Horacio Rovelli
Es obvio que el problema grave que enfrenta el desgobierno de Javier Milei, pese a que ingresaron 12.000 millones de dólares del FMI y 1.300 millones del Banco Mundial, es la falta de dólares para afrontar el pago de intereses y demostrar solvencia para refinanciar vencimientos de capital de la deuda en lo que resta de la gestión.
El capital más concentrado tiene objetivos claros, programas e instrumentos para lo que quiere hacer en el país. Sabe de la importancia de Vaca Muerta y las demás vetas hidrocarburíferas de la Argentina, el litio, los minerales raros, el cobre, el oro, la plata, etcétera. No sabe, en cambio, cómo implementar el pago de la deuda (expandida por el carry trade) y un dólar que permita invertir en la producción.
El equipo del ministro Luis Caputo se ahoga en el presente y en el corto plazo por la falta de dólares para cumplir con los pagos. El 9 de julio debe afrontar vencimientos de capital e interés por 4.500 millones de dólares con el FMI y los bonistas. Y en la ampliación del acuerdo con el FMI se acordó que las reservas internacionales del Banco Central se incrementaban en 4.700 millones antes del 13 de junio.
En lo inmediato, utilizan hasta el cansancio las LECAPs y NOCAPs, letras y notas capitalizables que abonan el interés al final. Pero ese final es cada vez en menos tiempo. En la licitación del 14 de mayo, las LECAPs con vencimiento 30 de junio y 31 de julio de 2025 se llevaron la mayor parte de los fondos, prácticamente dos tercios del total de títulos colocados, demostrando claramente que en el mercado local confían que el Tesoro va a poder hacer frente a los pagos de vencimientos en esas fechas. Pero dudan sobre el después, tanto en las tasas y la inflación esperada (que infieren mayor) como en la cancelación de los vencimientos.
Los alfiles del ministro Luis Caputo, hábiles mesadineristas con escuelas en el JP Morgan y el Deutsche Bank pero que desconocen el derecho de procedimiento y penal tributario argentino, y más aún el acuerdo firmado en 2000 en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), improvisaron una conferencia de prensa el jueves último. Prometieron enviar al Congreso las modificaciones a la Ley Penal Tributaria y a la Ley de Procedimiento Tributario para “levantar los umbrales y disminuir los plazos de prescripción”, y lograr de esa manera que se “blanqueen” los dólares.
Es el objetivo que no lograron con la ley 27.743 de “Medidas fiscales paliativas y relevantes”, que estableció un régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social, permitiendo a los contribuyentes ponerse al día con sus deudas y obtener beneficios como la condonación de intereses y multas, y que incluyó un régimen de regularización de activos para la exteriorización de bienes en el exterior.
El actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el abogado Juan Alberto Pazo, dijo textualmente en esa improvisada conferencia: “Gastá lo que quieras, si querés comprate una casa. Si adherís a este régimen, nosotros no te vamos a mirar el pasado”. Pazo es un funcionario que debe velar por el cumplimiento de las leyes y –mientras no se modifiquen las vigentes– informar el origen de los fondos. Por ende, la suya es una proclama para que la Argentina sea un paraíso fiscal, una jurisdicción offshore donde no importa si el capital proviene del narcotráfico, del contrabando, de la venta ilegal de armas, de la trata de personas, de la fuga de capitales o de cualquier otro negocio ilegal.
Caputo sabe sobre esconder recursos porque antes de ingresar a la función pública fue administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán, jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales.
En la Argentina, en cambio, la ley 11.683 de Procedimientos Fiscales y otras que forman parte del régimen legal tributario
prevén distintas presunciones legales (algunas que admiten prueba en contrario y otras no) sobre el “incremento patrimonial no justificado” y sobre cómo el organismo fiscal puede llegar a realizar la estimación de la materia imponible, normas que su actual administrador no puede desconocer.
Es más, la ley 11.683 establece que cuando se trate de ingresos de fondos provenientes de países de baja o nula tributación, cualquiera sea su naturaleza, concepto o tipo de operación, se considerará que constituyen un “incremento patrimonial no justificado” para el tomador o receptor local.
