Camilo Rengifo Marín- CLAE|

Aunque la fiscalía asegura que en el ataque contra el candidato presidencial izquierdista Gustavo Petro, el 2 de marzo en Cúcuta, no se utilizaron armas de fuego, las luces de alerta siguen encendidas en un país que durante 70 años el asesinato político ha sido una de las tradiciones de un poder fáctico amparado por la impunidad.

Hasta hace algunas semanas Petro era considerado por analistas como un instrumento artificialmente inflado con encuestas dieñadas a gusto de grandes jugadores electorales para meter miedo a los ricos y las clases medias presas de un pánico patológico, para agudizar el fascismo social, como lo caracteriza Boaventura de Sousa Santos, entre los segmentos más pobres y miserables.

La narrativa utilizada para el efecto es la de castrochavismo y petrochavismo, la venezuelización de Colombia por Petro en caso de llegar a ser elegido como Presidente. Sin embargo, las cosas parecen tener otro cariz. A estas alturas de la campaña, con Petro posicionado en la punta de las encuestas y de varios sondeos, su figura y liderazgo tomó otro rumbo, se agigantó y, por ende, su persona comenzó a correr más peligro.

El analista Horacio Duque afirma que Petro adquirió una consistente dimensión política, se volvió una razón social muy potente, alcanzó la forma de un avatar popular en el que se cuelan todas las rabias, todas la indignación acumulada, todas las demandas más sensibles de los pobres, de los trabajadores, de los indígenas, de los afros, mujeres, maestros, jóvenes, ambientalistas, LGBTI etc.

Lo cierto es que el asesinato político en Colombia, tiene trágicos antecedentes y para no remontarnos a  la época de la independencia es a partir del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, que una y otra vez, por setenta años, el método que ha usado la “democrática” oligarquía burguesa colombiana para frenar a los candidatos adversarios –los populares- ha sido su eliminación física. Muchas veces con guión redactado en Washington, claro.

Gaitán fue asesinado por su compromiso con la reforma agraria, y porque se declaró a favor de la nacionalización de sectores decisivos de la economía, como los bancos. Pero el asesinato de líderes populares no paró ahí: el 11 de octubre de 1987 fue asesinado Jaime Pardo Leal, dirigente de la Unión Patriótica (UP), quien como candidato presidencial en 1986 había obtenido una cifra récord de votos.

Casi dos años después, el 18 de agosto de 1989 “Popeye”, un sicario del narcotraficante Pablo Escobar, asesinó al candidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán, que era el favorito según las encuestas y el  22 de marzo de 1990 a Bernardo Jaramillo, que se sumó a la masacre de 11 congresistas y miles de militantes de la UP y el Partido Comunista Colombiano.

En ese momento, el ex movimiento guerrillero M19 (del cual Petro era militante), competía por primera vez en elecciones por la presidencia, y su candidato Carlos Pizarro Leongómez fue ametrallado dentro de un avión el 26 de abril de 1990. Veinte años después, en 2010, se determinó que funcionarios de la policía política DAS, entre ellos su exdirector, fueron partícipes del crimen.

Popeye”, quien acompaña al Centro Democrático, recientemente celebró el asesinato de Carlos Pizarro, asegurando que “si Carlos Castaño no lo mataba, hoy Colombia sería otra Venezuela”…

Manuel Cepeda Vargas, ex secretario de la Juventud Comunista y director del semanario Voz, fue asesinado el 9 de agosto de 1994 por suboficiales retirados del Ejército. Contra la vida de Aída Avella también se atentó obligándola a salir del país.

Los ultraderechistas Cambio Radical, Centro Democrático, y el propio presidente Juan Manuel Santos, junto con los medios hegemónicos de comunicación como Caracol y RCN, han tratado de imponer en el imaginario colectivo de que Venezuela es una dictadura castrochavista, y que todos las personas, grupos y partidos de izquierda, incluyendo a Gustavo Petro, son castrochavistas, y por ende, como decía Popeye, hay que detener la amenaza de que Colombia se convierta en una nueva Venezuela.

Mientras sigue la campaña presidencial, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos siguen siendo asesinados sistemáticamente en Colombia, con la impunidad brindada por el poder fáctico. En lo que va del 2018 se registraron 40 asesinatos, más de uno cada dos días– entre los que se destacan líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes e integrantes del nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Algunos de los líderes asesinados desarrollaban actividades relacionadas con la restitución de tierras, sustitución de cultivos ilícitos, oposición a proyectos minero energéticos, defensa de los derechos humanos, defensa del territorio y del medio ambiente.

La Fiscalía General reportó 2.292 personas inhumadas como no identificadas solamente en cinco cementerios de los llanos orientales. En promedio se restituyeron 15 cuerpos por año, lo cual indica que hacen falta 144 años para entregar dignamente el total de los cuerpos inhumados tan sólo en estos cinco cementerios. Encontrar e identificar a todos los desaparecidos de Colombia podría durar un milenio.

Los esfuerzos de los medios hegemónicos por enlodar y degradar la figura del exalcalde bogotano parece haber sido contraproducente para el establishment. Petro hoy representa la memoria histórica acumulada, en el camino de la paz y la justicia social. Por ahora va esquivando las balas…

*Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE,www. estrategia.la )

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EN PORTUGUES

70 anos de assassinatos políticos

Por Camilo Rengifo Marín

 

Embora a promotoria assegure que não foram utilizadas armas de fogo no ataque contra o candidato presidencial progressista Gustavo Petro – que aconteceu no dia 2 de março, na cidade de Cúcuta – ainda estão acesas as luzes de alerta, num país em que os assassinatos políticos foi uma das tradições do poder fático durante cerca de 70 anos, sempre amparado pela impunidade.

