A 47 años del golpe cívico-militar en Argentina, ¿hay que “honrar” la deuda externa?

Lucía Ortega

En la base de los grandes males que nos preocupan todos los días, como la inflación, la suba del dólar que desvaloriza el salario, o la falta de empleo con derechos, se encuentra la enorme hipoteca de la deuda externa.

Es un sentido común instalado la idea de que «los compromisos deben cumplirse». Sin ir más lejos, la vicepresidenta Cristina Fernández planteó recientemente en Río Negro que «si te dieron U$S 45.000 millones los vas a tener que devolver», en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que firmó Macri y reestructuró el gobierno actual. Esto lo dijo aún si el préstamo del macrismo con el organismo no contó con licencia social, no respetó ni los procedimientos legales mínimos (ni siquiera pasó por el Congreso) ni el propio estatuto del Fondo, y cuyo destino fue financiar la fuga de capitales que benefició a un puñado de grandes empresas, bancos y especuladores.

Entonces, ¿quién asumió esos «compromisos» y con qué fin? ¿Es realmente la deuda pública una deuda «de todos», o quiénes se benefician y quiénes la terminan pagando? La historia argentina de la deuda está plagada de capítulos fraudulentos y estafas como el de Macri con el FMI, y de reestructuraciones y renegociaciones (o canjes) que convalidaron las estafas previas, como las de Alberto Fernández y el ex-ministro de economía Martín Guzmán.

Es que la deuda actual no nació de un repollo, sino que es producto de un proceso vicioso de endeudamiento y saqueo de las últimas cinco décadas: la deuda que reestructuró Alberto Fernández viene del macrismo, la deuda del macrismo es en parte consecuencia de la deuda anterior, la deuda que reestructuró Nestor Kirchner en 2005 y Cristina Fernández de Kirchner en el 2010 es la consecuencia de la deuda del 2001, del megacanje y del blindaje, y esa deuda es la consecuencia de la deuda de la década de 1990, esta a su vez viene de los años ´80, y esta última de la dictadura militar.

Entre 1976 y 1983 la deuda pública se multiplicó casi seis veces, pasando de U$S 8.085 millones a U$S 45.065 millones. Nunca en la historia había tenido, ni tuvo después, un crecimiento tan rápido y elevado.

La deuda que hoy asfixia y condiciona a la economía se originó en forma ilegítima e ilegal en la última dictadura militar, que se impuso a sangre y fuego contra la clase trabajadora. Se demostró que los militares incurrieron en 477 ilícitos con la deuda. Pero la causa Olmos fue enviada al Congreso y luego cajoneada por peronistas y radicales. Este fraude tuvo 3 capítulos principales:

1) La propia deuda pública que tomó el gobierno de facto

Entre los préstamos se incluye uno con el FMI, pocos días después del inicio del Golpe, primero por U$S 110 millones, y pocos meses después una ampliación de este acuerdo. Como señala Lucho Aguilar, «la clave no era tanto el monto, sino el significado político-económico que tenía. Por un lado significaban un apoyo al gobierno militar de parte de Estados Unidos y el capital financiero. Por otro implicaban la aceptación de una revisión constante por parte del FMI a los planes económicos».

Asimismo, el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, tendrá el visto bueno del capital financiero internacional para emitir bonos de deuda pública en «los mercados”, especialmente en moneda extranjera. En 1978 el multimillonario yanqui David Rockefeller, por entonces al frente del Chase Manhattan Bank, visitó la Argentina y expresó un “gran respeto y admiración” por Martínez de Hoz, que en 1977 había realizado una «reforma financiera» que beneficiaba a los bancos y creaba las condiciones la «bicicleta financiera».

Los organismos internacionales y los centros financieros internacionales fueron fundamentales para que el plan de ataque a la clase trabajadora cuente con respaldo económico.

El gobierno militar no sólo tomó deuda, también pagó con creces. De acuerdo a Marcelo Bonelli, en ese período se pagaron U$S 30.000 millones.

2) El desfalco y endeudamiento de las empresas públicas

Los préstamos que se tomaron a nombre de distintas empresas públicas en el exterior no se destinaron a mejorar los servicios públicos, sino que tenían como objetivo traer los dólares que necesitaba el esquema de especulación financiera que impusieron Videla y Martínez de Hoz.

Esta malversación de las empresas públicas fue posteriormente usado como argumento de supuestas “ineficiencias” para avanzar en sus privatizaciones. En el dictamen del juicio de la deuda en la que analizaron a 15 empresas del sector público, entre ellas YPF, Agua y Energía y Ferrocarriles, señalan que casi el 82 % de la deuda pública externa proviene de préstamos financieros y básicamente no se destinó a inversión productiva en bienes de capital, sino a una renovación constante de préstamos a corto plazo para la provisión de divisas.

Con los dólares obtenidos por el gobierno y las empresas privadas se habilitó una enorme fuga de divisas, que se multiplicó por tres hasta alcanzar una sangría de U$S 79.912 millones.

3) La estatización de las deudas privadas

Grandes empresas como Socma (de la familia de Mauricio Macri), Techint, Renault, Pérez Companc y muchas más, se endeudaron enormemente en aquellos años, alcanzando los U$S 17.000 millones en 1981. Estas deudas no tenían un correlato con inversiones o proyectos productivos, por el contrario, las empresas crearon deudas ficticias para enriquecerse.