Por lo tanto, la proclama del equipo de Caputo, denominada “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los argentinos” y vigente desde el 1º de junio, es de dudosa legitimidad y queda reducida a lo siguiente:
- Las administradoras de tarjetas de crédito no le informan más a ARCA sobre las compras que hace una persona usando ese medio de pago;
- Cesa el llamado “Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes”, un sistema de información de la ex AFIP a través del cual los escribanos debían reportar mensualmente determinadas operaciones notariales;
- Los concesionarios de autos usados no deberán reportarle ninguna operación;
- Las administradoras de consorcios no deberán reportar más el pago de expensas;
- Los prestadores de servicios públicos y telefonía no deberán reportar más a ARCA sobre consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía;
- Las entidades financieras no solicitarán las Declaraciones Juradas de impuestos nacionales.
Por lo tanto, su fin es limitar las misiones y funciones del organismo recaudador con el objetivo de que no se declaren operaciones cuyo ingreso de fondos son de origen incierto, acciones que de llevarse a cabo permitirán al menos que Juan Alberto Pazo sea denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Pero como si esa autolimitación no fuera suficiente y por si el blanqueo encubierto fuera menor que el requerido, el equipo de Caputo previó también:
- La emisión de un bono “peso linked”, que estaría nominado en pesos pero se licitaría en dólares, lo que le permitiría al Estado captar moneda extranjera que se sumaría a las reservas del Banco Central;
- Un nuevo REPO (repurchase agreement o contrato de recompra) por 2.000 millones de dólares, que de concretarse se sumaría al único acceso que tuvo este gobierno al crédito internacional: el REPO colocado en enero de 2025 por 1.000 millones de dólares (dieron como garantía BOPREAL por 3.000 millones) a dos años y cuatro meses de plazo y una tasa del 8,8% anual en esa divisa;
- Para cancelar vencimientos de capital de títulos emitidos por entidades financieras locales a partir de mañana, los pagos deberán realizarse al menos 12 meses después de la emisión. De esta manera, el Banco Central busca desalentar que los bancos tomen deuda de muy corto plazo en dólares;
- Permitir a inversores no residentes suscribir títulos del Tesoro directamente con dólares, sin necesidad de liquidarlos previamente en el mercado oficial;
- Establece que los títulos del Tesoro en moneda extranjera deberán tener una duración mínima promedio de 180 días para cumplir con los requisitos normativos. El diseño busca dar previsibilidad al flujo de dólares captados a través de estos instrumentos.
Todo de dudosa legitimidad y violando normas de prevención del lavado de activos, cuyo cumplimiento será reclamado por los países miembros del GAFI.
El programa del gobierno
El capital más concentrado, vale reiterar, tiene objetivos, programas e instrumentos, como la ley 27.742 mal llamada de “Bases y punto de partida…”, realizada por grandes estudios jurídicos, contables e impositivos: Lisicki & Litvin, Bruchou & Funes de Rioja, Marval O’Farell Mairal, KPMG, Price Waterhouse Coopers, Deloitte Argentina, que son a su vez los que certifican y auditan los balances de las grandes empresas y liquidan sus impuestos.
Las provincias argentinas, titulares de sus recursos naturales tras la reforma constitucional de 1994, han adherido a la ley 27.742 que contiene el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), por el cual se genera un modelo extractivista con enclaves económicos amparados bajo jurisdicción extranjera, sustrayéndolos de la justicia nacional. Además se les confiere estabilidad fiscal por 30 años y la libre disponibilidad a partir del quinto de todas las divisas que generen, sin obligación alguna de ingresarlas al país; sin el pago de retenciones o derechos de exportación desde el tercer año de iniciado el proyecto, y sin obligación de abastecer al mercado interno. .
La libre disponibilidad de divisas provenientes de recursos naturales no renovables es un acto criminal de administración fraudulenta, dado que supone un vaciamiento del país, de su patrimonio minero y de hidrocarburos, sin obtener nada a cambio. Los países que gozan de un alto bienestar (por ejemplo, los escandinavos) son los que han logrado acumular Fondos Soberanos de Inversión para compensar esas extracciones de recursos no renovables con una capitalización destinada a las próximas generaciones.
Noruega, considerado el país más igualitario y con mayor calidad de vida del mundo, detenta un Fondo Soberano creado en 1990 en base a las exportaciones de petróleo y gas, con un activo de 1,62 billones de dólares que emplea en educación y formación, en salud y en desarrollo económico y social.
