Chile: La falsa metodología del consumo arrasa los derechos humanos/ Chile: a falsa metodologia do consumo arrasa os direitos humanos
Eduardo Camín|
En materia de derechos humanos, Chile vive desde hace más de veinte años un aumento de movilizaciones de los pueblos indígenas para el respeto de sus derechos a la tierra, a los recursos naturales y al reconocimiento de parte del Estado.
En efecto, desde hace muchos años el pueblo Mapuche se enfrenta directamente con los proyectos de inversiones de las sociedades transnacionales en los sectores hidroeléctricos y de la industria forestal. La intensificación de la competencia por los recursos naturales protagonizada por las empresas privadas, a veces con la complicidad del gobierno, ha dado lugar a que las comunidades indígenas que intentan proteger sus tierras tradicionales pasen a ser los principales objetivos de una persecución.
En este sentido el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM), en colaboración con el Comité Ético Contra la Tortura y el Colectivo Nueva Generaciones de Chile, ha presentado una declaración escrita sobre el fenómeno de la criminalización de las luchas reivindicativas del Pueblo Mapuche en Chile. La declaración menciona además que el gobierno chileno utiliza una ley antiterrorista, herencia de la dictadura militar, para reprimir a los dirigentes Mapuche y criminalizar las demandas legitimas de su pueblo. 
El Consejo de derechos humanos fue informado que en setiembre del 2017 que se utilizo la ley antiterrorista para acusar al portavoz de la Coordinadora Arauco Malleco, Hector Llaitul, con un burdo montaje de falsas pruebas de la parte de los servicios de inteligencia sobre un presunto tráfico de armas entre Chile y Argentina.
Héctor Llaitul habría tenido que estar en Ginebra para presentar su caso ante el Consejo de los derechos humanos, acreditado por el CETIM e invitado por el Colectivo Nuevas Generaciones de Chile, y reunirse con la Relatora especial sobre el derecho de los pueblos indígenas. No obstante su solicitud de pasaporte del 30 de julio de 2018 no ha sido aun tramitada, su derecho constitucional de libre tránsito no fue respetado. Esta situación fue denunciada en la intervención del CETIM el miércoles 19 de septiembre, durante el debate interactivo con la Relatora especial.
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El día mismo, en la mañana, el CETIM intervino acerca del debate sobre la inclusión de los pueblos autóctonos a la Agenda 2030 por el desarrollo durable. Y en ella el Cetim advirtió que “el Estado chileno podría retirarse del Convenio 169 (de la OIT), decisión que representaría una regresión de los derechos de los pueblos indígenas en Chile y en América latina”.
Durante el 39° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Relatora especial sobre los derechos de los pueblos autóctonos, Victoria Tauli-Corpuz, ha presentado un estudio temático sobre las agresiones contra los activistas indígenas.
Ella concluye en su informe que “los proyectos de desarrollo en gran escala son los principales factores que impulsan la intensificación de los ataques y la criminalización respecto de los pueblos indígenas. Ha de cesar la frecuente ejecución de dichos proyectos sin la celebración de una auténtica consulta ni la adopción de medidas para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados”.
De hecho, “la constante negativa de parte de las empresas forestales y del Estado a las demandas legítimas del pueblo Mapuche tiene como consecuencia la depredación de espacios territoriales asociados al hábitat necesarios a la reproducción de la cultura Mapuche, la explotación indiscriminada de los recursos en tierra y agua y una política de criminalización con procesos concretos de montajes hacia organizaciones y liderazgos con el objeto de desarticular el movimiento Mapuche”.
La criminalización de las demandas legítimas de los pueblos indígenas, en un contexto de lucha contra los proyectos de las sociedades transnacionales, es una problemática mundial que compromete la responsabilidad de los Estados. Chile no es una excepción en este fenómeno preocupante de agresión contra el pueblo Mapuche. La solución pasa necesariamente por la búsqueda de caminos políticos que impliquen todos los actores del conflicto, incluso los sectores injustamente estigmatizados.
El CETIM, el Comité de Ética contra la Tortura y el Colectivo Nueva Generaciones Chile piden el gobierno chileno a asegurar la protección de los dirigentes indígenas, en conformidad con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La libre determinación es un principio general de suma importancia para los pueblos indígenas, ya que afirma su derecho a realizar libremente su desarrollo económico, social y cultural.
