Retomar el legado de Néstor Kirchner, en medio de la crisis política

Paula Giménez y Emilia Trabucco

Más allá del fetiche de las efemérides, cada 27 de octubre la memoria nos convoca. Hace 12 años Néstor Kirchner se hizo inmortal, entregando hasta el último suspiro por lealtad a su Pueblo. Fue el presidente que vino a proponer un sueño cuando la Argentina estaba subsumida en la pobreza, el hambre y la desesperanza del post-2001. Aquel 25 de mayo de 2003 asumió la presidencia con el 22% de los votos, inaugurando un proceso que devolvió la esperanza, la verdad y el compromiso de un gobierno para millones de argentinas y argentinos. A partir de allí la política recobró el valor como herramienta de transformación y la dignidad volvió a ser una realidad para las y los trabajadores.

Sin desconocer las consecuencias de la “pesada herencia” macrista, ni el peso específico que tiene el poder fáctico en Argentina -el llamado “Círculo Rojo”-, es un momento oportuno para analizar el rumbo que ha tomado la política argentina en estos casi once meses del año, con la coalición del Frente de Todes en el gobierno, y con la urgencia de afrontar las demandas de un Pueblo que sigue leal a quienes “no abandonan sus convicciones en la puerta de entrada de la Casa Rosada”.

“Hoy el reparto entre el capital y el trabajo está 62 a 38 en favor del capital”, comentó Andrés Larroque, dirigente de la organización política La Cámpora, en una entrevista radial en FM La Patriada^[1]. Según un estudio del Centro CEPA de este año, el mayor crecimiento de la rentabilidad empresarial se produjo en la post-Pandemia, con el Frente de Todes en el gobierno, con 3,5 puntos porcentuales, un 65% del total considerando el período 2016-2022. En síntesis, la situación económica del país marca que se está muy lejos del llamado “fifty-fifty” del PBI entre el capital y el trabajo en el país.

En el contexto actual aparece el fenómeno de trabajadores pobres. Por primera vez en la historia de nuestro país, los asalariados de la economía formal están por debajo de la línea de la pobreza. Miles de personas hacen cola para buscar un bono de 45 mil pesos a pagarse en dos cuotas, destinado a quienes viven en la marginalidad absoluta. Paradójicamente, según el INDEC, el crecimiento del PBI fue de 6.9% durante el segundo trimestre de 2022, lo que podríamos definir como un “crecimiento sin inclusión”.

¿Dónde están los más de 32 mil millones de dólares que, según CIARA-CEC, ingresaron al país durante el 2021 por la liquidación de divisas de los Industriales Oleaginosos y los Exportadores de Cereales? ¿Dónde fueron a parar los más de 19 mil millones de dólares de liquidación del sector durante el primer semestre de este año^[2]? ¿Qué obtuvimos de respuesta? Que fueron destinados al pago de la deuda privada. Ni hablar del gasto que le supone al Banco Central pagar los intereses de las LELIQ´s, que ya es equivalente a 2/3  de  lo que ANSES invierte en jubilaciones y pensiones por mes. De hecho, desde que empezó el año, el costo trepó a 6,8 billones.

Cabe también preguntarse cómo es que hubo récord de ventas de aviones privados en Argentina, que indiscutiblemente entran en la categoría de bienes de lujo, como denunciaba Bercovich en diciembre de 2021, mientras el 50,1% de los menores de 14 años son pobres.  Alguien está ganando, y claramente no son las grandes mayorías. Mientras nos llevan a discutir la pobreza, es necesario comenzar a discutir la riqueza que producimos millones de argentinas y argentinos.

Las disputas al interior del propio gobierno y la reconfiguración del escenario político argentino

Aunque es cierto que puede primar el “juntarse por el espanto” ante el proyecto abiertamente antipopular del macrismo y sus aliados, cada vez es más explícito que la unidad no puede ser a cualquier costo. Tampoco la moderación parece ser la salida. Las tensiones entre las fuerzas que constituyen la coalición de gobierno se expresan en las figuras del presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Estas tensiones se hacen cada vez más evidentes, y la reciente publicación de Cristina en Twitter es más que ilustrativa: “Resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8%), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga (…) Oportuna y reservadamente, manifestamos nuestra opinión contraria a seguir concediendo aumentos que afectan a las familias argentinas”.