Há algumas semanas, Petro era considerado, por certos analistas como um instrumento artificialmente inflado com pesquisas desenhadas pelos grandes jogadores eleitorais para meter medo nos ricos e nas classes médias que sofrem de um pânico patológico, para agudizar o fascismo social – como descreve Boaventura de Sousa Santos – contra os segmentos mais pobres e miseráveis.

A narrativa utilizada para buscar esse efeito é “castrochavismo”, e agora “petrochavismo”, ou a “venezuelização da Colômbia” caso Petro seja eleito presidente. Entretanto, as coisas parecem seguir por outro caminho. A estas alturas da campanha, com Petro posicionado como líder de várias pesquisas, sua candidatura tomou outro rumo, se agigantou, e por isso sua pessoa começou a correr mais perigo.

O analista Horacio Duque afirma que Petro adquiriu uma consistente dimensão política, se tornou uma razão social muito potente, alcançou a forma de um avatar popular no que absorve todas as raivas, todas a indignação acumulada, todas as demandas mais sensíveis dos pobres, dos trabalhadores, dos indígenas, dos afros, das mulheres, dos professores, dos jovens, dos ambientalistas, da comunidade LGBTI etc. Por isso, por se tornar uma opção eleitoral realmente viável contra o establishment, sua vida corre riscos.

A Colômbia possui um longo e trágico histórico de assassinatos políticos. Para não voltar tanto no tempo – poderíamos começar contando desde a época da independência – vamos partir de uma data não tão distante, com o magnicídio de Jorge Eliécer Gaitán, em 9 de abril de 1948. Desde aquele então, o método usado pela “democrática” oligarquia burguesa colombiana para frear os candidatos adversários – especialmente os ligados aos movimentos populares – é o da sua eliminação física. Muitas vezes com roteiro escrito em Washington, claro.

Gaitán foi assassinado por seu compromisso com a reforma agrária, e porque se declarou a favor da nacionalização de setores decisivos da economia, como os bancos. O assassinato de líderes populares não parou por aí: em 11 de outubro de 1987 houve um atentado fatal contra Jaime Pardo Leal, dirigente da União Patriótica (UP), que havia obtido votação recorde na eleição presidencial do ano anterior.

Quase dois anos depois, em 18 de agosto de 1989, um atirador de apelido “Popeye”, ligado ao narcotraficante Pablo Escobar, assassinou o candidato do Partido Liberal, Luis Carlos Galán, que era o favorito nas pesquisas naquele então. Pouco tempos depois, em 22 de março de 1990, Bernardo Jaramillo ingressou à lista de vítimas do massacre de 11 congressistas e milhares de militantes da UP e do Partido Comunista Colombiano.

Naquele então, o antigo movimento guerrilheiro M19 (do qual Petro era militante), competia pela primeira vez nas eleições pela presidência, e seu candidato, Carlos Pizarro Leongómez, foi metralhado dentro de um avião, no dia 26 de abril de 1990. Vinte anos depois, a Justiça determinou que funcionários da polícia política DAS, entre eles seu ex-diretor, estavam envolvidos no crime.

“Popeye”, que hoje é militante da coalizão ultradireitista Centro Democrático, recordou recentemente o assassinato de Pizarro, em tom de celebração, afirmando que “se Carlos Castaño não o matava, hoje a Colômbia seria outra Venezuela”.

Manuel Cepeda Vargas, ex-secretário da Juventude Comunista e diretor do semanário Voz, foi assassinado em 9 de agosto de 1994, por suboficiais aposentados do Exército. Também houve atentados contra a vida da líder política Aída Avella, que a obrigaram a fugir do país.

As coligações ultradireitistas como a Mudança Radical e o Centro Democrático, assim como o próprio presidente Juan Manuel Santos, em parceria com meios de comunicação hegemônicos como Caracol e RCN, tentam impor um imaginário coletivo de que a Venezuela é uma ditadura castrochavista, e que todas as pessoas, grupos e partidos de esquerda, incluindo o candidato Gustavo Petro, são castrochavistas. Assim, como dizia o atirador “Popeye”, fica mais fácil justificar a necessidade de destruir a ameaça de que a Colômbia se transforme numa nova Venezuela.

Mesmo durante a atual campanha presidencial há casos de líderes sociais e defensores de Direitos Humanos assassinados, de forma sistemática, e novamente com a garantia de impunidade outorgada pelo poder fático. Este 2018 já registrou 40 assassinatos com essas características, mais de um a cada dois dias. Entre as vítimas, se destacam líderes camponeses, indígenas, afrodescendentes e integrantes do novo partido Força Alternativa Revolucionária do Comum (FARC).

Alguns dos líderes assassinados participavam de atividades relacionadas à restituição de terras, substituição de cultivos ilícitos, oposição a projetos mineiro energéticos, defesa dos direitos humanos, defesa do território e do meio ambiente

A Promotoria Geral registrou 2,3 mil corpos não identificados, enterrados irregularmente em cinco cemitérios da capital. Em média, os serviços médicos legais conseguem recuperar a identidade de 15 corpos por ano. Nesse ritmo, faltaria 144 anos para identificar a todos, considerando somente os desses cinco cemitérios. Se pensamos em todos os desaparecidos da Colômbia, a missão poderia durar um milênio.

Contudo, os esforços da imprensa hegemônica por degradar a imagem do ex-prefeito de Bogotá Gustavo Petro parecem ser contraproducentes. Ele hoje representa a memória histórica acumulada, no caminho da paz e da justiça social. Por enquanto, vai conseguindo se esquivar das balas. Ás vezes literalmente.

Camilo Rengifo Marín é economista e acadêmico colombiano, investigador do Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)

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