Uruguay: El problema comunicacional de la izquierda

El 17 de febrero de 2025, a días del traspaso presidencial en Uruguay, el diario El País de Montevideo tituló (lo que hizo con frecuencia en los últimos cinco años): “Lacalle Pou cierra su gobierno como el presidente mejor valorado de Sudamérica, según consultora argentina”. El problema central no es la confiabilidad de la encuesta de opinión sino la creación de opinión por parte de los medios dominantes, algo harto estudiado en la academia norteamericana desde hace más de un siglo.

Con trágicas excepciones, una característica histórica de Uruguay ha sido su estabilidad. Uno de los éxitos que se atribuye el gobierno saliente es el crecimiento económico. No obstante, en los últimos años el PIB de Uruguay creció por debajo de países tan distintos como Perú, Brasil, Venezuela o Republica Dominicana. A un precio muy alto: aumentó la deuda pública y las pérdidas del banco del Estado; aumentó la pobreza infantil y se erosionó el equilibrio social, otra de las características más reconocidas del país, aumentando la brecha entre ricos y el resto. A un crecimiento del PIB per cápita corresponde una pérdida de ingresos del 90 por ciento de la población.

Uruguay fue el país con mayor muertos per cápita en el mundo debido a la pandemia (NYT, 14 de mayo de 2021) pero el gobierno vendió la “responsabilidad individual” como un rotundo éxito. A pesar de que en 2024 hubo un cuatro por ciento más de asesinatos que en 2019, el gobierno lo vendió como una exitosa reducción de homicidios.

Por si esta realidad no fuese suficiente para calificar al gobierno de Lacalle Pou como fracaso, se podría agregar la lista más larga de casos de corrupción desde la última dictadura:

El jefe de custodia presidencial y amigo cercano del presidente fue condenado por corrupción, clientelismo, tráfico de influencia y manejo indebido de recursos del Estado. Senadores y sindicalistas fueron espiados por mercenarios contratados por allegados al presidente. Su ministra de Vivienda (esposa del senador y líder del partido militarista Cabildo Abierto) entregó acceso a viviendas públicas a dedo. El presidente defendió a uno de sus senadores más antiguos por ser su amigo, hasta que fue condenado por pedofilia y por usar los recursos del Estado para su práctica deprecatoria de años.

Mientras, otro de los intendentes de su partido compraba favores sexuales a cambio de acceso al gobierno local a través de pasantías. Se privatizó el Puerto de Montevideo. Se registró un incremento del tráfico de drogas por ese y otros puntos de entrada al país. Obligó a Antel, la empresa estatal de telecomunicaciones, a que permita el uso de su fibra óptica, la mejor del continente, para que las empresas privadas compitan con Antel. Su ministro de defensa compró por 22 millones de euros aviones militares obsoletos de España, los que ni siquiera sirvieron para apagar incendios forestales debido a la inutilidad de las aeronaves. Otorgó contratos a empresas privadas sin licitación.

También hubo clientelismo político, contrataciones de militares retirados, cobros inflados en al menos una intendencia de su mismo partido. Cedió a la presión del lobby de la tabacalera Montepaz para flexibilizar las leyes antitabaco de gobiernos anteriores (una denuncia logró revertir este beneficio empresarial) y facilitó préstamos ilícitos a ganaderos.

Sus ministros mintieron en el Parlamento al ser interpelados por la entrega de un pasaporte a un narcotraficante detenido en Dubai por usar un pasaporte paraguayo falso, sabiendo que le estaban haciendo el favor a un conocido y peligroso narcotraficante. Un periodista amigo del presidente entrevistó al beneficiado para su programa de televisión, aunque éste continúa prófugo y buscado por Interpol.

Luego el presidente autorizó el envío de 450 kilos de pescado congelado de Emiratos Árabes por vuelo diplomático y a nombre de su jefe de seguridad. Cuando el pescado fue descubierto en proceso de putrefacción y un periodista le preguntó para “qué era tanto pescado”, el presidente, con su típica obviedad y cinismo de señorito de clase alta, respondió. “Para comerlo”. Es probable que tampoco supiera nada más que esta historia surrealista. La fiscal que reconoció haber protegido al presidente de “una manada inescrupulosa que intentó dañar su imagen” en el proceso de investigación de varios de estos casos, poco después se sumó a la campaña electoral del partido del presidente.

El Financial Times de Londres calificó la serie de escándalos con el narcotráfico, el espionaje político y la corrupción como una amenaza a “la reputación del país como faro de estabilidad en América Latina”. Lo mismo publicaron otros diarios europeos y estadounidenses. El Mundo de España lo resumió: “El oasis de tranquilidad política que suele ser Uruguay en el convulsionado Cono Sur ya no es tal”.

Fue el presidente más caro de América latina, con un salario de 25.000 dólares mensuales (el salario del presidente de Brasil es 6.300). El costo de la residencia presidencial que los presidentes anteriores rechazaron ocupar, ascendió a 400.000 dólares anuales, sin contar con viajes pagos por el Estado para su esposa, lo cual no corresponde por ley ya que en Uruguay no existe la figura de Primera Dama.

Pese a todo su historial de corrupción (o al menos de ingenuidad), una encuestadora lo define como el presidente con mejor imagen en el continente para que la prensa conservadora lo venda como “el mejor presidente”. Tal vez la imagen era lo mejor que tenía y cuidada, como su costosa y obsesiva lucha contra la calvicie, sus horas de gimnasio, su gusto por las selfies, el surf y las Harley Davidson. Con frecuencia salió a caminar por la principal avenida de Montevideo o almorzó en restaurantes populares, una vieja tradición de los presidentes y que no habla bien de él sino de sus adversarios y de la sociedad. Un antiguo capital político uruguayo.

Ahora, esos medios que lograron que un gobierno plagado de corrupción y fracasos apareciera como las Carmelitas Descalzas VIP no harán lo mismo con cualquier gobierno que priorice a la clase trabajadora y lo venderá como corrupción o como comunismo infiltrado. Cualquier intento de limitar el monopolio de las corporaciones privadas de la oligarquía será empaquetado, etiquetado y vendido como dictadura.

El País, el diario de la dictadura y de las elites criollas en Uruguay, no se diferencia en nada al resto de sus aliados de clase del continente desde hace más de un siglo. Ellos son los únicos que sobreviven a todas las crisis económicas y a las crisis políticas. Los únicos que reciben el apoyo de las grandes empresas, nacionales y transnacionales, de la CIA y de sus dóciles gobiernos criollos, sean de izquierda o de derecha. Ejemplos más radicales y trágicos hemos visto en el resto del continente. Los corruptos son siempre aquellos líderes que se atreven a limitar el control político de las elites financieras de los países.

¿Se entiende lo que quiero decir con atender el tradicional problema comunicacional de los gobiernos populares? Bastaría con garantizar la independencia cultural y periodística a través de la independencia económica de cualquier medio público o privado, para que esos medios se conviertan en el objetivo a bombardear.

*Novelista, ensayista y profesor universitario uruguayo. Actualmente es profesor en Jacksonville University