DOSSIER| Hidroeléctrica de Itaipú, la negociación y el debate para 2023

Nodal-Jerovía|

La hidroeléctrica de Itaipú, creada por el tratado de 1973 entre Paraguay y Brasil, cerca de la fontera con la Argentina y las cataratas de Yguazú, produce en promedio 94 millones de MWh/año, lo que sustituye la quema de 0,5 millón de barriles de petróleo por día en generación eléctrica.  Es, en un 50 por ciento, la principal riqueza natural de Paraguay. La negociación de sus términos económicos prevista para el 2023 ya se abrió y está generando un debate que Nodal y Jerovia buscan sintetizar en este dossier

Breve cronología

La central hidroeléctrica de Itaipú (piedra que suena, en guaraní) es la de mayor producción de energía en el mundo –récord de 103 millones de MWh en el 2016 frente a 101,5 millones de MWh en 2014 de Tres Gargantas, China. Es la segunda por su potencia instalada (14.000 MW), versus Tres Gargantas (22.400 MW). La superficie de su embalse es de 1.350 km² y la altura de su represa es de 120 metros, en relación al nivel de descarga del agua turbinada al río Paraná (1) .

Desde un inicio, la construcción de Itaipú fue conflictiva. Primero, el Brasil pretendió hacerla en su territorio, ignorando la soberanía paraguaya y llegando a ocupar la zona aledaña al Salto del Guairá (1965). Ello dio lugar a significativas manifestaciones populares en el Paraguay, que amenazaban con desestabilizar a la dictadura de Alfredo Stroessner (1954 – 1989). Finalmente, Brasil y Paraguay llegaron al acuerdo, suscrito como Acta de Foz de Yguazú (1966), por la cual se reconoció la soberanía paraguaya sobre el 50% de la energía que podría producirse en el limítrofe río Paraná, con derecho a exportar la energía a terceros países y a percibir un “justo precio” (2).

El estudio de factibilidad demostró que el sitio más adecuado era el conocido como Itaipú, a poca distancia de la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) y de las cataratas del Yguazú.

El 26 de abril de 1973 el dictador Alfredo Stroessner firmó con la dictadura militar brasileña el tratado de Itaipú. Este tratado tiene un cuerpo principal de 25 artículos y 3 anexos: el Anexo A, sobre la administración de Itaipú; el Anexo B, que describe sus obras; y el Anexo C, que establece las condiciones técnico económicas de la contratación de energía y los beneficios. Al mismo tiempo se firmaron 6 notas reversales complementarias y, luego, varias más que modificaron el tratado (3) .

Las obras se iniciaron casi inmediatamente. De un costo inicial previsto en 2.033 millones US$, se llegó a un costo final de 20.000 millones US$, con fundadas denuncias de corrupción de las dictaduras militares, lo que nunca fue investigado.

Itaipú garantiza que se generarán 75 millones de MWh/año, pero el promedio de generación ha sido de 94 millones de MWh/año en los últimos 10 años. La tarifa promedio de Itaipú está en el orden de 36 US$/MWh; cuando el Brasil importa energía paraguaya de Itaipú paga adicionalmente 10 US$/MWh. El Paraguay exporta actualmente unos 35 millones de MWh/año al Brasil, un 6% de su demanda eléctrica, que no puede ser sustituida a menor costo.

Los componentes principales del costo del servicio de electricidad de Itaipú son las cargas financieras y la amortización de los créditos contratados, que se terminan de pagar en el 2023 y ello permitiría reducir la tarifa a unos 15 US$/MWh, o bien distribuir beneficios del orden de 1.000 millones US$/año a cada parte (Brasil y Paraguay), con la misma tarifa actual.

En el 2023 vencen los términos económico energéticos establecidos en el Anexo C y su negociación está suscitando opiniones encontradas.

El principal cuestionamiento del Paraguay es poder disponer libremente de la energía hidroeléctrica que no pueda consumir, a fin de exportar tal excedente libremente a terceros países. El Acta de Foz de Yguazú (1966) –la base del tratado de Itaipú que está en su preámbulo– lo permite, al otorgarle al Brasil apenas el derecho de preferencia en la adquisición de la energía que el Paraguay no consuma (igualar la mejor oferta). La redacción ambigua del tratado, aceptada por el dictador Alfredo Stroessner a cambio del apoyo de la dictadura militar brasileña, fue interpretada por sectores conservadores del Brasil que el Paraguay debe ceder toda su energía a cambio una arbitraria compensación que hoy es inferior a 10 US$/MWh (350 millones US$/año para el actual nivel de exportación). Al precio de mercado, debería ser mucho más.