El derecho a la libre determinación está consagrado en el artículo 1 común al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos reconoce la legitimidad de la defensa de los derechos sobre la tierra cuando reconoce la “valiosa labor”
Una causa fundamental de la actual intensificación de las agresiones es la falta de respeto por los derechos colectivos sobre la tierra de los pueblos indígenas y el hecho de no ofrecer a las comunidades indígenas una tenencia segura de la tierra, lo que a su vez redunda negativamente en su capacidad de defender con eficacia sus tierras, sus territorios y sus recursos frente a los daños causados por los proyectos en gran escala. Esta es una preocupación que ha sido planteada por la Relatora Especial desde la creación del mandato en 2001.
Sin embargo, la urgencia de hacer frente a esta situación está cobrando una nueva dimensión en vista del rápido avance expansivo de los proyectos en gran escala. Entretanto, la importante contribución que pueden hacer los pueblos indígenas en lo que respecta a garantizar una mejor conservación y adaptación al cambio climático y estrategias de mitigación en informes recientes (A/71/229 y A/HRC/36/46) no puede alcanzar su pleno potencial si se siguen cuestionando los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra.
Si bien algunos países han aprobado leyes para proteger los derechos colectivos sobre la tierra de los pueblos indígenas, siguen existiendo problemas para determinar esos derechos en la práctica. Por lo general, la legislación relativa, por ejemplo, a la silvicultura,
Como ha documentado la Relatora Especial, los casos de criminalización y violencia surgen, en la mayoría de los casos, cuando los dirigentes indígenas y los miembros de sus comunidades manifiestan su oposición a proyectos de gran envergadura en relación con las industrias extractivas, la agroindustria, las infraestructuras, las presas hidroeléctricas y la tala de árboles.
En otros casos, los modos de vida y de subsistencia de los pueblos indígenas son considerados ilegales o incompatibles con las políticas de conservación, lo que da lugar a la prohibición de los medios de vida tradicionales y a la detención, el encarcelamiento, el desalojo forzoso y las violaciones de otros derechos humanos de los pueblos indígenas. Este tema lo estudió en su informe a la Asamblea General (A/71/229).
Un nuevo motivo de preocupación es la premura en poner en marcha medidas de adaptación y mitigación relacionadas con el cambio climático, las cuales, a menos que contengan salvaguardias para los derechos humanos, corren el riesgo de menoscabar los derechos de los pueblos indígenas. 
La Relatora Especial examinó esa cuestión en un informe anterior al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/36/46). 29. Desde que inició su mandato, la Relatora Especial ha sido testigo de primera mano de la existencia de varios proyectos en gran escala, particularmente durante sus visitas oficiales al Brasil (A/HRC/33/42/Add.1), Guatemala (A/HRC/39/17/Add.3), Honduras (A/HRC/33/42/Add.2), México (A/HRC/39/17/Add.2), EEUU (A/HRC/36/46/Add.1) y la región sami en Noruega, Suecia y Finlandia (A/HRC/33/42/Add.3).
Ha escuchado numerosos testimonios y constantemente recibe información, como parte de las funciones que desempeña de conformidad con el mandato de abordar las comunicaciones sobre presuntas violaciones de los derechos humanos; en esa información se indican los efectos devastadores que producen algunos proyectos en los pueblos indígenas, lo que ha dado lugar a repercusiones muy negativas en sus sistemas de gobierno, cohesión social, medios de subsistencia, medio ambiente, salud y derechos a la alimentación y al agua.
La naturaleza es amiga del hombre, pero no tolera que se la trate groseramente. Mucho pedir en la época del salvase quien pueda de la barbarie capitalista.
*Periodista uruguayo, miembro de la Asociación de Corresponsales de prensa de la ONU. Redactor Jefe Internacional del Hebdolatino en Ginebra. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
VERSIÓN EN PORTUGUÉS
Chile: a falsa metodologia do consumo arrasa os direitos humanos
Por Eduardo Camín
Em matéria de direitos humanos, o Chile vive há mais de vinte anos um aumento de mobilizações dos povos indígenas, reivindicando o respeito por seus direitos à terra, aos recursos naturais e ao reconhecimento de sua nação por parte do Estado.
