Derechos humanos y corrupción, el espinoso camino para superar el fujimorismo/ Direitos humanos e corrupção, o espinhoso caminho para superar o fujimorismo
Mariana Álvarez Orellana|
Perú vive una coyuntura particularmente difícil: el presidente Martín Vizcarra insiste en someter a referéndum el 9 de diciembre las reformas para cambiar el sistema judicial y promover la lucha contra la corrupción y las malas prácticas de magistrados; sigue sin definirse una política de Estado sobre Derechos Humano, mientras el fujimorismo sigue usando su fuerza legislativa para disimular su estrepitosa caída electoral.
Las recientes elecciones en Lima significaron una auténtica paliza para el fujimorismo y su Fuerza Popular. Luego de estar a punto de ganar las elecciones presidenciales y obtener la mayoría absoluta en el Congreso, era considerada la fuerza más relevante, pero ahora aparece en caída libre, con su lideresa Keiko Fujimori con detención preliminar por sobornos y lavado de dinero.
Los DDHH y la justicia peruana
Francisco Pérez García señala en La Otra Mirada que los hechos recientes muestran un vaivén bastante contradictorio en m
ateria de derechos humanos, donde el Poder Judicial actúa de diversas formas y donde el Ejecutivo reacciona con hechos aislados pero que no siguen una política establecida en este campo, a poco menos de tres meses del discurso del presidente Martín Vizcarra, donde el tema humanitario humanos no fue tocado en su real dimensión.
El 3 de octubre, el indulto negociado del ex dictador y genocida peruano Alberto Fujimori fue anulado este miércoles por el Poder Judicial, en el marco del proceso de control de la sentencia ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Suprema Corte de Perú ordenó detener a Alberto Fujimori,de 80 años, luego de anular el indulto que recibió del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en la víspera de Navidad de 2017 por, lo que generó reclamos de sus víctimas, que quieren verlo en la cárcel por delitos de lesa humanidad.
Pero una semana más tarde, el Pleno del Congreso aprobó el 11 de octubre, gracias a la mayoría de la fujimorista Fuerza Popular, el proyecto de ley que permite que los adultos mayores de 65 años que hayan cumplido el tercio de su condena accedan al arresto domiciliario, medida adoptada para beneficiar directamente a Fujimori. Es ahora el presidente Vizcarra el que deberá decidir qué hace con el proyecto legislativo.
El 4 de octubre el exministro del Interior Daniel Urresti fue absuelto por el colegiado B de la Sala Penal Nacional por el delito de homicidio en agravio del periodista Hugo Bustios quien fue asesinado por un contingente militar de la base contrasubversiva de Castropampa (Ayacucho) en 1988. Urresti, entonces ministro del Interior, era uno de los coautores del asesinato. Este paso, significaba un serio retroceso en materia de derechos humanos.
En septiembre la Corte Suprema ratificó en segunda instancia, la sentencia que en septiembre del 2016 condenó a los militares Telmo Hurtado (comandante general de Infantería), Juan Rivera y Wilfredo Mori a 23, 24 y 25 años de prisión, respectivamente, y calificó la matanza de Accomarca como un crimen de lesa humanidad, de acuerdo al derecho penal internacional.
El mes pasado también, se aprobó el decreto para la creación del Banco de Datos Genéticos, exigido por los familiares de las víctimas del conflicto armado interno. Es un instrumento que permitiría la búsqueda de desaparecidos y su posterior reconocimiento, para llevar justicia a los familiares de los más de 15 mil desaparecidos.
Keiko: sobornos y lavado de activos
El pasado 9 de octubre el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dictó auto de detención preliminar judicial contra Keiko Fujimori Higuchi, hija del exdictador y genocida Alberto Fujimori y lideresa de Fuerza Popular- y otras 19 personas por el plazo de 10 días.
No se trata de una prisión preventiva, sino de una detención preliminar. La imputación es “sobre la constitución de una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) que tenía entre sus fines obtener el poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial brasileño Odebrecht en el Perú y diversas localidades del mundo”.
