Los militares jugaron su carta: mandan a Lula a prisión
Juraima Almeida-CLAE
El juez federal Sergio Moro decretó este jueves la prisión del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, después que en una ajustada votación decidida en la madrugada por seis votos contra cinco, el Supremo Tribunal Federal brasileño, con el doble voto de su presidenta Carmen Lucía, rechazó el hábeas corpus.
Lula fue condenado a mediados de enero a 12 años y un mes de cárcel por haber recibido supuestamente un apartamento de lujo de una constructora que buscaba obtener contratos en Petrobras. La Corte Suprema de Brasil rechazó un habeas corpus con el que quería mantener su libertad, por lo que una orden de detención en contra era inminente.
Moro, emblema del golpe y de la operación Lava Jato, indicó en su decisión que le concede a Lula, “en consideración de la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente ante la Policía Federal de Curitiba antes de mañana viernes a las 17 horas
Si bien el ataque armado contra la caravana de Lula la semana pasada en Paraná fue un punto de inflexión en el uso de la violencia política de cara a las elecciones de octubre, la embestida de los militares marcó una nueva etapa del golpe -una herramienta mediático-policial-judicial- que derrocó a Dilma Rousseff hace dos años, ahora cuenta con el apoyo militante del partido militar, que se sacó la careta.
Hoy se puede asegurar que fue y es un golpe cívico-militar, con la diferencia que esta vez los uniformados no dieron la cara desde el principio. Junto a los políticos corruptos, la policía federal, los fiscales y jueces está el poder fáctico de Brasil: directivos del la monopólica Red Globo, el banco Itaú, Gol, la constructora MRV, Electrobras, Mittal Aceros, entre tantos otros: los grandes medios, las grandes empresas, los grandes bancos, los mismos que dirigieron el golpe parlamentario de 2016 contra Dilma Rousseff.
No es solo el fallo sino las cincunstancias en que se dio lo que hoy cierra el cerco político alrededor no solo de Lula sino de todo el sector progresista y democrático del país. Las élites recurren a la violencia directa. Los nueve tiros contra la concejal de Río Marielle Franco dejaron en claro que era un asesinato profesional, una advertencia.
Es una fantástica farsa jurídica alrededor de un departamento que nunca fue propiedad de Lula. Con eso se generó un proceso absurdo, sin pruebas, con una condena en base a las “convicciones” de quienes lo tratan como enemigo político. Si Lula fuese preso se entraría en un período todavía más turbulento de la vida política brasileña, advirtió el intelectual Emir Sader. Sin crimen ni pruebas ni hábeas corpus
Mientras, el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) anunció que defenderá en todas las instancias la candidatura presidencial del ex mandatario y sostuvo que la Corte Suprema «rasgó la Constitución» al rechazar por 6 a 5 un hábeas corpus para evitar su detención.
En los últimos días la tensión había crecido en Brasil, de la mano de la inquietud de la derecha brasileña que, tras imponer en la agenda política la posibilidad de la prisión de Lula, descontando la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Pero un conteo preliminar daba empate, lo que significaba un quiebre del consenso por una condena sin crimen ni pruebas, que se había impuesto hasta ese momento.
La presión y no solo quedaba en manos de los golpistas alineados en el Congreso y en el Palacio de gobierno, los medios de comunicación hegemónicos y el aparato policial-judicial, sino que se hizo más patente cuando el mismo comandante del Ejército, Eduardo Villas Boas, se manifestó a favor de la prisión de Lula en un comunicado en el atacó la “impunidad” y dijo estar junto a la “gente de bien”, tras el pedido de intervención militar del general de la reserva Schroeder Lessa.
El capitán retirado, diputado y precandidato presidencial ultrderechista Jair Bolsonaro, posible ganador en unas elecciones sin Lula, reconoció que el pronunciamiento filogolpista del general Villas Boas pudo haber tenido influencia y respaldó al “partido del Ejército que se llama Brasil”. Los del gobierno surgido a raíz del golpe institucional no tienen un candidato viable y el empresariado y los dueños del capital lo saben.
No existe juicio legal, sino una despiadada persecución política, basada en el uso unilateral de leyes para la perseguir a adversarios políticos, lo que ahora se llama lawfare , encabezada por el juez Sergio Moro, quien también tienen sus apetencias presidenciales.
Se esperaba que el arresto de Lula no fuera inmediato porque aún había margen para que sus abogados solicitaran la revisión a de algunos puntos del fallo. Roberto Batochio, defensor del ex presidente anunció que pedirá al tribunal que se garantizara la libertad de Lula hasta que el STF se expidiera acerca de la constitucionalidad de encarcelar a una persona antes de que se agoten las instancias jurídicas, o sea la cuestión de fondo, sobre la cual la corte no se pronunciado.
Si bien el revés en la Justicia no impedía que Lula continuara con las caravanas por el interior del país ni su campaña hacia las elecciones del 7 de octubre, en las que se perfila como favorito con entre el 35 y el 38 por ciento de respaldo, la decisión de encarcelarlo termina con esas posibilidades.
Pero lo cierto es que Lula no tiene relevo y durante doce años de gobierno del PT no se construyó una alternativa. Ningún dirigente del PT tiene fuerza como candidato. Si la Justicia Electoral le cierra el camino, el 15 de agosto, el dedo de Lula deberá decidir el recambio para tratar de recuperar los derechos sociales que se están perdiendo con el gobierno de facto de Michel Temer.
* Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la). Traducción de Betinho Sodré.
