En Perú peligra la democracia y el fujimorismo impide desde el Congreso cualquier salida
Mariana Álvarez Orellana
El presidente Martín Vizcarra, quien sustituyó al corrupto Pedro Pablo Kuczinsky, alertó que en Perú está en peligro la democracia y anunció que le pedirá al Congreso, dominado por fujimoristas y apristas, un voto de confianza, el cual si le es negado le permitiría cerrarlo constitucionalmente y llamar a elecciones legislativas.
Vizcarra lanzó una acusación directa a esa mayoría parlamentaria de actuar en contra de la democracia para buscar impunidad frente a los cargos de corrupción, mientras fujimoristas y apristas siguen su campaña mediática para dar un golpe parlamentario que destituya al presidente.
Más allá de la lucha de poderes entre Ejecutivo y un Legislativo que quiere resguardar su impunidad, aguarda una ciudadanía indignada contra una clase política corrupta, que exige “que se vayan todos”, indignada principalmente con el Congreso. Las encuestas revelan que el adelanto de elecciones tiene un respaldo mayoritario del 70 por ciento, y el Congreso -que archivó esa posibilidad- tiene una credibilidad de apenas el ocho por ciento.
El analista Nicolás Lynch señala que el país está ante el peor de los escenarios, con un triunfo del fujiaprismo, en clarísima minoría social, y la posibilidad de que se termine en un giro autoritario hacia la extrema derecha con un gobierno de la segunda vicepresidenta Mercedes Araoz, caracterizado por el incendio del Perú en sus intentos de implementar la agenda de la central empresaria Confiep.
Un escenario tal en el que incluso peligran las elecciones de 2021, ante la posibilidad de que gane en ellas cualquier opción progresista. La salida está fuera del espacio congresal, en la calle y en la opinión pública que de manera abrumadora en los últimos tiempos expresan su deseo de que el “elenco estable” de la política peruana se vaya a su casa, añade Lynch.
La mayoría parlamentaria archivó la última semana en comisiones, evitando el debate en el plenario, el proyecto presidencial para adelantar en un año -de 2021 a 2020- las elecciones legislativas y presidenciales, y en un procedimiento express designó a seis nuevos miembros de los siete magistrados que integran el estratégico Tribunal Constitucional (TC).
Sobre este tema, Vizcarra dijo que el pedido del voto de confianza al Congreso irá amarrado no a una insistencia para adelantar las elecciones, sino a una propuesta para cambiar el mecanismo de elección en el Congreso de los magistrados del TC, de forma de bloquear la elección de sus nuevos miembros, programada para este lunes.
El TC, última instancia jurídica, es el árbitro en cualquier controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre asuntos constitucionales, como la legalidad o no del pedido de un voto presidencial de confianza respecto a determinado tema y por lo tanto sobre la procedencia o no de un eventual cierre del Congreso como resultado de la negativa de ese voto de confianza. Con un TC bajo su control, la mayoría parlamentaria se asegura para qué lado decidirá ese árbitro.
Es también clave en la lucha contra la corrupción y debe aún resolver un pedido de Keiko Fujimori (hija del dictador genocida Alberto Fujimori), procesada por lavado de activos en relación al financiamiento ilegal de su campaña electoral con dinero de Odebrecht, Y en la misma lógica, se sucederían pedidos para liberar a otros políticos procesados por corrupción e incluso para liberar a Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
Para los analistas, en esta guerra de poderes, a Vizcarra le ha faltado decisión y capacidad de reacción para defender su propuesta de adelanto de elecciones, que significaría para el fujimorismo y sus aliados apristas perder un año antes de lo previsto su actual mayoría parlamentaria.
No alcanza la entrada definitiva de un tercer actor movilizado (la calle, el pueblo), sino que éste le presente al país una propuesta de salida de esta crisis crónica en el sistema político peruano. Para muchos analistas, es necesaria una nueva Constitución, fruto de una Asamblea Constituyente, que pueda poner en marcha un nuevo ordenamiento económico, social y político que destierre las consecuencias corruptas y corruptoras del golpe de Estado fujimorista del cinco de abril de 1992.
El éxito inicial de la entrada de un tercer actor, que traiga la calle a la definición del problema, es entonces el inicio de un proceso constituyente, que ponga en la agenda pública el debate sobre una Nueva Constitución para salir del atolladero en que nos han metido. El asunto es anatema para los que gozan de los privilegios que les ha brindado el poder corrupto, pero no nos queda otra cosa si queremos salvar a la república refundándola sobre bases democráticas.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