Probablemente, el punto de inflexión en casi tres años de gestión del Frente de Todes fue  el acuerdo alcanzado con el FMI, con Martín Guzmán como Ministro de Economía a la cabeza. Néstor había logrado sacar al FMI y sus recetas de ajuste de la República Argentina, bajo la premisa de que “los muertos no pagan las deudas”. Esa consigna fue resignificada en un “primero se crece y después se paga”, construyendo además, la victoria política popular en términos de “Patria o FMI”. Todo eso estaba en juego, en lo ideológico y lo programático del Frente de Todes.

Sin embargo, el acuerdo ejecutado por el “albertismo”, con Gustavo Béliz, Martín Guzmán y Matías Kulfas como los principales operadores con el FMI, refinanció y legitimó una deuda ilegítima, embargando al pueblo argentino y sometiéndolo a una tutela externa. Todo eso a pesar del desacuerdo al interior de la propia coalición, con una votación parlamentaria del “acuerdo” alcanzado, que tuvo más votos de la oposición que del oficialismo en la Cámara de Diputados.

Hay que aclarar que la legitimación del saqueo macrista se realizó en dos movimientos, con una estrategia que fue exactamente al revés a la que construyó el por entonces presidente Néstor Kirchner: la salida de la crisis de deuda que dejó el ciclo de valorización financiera de la década del noventa. Debemos recordar que Kirchner acordó primero con el FMI, en una estrategia conjunta con el Brasil de Lula da Silva, y luego se sentó a negociar con los tenedores privados en dos rondas de negociación, en los años 2005 y 2010 (ya en la presidencia de CFK), con una quita del 75% sobre el valor nominal de los bonos de deuda pública argentinos.

Martín Guzmán, con la venia del Presidente, arregló primero (y muy precozmente) con los tenedores privados en agosto de 2020, en plena Pandemia Mundial del Covid-19, con el FMI como garante, para luego anunciar el acuerdo en enero de este año. Es decir, se usó a un acreedor “público”, es decir, el Fondo, como garante de los acreedores privados, todos grandes jugadores del capitalismo transnacionalizado que jugaron a la timba financiera durante la Argentina gobernada por Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay, Nicolás Dujovne y Luis Caputto (el “Messi” de las Finanzas).

Cristina Fernández de Kirchner vino expresando desde hace tiempo sus críticas a las negociaciones, poniendo el énfasis en alinear “precios y tarifas con salarios y jubilaciones”, principalmente después de la derrota en las elecciones de medio término, una sentencia popular respecto del rumbo del gobierno. Tras el anuncio oficial sobre el acuerdo alcanzado, Máximo Kirchner, conductor de La Cámpora y diputado nacional por el Frente de Todes, renunció a la presidencia del bloque oficialista de la Cámara, mostrando también su desaprobación.

Pero ¿pagar sin más era el único camino? Desde los sectores políticos alineados con Cristina Fernández de Kirchner, se pusieron soluciones arriba de la mesa para que paguen la deuda “los que la fugaron”. Se lanzaron iniciativas como el Proyecto para levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil y el de la creación de “un fondo nacional con el dinero de la evasión fiscal para contribuir al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional^[3]”, por ejemplo, o el debate sobre la Ley de Entidades Financieras de la última Dictadura. Ninguna prosperó ni tuvo respuestas desde el equipo económico de Alberto Fernández. Tampoco fueron incluidas las acciones promovidas por Cristina Fernández de Kirchner para las negociaciones, relacionadas con la quita de sobretasas y la denuncia en cada foro internacional de aquel acuerdo ilegal e ilegítimo del período macrista.