Hasta el momento del Acuerdo Lula – Lugo (25 de julio del 2009), la compensación era de sólo 3 US$/MWh, o bien 120 millones US$/año. Este Acuerdo no solo fue importante porque triplicó la compensación paraguaya de Itaipú (el único beneficio por la exportación de energía), sino porque estableció que la empresa pública paraguaya, la ANDE, podrá exportar al mercado brasileño energía de Itaipú a precio de mercado “a la brevedad posible” y a terceros países desde el 2023 (4) .

La mayoría de la ciudadanía paraguaya entiende que en el 2023 se deben conquistar más derechos en Itaipú. La presencia de Bolsonaro y Abdo Benítez en las presidencias del Brasil y Paraguay no genera mucha confianza que se pueda avanzar, como sí se avanzó mucho con Lula y Lugo.

Notas

1 Ver https://www.itaipu.gov.py/es/energia/comparaciones. La cota del embalse es de 220 metros sobre el nivel del mar (msnm) y la cota de descarga fluctúa entre 105 y 95 msnm, aproximadamente.
2 Itaipú Binacional. Documentos oficiales de Itaipú. Asunción, 2003.
3 Idem anterior.
4 Ricardo Canese. La recuperación de la soberanía hidroelécgtrica. Asunción: CINERGIAS/El ombligo del mundo, 2011.

 

Itaipú, soberanía o dependencia.

Por Ricardo Canese*

Dentro de pocos años -en el 2023- vencen las condiciones económico energéticas establecidas en el Anexo C de Itaipú. La cuestión comienza a ser tema de debate en el Paraguay y el Brasil, pues se deberán definir nuevas regas después de 50 años.

Bolsonaro y Abdo Benítez se han encontrado dos veces en el primer trimestre del año, siendo Itaipú el tema central. Esta negociación tendrá su necesaria comparación con la que sostuvieron en el 2009 Lugo y Lula, en la cual el Paraguay avanzó significativamente en sus derechos.

Bolsonaro entró a la cancha con las taquillas altas, se podría decir figuradamente en términos futbolísticos. Comenzó diciendo que quería que la energía de Itaipú sea más barata para el Brasil, lo que se interpreta como menores beneficios para el Paraguay. Ocurre que en el 2023 se termina de pagar toda la deuda de Itaipú y, consiguientemente, bajará el costo del servicio de electricidad de unos 3.300 millones US$/año, ahora, a tan tólo 1.300 millones US$/año, unos 2.000 millones de dólares al año menos, pues ya no habrá más servicio de la deuda que pagar. Bolsonaro se ha manifestado claramente en el sentido de que la tarifa eléctrica de Itaipú debe bajar para el Brasil, lo que implicaría menores beneficios por exportación para el Paraguay, al menos en relación al precio de mercado.

El tratado de Itaipú establece como único beneficio paraguayo por exportar su energía excedente al Brasil una compensación carente de criterio de mercado; nadie sabe cómo fue fijada por el dictador Stroessner y la dictadura militar brasileña en 1973, cuando se firmó el tratado. Los sucesivos reajustes no están referidos a los precios de mercado y apenas han mantenido la injusticia inicial.

Lo más importante del acuerdo Lula – Lugo del 2009 es que, además de triplicar la compensación por la cesión de energía –que significó una mejora de lo que sería como un beneficio mínimo– se estableció que la empresa pública del Paraguay, la ANDE, podría exportar su energía excedente al mercado brasileño “a la brevedad posible”, a precio de mercado, e incluso exportar sus excedentes a terceros países (Argentina, Chile) desde el 2023. Estos puntos no citados por Bolsonaro en sus encuentros con Abdo Benítez son los que más le preocupan, pues el Brasil no tiene como sustituir a bajo costo la energía paraguaya de Itaipú que importa en cantidades muy significativas todavía.

A precios de mercado, los beneficios paraguayos por la exportación de su energía podrían subir de 360 millones US$/año, actualmente, a unos 1.500 millones US$/año.

Quienes están detrás de apropiarse de estos excedentes hidroeléctricos paraguayos de Itaipú son, también, empresas trasnacionales radicadas en Brasil y a quienes Bolsonaro representa fielmente. Así, el Paraguay podría pasar de la dependencia del Estado brasileño a depender de transnacionales radicadas principalmente en el Brasil, es decir, saltar “de la sartén al fuego”.

Qué hacer.