Por la ley 27.742 se privatizan las empresas Enarsa, Nucleoingeniería Arg., YCRT, AySA, Belgrano Cargas, Sofse y Corredores Viales. Así fue refrendado en la ampliación del acuerdo con el FMI firmado por Caputo y Santiago Bausili el 11 de abril último, como máximas autoridades de la economía del país. Esa ley implica también modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo para precarizar las condiciones de empleo mediante una reforma que fragmenta cada vez más el trabajo, que es cada vez más inestable y –como define la economista Ana Rameri– convierte a los trabajadores en “recolectores de ingresos” para la subsistencia.
También anula el sistema de indemnizaciones. Incluso, por la resolución 1066/25 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) del pasado 9 de mayo, se crean los “Fondos de Cese Laboral”, administrados por Fondos Comunes de Inversión o Fideicomisos Financieros, con lo cual deja de cumplirse el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El trabajador ya no recibe una indemnización proporcional a su antigüedad, sino lo que haya acumulado el fondo. Si por cualquier motivo el fondo pierde valor, el empleador no se hace cargo del mismo. El riesgo lo asume el trabajador despedido. La relación laboral, protegida históricamente por el derecho, se convierte en una relación financiera. El trabajador deja de ser sujeto de derechos laborales para pasar a ser un titular de cuota partes.
En el marco de la ley 27.742 se introducen restricciones a las huelgas, apuntando a convalidar una alta tasa de desempleo
que sea funcional al modelo extractivista. Por eso el gobierno nacional, con la publicación del decreto 340/25 la última semana, limita el derecho constitucional a la huelga por parte de las organizaciones sindicales, un intento que ya había hecho en el mega DNU 70/23 con un capítulo laboral que fue declarado inconstitucional en dos instancias judiciales y espera la resolución en la Corte Suprema de Justicia. En el marco del DNU 340/25, por el cual el gobierno desregula el Régimen de la Marina Mercante, introduce restricciones a la huelga declarando servicios esenciales y trascendentales a prácticamente todas las actividades económicas.
Para impulsar el modelo extactivista, además del freno cambiario por carry trade, se facilita todavía más la competencia con los productos de nuestra industria, como lo demuestra la importación textil y la decisión de bajar los aranceles de importación de productos electrónicos, que eran de un 16% y que serán eliminados progresivamente, alcanzando el 0% en enero de 2026. Esto último es enfrentado por los trabajadores de las fábricas de celulares, televisores y aires acondicionados que están sin actividad desde hace una semana. El miércoles se sumaron el transporte y la educación, oponiéndose a los decretos 333/2025 y 334/2025 del gobierno libertario, que buscan “desmantelar” el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.
La AmCham
La voz rectora del plan de gobierno es la de la Cámara de Comercio de Estados Unidos-Argentina (AmCham) a través de su titular Facundo Gómez Minujín (presidente del JP Morgan de la Argentina). AmCham reclama la eliminación del Impuesto a los Ingresos Brutos (principal fuente de recursos propios de las provincias), desfinanciando aún más a las 
administraciones subnacionales (por la coparticipación de Ganancias y la eliminación del IIBB) e incluso a la administración nacional. Y propone reducir el gasto salarial en un sistema similar al de Chile o Perú, que el gobierno de Milei se apresta a realizar.
También afirman que el 94% de las cargas se transportan en camión y que los costos logísticos representan cerca del 30% del valor exportado, el doble que en países como Chile o Perú. En ese marco, piden más inversión en rutas, trenes, puertos, energía y conectividad a cargo del Estado (al que a su vez desfinancian con la reducción de impuestos a las empresas). Por ende, se realizarán como en Chile, con el sistema de concesiones público-privado.
Pero temen el lavado de dinero que el gobierno de Milei propicia para poder juntar dólares y pagar los intereses de la deuda, que implica un porcentaje cada vez mayor del gasto público. Por eso no ven con buenos ojos la maniobra de
- No cumplir con la ley de lavado de activos y con el grupo GAFI;
- No permitir la aprobación de la llamada Ley de Ficha Limpia, y
- El nombramiento de jueces por decreto.
En síntesis
En una situación confusa y no exenta de contradicciones, el equipo de economía dirigido por Luis Caputo pretende seguir adelante en la hegemonía del capital financiero sobre el productivo y el trabajo. Los trabajadores de Tierra de Fuego enfrentan dignamente la reducción arancelaria.
Es hora de que ese ejemplo sea tomado por los trabajadores en conjunto y por las centrales sindicales, y llamar a un paro general ahora. Mañana será tarde y el capital del narcotráfico va a financiar al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, como lo hizo para que sea diputado.
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).