La puesta en marcha de algunos acuerdos. El desembarco de Massa en el  Ministerio de Economía

Las tensiones al interior de la coalición en posición de gobierno se fueron agudizando, en un escenario económico de ajuste -también denunciado por Cristina-, ejecutado a través de mecanismos como la subejecución presupuestaria de los distintos ministerios, que fueron profundizando la crisis general y decantaron en cambios en el gabinete.

El hecho más importante fue la salida de Martín Guzmán -quien renunció por Twitter en pleno discurso de Cristina en Ensenada, en un acto homenaje a Juan Domingo Perón- que fue reemplazado fugazmente por Silvina Batakis. Finalmente, el 3 de agosto, asumió Sergio Massa, el “superministro” de una cartera ampliada, que incluyó a partir de ese momento las de Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca.

El desembarco de Massa se realizó después de conversaciones entre Alberto Fernández y Cristina en la Quinta de Olivos, y entre Máximo Kirchner y el mismo Massa. Ello indicaba un marco de acuerdo al interior de la coalición, en un contexto de escalada de la inflación y la ya conocida operación de las empresas, que especulan con los precios de los alimentos y acompañan la estrategia desestabilizadora sobre el dólar ilegal de los actores de la timba financiera. Por supuesto, con un arco político opositor bailando al son de estos actores, con Macri-Bullrich a la cabeza, como referentes de un proyecto de desarrollo financiero a través del sector rentista, atado a intereses anglosajones-israelíes.

Massa, al frente de la cartera de economía, vino a ordenar el escenario económico y a desordenar la oposición, que comenzó a “sacar los trapitos al sol” y a mostrar los intereses que disputan entre sí. Un “orden” en la economía que parece provenir de un acuerdo al interior del propio gobierno, y de la conducción desde el Ministerio de lo que se podría denominar el “viejo Mercosur”, un desgastado bloque productivo duhaldista. Un Ministerio que cuenta, por ejemplo, con la presencia del mismo José Ignacio De Mendiguren como secretario de Industria y Desarrollo productivo, ex presidente de la UIA y ministro de producción durante la presidencia de Duhalde, entre 2002 y 2003. Y una lista de empresarios cercanos al ministro, como Marcos Bulgheroni (Panamerican Energy), José Luis Manzano (Grupo América), Marcelo Midlin (Pampa Energía), Mauricio Filiberti (Edenor) o Jorge Horacio Brito (Banco Macro), entre otros. En posición subordinada se situaría hoy el proyecto que representa Cristina Fernández de Kirchner, de control del Estado para la inserción en cadenas globales de valor y un crecimiento asentado en el desarrollo de tecnología de punta, con inclusión social y con protagonismo de las PYMES y trabajadores.

¿Quién rompe la unidad?

Los acontecimientos políticos de estos últimos meses marcaron rupturas en relación a las proyecciones que se esperaban en este marco de acuerdos. Después de la asunción de Massa, el dólar parecía tender a estabilizarse, y en este contexto el ministro fue designando su gabinete, anunciando nuevas medidas -como el dólar soja para la liquidación de divisas del agro- y realizando varios viajes a EEUU por negociaciones con el FMI, con el que logró la reciente aprobación de la revisión trimestral por parte del organismo y donde fue desplegando ciertas estrategias para reestructurar la deuda en pos de los intereses nacionales, además de obtener nuevos financiamientos con organismos como el BID, con quien la relación venía siendo tensa.

Sin lugar a dudas, el intento de magni-femicidio contra Cristina Fernández de Kirchner el 1° de septiembre, reconfiguró el escenario político. Un acontecimiento que debe leerse en una trayectoria de hechos que permiten evidenciar la ofensiva mediática-judicial-policial-de inteligencia contra la referente máxima e indiscutible del proyecto nacional y popular.

