Colombia: La consulta anticorrupción ganó pero no pasó: le faltó medio millón de votos/ A consulta anticorrupção ganhou mas não passou; faltou meio milhão de votos
Camilo Rengifo Marín
Por tercera vez en este 2018, los colombianos fueron convocados a las urnas, y después de participaciones masivas en las elecciones al Congreso y a la Presidencia, la consulta anticorrupción de este domingo no logró el mínimo de 12.140.342 votos para decirle al poder Legislativo que debe tramitar los puntos que los ciudadanos les entregaran como obligatorios.
Once millones 700 mil colombianos dieron su voto a las siete preguntas: votaron por disminuir el sueldo a los congresistas y altos funcionarios del gobierno, por cero privilegios y muerte política a los corruptos,por la rendición de cuentas de los políticos elegidos (congresistas, concejales), por pliegos claros para evitar la contratación tramposa y a dedo, por la observación ciudadana a los contratos; y por la limitación de los periodos en cargos de elección popular.
La consulta anticorrupción sacó más votos (20% más) que los que los que registró en las urnas Iván Duque para alzarse con la Presidencia. Sin embargo, no le alcanzó para pasar el umbral. La consulta no será vinculante, el Congreso no volverá norma las preguntas que estaban contempladas en el tarjetón. Sin embargo, es una victoria política para todos los que la promovieron.
Se estima que cada año los corruptos se apropian del 15% que tiene el Presupuesto Nacional anualmente.
El primer rival era el abstencionismo. Hace dos meses, en la segunda vuelta presidencial, la abstención fue del 46%. La consulta tenía que vencer la abstención con un tema como la corrupción que no despertaba las pasiones que se vivieron en las presidenciales. No hubo dinero para promocionar la consulta ni para mover a los sufragantes durante la jornada.
Ángela Robledo, excandidata a la vicepresidencia, una de las personas que se sumó a la pedagogía en las calles, celebró la participación ciudadana. «Esta votación ya es un triunfo de la democracia colombiana. Una campaña sin clientelismo y llena de pedagogía», aseguró.
Para el senador Alberto Robledo, la consulta es el logro político más importante en décadas. “Primera consulta convocada popularmente. ¡Es un mensaje duro no solo para el Congreso, sino también para todos los actores del Estado! ¡Qué haya más justicia y menos titulares!”, tuiteó.
Duque. Uribe y las fake news
Al presidente Iván Duque no le quedaba fácil no votar, pero haberlo hecho será un punto de quiebre con su padrino, el expresidente Álvaro Uribe, quien se despachó en Twitter contra la iniciativa y sus promotores (el excandidato presidencial Gustavo Petro y la senadora Claudia López), como el más feroz opositor de esa iniciativa. «No voto la consulta engañosa y he cuidado con transparencia y austeridad los recursos del Estado a lo largo de mi carrera pública».
“La señora López me acusa de fundador del paramilitarismo, de utilizar paramilitares para asesinar a mis opositores, y para convalidar su infamia obliga a gastar 300 mil millones de los recursos públicos (…)El doctor Petro me acusa de delitos de lesa humanidad, clama para que me lleven a la cárcel y para eso hace gastar 300 mil millones”, añadió.
En los últimos días, al igual que durante la campaña presidencial, la extrema derecha lanzó una campaña de noticias falsas por las redes sociales : que los promotores de la consulta recibirán millones por reposición de votos, que se iba a reducir el salario mínimo a todos los trabajadores, que la consulta es castrochavista…
Fue una jornada caracterizara por la abstención y Colombia perdió la oportunidad de convertirse en un país con una democracia comprometida . “A Duque le faltó voluntad política para apoyar la consulta”, dijo el senador Petro. Uribe, que tuvo la capacidad de movilizar 6 millones de votos por el No al plebiscito de los acuerdos de paz con las Farc, y que tiene el título del senador más votado de la historia, aparece como el perdedo.
La participación popular
El tarjetón es el resultado de una larga historia de intentos por ponerle freno a este flagelo, a los que sistemáticamente, y en no menos de ocho ocasiones en los últimos cuatros años, el Congreso de la República les ha cerrado el paso.
La consulta era una propuesta a ejercer democracia directa: si Colombia votaba mayoritariamente a favor de lo propuesto y se pasaba el umbral, le estaría dando por primera vez en el país una orden directa al Congreso y a la Presidencia de hacer algo puntual. Esa sola posibilidad era ya un motivo suficiente para participar. Pero para ser aprobada, debía lograr 12.140.342 votos válidos, correspondientes a un tercio del censo electoral.
