Vuelve el terror ¿y los falsos positivos? a Colombia: un carrobomba y la tensión con Venezuela
Camilo Rengifo Marín
Un carrobomba estalló en la mañana del jueves 17 en la Escuela de Policía General Santander, en el sur de Bogotá, la capital colombiana, dejando un saldo de al menos 21 muertos y 65 heridos: el gobierno del ultraderechosta Iván Duque aprovechó para finiquitar las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y tendsar aún más las relaciones con Venezuela.
Un día después del atentado, la cuenta de Twitter de la Delegación de Paz del ELN fue suspendida y la organización insurgente fue acusada de ser responsable del atentado al corazón de la Policía de Colombia en Bogotá. Un “sospechoso” fue capturado y varias hipótesis fueron lanzadas.
La tesis del gobierno es que se trató de una demostración de fuerza del ELN, mientras otros otros creen que podría ser un autoatentado como los provocados por el ejército durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, los llamados “falsos positivos”, cuando campesinos eran assinados, vestidos con ropas de guerrilleros y presentados como muertos en combate por las fuerzas de seguridad .
Para el Ministro de Defensa del gobierno de Iván Duque, el apadrinado de Uribe, este acto terrorista es uno de los más graves que ha sacudido a la capital, pese a que la intensidad del conflicto armado se ha visto disminuida en los últimos años tras la firma de un incumpliedo tratado de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El proceso de paz con esa exguerrilla logró la deposición de más de once mil armas en 2017, y el regreso a la vida civil de unos siete mil combatientes. Algo similar se esperaba del desenlace de la Mesa de Conversaciones del gobierno con los rebeldes del ELN, pero el gobierno, urgido por una grave crisis económico-social y la corrupción, desvió la tención poniendo fin a estos diálogos el viernes 18, poco después de que la Fiscalía General de la Nación imputara cargos de terrorismo a los integrantes del Comando Central del ELN.
Según las autoridades judiciales José Aldemar Rojas, quien habría ingresado a la escuela policial la camioneta Nissan Patrol cargada de explosivos y resultó inmolado, habría estado en la guardia de alias Gabino, el número uno del ELN. Era conocido con el alias de “Mocho” o “Kiko”. Asimismo, un hombre capturado en un barrio popular bogotano. Ricardo Andrés Carvajal, fue acusado de haber participado “en grado de autor en el acto terrorista”.
La explicación fue ofrecida por el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, a quien dirigentes políticos de oposición y miles de personas le exigieron la renuncia del cargo en multitudinarias marchas en las ciudades capitales, por “invisibilizar” y engavetar los casos de la enorme corrupción que cimpromete a grandes empresarios, políticos y magistrados.
El fin de las conversaciones con el ELN, iniciadas hace dos años, aplaza la paz definitiva en Colombia, cuya conflagración de medio siglo se alivió tras el desarme de las FARC en 2017. Paz frustrada y tensión con Venezuela es lo que deja el fin del diálogo con el ELN.
Desde que Iván Duque asumió la presidencia en agosto, las denuncias sobre presencia de mandos del ELN en territorio venezolano han agriado aún más la disputa entre Bogotá y Caracas, que prácticamente no mantienen relaciones diplomáticas desde mediados de 2017.
Colombia ha acusado a Venezuela de albergar a los rebeldes y ha pedido al gobierno de Nicolás Maduro hacer efectivas las órdenes de captura internacionales en contra de comandantes guerrilleros. Venezuela fue acompañante en los diálogos de paz con las FARC y garante en los del ELN, aunque Duque les revocó esta condición en septiembre. Caracas niega que haya rebeldes en su territorio, en unas acusaciones que vienen desde la presidencia de Álvaro Uribe (2002-10).
El atentado
La Escuela de Cadetes General Santander es una de las instituciones más insignes de la Policía, ya que allí se forman los futuros oficiales que prestan sus servicios de seguridad al país y de naciones vecina. Entre las víctimas, hay dos mujeres ecuatorianas y tres panameños que se preparaban en la escuela de formación policial.