Una estrategia de ataques sistemáticos desde los medios masivos de comunicación es el inicio de la “causa Vialidad” (una de las 500 causas iniciadas contra la vicepresidenta) y la puesta en escena de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, pidiendo cárcel e inhabilitación política perpetua. Ello desató una contraofensiva popular, que supuso una masiva movilización para constituir durante más de 10 días una custodia militante, un gran “chaleco moral”, en la propia casa de Cristina, en pleno barrio de Recoleta, corazón de la aristocracia porteña.

El 27 de agosto, un operativo policial operado por Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de Capital Federal, de vallado de calles y con presencia de efectivos de seguridad, fue derrotado por la fuerza popular, que se mostró decidida a resistir. Allí se fue gestando un proceso político que, cuatro días después, fue testigo de la facilidad con que llegaron a gatillar un arma a 10 centímetros de distancia de la cabeza de la vicepresidenta y frente a las cámaras de televisión.

En este escenario, con la asunción de Massa como antesala, y con la ofensiva abierta contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner, los actores que forman parte de la amplia alianza que se reconoce peronista, comenzaron a alinearse. Actores económicos, políticos, sindicales y movimientos sociales. En primer término, con la ofensiva judicial, que se profundizó con el atentado, punto máximo de la escalada de una violencia política que hacía décadas no vivíamos en Argentina.

Ante rumores de paro general, ese mismo día Alberto Fernández, por cadena nacional, decretó un “feriado» nacional. Otro desacierto. Miles de personas se movilizaron a Plaza de Mayo en apoyo a Cristina, lo que terminó siendo un acto con gusto a poco, que terminó con un llamado a “la paz social”, con un conjunto de referentes arriba del escenario que no lograron sintetizar ni una figura ni un mensaje contundente. El paro general nunca llegó, y el próximo acontecimiento fue una misa, el 10 de septiembre en la Basílica de Luján, con presencia de todo el arco de organizaciones políticas, sindicales, sociales y eclesiásticas, menos la oposición.

Se observa así un repliegue de Cristina, que venía sosteniendo una exposición pública, con discursos en diferentes espacios de militancia e intervenciones en redes sociales, además de abonar a la movilización en la custodia de su casa, saludando y firmando sus libros todos los días, cuando entraba y salía de su departamento de Juncal y Uruguay. El día del enfrentamiento de la militancia con las fuerzas policiales de Larreta, Cristina habla a sus seguidores sin ninguna seguridad, más que su “chaleco moral”. El repliegue puede llevar a la reflexión sobre la capacidad de la fuerza política y social de construir ese chaleco moral del que hablaba Fidel Castro, como él mismo expresó ante la pregunta sobre la ausencia de chaleco antibalas en su viaje a Estados Unidos, desde donde partieron los más de 400 atentados contra su vida.

En un clima de incertidumbre y de claras irregularidades sobre la investigación del grupo que ejecutó el atentado – como la intervención de la Policía Federal con un software de la empresa israelí Cellebrite, que borró toda la información del teléfono del principal sospechoso, Sabag Montiel- las fuerzas sociales que se movilizaron por su referente, esperaron las directivas de sus dirigencias, mirando por redes sociales y por la TV la “novela policial” que se teje sobre el hecho.

La trama  pone en el centro de la escena a Revolución Federal, una organización reaccionaria investigada por vínculos intrincados con los servicios de inteligencia y las fuerzas de la oposición, como la transferencia de 7 millones de pesos realizada a dicha organización por las firmas pertenecientes a Caputo Hermanos, un grupo económico vinculado a Luis “Toto” Caputo, funcionario en la era Macri. Todo ello sumado al cuestionable accionar del Poder Judicial y del propio Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

La última maniobra del albertismo: Las tres ministras “inconsultas”

En esta situación, llamó la atención el reciente accionar del propio presidente de la Nación, en un momento donde parecía configurarse un escenario de unidad: la designación de tres ministras, que amerita analizarse  en retrospectiva reciente.

