Argentina: Éxitos, dudas, peligros…y rebeldías que trae el hambre

 

Juan Guahán|

El gobierno se siente fortalecido en el camino elegido para el tratamiento de esta peste. Las cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la pandemia señalan que Argentina tiene una cantidad de fallecidos equivalentes a uno cada 269 mil habitantes.

Esos resultados son inferiores a los de Bolivia (1 cada 265 mil); Uruguay (1 cada 294 mil) y Paraguay (1 cada 790 mil). Pero con mejores resultados que Colombia (1 cada 234 mil); Chile (1 cada 110 mil); Brasil (1 cada 62 mil); Perú (1 cada 52 mil) y Ecuador (1 cada 30 mil).  

Los datos precedentes permiten al gobierno argentino insistir en la estrategia planteada. No existe la misma convicción cuando se habla de cómo enfrentar otros problemas y que son una advertencia sobre el futuro. Entre esas previsibles dificultades se deben señalar la situación en cárceles y geriátricos. En el podio de estas  dificultades están las cuestiones vinculadas al hambre y la economía.

Cuando son estos los temas que ocupan el centro del debate la pregunta más notoria, evidente y molesta es: ¿Cuándo y cómo se saldrá de este infierno? Nadie sabe a ciencia cierta sobre tal fecha o métodos. Son muchas las variables. La vacuna es la perspectiva más conocida y su aplicación masiva nos lleva al año 2021 como un momento lógico para que los miles de millones tengamos una respuesta sólida y general.

El avance del COVID 19 no puede hacer olvidar otras situaciones graves como el despliegue del dengue, la enfermedad trasmitida por la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti. Por ejemplo en la provincia de Santa Fe, en los últimos 40 días, se han registrado 236 casos de coronavirus y dos fallecidos, en ese mismo período hubo 2.532 casos de dengue con tres fallecidos.

En cárceles y geriátricos la mecha está prendida

El COVID 19 se manifiesta con dos características centrales: Su rápida contagiosidad y el hecho que los de mayor edad son su grupo etario adicto. Esto hace que, cuando la circulación del virus se arraigó en el territorio, las cárceles y los geriátricos sean los lugares donde su desarrollo puede transformarse en “bombas sanitarias”.

En las cárceles la situación es insostenible. La conglomeración -que las caracteriza- las transforma en un problema sanitario de primer orden. Los motines se iniciaron en Coronda y Las Flores, en el interior y la capital santafesina; luego fue Melchor Romero (La Plata), le siguieron Corrientes, Florencio Varela (del Gran Buenos Aires), nuevamente Melchor Romero y los avisos desde Junín (interior bonaerense).

Cerrando la semana el motín en la histórica cárcel de Villa Devoto (Capital Federal), donde la situación sigue complicada a pesar del Acta formal y la Mesa de Diálogo entre autoridades del gobierno y delegados de los pabellones de presos.

Los resultados de estos motines tienen –hasta ahora- a varios reclusos muertos con responsabilidad directa, en algunos casos, de los guardias del Servicio Penitenciario. Las huelgas de hambre de los presos florecen en diversas cárceles.

El pasado 8 de abril el Tribunal de Casación bonaerense ordenó a los jueces de primera instancia otorgar prisión domiciliaria a los grupos de riesgo, definiendo como tales a los mayores de 65 años con enfermedades preexistentes.

Ese reclamo básico va acompañado de otras reivindicaciones (como variadas formas de libertades adelantadas, prisiones domiciliarias y conmutaciones de penas) que son la bandera de múltiples y generalizados reclamos que siguen creciendo y mantienen en vilo a decenas de miles de familias.

Si es fuerte el impacto de la situación carcelaria, sobre todo en los sectores humildes, la imagen televisiva sobre lo que acontece en varios geriátricos porteños no deja de escandalizar a sectores medios. Se fortalece la idea que una gran hipocresía rodea a las políticas destinadas a los más viejos.

Son declarados como la franja de mayores riesgos y se pretende que hagan un particular aislamiento, pero al mismo tiempo se los manda a realizar absurdas colas para cobrar su magra jubilación.

Mientras que “para protegerlos” se pretende confinarlos en sus sitios de residencia las pantallas televisivas difunden la imagen del abandono real a la que son sometidos en geriátricos transformados en “depósitos de ancianos” con valores de residencias de “5 estrellas”.

El hambre mata, pero también desata riesgos varios

Argentina es un país al que la naturaleza dotó con la capacidad para producir alimentos para cientos de millones de personas, sin embargo una parte considerable de sus escasos 45 millones de pobladores no pueden satisfacer las demandas de sus estómagos.

