Dictan prisión preventiva y piden extradición del expresidente Correa/ Decretada prisão preventiva e pedida a extradição do ex-presidente Correa
Eloy Osvaldo Proaño-
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó la prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa por su supuesta vinculación en el intento de secuestro del exasambleísta Fernando Balda en Colombia, en 2012, luego que la Fiscalía General pidiera la prisión preventiva en base a informes de inteligencia colombianos.
Daniella Camacho, jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dictó prisión y emitió alerta roja para que la Interpol lo localice, capture y extradite. Se indicó que una vez que Correa esté en el país deberá ser trasladado a la Cárcel 4, ubicada en El Condado, en el norte de Quito.
La medida de la jueza se tomó en la audiencia de revisión de medidas cautelares del exJefe de Estado. Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, calificó de arbitraria la disposición de la magistrada de que su cliente se presente cada 15 días en la Sala de lo Penal de la Corte (Quito).
Presentó seis documentos para demostrar a la jueza Camacho que su defendido reside en Bélgica y tiene su familia en ese país y pidió a la magistrada que se revise la medida para que el exmandatario pueda presentarse en el consulado de Ecuador en Bélgica. Tanto la Fiscalía como la defensa de Balda impugnaron los documentos presentados.
El fiscal General encargado, Paúl Pérez, fue quien solicitó la prisión preventiva del exmandatario, por no haberse presentado, el 2 de julio, en la Secretaría de la Corte. También pidió a la jueza que, si ordenaba la prisión del exmandatario, se notifique a la Policía Internacional (Intepol) para que este organismo emita una difusión roja y proceda a la búsqueda, captura y extradición.
El 18 de junio la jueza vinculó a Correa en la investigación por el secuestro de Fernando Balda, que ocurrió en 2012 en Bogotá. Además, ese día se le ordenó presentarse cada 15 días desde el 2 de julio en la CNJ.Correa incumplió la medida y acudió al Consulado de Ecuador en Bélgica durante la mañana del 2 de julio, donde solicitó que se dejara constancia de su visita por escrito y con sello oficial.
El certificado, que fue publicado por el exjefe de Estado en su cuenta de Twitter, tiene la firma del vicecónsul, Bernardo Burgos González. Allí, Correa indicó que su asistencia a la oficina diplomática se debió a que el fiscal general encargado, Paúl Pérez, solicitó a la jueza que la presentación sea en Bélgica. La jueza rechazó la solicitud del fiscal y aclaró que las oficinas diplomáticas “no están para eso”.
Correa dijo que como expresidente desea cumplir con las exigencias procesales, “a pesar de ser evidente la persecución política y judicial que he sufrido en los últimos meses” y justificó su incumplimiento con el argumento de que ejercía sus derechos como ciudadano extranjero y citó a la Convención de Viena, entre otras normas internacionales.
Felipe Rodríguez, abogado de Balda, señaló que esta sería la primera acusación particular en contra del expresidente. “A partir de este momento la Justicia reconoce a mi defendido como víctima y a Correa como acusado”, resaltó.
En reiteradas oportunidades, Correa ha asegurado que no poseen ninguna prueba para vincularlo con el caso Balda y ha denunciado ser víctima de una persecución política y mediática, ante el hecho de colocar “una medida cautelar imposible de cumplir”.
El abogado del expresidente informó que ha interpuesto un recurso de apelación a la orden de prisión preventiva dictada por la jueza Daniella Camacho. Aseguró que tendrá que ser una de las salas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la que conozca el recurso.
“En esa providencia de la señora Jueza, la resolución no está ejecutoriada, yo he interpuesto un recurso de apelación y tendrá que ser una de las salas de la Corte Nacional de Justicia la que conozca de este recurso y pueda constatar todas las arbitrariedades y las violaciones del debido proceso que yo formulé esta tarde”, comentó.
“Aquí no se trata de hacer justicia, sino de venganza. No se trata de aplicar el debido proceso, sino de cumplir las consignas, de hacer méritos para que luego se les mantenga en los cargos en la administración de justicia”.
“Es decir, hemos visto un escenario en donde se han violado todas las garantías de carácter constitucional y legal. Aquí, lo que se cumplen son órdenes, se buscan razones para acusar, para buscar la detención preventiva, no para hacer justicia”, acotó.
El caso Balda y la “inteligencia” colombiana
Según Balda, el secuestro era una orden del entonces presidente Correa, ejecutada en Colombia por agentes ecuatorianos infiltrados, con la ayuda de un oficial de policía colombiano e incluso delincuentes. Por el caso declararon exfuncionarios de inteligencia, como Rommy Vallejo, y el propio expresidente Correa.
Balda vivía en Colombia desde 2009, cuando había salido de Ecuador huyendo de dos procesos legales. El primero lo inició Correa por atentar contra la seguridad del Estado y el segundo fue por por injurias calumniosas no graves, entablado por el exdirector de la Unidad Técnica de Seguros Óscar Herrera, a quien Balda acusó de tráfico de influencias por adjudicar irregularmente un contrato de bróker de seguros.