A menos de 8 meses de haber asumido la Presidencia, ningún sector ciudadano confía que Mario Abdo Benítez defenderá los intereses nacionales en Itaipú, y tampoco en otros ámbitos. Se lo ve como un títere de Trump y de Bolsonaro.

Ello ha hecho crecer la convicción de los sectores más dinámicos de la sociedad paraguaya de que la única solución es una fuerte movilización que exija el pleno respeto a la soberanía hidroeléctrica paraguaya en Itaipu y Yacyretá, más aún con vistas a las negociaciones de las condiciones energético económicas, establecidas en el Anexo C del tratado, en el 2023.

¿Qué es lo que proponen los sectores más lúcidos de la ciudadanía y que en poco tiempo más podría ser una “causa nacional”?

La propuesta que crece día a día, es en verdad muy simple: el Paraguay debe contratar el 100% de la energía y la potencia de Itaipú y Yacyretá que le pertenecen y ejercer plenamente la soberanía sobre las mismas, tanto para incrementar el uso interno, a fin de generar más empleo de calidad, como para obtener una renta eléctrica lo más justa posible sobre el excedente exportable.

De hecho, el candidato de la Alianza GANAR que perdió las elección por tan sólo un 3% de los votos –y que en verdad habría ganado, si no hubiera habido fraude–, Efraín Alegre, incorporó a su programa de gobierno la propuesta de contratar el 100% de la energía paraguaya de Itaipú y Yacyretá, con la firme voluntad política de usar todo lo que sea conveniente y de exportar al mejor postor el excedente que de momento el Paraguay no pueda utilizar.

En la medida en que crezcan el clamor y las movilizaciones ciudadanas, Abdo Benítez se encontrará en una disyuntiva: defender los intereses paraguayos o seguir la línea de la dependencia y sumisión al Brasil, iniciada por su principal referente, el dictador Alfredo Stroessner.

* Parlamentario del Mercosur por el Frente Guasu, Paraguay. Autor de más de 20 investigaciones sobre energía y catedrático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

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El desafío de los hijos de las dictaduras

Por Mercedes Canese*

En el año 2020 se cumplen 150 años del fin de la Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay (1865-1870). Con ella terminó un proyecto autónomo de desarrollo, la “primera revolución popular de América”, al decir del investigador norteamericano Richard Alan White. Muchas cosas terminan y empiezan con esa guerra.

Termina el desarrollo sin deuda externa –único en América del Sur–; termina, debido al genocidio, el 90% de la población masculina adulta paraguaya; termina la fundición de hierro destruida por orden de las élites de Brasil y Argentina, financiados por Inglaterra; termina la tierra en manos de quién la trabaja; termina el telégrafo y termina el ferrocarril del Estado. La lista es larga.

Empieza el endeudamiento con la bolsa de Londres –terminaría de pagarse recién en 1960, noventa años después–; empieza la privatización de las tierras públicas; empieza el analfabetismo antes inexistente y empiezan –se fundan– los dos partidos tradicionales, que hasta hoy mantienen el bipartidismo en Paraguay.

Quizás para muchos habitantes de los países involucrados, esa guerra es un recuerdo vago de una clase de historia en la escuela. Para los paraguayos y paraguayas es una herida abierta, un tema de conversación cotidiano y un dolor profundo con diversas interpretaciones.

En ese punto de inflexión, se firma el Tratado de Límites con el Brasil (1872), estando aún el ejército brasileño ocupando el Paraguay. Esa ocupación duraría 7 años.

En el Tratado de Límites empieza Itaipú, aunque entonces seguramente ni Brasil ni Paraguay se imaginaban el valor que tendría el potencial hidroeléctrico del Salto del Guairá .
Y es probable que ese fuese el motivo por el cual, en el Tratado de Límites, ese fabuloso Salto es reconocido como límite del territorio paraguayo con el Brasil. Con la guerra, Paraguay perdió grandes extensiones de territorio a manos de Brasil y Argentina, aunque no el Salto del Guairá (2).

Recién a mediados del siglo XX se inician los estudios sobre el potencial hidroeléctrico del río Paraná. Técnicos brasileños, como Otávio Marcondes Ferraz, defienden la tesis de desviar el río Paraná en territorio brasileño, antes del Salto del Guairá, para su aprovechamiento hidroeléctrico. Brasil invade Puerto Renato (1965), desconociendo la soberanía paraguaya sobre el Salto del Guairá.