O povo mapuche, que é o povo originário mais organizado politicamente, vem enfrentando há décadas os diferentes projetos de investimentos das sociedades multinacionais, nos setores hidroelétricos e da indústria florestal. A intensificação dessa luta pelos recursos naturais contra as empresas privadas, às vezes com a cumplicidade do governo, faz com que as comunidades indígenas tentem proteger suas terras tradicionais, passando a ser os principais objetivos de uma perseguição.
Neste sentido, o Centro Europa-Terceiro Mundo (CETIM), em colaboração com o Comitê Ético Contra a Tortura e com o coletivo chileno Novas Gerações, apresentou uma declaração escrita sobre o fenômeno da criminalização das lutas reivindicatórias do povo mapuche no Chile. A declaração lembra também que o governo chileno utiliza uma lei antiterrorista, herança da ditadura militar, para reprimir os dirigentes mapuche e criminalizar as demandas legitimas do seu povo.
O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas foi informado, em setembro de 2017, que se utilizou a lei antiterrorista para acusar o porta-voz da Coordenadora Arauco Malleco, Hector Llaitul, com uma absurda montagem, utilizando provas falsas preparadas pelos serviços de inteligência, para envolvê-lo em um suposto esquema de tráfico de armas entre Chile e Argentina.
Héctor Llaitul teria que estar em Genebra para apresentar seu caso ao Conselho, credenciado pelo CETIM e convidado pelo coletivo Novas Gerações. Havia uma reunião marcada entre ele e a relatora especial, a filipina Victoria Tauli-Corpuz, sobre direitos dos povos indígenas. Não obstante, seu pedido de passaporte, apresentado no dia 30 de julho de 2018, ainda não foi tramitado, e seu direito constitucional de ir e vir não foi respeitado. Esta situação foi denunciada na intervenção do CETIM em 19 de setembro, durante o debate interativo com a relatora especial.
No mesmo dia, pela manhã, o CETIM se pronunciou sobre a inclusão dos povos aborígenes na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e alertou que “o Estado chileno poderia se retirar do Convênio 169 (da Organização Internacional do Trabalho, OIT), decisão que representaria uma regressão dos direitos dos povos indígenas no Chile e na América Latina”.
Durante o 39° período de sessões do Conselho de Direitos Humanos, a relatora especial sobre os direitos dos povos aborígenes, Victoria Tauli-Corpuz, fez a exposição de um estudo temático sobre as agressões contra os ativistas indígenas.
Ela concluiu, em seu informe, que “os projetos de desenvolvimento em grande escala são os principais fatores que impulsam a intensificação dos ataques e a criminalização a respeito dos povos indígenas. É preciso interromper a execução de projetos que não contem com uma autêntica consulta ou a adoção de medidas para obter o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas interessados”.
E continuou recordando que “a constante negativa às demandas legítimas do povo mapuche, por parte das empresas madeireiras e do Estado, têm como consequência a depredação dos espaços territoriais associados ao hábitat necessário à reprodução da cultura mapuche, a exploração indiscriminada dos recursos da terra e da água, além de uma política de criminalização, com processos concretos de perseguição contra organizações e lideranças mapuche, com o claro objetivo de desarticular o movimento”.
A criminalização das demandas legítimas dos povos indígenas, num contexto de luta contra os projetos das sociedades multinacionais, é uma problemática mundial que compromete a responsabilidade dos Estados. O Chile não é uma exceção neste fenômeno preocupante de agressão contra o povo mapuche. A solução passa necessariamente pela busca de caminhos políticos que signifiquem a inclusão de todos os envolvidos no conflito, inclusive os setores injustamente estigmatizados.
O CETIM, o Comitê de Ética contra a Tortura e o coletivo Novas Gerações Chile pediram ao governo chileno que assegurasse a proteção dos dirigentes indígenas, em conformidade com os compromissos internacionais em matéria de direitos humanos. A livre determinação é um princípio geral de grande importância para os povos indígenas, pois afirma seu direito ao livre desenvolvimento econômico, social e cultural.
