El genocidio uribista: 6.402 asesinatos disfrazados de muertes en combate

Camilo Rengifo Marín|

El informe de la Jurisdicción Espcial de Paz, Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado, los mal llamados “falsos positivos”, señala que durante el gobierno de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2008, fueron asesinadas 6.402 personas, una política implementada por cuatro ministros de Defensa, entre ellos la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el exmandatario Juan Manuel Santos.

El Tribunal de Paz indicó que, de acuerdo con los análisis que ha hecho a partir de los informes de las organizaciones sociales y entidades gubernamentales, durante 2002 y 2008, fueron asesinadas 6.402 personas, 4.154 casos más que los registrados por la Fiscalía General de la Nación entre 1988 y 2014. Del trabajo se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se sostenía. Casi todas las muertes ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe. 

Aunque el alto mando militar, la prensa hegemónica y la derecha en el gobierno siempre negaran que se tratara de una práctica sistemática, un genocidio, algunos oficiales y soldados ya confesaron su participación en los crímenes. Hasta ahora, el tribunal de paz no emitió ninguna condena desde su entrada en función en 2018.

«Esperamos que este ejercicio permita identificar a los máximos responsables, es decir a quienes diseñaron la estrategia y dieron la orden para que las unidades militares la implementaran de manera sistemática y atroz», señaló Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

La JEP manifiestó que del total de casos de “falsos positivos” que se reportaron ante la magistratura, el 78% se presentó durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sólo en 2008 se reportaron 792 asesinatos de este tipo, mientras que en 2009 la cifra se redujo a 172, significando así una tendencia a la baja desde ese año en adelante para las cifras dentro del macrocaso.

Antioquia, Meta, Caquetá, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Casanare, La Guajira y Cauca fueron los departamentos con mayores casos entre 2002 y 2008, según la JEP, en coordinación con cifras recolectadas por entidades como el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU).

Los falsos positivos salpican a alrededor de 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos (en general los vestían con ropas de guerrilleros antes de sepultarlos) para así presentar mejores resultados a sus superiores. Las víctimas de esa maquinaria macabra fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se replicó en zonas urbanas, personas en situación de calle, trabajadores informales e incluso discapacitados.

Entre las más de 220 diligencias de la JEP en este caso declararon el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército y el general retirado Paulino Coronado, así como 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos, 10 oficiales con rango de Mayor y siete con rango de coronel.

Gracias a estas diligencias el tribunal de paz pudo recuperar los cuerpos de 71 personas que fueron presentados como bajas en combate por parte de agentes del Estado en el departamento de Antioquia.

La JEP ha sido enfática en que los datos son solo su apuesta para priorizar los casos y así avanzar rápidamente, y que todavía no está imputando hechos. Se espera que la acusación contra los mandos militares esté lista para el segundo semestre de este año.

Esta cifra no es definitiva y que seguirá contrastando los informes presentados por las partes que se ha estado actualizando con los nuevos hechos identificados a raíz de las versiones voluntarias de compareciente y los datos provenientes de la Justicia Militar.

“El 66% total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos los territorios priorizado” durante los años 2002 y 2008 bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, afirmó la JEP. En ese lapso el país tuvo cuatro ministros de Defensa: Marta Lucía Ramírez, Jorge Alberto Uribe, Camilo Ospina y quien lo sucediera en la presidencia, Juan Manuel Santos.

Para el genocida Uribe, la información evaluada es sesgada porque fue marcada por organizaciones con “orientación política y enemigas declaradas de mi gobierno”. «No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o
indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos, que como Gobernador y Presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas», dijo Uribe.

Los socios del genocidio

La primera en asumir el cargo como ministra de Defensa de uribe fue la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, entre 2002 y 2003, periodo en el cual, según la gráfica de la JEP los casos estuvieron entre los 500 y 600 al año. Bajo el liderazgo de Ramírez se da un indicador en el plan estratégico del sector Defensa para mostrar resultados: número de terroristas a dar de baja en el año. Ese indicador es transmitido a todas las Fuerzas Militares y a la Policía.

Según el investigador Omar Eduardo Rojas Bolaños, “los ‘falsos positivos’ comienzan a darse cuando llega Marta Lucía Ramírez al Ministerio de Defensa. Uribe le da la orden a Marta Lucía, que comience una mayor alianza con la Fuerza Pública, y el primer ‘falso positivo’ de esa envergadura se da con un asesinato bajo las órdenes del coronel Hernán Mejía en octubre de 2002, como comandante del Batallón la Popa”.

Luego, Uribe nombró a Jorge Alberto Uribe, quien estuvo de 2003 al 2005, donde según la JEP, los casos de falsos positivos seguían en ascenso, registrando en 2004 cerca de mil víctimas. En 2005, el ministro renunció por una moción de censura en su contra por las bajas de soldados por ataques de la guerrilla, debate que lo debilitó al mando de las fuerzas militares.Ese mismo año fue nombrado Camilo Ospina.