Este avasallamiento le costaría caro a la dictadura militar brasileña, pues aún bajo la dictadura stronista, el pueblo paraguayo se moviliza en defensa del Salto del Guairá, resolviéndose el conflicto diplomático con el Acta de Foz de Yguazú (1966), que reconoce la soberanía paraguaya.

Desde esa Acta hasta el presente pasaron muchas cosas.

Se negoció y firmó a espaldas del pueblo el Tratado de Itaipú (1973), se construyó la central hidroeléctrica que empezó a operar en 1984 –ahora es la mayor productora de energía hidroeléctrica del mundo– y luego de varios retrocesos se alcanzó un claro avance con el Acuerdo Lugo-Lula el 25 de julio de 2009.

En apenas en 4 años, se cumplirán 50 años de la firma del tratado (2023) y, de acuerdo a su Anexo C, ambos países deberán renegociar los términos económicos y energéticos del citado anexo.

La renegociación tiene un oscuro panorama regional. En Brasil, su presidente reivindica al dictador paraguayo Alfredo Stroessner, quien entregó la soberanía hidroeléctrica paraguaya haciendo que nuestro país se empobrezca para subsidiar el desarrollo industrial y social del Brasil. Peor aún, en Paraguay su actual presidente también lo reevindica.

Pero la historia nos enseña una lección que vale oro (o que vale una hidroeléctrica): cuando el pueblo toma conciencia y defiende sus recursos naturales, no existe dictadura ni gobierno democrático que lo detenga. El siguiente ejemplo es clarísimo: el Acta de Foz de Yguazú fue forjada gracias a amplias movilizaciones ciudadanas y reconoce que la energía se divide en partes iguales, que Brasil tiene apenas “preferencia” y no exclusividad de adquisición de nuestra energía, además a “justo precio”, versus el Tratado de Itaipú, suscrito entre 4 paredes, que busca desconocer la soberanía hidroeléctrica y el “justo precio”.

También lo hemos experimentado en las negociaciones con Brasil sobre Itaipú que llevaron a cabo Fernando Lugo y Luiz Inacio Lula Da Silva. El Paraguay avanzó hacia un trato justo, mediante una lucha constante de décadas, que fue ganando el apoyo de sectores sociales muy importantes del Brasil, de toda la región y del mundo.

Porque un trato justo es cuando todos podemos ganar, y no sólo los grandes consumidores de energía del Brasil, muchas veces trasnacionales.

Los pueblos de Brasil y Paraguay se merecen que ganemos todos, y podemos hacerlo. En el 2023, o antes.

2 Los generadores trifásicos serían inventados recién a fines de la década de 1880.

* Ingeniera Industrial, docente universitaria, ex Viceministra de Minas y Energía, asesora parlamentaria, consultora en temas de energía e industria.

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La riqueza energética perdida del Paraguay

Por Miguel Carter, PhD- 

La firma del Tratado de Itaipú labrada entre el Paraguay y el Brasil en 1973, permitió la construcción de la mayor represa hidroeléctrica del mundo, asentada sobre el caudaloso río Paraná. Itaipú aún detiene el record mundial en la generación de energía hidráulica, pese a tener un potencial menor que la presa Tres Gargantas, erigida en la China.

La construcción de Itaipú tuvo un alto costo social y ambiental, sobre todo con la extinción de una de las maravillas naturales del planeta: los Saltos del Guairá. El boom económico engendrado con las obras de Itaipú amplió el estrato medio y urbano de la población, y posibilitó el surgimiento de una nueva casta de millonarios, conocida como los “Barones de Itaipú.”

Itaipú prometió generar mucha riqueza para el Paraguay, pues la energía producida sería distribuida de manera paritaria. No obstante, en el mismo Tratado se acordaron – bajo el hermetismo autocrático que regía en ambos países – disposiciones que impedían la distribución equitativa de la riqueza creada.

El Anexo C del Tratado obligó al Paraguay a ceder al Brasil la energía excedente que obtuviera de Itaipú, y prohibió su venta a terceros. Estableció, así también, que el precio que Paraguay recibiría por la energía cedida sería una “compensación,” y no un valor basado en el principio de un “precio justo.” El mismo anexo estableció un plazo de 50 años para la revisión de estas cláusulas lesivas.

A la hora de ratificar el Tratado en el parlamento paraguayo no faltaron voces disidentes que manifestaron su alerta y rechazo a estas disposiciones. Pero el régimen presidido por el Gral. Alfredo Stroessner tenía el control férreo del poder y logró que sus partidarios aprobaran el pacto con Brasil en pocas semanas.