El tarjetón contenía siete propuestas sobre un tema concreto que afecta a todos los colombianos: la corrupción. El Legislativo lo aprobó de manera unánime, enviando un mensaje claro: esto va más allá de los partidos. La indignación de los ciudadanos ha crecido lo suficiente como para que el mundo político observe en las banderas anticorrupción un camino para salir de su atolladero, señala el analista
Todos los recientes candidatos presidenciales prometieron esa lucha y el tema se posicionó en la agenda del país político, a tal punto que el primer paquete legislativo del gobierno de Iván Duque está enfocado en esta materia e incluso tiene varias de las medidas que plantea la consulta. Pero este ambiente de coincidencia nacional se enfrentó a un nuevo problema: la baja intervención ciudadana en los mecanismos de participación. Desde 1991, cuando se creó la consulta popular, esta es la primera vez que se produce una de carácter nacional.
En la historia reciente, el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta llevó a los ciudadanos espontáneos a depositar un papel adicional en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo de 1990. Ese día, los colombianos les hicieron saber a los políticos que querían una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el Estado colombiano. Más de dos millones de electores incluyeron dicha papeleta y al siguiente año surgió la nueva carta magna.
En la Constitución del 91 se reglamentó el artículo 103, que les dio vida a nuevos mecanismos de participación popular, como la consulta o la revocatoria del mandato. Y desde ese día ha venido creciendo la expresión ciudadana.
En los últimos años hicieron carrera nuevas formas de participación política: el fracasado referendo que en octubre de 2003 realizó el gobierno de Álvaro Uribe, con 15 preguntas de las cuáles solo una pasó el umbral; cientos de consultas populares ambientales, revocatorias de mandatos y hasta el plebiscito para refrendar el Acuerdo de Paz con las Farc. Incluso un intento de referendo para una segunda reelección uribista, que aprobó el Congreso pero tumbó la Corte Constitucional en 2010.
La Consulta Anticorrupción fue la última elección de la agitada agenda electoral que ha vivido el país en estos últimos dos años. Las siete preguntas consultadas buscaban exigirle al Congreso que cumpla con un mandato de control ciudadano a la función pública, y aun cuando fuera rpobada llegarían nuevos retos: convertir ese mandato en normas eficaces, que no se sumaran al grueso anaquel de delitos sin responsables en Colombia.
Y aunque parezca de Perogrullo, la consulta anticorrupción ganó, pero no pasó.
*Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
VERSIÓN EN ESPAÑOL
A consulta anticorrupção ganhou mas não passou; faltou meio milhão de votos
Por Camilo Rengifo Marín
Pela terceira vez neste 2018, os colombianos foram às urnas. Depois de participações massivas nas eleições ao Congresso e à Presidência, a consulta anticorrupção deste domingo não alcançou os pouco mais de 12 milhões de votos que eram necessários para obrigar o Poder Legislativo a tramitar os pontos que os cidadãos consideram necessários.
Foram cerca de 11,7 milhões os colombianos e as colombianas que registraram suas preferências a respeito das sete perguntas incluídas na consulta: votaram sobre a diminuição dos salários dos congressistas e altos funcionários do governo, sobre o fim dos foros privilegiados, pelo banimento dos corruptos da política, sobre a rendição de contas dos políticos eleitos (congressistas e vereadores), por regras claras para evitar licitações fraudulentas ou com favoritismo, sobre a fiscalização de contratos por parte da cidadania e sobre a limitação dos mandatos dos cargos eletivos.
A consulta anticorrupção teve 20% a mais de votos que o registrado pelo presidente Iván Duque em sua vitória no segundo turno, em junho passado. Entretanto, não foi o suficiente para se chegar ao quórum mínimo. A votação, portanto, não será vinculante, o Congresso não tomará os resultados como uma agenda de cumprimento obrigatório, com seria se houvesse o mínimo de votos necessários. Ainda assim, é uma vitória política para todos os que a promoveram.
Se estima que, em cada ano, os corruptos se apropriam de algo em torno de 15% do orçamento nacional do país, através de diferentes modalidades de desvio.
O primer desafio da consulta era vencer o abstencionismo. Há dois meses, no segundo turno presidencial, a abstenção foi de 46%. A consulta precisava vencer a abstenção com um tema como a corrupção, que não desperta tanto as paixões como as que se viveram durante a disputa presidencial. Ademais, não houve recursos financeiros para promover a consulta, e tampouco para animar os eleitores no dia da votação.
Mesmo assim, pessoas como Ángela Robledo, ex-candidata a vice-presidenta e uma das figuras públicas que participaram da pedagogia sobre as consultas, conversando com os cidadãos nas ruas, consideram que o nível de participação deve ser celebrado. “Essa votação já é um triunfo da democracia colombiana. Uma campanha sem clientelismo e cheia de pedagogia”, manifestou.
Para o senador Alberto Robledo, a consulta é uma grande conquista política, talvez a mais importante em décadas: “é a primeira consulta convocada pela população, e deixou uma mensagem forte ao Congresso e ao Poder Executivo. Queremos mais Justiça e menos manchetes!”, expressou o parlamentar, por twitter.
