El gobierno argentino sigue enamorado de sus palabras: otra cosa es la realidad
Juan Guahán|
El gobierno sigue enamorándose de sus palabras. Por eso convoca a sus fieles para algunas celebraciones (Impuesto a los ricos, ley sobre incendios de campos y humedales) pero oculta otras realidades: condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, nuevo cálculo de haberes jubilatorios, fin del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), entre otras cuestiones.
Es sabido que las palabras son manifestaciones simbólicas que contribuyen a darle visibilidad y capacidad comunicativa a nuestra presencia en la realidad cotidiana. Pero también es cierto que las palabras aguantan muchas cuestiones que la realidad no soporta. Es por eso que las palabras pueden decir una cosa y ser otra la realidad.
El gobierno se ha caracterizado por mantener una política fuertemente aferrada a palabras, gestos y simbologías. En realidad se trata de una característica del progresismo que suple la falta de profundidad de sus políticas por una convincente apelación a valores simbólicos que le dan una apariencia de consistencia que sostiene la fe de sus adictos pero que no conmueve a los intereses de los dueños del poder.
Este mecanismo surgió del propio pensamiento de Néstor Kirchner, cuando -en el año 2004- le dijo al empresario español Francisco Luzón: “No miren lo que digo, miren lo que hago”.
Esa disociación se continúa. Mientras los argentinos se debaten en medio de una tragedia colectiva, terminamos de ratificar que unos 20 mil millones de dólares anuales sean destinados a subsidiar a las empresas vinculadas a los combustibles fósiles. Ese monto se corresponde a los fondos que se les entregan a las empresas del sector, de un modo directo o por los costos ambientales de ese modelo.
Aclaremos que la totalidad de los “planes sociales”, financiamiento del asistencialismo a los pobres e indigentes, representa la décima parte de ese monto. Ese subsidio a las empresas de hidrocarburos forma parte del vigente modelo extractivista.
Dos acontecimientos de la última semana nos recuerdan el valor que tendría recuperar la soberanía. El martes 17 Argentina conmemoró los 48 años del regreso de Juan Perón, luego de 18 años de resistencia del pueblo y exilio del líder. Su regreso tenía por objetivo restablecer la perdida soberanía política.
El viernes 20 se recordó el Día de la Soberanía Nacional, en memoria de la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845) sobre el Río Paraná, donde, en defensa de la soberanía económica, se frenó el avance de una flota anglo-francesa, que pretendía navegar y comerciar a través del litoral marítimo sin reconocer los derechos argentinos.
Mientras se recordaban estos actos de soberanía política y económica, avanzaban las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ellas tratan sobre deudas e imposición de “condicionalidades”, que van a decidir sobre nuestro futuro.
FMI, “aportes”, jubilados y… cartas molestas
Semana rara la pasada. Empezó con la extraña carta del bloque de senadores peronistas al FMI pensada por Cristina Fernández de Kirchner, para resguardar su prestigio; siguió con el peronismo y sus aliados de nuevo en la calle, demostrando que con poco alcanzó para ser más.
Convocatorias diferentes, rumbos distintos, cada uno atendiendo su juego, todos aplaudiendo al gobierno, aunque la mística no abunde y la convicción tampoco. Una dirigencia con la urgencia de hacerse ver; un sentido común confundido: Entre la necesidad de responder al gorilismo creciente, las ganas que el gobierno le responda y los temores de no ser escuchado.
El FMI sobrevoló en las diferentes manifestaciones. Desde la izquierda, con una crítica abierta. Desde el oficialismo buscando otros ejes.
Eso que algunos llaman impuesto y cuyo nombre es “Aporte solidario de las grandes fortunas” volvió a la contradicción de siempre, de “solidario” no tiene nada. Aún es imprecisa la cantidad de personas que deberían pagarlo cuando el Senado -casi seguro esta semana- lo apruebe. De lo que no cabe duda, es que los estudios jurídicos más importantes compiten en la forma más rápida y eficaz de hacerlo inaplicable.
Más allá de su promovida utilización “por única vez” es muy probable que la inflación y la sequía de caja impulsen su continuidad, si logra salvar la barrera judicial. Las principales cuestiones que tendrá que superar son su inconstitucionalidad; la posibilidad de transformarse en confiscatorio al agregarse a otras imposiciones; el hecho de estar gravando bienes productivos; la doble imposición en materia de bienes personales.Otra cuestión judiciable es, con algunos gobernadores, respecto a su carácter porque si es un “aporte” no es coparticipable.
Uno de los mentores de este proyecto, Máximo Kirchner (hijo de Néstor y Cristina), pidió y logró la comparecencia en el recinto de gran parte del gabinete, en el momento del debate y aprobación. Ello da dos indicios ciertos: el valor político que le asignan a este proyecto y el peso del auspiciante, un firme candidato a la presidencia.
El tema de los haberes jubilatorios está en el centro del debate. Hay dos formas de abordarlo. Uno desde el aspecto estructural, donde todos acuerdan que el sistema es insostenible y está quebrado: la prueba es que por cada jubilado o pensionado hay solo un poquito más de un trabajador en actividad que hace los aportes correspondiente.
Los números dicen que harían falta cuatro aportantes por cada jubilado. Es por eso que nadie se quiere meter en este tema porque las soluciones demandan cambios profundos que nadie está dispuesto a debatir.
La otra forma de considerarlo es desde las coyunturas. Allí lo que hay es un constante chicaneo que tiene como referencia el hecho que siempre pierden los jubilados. La Ley de Movilidad aprobada durante el macrismo -a fines del 2017- en una plaza de Congreso donde baldosas y bancos fueron utilizados para una batalla campal, terminó en pérdida de ingresos para los jubilados.
De todos modos esa norma se demostró mejor que la suspensión que luego padeciera con el actual gobierno y que profundizó esa pérdida, apenas compensada con bonos y medicinas. Ahora se propone un nuevo régimen que solo evaluará ingresos y recaudación y que insinúa otra pérdida futura, al no considerar la inflación.
Lejos de la promesa electoral de un 20% de aumento de los haberes, el gobierno intervino –esta semana- anunciando un aumento del 5%, cuando la canasta de alimentos creció un 6% sólo en octubre. Lo hizo tratando de acercarse a los ingresos que hubieran correspondido de mantenerse la “movilidad” aprobada en 2017.
Con esto la jubilación mínima quedará en 19.035,30 pesos, en momentos que la canasta básica para la tercera edad es de 49.614 pesos.
*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