A 46 años de la firma de aquél acuerdo cabe la pregunta, ¿cuál sería la situación del Paraguay si el Tratado hubiera estipulado un precio justo, de mercado, por la energía cedida al Brasil?

Entre 1985 y 2016, Paraguay exportó al Brasil 1.033,7 TWh [1] de la energía generada en Itaipú y recibió como compensación 4,3 mil millones de dólares. Sin embargo, a precios de mercado el Paraguay podría haber recibido por la misma energía 61,9 mil millones de dólares.[2]

Esta conclusión es fruto de una larga pesquisa, inspirada en un estudio sobre Itaipú realizada por el economista Jeffrey Sachs en 2013 que asentó una fórmula para calcular el ingreso no percibido por el Paraguay, siendo que este ingreso equivale a:

• La energía cedida al Brasil multiplicado por el precio de mercado
• Menos los costos (1) de mantenimiento y administración de la hidroeléctrica, (2) costos financieros (amortizaciones e intereses), y (3) de la transmisión de la energía eléctrica en Brasil.
• Menos la compensación recibida por la energía cedida.

Nuestro estudio, a diferencia del informe Sachs, que realizó estimaciones solo para el año 2012, preparó una amplia base de datos que va de 1985, año en que Itaipú comenzó a suministrar energía a ambos países, hasta 2016. Por otro lado, Sachs solo trabajó con una tasación de energía, el del mercado mayorista del Brasil o Precio de Liquidación de Diferencia (PLD). Nuestra investigación incluye el precio de mercado de cinco fuentes distintas: el mayorista (PLD), los contratos de largo plazo con hidroeléctricas del sur y sudeste del Brasil, el consumo industrial, la equivalencia en barriles de petróleo, y el consumo residencial.

El valor de mercado de la energía cedida al Brasil se estimó en base al promedio de estas cinco cotizaciones. Aquí se optó por una fórmula razonable y didáctica, a sabiendas que este cálculo podría realizarse de diversas formas e incluir otros precios de mercado.

Todos los datos utilizados para el estudio se basan en fuentes oficiales, de la misma Itaipú Binacional, la Agencia Nacional de Energía Elétrica (ANEEL), la Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), y el Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). A diferencia del estudio de Sachs, los costos financieros provienen de los balances de la Itaipú Binacional y el costo de transmisión de los precios fijados por la ANEEL.

Entre los resultados más relevantes de la investigación se destacan los siguientes. De 1985 a 2016, el Paraguay recibió una compensación de 4,3 mil millones de dólares por la energía cedida al Brasil. Esta cifra es muy inferior a todos los precios de mercado disponibles, que en miles de millones de dólares alcanzaron: 36,9 a precio mayorista, 54,5 por contrato de hidroeléctrica a largo plazo e igual precio para el consumo industrial, 60,5 en equivalencia a barriles de petróleo, y 103,3 a precio del mercado residencial.

Restando la compensación recibida, el promedio de las cinco cotizaciones deja un ingreso no percibido de 57,7 mil millones de dólares, entre 1985 y 2016. Una suma más de cinco veces mayor a toda la retribución recibida de Itaipú por royalties y compensación por la energía cedida, que en el mismo periodo llegó a 11,1 mil millones de dólares.

Las consecuencias de todo ello para el desarrollo del Paraguay han sido enormes. Se estima que el PIB del Paraguay podría haber crecido al menos 21% más en este periodo (o sea, 111,4  mil millones de dólares), tomando en cuenta el efecto multiplicador del valor no percibido.

El escándalo mayor en todo esto se puede percibir al calcular el costo de oportunidades para el país. Utilizando datos del Banco Mundial y UNESCO, detectamos que de haber percibido los 57,7 mil millones de dólares adicionales de Itaipú, entre 1985 y 2016, el Paraguay habría duplicado el gasto público en salud de 14,3 mil millones de dólares, y duplicado el gasto público en educación de 19,1 mil millones de dólares. Con lo cual hubiera sobrado 24,3 mil millones de dólares para modernizar la infraestructura de transporte, ampliar el uso de la energía eléctrica, reducir la pobreza y paliar los conflictos de tierra.

En suma, de haber recibido un precio justo, de mercado, por la energía de Itaipú cedida al Brasil, el Paraguay podría haber sido otro país.

Notas

[1] Un (1) Twh = 1.000.000 MWh.

[2] Todas las cifras monetarias avanzadas aquí están indexadas al año 2016.

 

*Miguel Carter es PhD en ciencia política de la Columbia University de Nueva York y director de DEMOS – Centro para la Democracia, la Creatividad y la Inclusión Social.

