Paraguay: Cambian presidente, pero la impunidad y la injusticia perduran/ Paraguai muda de presidente, mas a impunidade e a injustiça continuam
Celso Guanipa Castro|
Un total de 17 muertos y la destitución del presidente constitucional paraguayo Fernando Lugo, fue el resultado legado por la masacre de Curuguaty ocurrida el 15 de junio de 2012, que tras seis años permanece viva en la memoria colectiva de la sociedad en Paraguay.
Once campesinos y seis policías murieron en Curuguaty durante un operativo en el que centenares de agentes acudieron a desalojar a unos 70 labriegos de las tierras públicas Marina Kue, en el departamento de Canindeyú (este), que habían ocupado para pedir su incorporación a la reforma agraria.
En julio de 2016, el tribunal de Asunción a cargo del caso condenó a penas de entre 4 y 30 años de cárcel a 11. La propiedad era reclamada por una empresa privada, Campos Morombí.
“Campesino sin tierra no es campesino. Queremos sembrar frijoles, mandioca y maíz, para que todos puedan comer. Gracias a las personas que nos apoyan ante la injusticia, no lograron y no lograrán matar a nuestros sueños. Nosotros somos presos políticos y queremos que ustedes sean nuestros voceros”, señalaba la carta-exhortación de los campesinos prisioneros en Tacumbú, leída en medio a lágrimas, un año atrás frente al Palacio de Justicia, por la joven Ramona González, esposa de Néstor Castro.
Castro, después de ser alcanzado por un disparo en la cara, fue condenado a 18 años de prisión. Al lado de Ramona, Karina Godoy y la pequeña Alma Vitória – esposa e hija de Arnaldo Quintana, también con condena de 18 años – expresaban el respaldo de las familias a la lucha por “Tierra, Justicia y Libertad”.
Una investigación de la historiadora Margarita Durán Estragó, indica que “quienes invadieron tierras que no les pertenecían, en completa agresión al Estatuto de la Tierra y a la soberanía alimentaria, ha sido (el latifundista) Blas Riquelme, con sus más de 75 mil hectáreas”.
El Servicio Paz y Justicia de Paraguay (Serpaj) recordó que Marina Jue, en guaraní significa “tierras de Marina” y estuvo ocupada entre 1967 y 1999 por una unidad militar, lo que desmiente el principal argumento de Riquelme, propietario de la Campos Morombí, quien afirmó que él ocupaba ese territorio desde hacía 34 años. “Recién cinco años después que la Armada dejó el local, Riquelme comenzó a derrumbar la floresta y cercar la tierra”, señaló Serpaj.
Seis años después del golpe
Los abogados Jorge Bogarín y Raúl Caballero presentaron la última semana ante la Corte Suprema de Justicia un hábeas corpus reparador a favor de María Olmedo y Dolores López, quienes fueron condenadas a seis años de cárcel. Actualmente tienen sus penas compurgadas, pese a que la condena no se encuentra todavía firme.
Lucía Agüero Romero, una de las campesinas condenadas a seis años de prisión por el caso de la masacre de Curuguaty, queda en libertad luego de que Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia haya hecho lugar a un pedido de hábeas corpus, seis años después de su injusta prisión.
En el hecho murieron 11 trabajadores del campo y seis policías. El Congreso emprendió un proceso político contra el presidente constitucional Fernando Lugo, que se desarrolló en un tiempo de cinco días y cuyo juicio se realizó en 24 horas.Al final de la jornada Lugo, elegido popularmente, fue destituido de su cargo en un golpe parlamentario, y el mando interino de la nación lo tomó Federico Franco.
«Hubo un golpe de Estado parlamentario en el que los argumentos para un juicio político no tienen ningún valor y fueron rebatidos ampliamente por los defensores», denunció en su momento Lugo.
El mandatario interino optó por dejar las investigaciones del caso en mano de la Fiscalía y desactivó una comisión de investigación que habría formado Lugo que contaba con la ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Luego de varios meses de investigación el Ministerio Público acusó a 12 campesinos (entre ellos tres mujeres, dos embarazadas) de haber perpetrado los asesinatos, de los cuales fueron condenados cinco por los delitos de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal el 11 de julio de 2016, con condenas que variaban entre los cuatro y 30 años de prisión.
De acuerdo con el integrante de la Organización No Gubernamental (ONG) Articulación Curuguaty, Rogelio Ocampo en las investigaciones la Fiscalía solo tomó en cuenta los testimonios de 84 policías, dejando de lado a los campesinos. No se realizaron los peritajes correspondientes, ni estudios de balística para comprobar quién mató a los policías.
Como consecuencia de estos hechos, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras instancias de esta institución emitieron duras observaciones tanto a la justicia como al Gobierno paraguayo en marzo de 2013. Entre las observaciones se solicitaba al Estado investigar el caso de manera «independiente e imparcial».
A esta sugerencia, la Cancillería paraguaya respondió, a través de un comunicado, que los únicos responsables de investigar los hechos sucedidos en Curuguaty y juzgar a los implicados eran el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) procedió a tramitar la P-1950-14 (un pedido de respaldo de calidad de «amicus curiae), pedido que el Estado paraguayo solo procedió a plantear una excepción de agotamiento de recursos internos, negándose a entrar a fondo en el caso.
Esta fue la respuesta a la demanda interpuesta ante la instancia en 2014 en la que se acusa al Estado paraguayo por violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: derecho a un proceso con garantías judiciales y derecho de acceso a la justicia.
Cambia el Presidente, en el continuismo colorado y nada hace pensar que Abdo Benítez cambie la política del establishment paraguayo, de condenar a las víctimas para favorecer a los latifundistas.