En estas operaciones figuran importantes entidades bancarias, como el Citibank, Banco Tornquist, Banco Quilmes, Banco Francés, Banco Río de la Plata y hasta algunos aparecen en su doble condición de acreedores y de deudores al mismo tiempo.

Pero cuando la timba financiera se acabó, en 1982 el ídolo de Javier Milei, Domingo Cavallo, que estaba al frente del Banco Central, literalmente les estatizó las deudas privadas.

Marcelo Bonelli explica en el libro «Un país en deuda” (2004), que en muchos casos ni siquiera hay registro de que las empresas hayan devuelto el capital de deuda al estado, aún con la licuación de las deudas que implicó el «seguro de cambio» de Cavallo con la que se beneficiaron. La justicia determinó posteriormente que la mitad de la deuda que dejó la dictadura había sido privada.

Cortar el círculo vicioso de la deuda

Desde la dictadura en adelante, todos los gobiernos se encargaron de convalidar ese fraude, mediante sucesivos canjes y reestructuraciones. El Plan Baker y el Plan Brady en los años 80 y 90 constituyeron renegociaciones de la deuda que facilitaron las políticas neoliberales y el despojo de los bienes públicos a través de las privatizaciones a “precios cuidados”.

El “blindaje” en el 2000 y el “megacanje” de Domingo Cavallo de 2001 están sospechados de fraudes con la colaboración del FMI, el Banco Mundial y bancos privados. Con el “megacanje” la deuda pública se incrementó en U$S 53 mil millones. En 2001, el desembolso del FMI que siguió al “déficit cero” se evaporó casi todo en la fuga de capitales.

Las operaciones ilegales ya quedaron ocultadas por otras mediante los sucesivos canjes de papeles desde entonces. Cada renegociación de deuda actúa como un “borrón y cuenta nueva” para ir ocultando los fraudes previos.

Luego sobrevinieron los canjes del kircherismo de 2005 y 2010 que fueron presentados como con supuestas “quitas” pero terminaron beneficiando a los especuladores con jugosas cláusulas atadas al crecimiento del PBI y la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros. El acuerdo de Axel Kicillof con el Club de París en 2014 aumentó la deuda con ese organismo más de un 50 % (de U$S 6.000 millones a U$S 9.700 millones) sin brindar ninguna documentación respaldatoria, los detalles son secretos.

El endeudamiento de Mauricio Macri incluyó negocios con bancos y empresarios amigos; como el más escandaloso bono a 100 años, el más largo de la historia argentina, para favorecer al mismo Secretario de Finanzas, Luis Caputo, que estaba de los dos lados del mostrador, hasta el acuerdo con el FMI que se renegoció al menos 2 veces, permitió el rescate de los acreedores privados y la fuga de capitales y quebró hasta los propios estatutos del organismo. Este ciclo de endeudamiento no hubiese sido posible sin el apoyo del peronismo en el Congreso, que votó una ley en 2016 para el pago a los fondos buitre y luego aportó votos para los sucesivos presupuestos nacionales.

Con Alberto Fernández se inauguró el capítulo de la convalidación de la estafa mediante los canjes de deuda de Guzmán con bonistas privados en pleno año pandémico 2020, y luego la reestructuración de la deuda en marzo de 2022, en la previa precisamente de un nuevo aniversario del golpe genocida. En este último año, desde que se firmó el nuevo acuerdo con el FMI los trabajadores transfirieron U$S 20.250 millones más a los empresarios a costa de una caída de la participación de los salarios en el reparto de la torta.

No hay que ir muy lejos para encontrar el «link» entre la deuda actual y la dictadura. El canje de Guzmán con los fondos de inversión eran bonos provenientes de las reestructuraciones del kirchnerismo de 2005 y 2010, de la deuda tomada en 2016 para el pago a buitres y de la deuda tomada durante el macrismo. De acuerdo a Olmos Gaona en su libro Deuda o soberanía, la falta de registros oficiales llega a tal punto que en el 2016 se acudió a informaciones del exterior para determinar quiénes eran los acreedores y el monto del capital.

La forma fraudulenta e ilegítima de los actos de endeudamiento, su falta de contabilidad y registro, el incumplimiento de los procesos administrativos y legales, son expresión de su contenido antipopular y contrario a los intereses de las mayorías sociales. La deuda no tiene licencia social. Por eso siempre se intenta ocultar, realizar a las apuradas o sin cumplir con los procedimientos para alejarla de las grandes mayorías.

Hoy la deuda pública es casi 50 veces mayor que en el año 1976, a pesar de haber pagado más de U$S 600.000 millones. A febrero de 2023 la deuda bruta asciende a U$S 394.150 millones, según la Secretaría de Finanzas.

Es hora de cortar con ese círculo vicioso de endeudamiento y pago a costa de un empobrecimiento del pueblo trabajador. Por ello desde la izquierda proponemos hacer algo totalmente distinto: desconocer la deuda ilegítima y fraudulenta en forma soberana y rechazar al FMI mediante la movilización popular.

*Economista por la Universidad de Buenos Aires. Coeditora de la sección de Economía de La Izquierda Diario.