O direito à livre determinação está consagrado no artigo 1 comum ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e no artigo 3 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. A Declaração sobre o Direito e o Dever dos Indivíduos, os Grupos e as Instituições de Promover e Proteger os Direitos Humanos e as Liberdades Fundamentais Universalmente Reconhecidos estabelece a legitimidade da defesa dos direitos sobre a terra, além de reivindicar esse “valioso trabalho”.
Uma causa fundamental da atual intensificação das agressões é a falta de respeito pelos direitos coletivos sobre a terra dos povos indígenas e o fato de não oferecer às comunidades indígenas uma propriedade segura da terra, o que, por sua vez, afeta negativamente sua capacidade de defender com eficácia as terras, os territórios e seus recursos contra os danos causados pelos projetos em grande escala. Esta é uma preocupação que tem sido constantemente, planteada tanto pela relatora especial Tauli-Corpuz desde sua chegada ao cargo, em 2014, quanto pela própria instância que ela representa, desde a sua criação, em 2001.
Entretanto, a urgência em enfrentar esta situação está ganhando uma nova dimensão, tendo em vista o rápido avanço de expansão dos projetos em grande escala. A importante contribuição que os povos indígenas podem dar no que diz respeito a garantir uma melhor conservação e adaptação aos níveis que não acelerem a crise climática, e em estratégias de mitigação, reconhecida em informes recentes (A/71/229 e A/HRC/36/46), não pode alcançar seu pleno potencial, caso sejam mantidos os questionamentos aos direitos dos povos indígenas sobre a terra.
Embora alguns países tenham aprovado leis para proteger os direitos coletivos sobre a terra dos povos indígenas, ainda existem problemas para determinar esses direitos na prática.
Os casos de criminalização e violência surgem, na maioria das vezes, quando os dirigentes indígenas e membros de suas comunidades manifestam sua oposição aos projetos de grande envergadura, contra os interesses das indústrias extrativistas, a agroindústria, as infraestruturas, as represas hidroelétricas e o desflorestamento.
Em outros casos, os modos de vida e de subsistência dos povos indígenas são considerados ilegais ou incompatíveis com as políticas de conservação, o que dá lugar à proibição dos meios de vida tradicionais e a detenções, encarceramentos, desocupações forçadas de terras e violações de outros direitos humanos dos povos indígenas. Este tema também foi apresentado no informe à Assembleia Geral (A/71/229).
Um novo motivo de preocupação é a pressa em impulsar certas medidas de adaptação e mitigação relacionadas com as alterações climáticas do planeta, as quais levam ao risco de afetar negativamente os direitos dos povos indígenas, a não ser que contenham salvaguardas aos direitos humanos.
A relatora especial Tauli-Corpuz examinou essa questão em um informe anterior, apresentado ao Conselho de Direitos Humanos (A/HRC/36/46). Desde que iniciou seu mandato, ela já testemunhou em primeira mão a existência de vários projetos em grande escala, particularmente durante suas visitas oficiais ao Brasil (A/HRC/33/42/Add.1), Guatemala (A/HRC/39/17/Add.3), Honduras (A/HRC/33/42/Add.2), México (A/HRC/39/17/Add.2), Estados Unidos (A/HRC/36/46/Add.1) e à região Lapônia, entre Noruega, Suécia e Finlândia (A/HRC/33/42/Add.3).
Escutei numerosos testemunhos e constantemente recebo informações sobre supostas violações aos direitos humanos, as quais indicam os efeitos devastadores produzidos por alguns projetos em regiões ocupadas pelos povos indígenas, o que dão lugar a repercussões muito negativas em seus sistemas de governo, afetando a coesão social, os meios de subsistência, o meio ambiente como um todo, a saúde e os direitos e à água e à alimentação.
A natureza é amiga do homem, mas não tolera ser tratada grosseiramente. Um pedido que parece exagerado, nestes tempos de “salve-se quem puder” da barbárie capitalista.
Eduardo Camín é jornalista, membro da Associação de Correspondentes de Imprensa da ONU, redator-chefe internacional do Hebdolatino e analista associado ao Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)
*Publicado em estrategia.la | Tradução de Victor Farinelli