Esos aportes ilícitos eran otorgados, para que luego, estando en el poder, se los retribuyera mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas (ejecutivo), beneficios normativos (legislativo) y/o favorecimiento judicial (judicial) continuando así como un mecanismo de corrupción empresarial y estatal. La fiscalía investiga el delito de ocultamiento de activos, una fórmula utilizada para el financiamiento de diversos partidos de derecha en la región.
La investigación surge de las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, directivos de la multinacional brasileña, sobre el otorgamiento de un millón de dólares a Fuerza Popular en 2011, suma a la que se agregaron otros 200 mil dólares. En los fundamentos de la resolución figura la anotación en la agenda de Marcelo Odebrecht “Aumentar Keiko 500” (mil dólares), que es el punto de origen de la investigación.
La fiscalía señala que con las actividades (cocteles y rifas) declaradas por el fuyjimorismo no habrían podido recaudar tan importantes cantidades de dinero y que resulta posible que los primeros 500 mil dólares hayan sido ingresados o filtrados bajo esos conceptos. Asimismo, señala que existen indicios de ocultamiento del activo ilícito, habiéndose utilizado la estrategia del “pitufeo” (fragmentación) de los fondos.
Mientras, testigos declararon no haber aportado sumas de dinero como la organización política había declarado, y las personas aportantes no han acreditado la procedencia del dinero y otras resulta evidente que no tendrían la capacidad económica para hacerlo.Se estableció, además, que se utilizaron de personas vinculadas a los captores del activo o sea quienes intermediaron el soborno de Odebrecht.
También se investiga la suplantación de 114 aportantes en el sistema bancario: aparecen sus nombres, pero no sus firmas ni números de documento.. La fiscalía señala que un mismo individuo, empleado de la empresa Office USA SA (empadronada en el Registro Nacional de Proveedores para hacer contrataciones con el Estado), realizó 86 depósitos bancarios por un total de 458 mil dólares.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
VERSIÓN EN PORTUGUÉS
Direitos humanos e corrupção, o espinhoso caminho para superar o fujimorismo
Por Mariana Álvarez Orellana
O Peru vive uma conjuntura particularmente difícil: o presidente Martín Vizcarra insiste em realizar um referendo no dia 9 de dezembro sobre as reformas para mudar o sistema judiciário e promover a luta contra a corrupção e as negociatas entre juízes, e ao mesmo tempo segue sem definir uma política de Estado sobre os Direitos Humano, enquanto o fujimorismo tenta usar a força legislativa para dissimular sua forte queda eleitoral.
As recentes eleições municipais em Lima significaram uma autêntica surra sobre o fujimorismo e seu partido, Força Popular. Depois de chegar bem perto de vencer as eleições presidenciais de 2016, com Keiko Fujimori (filha do ditador), e apesar de ter a maioria absoluta no Congresso, o partido era considerada a força mais relevante, mas agora aparece em queda livre, e com sua líder sendo alvo de uma ordem preliminar de prisão, por casos de propina e lavagem de dinheiro.
Os direitos humanos e a Justiça peruana
O analista Francisco Pérez García comenta, no diário La Otra Mirada, que os fatos recentes mostram um vai e vem bastante contraditório em matéria de direitos humanos, onde o Poder Judiciário atua de diversas formas e o Executivo reage com ideias isoladas, que não seguem uma política estabelecida neste campo, o que é preocupante se consideramos que há menos de três meses o presidente Vizcarra deu um discurso no qual o tema humanitário foi abordado, mas não em sua real dimensão.
No dia 3 de outubro, o indulto negociado do ex-ditador e genocida Alberto Fujimori foi anulado pelo Poder Judiciário, no marco do processo de controle da sentença ordenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Suprema Corte do Peru determinou o retorno à prisão de Fujimori, de 80 anos, após invalidar o benefício outorgado pelo então presidente Pedro Pablo Kuczynski, na véspera do Natal de 2017, e que gerou protestos dos familiares das vítimas, que queriam vê-lo preso pelos delitos de lesa humanidade cometidos em seu regime.
Porém, uma semana depois, o pleno do Congresso aprovou um projeto de lei que permite o benefício da prisão domiciliar aos idosos maiores de 65 anos que já tenham cumprido um terço da pena. A aprovação foi alcançada graças à maioria fujimorista no parlamento, que votou em peso no projeto criado para beneficiar diretamente a Fujimori. Agora, o presidente Vizcarra deve decidir o que fará com o projeto legislativo.