Una vergüenza que la historia anotará en el debe de una larga lista de dirigentes que, desde hace varias décadas, no han sido capaz de generar políticas que repartan toda esa potencial riqueza de un modo más justo. A esa triste y decadente historia que viene de arrastre se le agregan los efectos de este virus.

Ahora se incorporan millones a una mesa que estaba medio vacía. Desde el gobierno avisan que la atención alimentaria que llegaba a ocho millones de personas, ahora debía ampliarse a 12 millones.

Esa situación tiende a volverse día a día más complicada, crecen los reclamos y las posibilidades que esta situación se manifieste en calles o rutas, complicando la situación sanitaria y los riesgos represivos.

En las áreas suburbanas –a pesar de los riesgos sanitarios- crecen las ollas populares como un emergente para paliar el hambre y un lugar de encuentro y organización territorial. Las respuestas estatales tardan en llegar. Ello tiene que ver con un gobierno acorralado por una inflación galopante, un empresariado poco dispuesto a “sacrificios patrióticos” y funcionarios inmovilizados por el miedo a ser denunciados por pagos ilegales.

En economía, malas noticias

El presidente Alberto Fernández sabe que el 80% de valoración positiva que hoy ostenda es una cifra histórica y solo tiene parecido con la que tuvo Raúl Alfonsín cuando ordenó el juicio a la Junta Militar y puso en marcha un nuevo plan económico.

También sabe que tal valoración está atada a su actuación en medio de esta pandemia pero que la misma está en peligro ante la situación y evolución de la economía.  Pero no estamos seguros que Alberto Fernández tenga la misma convicción sobre las raíces mundiales y proyecciones futuras de esta crisis.

Lo que forma parte de esta realidad es la crisis del capitalismo, que hoy muestra su senilidad histórica. Esa crisis mundial está anudada a la actual pandemia y a los tradicionales problemas de la economía argentina, agravados hasta niveles exorbitantes por el reciente gobierno neoliberal de Mauricio Macri.

Los frutos de ese encadenamiento están asomando en esta realidad y constituyen el abismo hacia el que parece encaminarse el actual gobierno. Es por eso que las medidas actuales y futuras no pueden ser la mera reproducción de las utilizadas en otras ocasiones.

En este sentido uno de los principales problemas que tiene que atender el actual gobierno es el de la tradicional deuda. El gobierno pretende renegociarla con lo que no hace más que legalizar situaciones fraudulentas que recaerán sobre el futuro de varias generaciones.

Los bonistas, después de rechazar la primera oferta, esperan algunos “aflojes” del gobierno argentino, mejorando lo que tienen planteado. Entre esas ideas imaginan algunos pagos adelantados con efectivo, mejorando intereses y reduciendo plazos de gracia. Esta fue una idea proporcionada por Joseph Stiglitz (padrino del actual Ministro Martín Guzmán).

A esa idea podría aportar el multimillonario George Soros con algún efectivo para esos adelantos. A cambio recibiría algunas ventajas para entrar en el negocio energético de  nuestro país.

Habiendo incumplido el pago de los tres bonos que vencieron el pasado 22 de abril, se ratifica el 22 de mayo como la fecha límite para definir si el país está o no en un default formal.

En ese marco el riesgo país ya supera los 4 mil puntos, las exportaciones han caído un 16% y el consumo de energía se redujo –desde el inicio de la pandemia- en un 18%. La reducción de los ingresos nacionales, provinciales y municipales, acompañan estas cifras en proporciones que superan el 20%.

Por si esta fiera perspectiva no fuera suficiente el gobierno se encuentra con la novedad que más de 300 mil trabajadores en blanco están siendo afectados –desde el inicio de la cuarentena- por despidos, suspensiones o reducciones salariales.

Todo ello sin contar con los millones de trabajadores precarizados que perdieron la posibilidad de pucherear el día a día, por las medidas sanitarias.

Los ocho millones de peticiones aprobadas para percibir los diez mil pesos (unos 100 dólares) del Ingreso Familiar de Emergencia, de un total de cerca de 12 millones presentadas, son una prueba de la cantidad de personas que están a la intemperie social.

Las 400 mil empresas que aspiran lograr un crédito estatal para que esta pandemia no se los lleve puestos, son otra prueba de la magnitud de los problemas que tiene el gobierno.

Hasta ahora el remedio fundamental que tiene a mano el gobierno es la emisión monetaria. No hace falta fundamentar los riesgos de esta medida si no va acompañada de un  incremento productivo. El gobierno ha sido notificado por la realidad que está frente a un abismo de  profundidades insondables.

*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)