La revista colombiana Semana, señaló que la información entregada por la Fiscalía de Colombia en mayo de ese año, en el hotel Las Lomas de Bogotá, Balda habría conocido a otros tres ecuatorianos: Luis Chicaiza, Wilson Jarrín y Daniela Gaibor. El primero se acreditó como miembro de una ONG y los otros dos como parte de un movimiento político de oposición a Correa.
Los tres decían que participarían en el evento de la Fundación Internacionalismo Democrático presidida por Álvaro Uribe, expresidente colombiano. Dos meses después, varios hombres y un policía disfrazado habrían hecho un primer intento para deportar a Balda hacia Ecuador, pero como su estancia en Colombia estaba en regla, la deportación no se concretó.
La fiscalía colombiana explicó que el 13 de agosto de 2012, cerca de las 7:40 de la noche, Balda, quien se habría despedido de Chicaiza y mientras caminaba por una calle del barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, fue interceptado por una camioneta en la que cuatro hombres y una mujer lo subieron a la fuerza.
Mientras esto ocurría un taxista testigo del suceso, habría llamado a la policía y a otros taxistas que emprendieron una persecución que impidió el supuesto secuestro. Tras la persecución los secuestradores habrían escapado, abandonando a la camioneta y a Balda.
Durante las investigaciones las autoridades colombianas encontraron huellas digitales en el vehículo con las que pudieron detener a uno de los secuestradores (no identificado) en Puerto Tejada, a 301 kilómetros de Bogotá, quien dijo haber recibido una llamada de un amigo, cabo del Ejército (cuyo nombre tampoco ha sido publicado) de Colombia, quieny le dijo que fuera a Bogotá para hacer “una vuelta” (un encargo): secuestrar a una persona y llevarla hasta Ipiales. El detenido iba a recibir unos 10 mil dólares por el secuestro.
La Fiscalía colombiana señaló que en el intento de secuestro también participaron agentes de inteligencia ecuatorianos. Los colombianos señalaron que la camioneta participante en el delito fue rentado por Chicaiza (quien apareció en las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel Capital acompañado del cabo del ejército colombiano que no ha sido identificado). Las autoridades ecuatorianas confirmaron que era un sargento activo de la Policía, parte de la Dirección General de Inteligencia de Ecuador.
- Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la
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Decretada prisão preventiva e pedida a extradição do ex-presidente Correa
Por Eloy Osvaldo Proaño
A Corte Nacional de Justiça do Equador ordenou a prisão preventiva para o ex-presidente Rafael Correa, por sua suposta vinculação com a tentativa de sequestro do ex-parlamentar Fernando Balda, na Colômbia, em 2012, depois que a Promotoria Geral pediu a prisão preventiva, com base em informes de inteligência colombianos.
A Corte Nacional de Justiça do Equador, atendendo requerimento da Promotoria Geral de Justiça, determinou a prisão preventiva do ex-presidente, por descumprimento de ordem judicial, em processo que investiga a suposta vinculação de Rafael Correa na tentativa de sequestro do ex-parlamentar Fernando Balda, no ano de 2012, num imbróglio que também envolve o Equador, Colômbia e Espanha.
O Promotor Geral de Justiça, Paúl Pérez, da Promotoria Geral de Justiça do Equador, foi o autor do requerimento que teve como base o não comparecimento de Rafael Correa, no dia 2 de julho, na Corte Nacional de Justiça, a fim de cumprir determinação judicial.
Daniella Camacho, juíza de Garantias Penais da Corte Nacional de Justiça (CNJ), atendeu à solicitação do Promotor Geral de Justiça e além de decretar a prisão, pediu que a Interpol emitisse o alerta vermelho, a fim de localizar e capturar o ex-presidente. Estando Correa no país ele deverá ser levado à Penitenciária 4, localizada na região de El Condado, no norte de Quito.
No dia 18 de junho, a juíza aceitou a vinculação de Correa na investigação pelo sequestro de Fernando Balda, que ocorreu em 2012, em Bogotá. Ademais, também ordenou que ele se apresentasse a cada 15 dias, a partir do dia 2 de julho.
A medida da juíza foi tomada após a audiência de revisão de medidas cautelares do ex-chefe de Estado. Caupolicán Ochoa, advogado de Correa, qualificou como arbitrária a disposição da magistrada de que seu cliente se apresente a cada 15 dias na Corte, em Quito.
Correa não cumpriu a medida, mas se apresentou no Consulado do Equador na Bélgica durante a manhã de 2 de julho, onde solicitou a formalização de sua visita por escrito e com selo oficial. Na ocasião, o ex-presidente afirmou que deseja cumprir com as exigências processuais, “apesar de ser evidente a conspiração política e judicial que venho sofrendo nos últimos meses”, para justificar o não cumprimento da medida cautelar com o argumento de que exercia seus direitos como cidadão estrangeiro e citou Convenção de Viena, entre outras normas internacionais.
Ochoa, advogado de defesa do ex-presidente, apresentou seis documentos para demostrar à juíza Camacho que seu cliente reside na Bélgica e tem sua família nesse país, e pediu à magistrada que revise a medida para que o ex-mandatário possa se apresentar no consulado do Equador na Bélgica. Tanto a Procuradoria como a defesa de Balda impugnaram os documentos apresentados.