No mesmo dia 4 de outubro, o ex-ministro do Interior, Daniel Urresti foi absolvido pela Sala Penal Nacional da acusação de homicídio com agravantes ao jornalista Hugo Bustios, assassinado por um contingente militar da base contra subversiva de Ayacucho, em 1988. Urresti, então ministro do Interior, era um dos coautores do assassinato. Esta decisão significa um sério retrocesso em matéria de direitos humanos.
Em setembro, a Corte Suprema ratificou em segunda instância a sentença de setembro de 2016, que condenou os militares Telmo Hurtado (comandante geral de Infantaria), Juan Rivera e Wilfredo Mori a 23, 24 e 25 anos de prisão, respectivamente, e qualificou a matança de Accomarca como um crime de lesa humanidade, de acordo ao direito penal internacional.
Também no mês passado, foi aprovado o decreto para a criação do Banco de Dados Genéticos, exigido pelos familiares das vítimas do conflito armado interno. Se trata de um instrumento que permitiria a busca de desaparecidos e seu posterior reconhecimento, para garantir a justiça aos familiares dos mais de 15 mil desaparecidos.
Keiko: propinas e lavagem de dinheiro
No dia 9 de outubro, a Primeira Sala de Investigação Preparatória ditou uma ordem de detenção preliminar judicial contra Keiko Fujimori Higuchi, filha do ex-ditador e genocida Alberto Fujimori, e principal líder do partido Força Popular – além de outras 19 pessoas envolvidas, o prazo para o cumprimento da ordem é de dez dias.
Não se trata de uma prisão preventiva, e sim de uma detenção preliminar. A acusação fala de uma “organização criminosa dentro do partido político Força 2011 (hoje Força Popular) que tinha entre os seus fins a obtenção do poder político, recebendo para isso recursos financeiros ilícitos provenientes de atos de corrupção do grupo empresarial brasileiro Odebrecht no Peru e em diversas localidades offshore do mundo”.
Esses recursos ilícitos eram dados em troca de concessões de obras superfaturadas (Executivo), benefícios legais (Legislativo) e favorecimento judicial (Judiciário), criando um mecanismo corrupção empresarial e estatal. A Procuradoria investiga o delito de ocultamento de ativos, uma fórmula utilizada para o financiamento de diversos partidos de direita na região.
A investigação surge das declarações de Marcelo Odebrecht e Jorge Barata, diretores da multinacional brasileira, sobre a entrega de um milhão de dólares ao partido Força Popular em 2011, aos quais depois se somaram mais 200 mil. Nos fundamentos da resolução está uma anotação na agenda de Marcelo Odebrecht “Aumentar Keiko 500” (mil dólares), que é o ponto de origem da investigação.
A Procuradoria aponta que, com as atividades (coquetéis e rifas) declaradas pelo fujimorismo não seria possível arrecadar tantos recursos, e que considera impossível que os primeiros 500 mil dólares tenham sido adquiridos sob esses conceitos. Ainda assim, afirma que existem indícios de ocultação de ativo ilícito, utilizando a estratégia da fragmentação dos fundos.
Enquanto isso, as testemunhas declararam não ter dado dinheiro que as organizações políticas haviam declarado, e que as pessoas que contribuíram não comprovaram a procedência do dinheiro – além do fato de que algumas delas evidentemente não possuem poder econômico suficiente para fazer tais contribuições. Assim, ganha força a hipótese de que utilizaram pessoas vinculadas aos captores dos ativos, ou seja, aqueles que intermediaram as propinas da Odebrecht.
Também está sendo investigada a suplantação de 114 contribuintes do sistema bancário: aparecem seus nomes, mas não suas assinaturas nem números de documento. A Promotoria afirma que um mesmo individuo, empregado da empresa Office USA (autorizada pelo Registro Nacional de Provedores para fazer contratações junto ao Estado), realizou 86 depósitos bancários, em um total de 458 mil dólares.
Mariana Álvarez Orellana é antropóloga, docente e investigadora peruana, analista associada ao Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)
*Publicado em estrategia.la | Tradução de Victor Farinelli
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