La camioneta Nissan Patrol gris, cargada con 80 kilos de pentolita, era conducida por José Aldemar Rojas Rodríguez, de 56 años, a quien le faltaba la mano derecha. Rojas habría pasado con violencia por encima de los controles de seguridad para detonar el artefacto dentro del complejo policial, según el Fiscal Martínez. El “kamikaze” terminó inmolándose al estrellarse contra un alojamiento.
Preparando el terreno, la Defensoría del Pueblo –dependiente de la Fiscalía General- había advertido en diciembre de 2018 sobre los posibles ataques con artefactos explosivos, que se podrían presentar, principalmente, en las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme, en el sur de la Capital. Este centro académico de la Policía Nacional queda a dos cuadras de la localidad Rafael Uribe Uribe.
Desde el 2010 no se presentaba en Bogotá una explosión con un artefacto de tal capacidad. En la época del jefe narcotraficante Pablo Escobar ese tipo de hechos fueron comunes. Luego, con el Bloque Capital de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se percibió el riesgo de que esto iba a volver a ocurrir y para evitarlo el alcalde de esa época, Lucho Garzón, ideó el Plan Candado que consistía en un sistema de seguridad en las fronteras de la ciudad para blindarlas de la entrada de armas y explosivos.
La metodología de atentados explosivos fue principalmente de las estructuras de los carteles del narcotráfico y de los paramilitares. Los grupos “activos” posdesmovilización de los paramilitares de las AUC, son el Clan del Golfo, las Águilas Negras Bloque Capital,y los Rastrojos Comandos Urbanos y Los Paisas, éstos particularmente en Usme. Todos ellos, en busca de controlar los circuitos dedicados a la venta de droga en Ciudad Bolívar y Soacha, señala la prensa bogotana.
Al activarse el actual Plan Seguridad de Vigilancia por Cuadrantes, las fronteras de la ciudad fueron descuidadas, lo que facilita este tipo de ataques, señala el diario El Espectador.
Algunos analistas temen que el atentado sirva para desviar los graves problemas que vive el país, en medio de una gravísima crisis económico social, de seguridad, y de corrupción, que envuelve a magistrados, políticos, empresarios, expresidentes e incluso al Fiscal General.
Año crucial
Este 2019 resulta un año crucial para la política colombiana, ya que el cambio de gobierno con la asunción del ultraconservador Iván Duque a la presidencia -empeñado en agredir a su vecina Venezuela-, y las elecciones locales son factores decisivos en la dinámica de violencia en un país donde día a día son asesinados numerosos líderes sociales a lo largo y ancho del territorio.
En los últimos 48 meses en Bogotá se han presentado 27 ataques con explosivos. En un comienzo, en 2015, se trató de ataques con artefactos de baja capacidad y posteriormente y se produjeron detonaciones contra la Fuerza Pública, bancos, entidades de salud y lugares comerciales.
Entre ellos se recuerdan el atentado contra la sede del partido Opción Ciudadana en Teusaquillo, donde murió un policía, y el sucedido en el centro comercial Andino donde murieron tres mujeres, el único que no estuvo dirigido contra instituciones del Estado
Las fuerzas de seguridad señalaron como autores de estos atentados al ELN –trece personas fueron detenidas- y al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), que sufrió 10 capturas, pese a que Fiscalía había asegurado que estas redes urbanas estaban desvertebradas.
El nuevo atentado deja, para los medios, tres hipótesis: que las autoridades encargadas de investigar no han logrado capturar a los responsables; que las estructuras con presencia en Bogotá tienen una alta capacidad para recomponerse y las capturas han sido golpes menores, y que hay nuevos actores violentos en la ciudad, que bien pueden ser el narcotraficante Clan del Golfo o la disidencia de las Farc, únicos grupos, además del ELN, con una capacidad logística de ese nivel para cometer estas acciones.
Las hipótesis se caen cuando se tienen en consideración que la disidencia guerrillera no posee una estructura de milicianos lo suficientemente estable en la ciudad para cometer este tipo de actos, y el Clan del Golfo no tiene intención de llamar la atención del Fuerza Pública pues su intencionalidad es la captación de rentas y no la lucha contra el Estado, señalan en jn análisis León Valencia y Ariel Ávila.
A la repulsa de líderes y gobiernos latinoamericanos y mundiales, se sumó la del partido político de la antigua guerrilla de las Farc, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que condenó la explosión del carro bomba .
* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