*Periodista y politólogo paraguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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Paraguai muda de presidente, mas a impunidade e a injustiça continuam
Por Celso Guanipa Castro
Um total de 17 mortos e a destituição do presidente constitucional Fernando Lugo, foi o resultado deixado pelo massacre de Curuguaty ocorrido no dia 15 de junho de 2012, que permanece vivo na memória coletiva da sociedade no Paraguai, após seis anos.
Onze camponeses e seis policiais morreram em Curuguaty durante um operativo no qual centenas de agentes foram acionados para expulsar 70 trabalhadores rurais das terras públicas de Marina Kue, no departamento de Canindeyú (região leste do país), que haviam ocupado para pedir sua incorporação à reforma agrária.
Em julho de 2016, o Tribunal de Assunção, encarregado do caso, condenou 11 camponeses a penas de entre 4 e 30 anos de prisão. A propriedade era reclamada pela empresa privada, Campos Morombí.
“Um camponês sem terra não é camponês. Queremos semear feijões, mandioca e milho, para que todos possam comer. Obrigado às pessoas que nos apoiam na luta contra esta injustiça. Não conseguiram e não conseguirão matar os nossos sonhos. Nós somos presos políticos e queremos que vocês sejam os nossos porta-vozes”, diz a carta escrita pelos trabalhadores detidos na Penitenciária de Tacumbú, que foi lida entre lágrimas, em frente ao Palácio de Justiça, pela jovem Ramona González, esposa de Néstor Castro.
Castro, depois de atingido por um disparo no rosto, foi condenado a 18 anos de prisão. Ao lado de Ramona, Karina Godoy e a pequena Alma Vitória – esposa e filha de Arnaldo Quintana, também condenado a 18 anos – expressavam o respaldo das famílias à luta por “terra, justiça e liberdade”.
Uma investigação da historiadora Margarita Durán Estragó, indica que “quem invadiu terras que não lhe pertencem, em completa agressão ao Estatuto da Terra e aos instrutivos de soberania alimentar, foi o latifundiário Blas Riquelme, com seus mais de 75 mil hectares”.
O Serviço pela Paz e Justiça do Paraguai (Serpaj) recordou que Marina Kue, em guarani significa “terras de marina”. Os terrenos estiveram ocupados por uma unidade militar entre 1967 e 1999, o que desmente o principal argumento de Riquelme, proprietário da empresa Campos Morombí, que afirmou que ele ocupava esse território há 34 anos. “Recentemente, cinco anos depois que a Marinha deixou o local, Riquelme começou a derrubar a floresta e cercar a terra”, relata o documento do Serpaj.
Seis anos depois do golpe
Os advogados Jorge Bogarín e Raúl Caballero apresentaram recentemente na Corte Suprema de Justiça um pedido de habeas corpus reparador a favor de María Olmedo e Dolores López, que foram condenadas a seis anos de prisão. Elas tiveram suas penas diminuídas, apesar de condenação ainda se encontrar vigente.
Lucía Agüero Romero, uma das camponesas condenadas a seis anos de prisão pelo caso, ficou em liberdade após a Sala Penal da Corte Suprema de Justiça aceitar o pedido de habeas corpus, seis anos depois de sua injusta prisão.
Após o massacre de Curuguaty, o Congresso paraguaio iniciou um processo político contra o presidente constitucional Fernando Lugo, que se desenvolveu em apenas cinco dias e cujo juízo se realizou em 24 horas. No final da jornada Lugo foi destituído do cargo, em um golpe parlamentar que terminou com a chegada do seu vice, Federico Franco, ao poder.
“Houve um golpe de Estado parlamentar, cujos argumentos para um juízo político não têm nenhum valor, e foram rebatidos amplamente pelos defensores”, denunciou Lugo.
Como mandatário interino, Franco optou por deixar as investigações do caso nas mãos da Promotoria, e desativou uma comissão de investigação que havia sido formada por Lugo, que contava com a ajuda da Organização dos Estados Americanos (OEA).
Após vários meses de investigação, o Ministério Público acusou 12 camponeses (entre eles três mulheres, duas delas grávidas) pelos assassinatos – os quais cinco foram considerados pela sentença como homicídios dolosos. A condenação também incluiu os crimes de invasão de imóvel alheio e associação ilícita. As penas variaram entre 4 e 30 anos de prisão.
De acordo com o integrante da ONG Articulação Curuguaty, Rogelio Ocampo, as investigações da Promotoria só validou os testemunhos de 84 policiais, deixando de lado os camponeses. Não se realizaram perícias nem estudos de balística para comprovar quem matou os policiais.
Como consequência destes fatos, o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) e outras instâncias desta instituição emitiram, em março de 2013, duras observações tanto com respeito à Justiça quanto ao governo paraguaio. Entre as observações estava uma solicitação ao Estado, para investigar o caso de forma “independente e imparcial”.
A chancelaria paraguaia respondeu essa sugestão através de um comunicado, dizendo que os únicos responsáveis por investigar os fatos sucedidos em Curuguaty e julgar os implicados eram o Ministério Público e o Poder Judiciário.
Por sua parte, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) procedeu a tramitar a P-1950-14, um pedido para que o Estado paraguaio intervir no caso, mas este somente aceitou um instrutivo de exceção de esgotamento de recursos internos, negando-se a entrar no problema de fundo do caso.
Esta foi a resposta à demanda interposta em 2014, na que o Estado paraguaio é acusado por violação da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, por impedir o direito a um processo com garantias judiciais e direito de acesso pleno à Justiça.
Muda o presidente, mas o continuísmo colorado se mantém vigente, e nada leva a pensar que Abdo Benítez vai alterar a política do establishment paraguaio, de condenar as vítimas para favorecer os latifundiários.
Celso Guanipa Castro é jornalista e cientista político paraguaio, do Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)
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