Duque, Uribe e as fake news
Para o presidente Iván Duque não era fácil deixar de votar nesta consulta, mas fazê-lo tampouco pode ser considerado uma ruptura com seu padrinho político, o ex-presidente Álvaro Uribe, um dos mais ferozes críticos da iniciativa e seus promotores (o ex-candidato presidencial Gustavo Petro e a senadora Claudia López). “Não voto em consulta enganosa! Eu cuidei dos recursos do Estado com transparência e austeridade ao longo de toda a minha carreira pública”, assegurou o ex-mandatário.
“A senhora López me acusa de fundador do paramilitarismo, de utilizar grupos paramilitares para assassinar meus opositores, e para convalidar sua infâmia, obriga o país a gastar 300 bilhões em recursos públicos. O doutor Petro me acusa de delitos de lesa humanidade, clama para que me levem à prisão, e para isso faz o Estado gastar 300 bilhões”, acrescentou.
Nos últimos dias, assim como aconteceu durante a corrida presidencial, a extrema direita lançou uma campanha de notícias falsas pelas redes sociais, dizendo que os promotores da consulta recebiam milhões por cada voto, ou que a campanha tinha como objetivo oculto reduzir o salário mínimo dos trabalhadores, ou que a consulta é “castrochavista”…
Foi uma jornada caracterizara pela abstenção, e a Colômbia perdeu a oportunidade de se tornar um país com uma democracia comprometida. “Faltou a Duque uma genuína vontade política para apoiar a consulta”, lamentou o senador Petro. Uribe, que teve a capacidade de mobilizar 6 milhões de votos a favor do “Não” aos Acordos de Paz em 2016, e que tem o título de “senador mais votado da história”, aparece como o principal perdedor desta jornada.
A participação popular
Este resultado resume uma longa história de tentativas de frear este flagelo que é a corrupção. Nas pelo menos oito ocasiões em que essa iniciativa foi impulsada nos últimos quatros anos, o Congresso agiu sistematicamente para impedir o trâmite.
Ademais, a consulta era uma proposta que abria um caminho para se exercer a democracia direta: se a Colômbia votava majoritariamente a favor das propostas e alcançava o quórum, estaria dando, pela primeira vez, uma ordem direta ao Congresso e à Presidência para se fazer algo pontual. Só essa possibilidade já era motivo suficiente para participar. Mas, para ser aprovada, era preciso se chegar a um mínimo de 12 milhões 140 mil 342 votos válidos – um terço do censo eleitoral.
A cédula eleitoral continha sete propostas sobre um tema concreto, que afeta a todos os colombianos: a corrupção. O Legislativo o aprovou de forma unânime, enviando uma mensagem clara: isso vai além dos partidos. A indignação dos cidadãos cresce o suficiente para que o mundo político observe nas bandeiras anticorrupção, um caminho para sair do seu atoleiro.
Todos os recentes candidatos presidenciais prometeram essa luta e o tema se posicionou dentro da agenda política do país, a tal ponto que o primeiro pacote legislativo do governo de Iván Duque está enfocado nesta matéria, inclusive com algumas matérias abordadas pela consulta. Mas este ambiente de concordância nacional se enfrentou com um novo problema: a baixa adesão da cidadania aos eventos de participação democrática. Desde 1991, quando se criou o mecanismo da consulta popular, esta é a primeira vez que se produz uma de carácter nacional.
Na história recente, o movimento estudantil impulsou a campanha pela “Sétima Cédula”, que conseguiu levar os cidadãos a depositar, de forma espontânea, um papel adicional às urnas. Isso aconteceu nas eleições parlamentares de 11 de março de 1990. Naquele então, os colombianos decidiram que queriam uma Assembleia Nacional Constituinte para reformar o Estado colombiano. Mais de dois milhões de eleitores incluíram a cédula exta, e no ano seguinte, surgiu uma nova carta magna.
Na Constituição de 1991, se regulamentou o artigo 103, que deu vida a novos mecanismos de participação popular, como a consulta popular ou o referendo de revogação do mandato. Desde então, a expressão da cidadania vem crescendo no país.
Nos últimos anos, surgiram novas formas de participação política: o fracassado referendo realizado pelo governo de Álvaro Uribe em outubro de 2003 – com 15 perguntas, das quais só uma passou pelo quórum mínimo –, além de centenas de consultas populares ambientais, referendos de revogação e até o plebiscito para referendar os Acordos de Paz com as FARC (antiga guerrilha, agora transformada no partido político Força Alternativa Revolucionária do Comum). Houve também uma tentativa de referendo para permitir uma segunda reeleição a Álvaro Uribe, proposta que foi aprovada pelo Congresso, mas rechaçada pela Corte Constitucional, em 2010.
A consulta anticorrupção foi a última eleição da agitada agenda eleitoral que a Colômbia viveu neste ano. As sete perguntas consultadas buscavam exigir do Congresso mecanismos de controle e fiscalização da função pública por parte da cidadania, e se fossem aprovadas abririam o caminho para novos desafios.
E embora pareça de inusitado, a consulta anticorrupção ganhou, mas não passou.
Camilo Rengifo Marín é economista e acadêmico colombiano, investigador do Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)
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