Éste, en poco tiempo firmó la famosa directiva ministerial 029 de 2005, que divulgó el periodista Félix de Bedout, donde se ofrecía una recompensa –de hasta tres millones de pesos- a los militares por cada guerrillero o paramilitar muerto, lo que habría impulsado a diferentes brigadas del Ejército a cometer ejecuciones extrajudiciales.

En 2006, se registraron más de 1.200 casos y el punto más alto de esta práctica se vivió en 2007, cuando el expresidente Juan Manuel Santos ya estaba a cargo de las fuerzas militares. En 2018, Santos comentó en una entrevista en Noticias Caracol,  que cuando empezó en su primer mandato comenzó a conocer los miles de casos de civiles que fueron ejecutados por militares para ser presentados como guerrilleros muertos en combate.

“A mí me dolió muchísimo descubrir eso (los falsos positivos) y por eso los acabamos de ipso facto. Eso fue un esfuerzo para cambiar la doctrina, comenzamos a exigir desmovilizaciones, luego capturas y en última instancia, muertos”, dijo entonces quien firmó el incumplido acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.

Pero con Santos como ministro de Defensa entre 2006 y 2009 fue cuando los casos aumentaron de manera exponencial, según lo constató la JEP. El año de mayor cantidad de víctimas fue el  2007. Moraleja: Santos recibió el Premio Nobel de la Paz (¿de los sepulcros?)

¿Justicia?

Las víctimas de este genocidio tienen sentimientos encontrados, pero todas coinciden en que este nuevo panorama “prueba que la Seguridad Democrática fue una política criminal”. Algunas creen que la priorización de los territorios y la rigurosidad metodológica para armonizar cifras de distintas organizaciones sociales permitirán que en poco tiempo se conozcan más relatos de verdad y la JEP pueda frenar la impunidad que se ha gestado en la justicia ordinaria durante décadas.

Pero otros grupos señalan  que mientras no haya mayores reconocimientos en casos individuales de los máximos responsables será difícil creer que se hará justicia.

Jacqueline Castillo, directora general del colectivo Madres de Falsos Positivos (Mafapo), asegura que el documento del Tribunal de Paz “es gratificante, pues es una evidencia contundente de que estos asesinatos fueron sistemáticos y generalizados, bajo el ala criminal de un gobierno que vendía ideas falsas de seguridad a cambio de beneficios para quienes entregaran resultados macabros”.

Añade que el consolidado de estas cifras demuestra que sus denuncias han trascendido hasta el punto que el Estado, que antes ignoraba sus reclamos, hoy esté priorizando sus casos. “Aunque los mismos magistrados nos hayan dicho de frente que no pueden tomar caso por caso, porque eso les tomaría toda la vida, este auto marca un precedente que nos trazará un camino para saber quiénes dieron las ordenes y se haga justicia”.

Nora Pulgarín, hermana de Humberto León Pulgarín, campesino asesinado por la IV Brigada del Ejército Nacional en 2006, ingtegrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), insiste en que los más de 9.000 casos registrados por la JEP serán pesquisas claves para llegar a un número más preciso que dibuje la magnitud de este delito que se registra desde hace 40 años.

“Era un secreto a voces que estas ejecuciones eran sistemáticas. Sin embargo, es diferente que lo diga yo a que lo haga un cuerpo de justicia como la JEP. Entendemos que esto no comenzó con el expresidente Álvaro Uribe, a sabiendas de que su responsabilidad con estos crímenes es clara y que se presentaron en su mandato más crímenes. Hay registros desde 1980 y claro que esto supone que la guerra dejó más de 10.000 casos de mal llamados “falsos positivos”, explica..

Justamente, Organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo José Alvear Restrepo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, el Movice y Comité de Solidaridad con los Presos Políticos indicaron que dentro de las recomendaciones que harán a la JEP es que se determinen primero las responsabilidades de los altos mandos militares.

Mientras, Martha Giraldo, hija de José Orlando Giraldo, asesinado por miembros del Batallón de Alta Montaña Nº 3 en zona rural de Cali, indicó que todos los altos mandos militares de las divisiones involucradas deben ser obligados a responder ante la JEP, para armar los relatos que, está convencida, le ayudarán a sanar. “Fueron criminales de Estado y se escudaron en una supuesta política de seguridad; engañaron al país”, afirmó.

Alejandro Restrepo, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, confía en que la JEP «pueda avanzar en el esclarecimiento de la responsabilidad judicial» pese a que el tribunal de paz «tiene una batalla muy difícil que librar contra los sectores que hoy están en el gobierno y han emprendido una guerra directa contra los procesos de justicia».

 

* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)