y el subdirector de la oficina local del FBI, William Sweeney. La instrucción –en la que trabajan de forma confidencial desde hace dos años– recayó en la fiscal federal Julia Nestor, del distrito este de Nueva York y los abogados litigantes Michael Harper, de la Sección de Fraude de la División Criminal, y Michael Redmann, de la Sección de Recuperación de Activos y Lavado de Dinero.

Quienes realizaron la investigación previa cuentan como material relevante la auditoría llevada a cabo por Price Waterhouse Coopers (PwC) con relación al Meinl Bank, en la cual se incrimina a esa entidad en el lavado de activos en una decena de países ubicados en tres continentes. Uno de los capítulos del detallado informe de PwC (el punto 4.20) –que forma parte del expediente con el que se justificó el pedido de detención de Weinzierl y Waldstein– remite a las actividades ilícitas de una offshore asentada en Liechtenstein (Mervet Establishment Ltd.), tapadera de SOCMA, Sociedades Macri.

La auditoría realizada por PwC, que se llevó a cabo por pedido de las autoridades de regulación europea y austríaca, concluyó que el Meinl Bank ocultó sus transacciones con Mervet, omitiendo los ineludibles informes de operaciones sospechosas requeridas por la Oficina de Denuncia de Blanqueo de Capitales con sede en Viena. Según el informe que analiza la fiscal Nestor, Mervet y el banco austríaco formalizaron tres contratos entre 2005 y 2007, mediante los cuales se favorecía la fuga de diferentes magnates, políticos y empresarios.

El informe de PwC consignó que la relación del Meinl con los Macri aparenta ser una maniobra de lavado de activos disfrazada de una operatoria conocida como back to back, para obtener mejores condiciones de negociación de las deudas, posibilitar el lavado y lograr un acuerdo que impida la quiebra del Correo.

Una parte de los negociados del grupo Macri tuvo sede en Austria. Así lo reveló la propia sede de Viena cuando el 15 de junio de 2011 la regulación europea le exigió detallar la información sobre los beneficiarios finales de las transacciones realizadas. Así fue como se hizo público el legajo oculto de la empresa Mervet, con sede en Liechtenstein. “En el acta de clientes –detalla la auditoría de PwC– se encuentra la copia de un pasaporte italiano y uno argentino del señor Francisco Macri. Ambos documentos eran válidos a la fecha del inicio de la relación comercial, el 20.09.2005”.

Máscaras offshore

.El acuerdo de Mervet –constituida en Liechtenstein– con el Meinl Bank se firmó el 7 de septiembre de 2005, época en la que Peter Weinzierl era el CEO de dicha entidad. A través de ese vínculo, el banco austríaco se dedicó a adquirir las acreencias del Correo Argentino. El 4 de noviembre de 2005, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (CFI) vendió sus 57,9 millones de dólares al Meinl y este abonó ese documento con apenas 2,9 millones de la misma moneda. Un año después, el 18 de julio de 2006, el banco hizo lo propio con el crédito que los Macri habían tramitado ante el BID: los 62,7 millones de dólares del crédito original fueron saldados el 18 de julio de 2006 por la entidad austríaca –bajo la supervisión de Alexander Waldstein– por el reducido valor de 3 millones de dólares.

Los Macri, deduce la fiscal Nestor, obtuvieron créditos por 120 millones de dólares de dos organizaciones internacionales (de las que Estados Unidos es el mayor aportante: el BID y el CFI) pero terminaron abonando 6 millones, una cuenta demasiado sospechosa para quienes tienen la obligación de defender los cuantiosos aportes de los contribuyentes estadounidenses que financian esos créditos. Los Macri lograron birlarles a ambos prestamistas multilaterales la suma total de 114 millones de dólares. Además, según la fuente del NYCLA, los fiscales se verán obligados a indagar por qué el Meinl se decidió a absorber la deuda de una empresa que por esa época se exhibía como insolvente.

En 2016 la empresa brasileña Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Nueva York y admitió haber participado en un esquema de soborno masivo desde 2001. Para ejecutar parte de sus operaciones encubiertas, compró la sede del Meinl Bank de Antigua & Barbuda en 2011. En esa sede, Weinzierl y Waldstein fungían como sus máximos ejecutivos. En la acusación de la fiscalía del Este de NY se conjetura que desde esas oficinas partieron 188 millones de dólares destinados a sobornos para ganar licitaciones o comprar voluntades.

En el expediente 20-cr-00383 se consignan las maniobras y se adelantan las futuras acusaciones contra centenas de partícipes necesarios de los delitos que son señalados por el Departamento de Justicia en el marco de una nueva Ley de Lavado de Dinero aprobada el 1° de enero de 2021. La regulación está inscripta en el marco de la Autorización para la Defensa Nacional y crea una amplia gama de nuevas obligaciones contra el lavado de dinero (AML) para instituciones financieras y sociedades.

El Meinl Bank intentó remozarse para superar los recurrentes escándalos financieros en los que se vio involucrado. Con ese cometido cambió su nombre en 2019 por el de Anglo Austrian Bank (AAB). No le alcanzó. El 2 de marzo de 2020, el Tribunal Comercial de Viena decidió su insolvencia y la revocación de su licencia. Los liquidadores designados por la Autoridad del Mercado Financiero (FMA) comenzaron a cooperar con los pedidos de información escondidos en sus libros contables.