 

Itaipú como punto focal para el futuro de América Latina: controversias y alternativas de confrontación

Por Ildo Sauer*

El 26 de abril de 2023 finalizará el plazo de 50 años de vigencia del Tratado de Itaipú firmado por las dictaduras militares de Brasil y Paraguay. Usando la metodología de tarifación por el pasivo, toda la inversión y el servicio de la deuda (incluyendo intereses) estarán amortizados para esa fecha. Durante este período, Paraguay ha sido obligado a vender el excedente energético no utilizado al mercado interno del Brasil. Por la naturaleza del tratado y por mecanismos ineficientes para la solución de las controversias, el potencial de Itaipú para impulsar el desarrollo de los países ha sido esterilizado durante décadas. La superación de las dificultades diplomáticas asociadas a esos tratados, impregnados de las concepciones geopolíticas y económicas de la época de su firma, demanda una revisión conceptual de los procesos de desarrollo regional y de las potencialidades de una gran empresa regional.

Una nueva visión es necesaria, incorporando los activos existentes, apalancar nuevas inversiones y construir el núcleo de una nueva concepción de operación de sistemas energéticos integrados como base para la integración productiva de América Latina. Independientemente de las controversias sobre la exactitud de los cálculos de la tarifa y de la amortización, la aproximación de esta efeméride, en conjunto con la exaltación del Presidente brasileño actual sobre el protagonismo y hegemonía de las dictaduras militares en la viabilización del proyecto, suscita el debate sobre el futuro de la usina y señala fuertes disputas en torno a la apropiación y destino de la energía y de los beneficios económicos y estratégicos asociados.

Con el retorno de gobiernos de derecha en la región la amenaza sobre el destino y usurpación de la riqueza de estos proyectos es inminente. En vez de perfilarse como pilares del desarrollo económico y social a través de la integración productiva de la región, podrían convertirse en una fuente de transferencia de valor y riqueza para los oligopolios financieros. Sin embargo, la manifestación pública de Bolsonaro sobre Itaipú, rodeada por generales de Ejército, no deja de ser paradójica e irónica. Incluso cuando el proyecto fue conducido por dictaduras que violentaron los derechos humanos, el proyecto de Itaipú se concibió dentro de la concepción del nacional-desarrollismo con influencia keynesiana: fuerte papel del Estado en la coordinación de la economía aunque a favor de las burguesías locales. No se puede afirmar lo mismo de la coyuntura actual, pues las motivaciones subyacentes se asientan en el fundamentalismo neoliberal.

Los debates que involucran el desarrollo de América Latina, incluyendo la apropiación social de la energía y otros recursos naturales, y su papel en el modo de producción actual, discuten dimensiones distintas, aunque permanentemente interconectadas: (i) la disputa por los excedentes derivados de la propiedad de recursos naturales de alta calidad; (ii) el papel de los recursos naturales en el mecanismo causal de aumentos de la productividad desencadenados por la Revolución Industrial; (iii) la participación de la región en el valor producido globalmente y el reparto desigual del valor producido en los países de la región en favor de los países centrales. La bifurcación es la siguiente: elegir entre el desarrollo autónomo de América Latina, orientando ese desarrollo o hacia la erradicación de la miseria o el camino del mantenimiento del status quo, de subordinación a los intereses de los países centrales y a la profundización de la dominancia de la esfera financiera internacional.

Las sociedades de los países involucrados deben proponer e implementar una estrategia donde Itaipú y otros embalses están en el centro de la integración productiva y del desarrollo de la región. De lo contrario, su valor será subordinado al proceso de privatización directa o indirecta teniendo como resultado la pérdida del control directo de las instalaciones y/o la pérdida de los beneficios energéticos en manos de las instituciones financieras mundializadas, ávidas por espacios de extracción y apropiación de rentas.

