El plan de Trump para Haití

Daniel Kersffeld

El gobierno de Donald Trump ya lo tendría resuelto: quiere que las naciones de América Latina y el Caribe aporten las tropas, mientras que Estados Unidos se encargaría del financiamiento. El objetivo es acallar la violencia que se vive en Haití, el país más pobre del hemisferio y, eventualmente, sustentar el poder de Washington en el cada vez más convulso Mar Caribe.

Para cumplir con esta agenda, y frente a una realidad dominada por la violencia, el hambre y la corrupción, la Casa Blanca ya ha iniciado conversaciones informales con miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la suposición de que, al tratarse de una problemática regional, debería ser desde este organismo internacional que se ensaye una respuesta armada responsable de combatir al crimen organizado que se ha adueñado de la nación caribeña.

La crisis humanitaria y de seguridad que se vive en la ex colonia francesa se sentía ya durante el anterior mandato del caudillo republicano, pero se ha agravado drásticamente desde el homicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Más de 5.600 personas han sido asesinadas durante el último año, y la Organización Internacional para las Migraciones confirma que más de un millón de haitianos son considerados como desplazados internos, un número que se ha triplicado desde 2023. Hoy, más de la mitad de los 12 millones de haitianos necesitan asistencia humanitaria, en tanto que organizaciones armadas como Viv Ansanm y Gran Grif controlan provincias enteras y la casi totalidad de Puerto Príncipe.

Ante la gravedad inusitada que se vive en Haití, intervinieron las Naciones Unidas a través de una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, una propuesta con un origen extremadamente débil por la negativa de varios gobiernos latinoamericanos a actuar en un escenario de extrema violencia y de creciente incertidumbre. Finalmente, en junio de 2023, Kenia aceptó liderar la operación y envió unos 500 agentes de policía a cambio de generosos pagos provenientes de Estados Unidos, mientras que El Salvador, Guatemala, Jamaica y Belice contribuyeron con personal de apoyo.

El involucramiento de la Casa Blanca en una misión destinada al fracaso y que empeoró la crisis humanitaria en Haití generó un amplio rechazo, como el evidenciado por Rusia y China en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU. En cambio, la actual propuesta de Trump apunta a tener un mayor control de la situación pero desde una entidad satélite como la OEA, la que sin embargo no cuenta con un mandato ni con atribuciones directas para encarar una operación de esta naturaleza.

Pese a que durante semanas trascendieron los rumores de que el gobierno analizaba algún tipo de intervención en la nación caribeña, en todo momento se negó la posible implicación de la OEA en este proyecto. Sin embargo, fue el propio Secretario, de Estado Marco Rubio, quien finalmente admitió las negociaciones en curso el pasado martes durante su primer testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Frente a las dudas y la resistencia de algunos gobiernos a comprometerse en una operación de este tenor, la Casa Blanca ha procurado recordar un antecedente clave. En 1965, y con apoyo de varios mandatarios latinoamericanos, se estableció una Fuerza Interamericana de Paz con el despliegue de más de 1700 soldados, encabezados por un general brasileño, para enfrentar una rebelión en República Dominicana. Sin embargo, las circunstancias actuales en Haití son claramente distintas.

Más allá del objetivo declarado de combatir a la inseguridad, Estados Unidos obtendría otro tipo de ganancia. Mediante esta iniciativa, Washington volvería a situar bajo su control a la OEA luego de la elección de sus recientes autoridades (el surinamés Albert Ramdin como Secretario General y la colombiana Laura Gil como su adjunta) desde una amplia alianza de oposición a Trump. Además, la aceptación por la entidad vendría atada a su futuro financiamiento.

Por otro lado, la participación de militares provenientes de países con gobiernos opositores, como Brasil y Colombia, junto a otros combatientes originarios de países aliados a la Casa Blanca, como Argentina, posibilitaría su puesta en común y de manera colaborativa frente a una enorme tragedia humanitaria. Como contraparte militar, el Comando Sur estaría asumiendo la conducción de una empresa que apunta a tener amplias proporciones.

Finalmente, y gracias a un conjunto de mandatarios latinoamericanos, Estados Unidos recuperaría su dominio sobre el Mar Caribe, su tradicional “Mare Nostrum”, en el que conviven diversas expresiones críticas al poder hegemónico y que hoy están representadas por gobiernos como los de Cuba, Venezuela, Colombia y México, sin mencionar además el escenario de inseguridad desbordante en Centroamérica.

Pero el desafío planteado desde los Estados Unidos a las naciones latinoamericanas sería complejo de resolver, no tanto por el enfrentamiento directo contra bandas armadas y con enorme poder de fuego, sino porque es sabido que estas organizaciones consiguen aprovisionarse de recursos militares gracias al incesante tráfico ilegal originado en los puertos marítimos del estado de La Florida, y que abastecen a prácticamente todo el Caribe con armas como rifles AR-15, AK-47 y diversos tipos de pistolas.

Autoridades de la Comunidad del Caribe (CARICOM) dan cuenta de que el 90% de las armas de fuego que se utilizan en esta región son compradas de manera legal en los Estados Unidos a través de intermediarios, y que luego son directamente contrabandeadas en el extranjero, con un precio veinte veces superior, y asociadas a otros tráficos como el de drogas.

Además, el número de armas que ingresa ilegalmente ha aumentado en los últimos años, convirtiendo al Caribe en uno de los escenarios más peligrosos en el uso de armamento letal. De los diez países con las tasas de homicidios más altas en todo el mundo, tres se encuentran en esta región, claro está, exceptuando a Haití: Jamaica, Santa Lucía y las Islas Turcas y Caicos.

El tráfico de armas constituye hoy una problemática subestimada o directamente negada por las autoridades estadounidenses, y que tiene impacto no sólo en Haití, sino también en otros territorios que atraviesan una creciente espiral de violencia, como son los casos de Trinidad y Tobago y de Jamaica (convertido además en un centro operativo para el narcotráfico) y que se han transformado en uno de los principales problemas para el conjunto de naciones que forman parte del CARICOM.

No es casual que, en la guerra contra las armas, las autoridades del Caribe se cuestionen de qué lado se encuentran realmente los Estados Unidos. El nuevo operativo de la OEA para atacar la violencia en Haití con una violencia todavía mayor, e incentivando los flujos del contrabando de armas, podría reactualizar y justificar, una vez más, todo tipo de dudas y preguntas.

*Investigador CONICET – Universidad Torcuato di Tella, analista de Pàgina12