En agosto de 2017, el periodista argentino Horacio Verbitsky reveló que los Macri mantenían niveles de sociedad con los empresarios de Odebrecht a través del fondo de inversiones Blackwood. Esos vínculos quedaron expuestos cuando un encargado de repartir recompensas detalló sus transferencias al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, a una cuenta del Credit Suisse perteneciente a este último. Arribas, hoy acusado de espionaje ilegal, dirigió esa dependencia entre 2015 y 2019. Esos desembolsos encubiertos se repitieron desde otra sede ligada al Meinl Bank, la Banca Privada de Andorra (BPA). Desde esa entidad ubicada en los Pirineos salieron los 4.495.250 dólares que el fiscal federal argentino Franco Picardi detectó como parte de los sobornos ligados al soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

Entre Andorra y Liechtenstein

Las operaciones de la BPA fueron denunciadas por el Departamento de Justicia y por el Tesoro de los Estados Unidos, institución ávida por desarticular y/o destruir cualquier posible competencia respecto de sus empresas multinacionales, como por ejemplo Odebrecht. Las denuncias ante las entidades regulatorias europeas motivaron la intervención del BPA –por parte del Principado– y la disolución de su Directorio.

Entre sus integrantes figuraban varios accionistas del Meinl Bank, entidad con la que llevaban a cabo operaciones conjuntas de lavado de activos. Entre las auditorías que se sucedieron, se logró detectar el desvío de 4,5 millones de dólares que el fiscal federal argentino Franco Picardi caracterizó como evidencia del pago de coimas a favor de IECSA y su CEO, Ángelo Calcaterra, primo y testaferro de Mauricio.

En agosto de 2019 la Cámara Federal porteña anuló el fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que había desestimado la denuncia por estas operaciones, y lo conminó a dilucidar el trayecto de los 4,5 millones de dólares transferidos por Odebrecht a sus cofrades de IECSA. En mayo de 2021 el fiscal Picardi entregó al juez Martínez De Giorgi la confesión (traducida) de Luiz Antonio Mameri, uno de los arrepentidos del Lava Jato que se acogió a la delación premiada en Brasil, en la que se afirma que uno de los máximos ejecutivos de IECSA, Javier Sánchez Caballero, solicitaba las recompensas adeudadas a sus colegas de Odebrecht.

El ejecutivo austríaco detenido también aparece referido en la memoria de uno de los hermanos Macri. En el libro de Santiago O’Donnell, Mariano Macri afirma –respecto de la investigación internacional denominada Open Lux, liderada por el diario Le Monde y el consorcio de periodistas Organized Crimen and Corruption Reporting Project–: “El fraude consistía en poner a un banco austríaco como testaferro, el Meinl Bank, y nosotros quedar como accionistas ocultos a través de fundaciones en Luxemburgo y como dueños de unas sociedades en Panamá”.

Otro de los testaferros de Mauricio, su hermano Gianfranco, también apeló a las matrioshkas societarias para ocultar su participación en negocios garantizados por el rol presidencial de Mauricio: fundó una offshore denominada Lares Corporation, con sede en Luxemburgo, para garantizarse negocios eólicos mientras su hermano estuviese en el gobierno. Las tapaderas anónimas le permitieron ganar fácilmente unos 70 millones de dólares.

El Meinl vuelve a irrumpir en la biografía de los Macri como el soñado superador de la quiebra. Después de funcionar como fronting para adquirir una deuda devaluada, el banco austríaco había sido contratado por los Macri para darle continuidad a su política de no pagar las deudas ante el Estado argentino y facilitar la defraudación al resto de los acreedores. Los abogados de la famiglia Macri previeron que iban a poder apelar al artículo 45 de la Ley de Concursos y Quiebras, donde se consigna que el deudor que pretende sellar un acuerdo debe alcanzar “la mayoría absoluta de los acreedores […] que representen las dos terceras partes del capital computable”.

Sin el banco austríaco, el holding sólo cuenta con el 48 %, lo que le significa una segura quiebra. El pequeño problema es que el banco con el que hicieron tantos negociados no existe más. Y no están pudiendo conseguir que algún ejecutivo se apersone para dar el consentimiento por parte de una entidad liquidada. Algunos de sus funcionarios están siendo investigados, uno ha sido detenido y el otro está prófugo.

Los dos letrados consultados, asociados a la NYCLA, consideran que el caso del Meinl salpicará a muchos “pescados gordos que fueron socios de Peter Weinzierl y Alexander Waldstein”. Afirman que las derivaciones del caso son imprevisibles. Y recuerdan, para dimensionar su peligrosidad, que la periodista Caruana Galizia, ciudadana del Principado de Malta, se encontraba investigando la trama del Meinl Bank cuando el 16 de octubre de 2017 fue asesinada mediante un explosivo que se le colocó en su automóvil.

Las mafias económico-financieras no sólo se dedican a armar sociedades anónimas ocultas con numeraciones indetectables. También se especializan en silenciar a quienes intentan desenmascararlos. Pero, por sobre todo, buscan debilitar o aniquilar a quienes promueven regulaciones orientadas a limitar su capacidad delictiva.

*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la). Publicado en elcohetealaluna.com