Las posibilidades de una Corporación Energética del Sur, núcleo de la integración productiva regional

En esta sección se presentará una estimación conservadora del valor de una empresa con la capacidad productiva de Itaipú (≈98.000 GWh anuales). Los presupuestos y parámetros económicos conservadores son los siguientes:

1. a) precio de la energía vendida en 50 US$/MWh. Este es un precio cercano al precio promedio de gran parte de los nuevos proyectos hidráulicos, eólicos y fotovoltaicos, en la región, y por debajo de los costos de la generación térmica;
   b) tasas de descuento del 8% o del 10% a.a., por encima de la expectativa actual de retorno al capital;
   c) costes de operación y mantenimiento del orden de 900 millones, pago de compensaciones de 400 millones y royalties por valor de 600 millones, con una carga anual cercana a los 1.900 millones de dólares;

Los ingresos anuales estimados (98, 000,000 MWh/año x 50 US$/MWh) serían de 4,900 millones de dólares con un flujo anual de duración indeterminada. Al descontarse costos, compensaciones y royalties, el resultado neto anual sería de 3.000 millones de dólares. Una empresa de este tamaño tiene un valor en el mercado, estimado por el valor presente del flujo de caja descontado (tasa de descuento del 8% a.a.) de 37,500 millones de dólares. Usando una tasa de descuento del 10% a.a., el valor de mercado sería de 30,000 millones de dólares. Es importante mencionar que los costos de operación y mantenimiento de 900 millones (8 US$/MWh) son el doble del estándar internacional.

En el caso de la creación de una corporación pública que genere utilidades la compensación por cesión de energía dejaría de existir. Además, los royalties pagados a los países podrían ser objeto de negociación, en favor de la capitalización de la futura corporación. Con esto el flujo anual neto superaría los 4,5 mil millones de dólares y el valor de mercado de la empresa visualizada, se incrementaría en un 50%. Esto es, a 55 y 45 mil millones de dólares, respectivamente, usando tasas de descuento de 8 y 10% a.a. Este flujo anual permitiría el apalancamiento de recursos para inversiones usando préstamos o capitalización mediante la venta de títulos, debentures o acciones; manteniendo el control de la corporación por los países miembros.

El ejercicio desarrollado en torno a Itaipú puede ser ampliado para incluir a Uruguay y Argentina (Yacyretá, con capacidad instalada de 3.200 MW y producción anual promedio de 20.867 GWh y de Salto Grande de 1.890 MW generando 8.300 GWh por año). La integración de ambas centrales en la hipotética corporación ampliaría significativamente el valor de mercado y el flujo de caja. En países carentes de inversión para financiar proyectos de infraestructura los proyectos binacionales constituyen verdaderos tanques de hibernación de capital: infraestructura productiva amortizada en diferentes grados, con mercados asegurados y con capacidad de generación de caja a largo plazo, con bajísimo riesgo.

La idea fundadora de la propuesta apunta a un proyecto de desarrollo económico y social regional capaz de atenuar las asimetrías sociales y regionales, promoviendo la autonomía de los pueblos, rescatando los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad. La disputa en torno al papel y futuro de Itaipú está en el centro de la cuestión: podría transformarse en un símbolo de cambios estructurales en la integración productiva de América Latina o profundizar las asimetrías y subordinación a los intereses financieros internacionales. El desarrollo del confronto político dictará el resultado.

*Ildo Sauer, profesor del Instituto de Energia e Ambiente de la Universidade de São Paulo

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Oportunidades perdidas y nuevos desafíos

Por Victorio Oxilia*

Pasaron casi cinco décadas de los promisores discursos gubernamentales de desarrollo para el Paraguay, construidos sobre la base de la abundancia de oferta energética de las entidades hidroeléctricas binacionales. Se trataba de justificar las negociaciones para el aprovechamiento del importante recurso energético (el potencial hidroeléctrico) en el tramo internacional del río Paraná, del cual Paraguay participa en su totalidad, compartiendo el recurso con Brasil y Argentina. Se firmaron, en el mismo año del embargo petrolero internacional (1973), los tratados de ITAIPU y YACYRETA, para realizar estos dos emprendimientos, dejando otros en una lista de espera. Hasta la relación con la cuestión petrolera parecía presagiar bondades financieras para un país marcado por dos grandes guerras fratricidas (incluyendo los países con los que Paraguay comparte el potencial hidroeléctrico del río Paraná) en poco más de tres generaciones y con una economía que se basaba en la agricultura familiar.

Pero el tan mentado desarrollo no se dio en la magnitud esperada. Si bien se registró un desarrollo importante del Paraguay desde la década de 1970, las condiciones actuales del país están lejos de la ilusión de una revolución energética y económica. No se trata de ninguna “maldición de los recursos naturales” (infeliz y tendenciosa frase acuñada en la academia de países del Norte); los recursos no tienen culpa de nada. El problema está en la gobernanza del aprovechamiento de esos recursos; y en la distribución de los excedentes económicos que se generan en la cadena de valor, desde la misma explotación del recurso hasta el uso final de la energía, incluyendo en esa zaga el muy conveniente financiamiento; conveniente para los financiadores.