La salida de Juan Zabaleta del ministerio de Desarrollo Social y Claudio Moroni del Ministerio de Trabajo, se produce luego de días de operaciones mediáticas y un conflicto profundizado con los movimientos sociales nucleados en Unidad Piquetera y encabezados por el Polo Obrero, que acamparon frente a Desarrollo Social por los planes Potenciar Trabajo. Luego de días de intensas protestas, que incluyeron una marcha de los movimientos sociales al Ministerio de Trabajo en apoyo al Sindicato de Trabajadores del Neumático (SUTNA), también conducido por el Polo Obrero, se suspendieron las medidas de fuerza el día 3 de octubre.

La salida de la ex ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Gómez Alcorta, se produce luego de la represión a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, en Río Negro, el día 4 de octubre, que termina con la detención de mujeres – entre ellas una embarazada de 40 semanas y menores – y su traslado a la cárcel de Ezeiza, tras la orden de la jueza federal, Silvina Domínguez, y la actuación de las Fuerzas Federales a cargo de Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad de la Nación.

El conflicto además se produce días antes de la realización del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Interesexuales y No Binaries en San Luis, que se desarrolla sin Ministra a cargo y en medio de una crisis social y política, donde  150 mil mujeres y disidencias debatieron y se movilizaron, un hecho inédito pero marcado por un hermetismo absoluto por parte de las cúpulas de la política, exceptuando, casualmentalmente, a Cristina. Días antes, el 6 de octubre, tiene lugar la brutal represión policial ejercida en la cancha de Gimnasia, en La Plata, dejando como saldo más de 100 heridos y un hincha del “Lobo” muerto.

En este escenario de conflictividad, finalmente el día lunes 10 de octubre, Alberto Fernández designa a las tres ministras al frente de las carteras, asociadas a espacios identificados como “albertistas”: Tolosa Paz en Desarrollo Social, Mazzina en Mujeres, Géneros y Diversidad y Olmos en Trabajo. Fernández se encargó, además, de aparecer como el decisor de manera inconsulta con la vicepresidenta y su espacio político, otra acción que demuestra quien carga con la responsabilidad de romper los intentos de la “anhelada unidad”.  A

partir de allí es el mismo presidente el que abona los rumores de su “reelección”, se aleja del “kirchnerismo” y aparece, por ejemplo, junto a su ex-ministro Juan Zabaleta, ya nuevamente en funciones como intendente del distrito de Hurlingham, en el oeste del conurbano bonaerense, un territorio atravesado por una potente construcción política de La Cámpora, nada más ni nada menos que el 18 de octubre, 24 horas después de un Día de la Lealtad.

¿Lealtad por triplicado?

El día de la Lealtad estuvo signado por tres actos, de distintas “fracciones” del campo popular, expresando sus consignas, algunas más críticas que otras. Tres actos que muestran realineamientos de actores en el mapa de fuerzas políticas y sociales en Argentina. Brotaron las críticas ante la “dispersión” en un día que festeja todo el arco peronista.

Sin embargo, un arco de alianzas decidió explicitar la necesidad de torcer el rumbo asumido hasta ahora: “El gobierno no puede seguir sujeto a los condicionamientos de sectores corporativos que privilegian sus intereses por sobre el interés de las mayorías, o volver a quedar en manos de quienes impusieron un quebranto a la Nación, negaron nuestros derechos y destruyeron el entramado productivo”^[4], rezaba el documento que se leyó en un escenario colocado en medio de la Plaza de Mayo, ante más de 200.000 militantes tras la convocatoria de la CTA de les trabajadores, la CTA Autónoma, la Corriente Sindical Federal, La Cámpora y el el Frente Sindical por un Modelo Nacional.

El acto contó con la participación, entre otres, de Pablo Moyano, Máximo Kirchner y Hugo Yasky. Parece rearticularse allí una fuerza social que comandó la resistencia en la etapa del gobierno neoliberal del macrismo, asumiendo protagonismo en una trayectoria de enfrentamientos de calle que tuvo su hito principal en el conflicto por el intento de imponer la reforma previsional de diciembre de 2017, y que se materializó finalmente en la victoria electoral del Frente de Todes de 2019.