O ex-chefe de Estado publicou em sua conta de twitter, o certificado de presença na embaixada, com a assinatura do vice-cônsul, Bernardo Burgos González. Lá, Correa indicou que sua apresentação à sede diplomática se deu pela solicitação do seu advogado à juíza do caso, de que a apresentação quinzenal se realize na Bélgica. A juíza rejeitou o pedido do defensor e esclareceu que as sedes diplomáticas “não são para isso”.
Felipe Rodríguez, advogado de Balda, afirmou que esta seria a primeira acusação contra o ex-presidente. “A partir deste momento a Justiça reconhece o meu cliente como vítima e a Correa como acusado”, ressaltou.
Em reiteradas oportunidades, Correa assegurou que não existe nenhuma prova para vinculá-lo com o Caso Balda e afirma ser vítima de uma perseguição política e midiática, a partir da imposição de “uma medida cautelar impossível de cumprir”.
O advogado do ex-presidente informou que interpôs um recurso de apelação à ordem de prisão preventiva ditada pela juíza Daniella Camacho. Assim, será uma das salas da Corte Nacional de Justiça (CNJ) que deverá analisar o recurso.
“Eu interpus um recurso de apelação (contra a prisão preventiva) e isso terá que ser avaliado por uma das salas da Corte Nacional de Justiça, para que possam ser constatadas todas as arbitrariedades e violações do devido processo”, comentou o defensor.
“Aqui, não se trata de fazer justiça, e sim vingança. Não se trata de aplicar o devido processo, e sim de cumprir as consignas, de fazer méritos para manter cargos na administração da justiça. Vimos um cenário onde foram violadas todas as garantias de carácter constitucional e legal. Estão cumprindo ordens, buscando razões para acusar, para justificar uma prisão preventiva, não para fazer justiça”, manifestou Ochoa.
O Caso Balda e a “inteligência” colombiana
Segundo Balda, o sequestro era uma ordem do então presidente Correa, executada na Colômbia por agentes equatorianos infiltrados, com a ajuda de um oficial de polícia colombiano e incluso delinquentes. No processo já testemunharam ex-funcionários de inteligência equatorianos, como Rommy Vallejo, e o próprio ex-presidente Correa.
Balda vivia na Colômbia desde 2009, quando saiu do Equador fugindo de dois processos legais. O primeiro desses processos foi iniciado pelo próprio ex-presidente Rafael Correa, que o acusou de atentar contra a segurança do Estado. O segundo foi por injurias não graves, impulsado pelo ex-diretor da Unidade Técnica de Seguros, Óscar Herrera, quem Balda acusou de tráfico de influências.
A revista colombiana Semana publicou informação entregue pela Promotoria da Colômbia, em maio deste ano, de que Balda se envolveu com outros três equatorianos: Luis Chicaiza, Wilson Jarrín e Daniela Gaibor. O primeiro se identificou como membro de uma ONG e os outros dois como parte de um movimento político de oposição a Correa.
Os três diziam que participariam no evento da Fundação Internacionalismo Democrático, presidida pelo ex-presidente colombiano Álvaro Uribe. Dois meses depois, vários homens e um policial disfarçado teria feito uma primeira tentativa de deportar Balda ao Equador, mas como sua estância na Colômbia estava regular, a deportação não se concretizou.
A promotoria colombiana explicou que no dia 13 de agosto de 2012, perto das 19h40 Balda caminhava por uma rua do bairro de Cedritos, depois de se despedir de Chicaiza, quando foi interceptado por uma caminhonete na qual quatro homens e uma mulher o subiram à força.
Enquanto isso acontecia, um taxista que serve como testemunha do caso teria chamado a polícia e outros taxistas, que iniciaram uma perseguição que impediu o suposto sequestro. Após a perseguição, os sequestradores teriam escapado, abandonando a caminhoneta e a Balda.
Durante as investigações, as autoridades colombianas encontraram impressões digitais no veículo, com as quais puderam localizar um dos sequestradores (não identificado) em Puerto Tejada, a 301 quilômetros de Bogotá, e essa pessoa teria assegurado que agiu após um telefonema de um amigo, cabo do Exército colombiano (cujo nome tampouco foi sido revelado), quem disse que fosse a Bogotá para “dar uma volta” – termo usado coloquialmente no país. Também disse que lhe haviam prometido um pagamento de 10 mil dólares pelo sequestro.
A promotoria colombiana afirma que a tentativa de sequestro também envolveu agentes de inteligência equatorianos. Os colombianos mostraram que a caminhonete usada no delito foi alugada por Chicaiza (que apareceu nas gravações das câmaras de segurança do hotel Capital acompanhado do cabo de um Exército colombiano que não foi identificado). As autoridades equatorianas confirmaram que era um sargento ativo da Polícia, que forma parte do Departamento Geral de Inteligência do Equador.
Eloy Osvaldo Proaño é analista político equatoriano, investigador do Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)