En el caso de ITAIPU Binacional, las elevadas inversiones realizadas (que superaron ampliamente los valores de proyecto) y las decisiones sobre el manejo financiero tomadas por representantes de ambos países, y que multiplicaron la deuda a niveles superiores a los USD 20 mil millones (en la década de 1990), permitieron una gigantesca transferencia de las rentas hidroeléctricas a los organismos financiadores, en particular ELETROBRAS, socia del capital de la entidad binacional y principal acreedora; y principal beneficiaria de los flujos financieros de ITAIPU, hasta el año 2022, cuando se espera que concluya el pago de la deuda.

El gran esfuerzo financiero para pagar la abultada deuda de la entidad binacional recae sobre el usuario brasileño de esa energía (más del 90%), que posiblemente ni siquiera esté consciente de ello (al menos el consumidor residencial), entre tantas otras cuentas que paga el pueblo brasileño. Pero también el pueblo paraguayo participa, en la proporción que le corresponde a los contratos de ANDE, del pago de la varías veces billonaria deuda.

De hecho, hasta el presente, los grandes beneficiarios de ITAIPU han sido los usuarios de energía eléctrica (en Brasil y en Paraguay, pero principalmente en el primer país) y ELETROBRAS, como principal financiadora de las obras.

Se podría conjeturar sobre una multiplicidad de razones por las cuales Paraguay no aprovechó hasta este momento el bono energético (la abundancia de energía eléctrica) para un desarrollo mayor al que se dio. Pero es inevitable que parte de esas razones pasen por la escasez de políticas públicas adecuadas y, en algunos casos, políticas que pudieron ser buenas, pero no se ejecutaron. Basta recordar que el transporte en el país se realiza son hidrocarburos importados. No se impulsó el uso de trenes eléctricos, ni de la movilidad eléctrica en el transporte urbano. Además, desde la década de 1970, se implantó el modelo agroexportador; y no se dieron las condiciones necesarias (sean de infraestructura o de andamiaje institucional y de políticas) para un uso más intensivo de electricidad en la industria.

En el presente, el país se depara nuevamente con oportunidades del sector energético. Ha concluido recientemente negociaciones del Anexo C de YACYRETA y, a pesar de que pueden encontrarse varias falencias en estos acuerdos, ni siquiera se ha aprovechado convenientemente la energía de esta central. En realidad, los asuntos de las centrales hidroeléctricas binacionales se manejan con escasa – o nula – coordinación. ¿Por qué no pensar en una entidad gubernamental paraguaya que coordine y administre la parte nacional de todos los proyectos del río Paraná? Se trata de un mismo complejo hidroeléctrico. La ANDE debería ser parte de esa entidad.

Además, cada vez más se habla del 2023, año previsto para revisar el Anexo C de ITAIPU (el segmento del tratado que define las condiciones de comercialización de la energía y distribución de rentas). Es una oportunidad para que la distribución de beneficios económicos se equilibre, que se amplíe la participación del Estado paraguayo en las rentas hidroeléctricas. Esto se puede lograr mediante la adquisición de toda la energía de bandera paraguaya (que se traduce en el contrato de la mitad de la potencia disponible para contratación) por parte de la mencionada entidad administradora del complejo hidroeléctrico del río Paraná. Esta entidad podría establecer contratos con la ANDE, con las empresas compradoras brasileñas (o argentinas). Las tarifas pueden ser diferentes: ANDE debe tener preferencia, con tarifas más bajas.

El paradigma de tratados que enyesen la comercialización exclusivamente a los países socios debe ser superado. Paraguay debe impulsar la creación de un mercado eléctrico regional donde se puedan comercializar excedentes de energía, buscando una operación óptima del complejo hidroeléctrico. Se debe pensar en el post 2023; e incentivar, sobre todo, el consumo de la energía en el país: en el transporte y en la industria. Para ello debe ser recordado que la energía barata no deviene directamente en desarrollo. Es necesaria pero no suficiente. Se necesita que la población reciba altos estándares de educación y salud pública, que existan reglas claras y justas para las empresas y trabajadores; y que esas reglas se respeten. Se debe superar el rezago histórico de una infraestructura pobre y, en muchas ocasiones, de baja calidad. Los deberes son muchos para que realmente se puedan aprovechar las oportunidades de la energía eléctrica renovable, limpia y abundante.

*Profesor Investigador GISE. Director, Dirección de Investigación y Posgrado, Facultad Politécnica – Universidad Nacional de Asunción. Ex Secretario General de la OLADE (2011 – 2014).