Estos sectores decidieron llamar a la Plaza, a pesar de que la primera convocatoria fue hecha por el ala de la CGT de Héctor Daer y Carlos Acuña, a un acto cerrado para dirigentes en el estadio Obras Sanitarias. La iniciativa convocó a secretarios generales y dirigentes de distintos gremios, con una participación de 30.000 personas. Este sector mostró un apoyo explícito al presidente y se expresó crítico contra la vicepresidenta, apuntando directamente a La Cámpora. Se comienzan a poner en evidencia intereses económicos de un sector del peronismo conservador, que abona a la desmovilización y parece responder más a sus negociados que a las necesidades de sus representados.

Por último, en el estadio de Laferrere, en La Matanza, los denominados “Cayetanos”, el grupo de organizaciones políticas y sociales, encabezadas por el Movimiento Evita, Somos – Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (PCR), llevaron adelante un acto que contó con la participación de 60.000 personas, según indicaron desde los mismos movimientos, y en la que se lanzó oficialmente la campaña de Patricia Cubría, legisladora provincial y esposa del referente de Movimiento Evita, Emilio Pérsico, para disputar la intendencia de La Matanza, territorio conducido indiscutiblemente por aliados de Cristina Kirchner, en un grosero error de lectura política.

En este escenario, aunque la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se hizo presente, la gran ausencia fue la de Juan Grabois, su referente, que se ha mantenido crítico con el presidente, y sosteniendo su fuerte apoyo a Cristina.

Se abre al menos la pregunta por los intereses de un espacio político que, de boca de su propio conductor, Pérsico, expresó haber “estado mejor durante el macrismo”; que realiza un muy discutible manejo de planes sociales, desde una lógica de mercantilización de la política, especulando con las necesidades de los y las que menos tienen, abonando ellos mismos al discurso de estigmatización de aquellos que sobreviven diariamente y necesitan una respuesta urgente del Estado, en un país en el que el trabajo informal alcanza a más del 50% de la población.

Los debates urgentes: el legado de Néstor

Lejos de una mirada purista o romántica de la política, los tiempos que corren ameritan grandes debates. Néstor caminaba alianzas tácticas y sus propios acuerdos, como la misma Cristina lo señaló en su última autodefensa en la causa Vialidad, pero su programa político demostraba siempre torcer la balanza hacia los intereses populares. Al menos se presenta la necesidad de interrogarse sobre la representatividad de las organizaciones o sus dirigencias, en una evidente crisis política, y desandar los intereses reales detrás de discursos de consenso, moderación o pacto democrático. La historia demuestra que esos consensos no son con las grandes mayorías sentadas a la mesa.

La unidad “por arriba” es responsabilidad de aquellos y aquellas que hoy asumen el compromiso de llevar las riendas de la política de gobierno o tienen la capacidad de incidir realmente en la economía nacional, como los empresarios que recientemente se reunieron en el coloquio de IDEA.

La única unidad posible “por abajo» es en torno a los intereses de la clase trabajadora, exigiendo, mínimamente, el acceso a los derechos conquistados durante nuestra historia de gobiernos populares. La profundización de los debates y asumir con decisión la direccionalidad de la fuerza nacional y popular se vuelve urgente ante un claro retroceso, y más aún, en la disyuntiva que se presenta en un contexto de pérdida de derechos durante un gobierno peronista.

Los actores que hoy comandan las decisiones del gobierno, con representación en la propia figura de Alberto Fernández, parecen estar decididos a destruir el “kirchnerismo”, es decir, el proyecto popular en Argentina, la identidad de las clases trabajadoras del siglo XXI, que inauguró Néstor en 2003. Los golpes a sus máximos dirigentes actuales, Cristina y Máximo Kirchner, que abrazó a una juventud que despertaba a la política, vienen también desde el interior de la propia coalición en posición de gobierno.

Aproximadamente a un año de las elecciones presidenciales, en plena discusión de un Presupuesto 2023 que persigue profundizar el ajuste para el pago de la deuda con el FMI (la herencia macrista), mediante aumentos de tarifas y alimentos, destrucción del salario, etc., se le pide al pueblo “seguir cediendo”. Como expresó Máximo Kirchner en su discurso del pasado lunes 17 de octubre, son las y los trabajadores “los que aceptaron durante la pandemia ganar menos, y hoy están esperando que dejen de traicionarlos”.

Los que siguen sin ceder son los mismos de siempre; cabe señalar como ejemplo el rechazo de Diputados, tanto de la oposición como de sectores del oficialismo, al pago de ganancias que preveía el Presupuesto para jueces y fiscales que cobran entre 1 y 2 millones y medio de pesos al mes. O el retiro, por parte del oficialismo, del punto que establecía la delegación de facultades al poder ejecutivo para el establecimiento de retenciones al campo, cediendo ante el amplio rechazo de los sectores opositores, claros aliados del poder económico.

Los que no ceden son los grandes empresarios asociados a los especuladores de las finanzas, la ABA, la AEA, la Mesa de Enlace. Son sectores que demuestran su estrategia golpista y antidemocrática cuando una fuerza política tensiona la puja distributiva a favor de la clase trabajadora y peligran sus privilegios. Lo demostraron por ejemplo en 2008, con el lockout patronal contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tras el intento de imponer retenciones a los sectores concentrados del campo, en medio de una crisis que golpeaba al mundo con la caída del Lehman Brothers. Lo demuestran con sus ganancias extraordinarias durante la pandemia, mientras las mayorías se empobrecían. Lo demuestran financiando a grupos reaccionarios que terminan atentando contra la vida de la vicepresidenta.

Hoy, “Honrar a Néstor es bancar a Cristina”, como expresa la consigna que circula en las redes sociales de la militancia este 27 de octubre. Néstor Kirchner dejó un legado – continuado por la presidencia de Cristina – de derechos conquistados pero también, demostró con el ejemplo que la única vía para la conquista de la justicia social, es la política. Reactivación del entramado productivo nacional y estatización, salarios dignos, creación de puestos de trabajo, inversión en educación pública y salud para las familias trabajadoras, inicio de los juicios por la Memoria, la Verdad y la Justicia a genocidas, fueron solo algunas de las deudas que también saldó con el Pueblo argentino, traspasando las fronteras nacionales y tejiendo unidad en América Latina, con la Unasur y un sueño de unidad regional que se materializó en la gesta popular del “No al ALCA” en 2005.

El fortalecimiento de las organizaciones del pueblo y el despertar de la participación de toda una generación, fue su mayor legado. La continuación del peronismo en este siglo, el kirchnerismo, es otra vez, el blanco de ataque. Y hoy los golpes vienen tanto de la oposición como de las propias filas. La desobediencia, la decisión a profundizar, la audacia ante la ofensiva de los poderosos es también, parte de la enseñanza del paso de Néstor por este mundo y la militancia de un cuadro político que supo pensar y actuar estratégicamente. Con todo ese acumulado histórico, y poniendo como horizonte el bienestar y dignidad de las mayorías, la salida reside en que el pueblo sea quien tenga la lapicera.

Notas

^[1] https://www.perfil.com/noticias/politica/cuervo-larroque-afirmo-acuerdo-fmi-esta-caido-de-hecho-massa-esta-renegociando.phtml

^[2] https://www.eldestapeweb.com/economia/reservas/dolar-soja-un-pacto-para-vivir-20229130555

^[3] https://www.eldestapeweb.com/economia/fuga-de-capitales/a-quienes-apunta-el-proyecto-para-que-fugadores-paguen-la-deuda-con-el-fmi-202232912440

^[4] https://www.elteclado.com.ar/nota/18547/soberana-y-justicia-social-qu-dice-el-documento-ledo-hoy-en-plaza-de-mayo.html

 

*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Investigadora senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Trabucco es Magister, Licenciada en Psicología y analista asociada de CLAE.