Ecuador: El paro no para y Lasso alcanza el record de 80% de reprobación

Eloy Osvaldo Proaño

Desde el pasado lunes, Ecuador vive un paro nacional indefinido, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y al que se han sumado organizaciones de estudiantes, sindicalistas y bananeros, tras  un año de un infructuoso diálogo con el Gobierno neoliberal del banquero-presidente Guillermo Lasso, cuya gestión es desaprobada por el 80 por ciento de los ciudadanos.

Algunos analistas señalan que la falta de contundencia del paro, con indígenas, trabajadores y estudiantes en las calles, se debe a la división en el campo popular y la falta de una conducción política unitaria, que impiden que se pueda presentar un frente unido ante un gobierno entreguista a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras la especulación financiera eleva los precios y mina la producción.

Es cierto que la Conaie está dividida internamente y, además, se constata una brecha entre esta conducción y el progresismo correísta, debido a intransigencias, egoísmos y errores de ambas partes.  Pero los anmtecedentes dan cuenta de que el pueblo de Ecuador ha librado importantes e históricas batallas contra el neoliberalismo, ha derrocado a varios presidentes neoliberales con movilizaciones populares (no por las armas), donde la Conaie tuvo muy importante participación.

Son 10 las demandas que la Conaie ha presentado al Ejecutivo: reducción y no más subida del precio de los combustibles; moratoria y renegociación de deudas con la banca para más de cuatro millones de familias; precios justos en los productos del campo; empleo y derechos laborales.moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera.

Asimismo, el respeto a los 21 derechos colectivos: educación integral bilingüe, justicia indígena, consulta previa, entre otros; alto a la privatización de los sectores estratégicos; políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad; salud y educación, y acciones y políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia que mantiene en zozobra al Ecuador.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), apenas el 32,5 % de los ecuatorianos tiene «empleo adecuado» y 23,9 % es subempleado; mientras que la pobreza a nivel nacional llega al 27,7 % y la pobreza extrema a 10,5%.

El banquero-presidente, con cuentas en los paraísos fiscales como lo han denunciado  los Pandora Papers, fue uno de los grandes beneficiarios de la crisis financiera de 1999 que arrasó con decenas de miles de ahorristas y llevó al país a la postración económica.

Tras la detención por el Ejército, en la madrugada del martes del presidente de la Conaie Leonidas Iza, liberado al día siguiente con medidas alternativas por orden de una jueza, la situación social del país es dramática ante las graves carencias en la solución a todas sus necesidades del pueblo. «Nos podrán detener físicamente, pero jamás a nuestras ideas, ni muestro espíritu, tampoco nuestra dignidad», dijo Iza, luego que fuera liberado.

La Fiscalía General del Estado señaló que inició de oficio una investigación por el delito de abuso de facultades, por las agresiones de policías y militares contra dos periodistas, que  cubrían las protestas en los alrededores del Centro de Rehabilitación de Latacunga, cuando fueron agredidos por los uniformados. Mediante un video difundido en redes sociales, se evidenció las agresiones contra los periodistas.

Por el camino de Lenin

Lasso asumió tras cuatro años de gobierno de Lenín Moreno, quien traicionó al movimiento correísta, y arrasó con la mayoría de las importantes conquistas sociales y la soberanía nacional logradas durante los dos periodos presidenciales de Rafael Correa. A dos años de llegar al cargo, Moreno debió enfrentar el combativo paro nacional de octubre del 2019, liderado por la Conaie, al que respondió con una feroz represión que costó 11 muertos y cientos de heridos.

Moreno y Lasso, quien cogobernó en la sombra con el primero, abrieron las puertas de nuevo al endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los planes de ajuste que éste impone, impulsando un panorama social desolador ante gobiernos omisos a su responsabilidad social para con las mayorías. El gobierno suspendió los apoyos a los pequeños productores y desmanteló los sistemas de educación y salud pública.

Mientras, en la vorágine extractivista, aumentaron los graves daños ocasionados por la minería y la explotación petrolera a los territorios indígenas y a los ecosistemas. Uno de los principales reclamos del paro nacional es de soluciones urgentes a estos problemas, junto a la disminución de los precios de los combustibles, inalcanzables para los indígenas, los pequeños productores y, en general las personas de bajos ingresos.

Asimismo, ahogan a indígenas y campesinos las tarifas de hambre que se les paga por los productos agrícolas y los altos créditos bancarios, que en estas circunstancias conducen a los embargos y a la ruina de las familias. La asfixia económica es insoportable para indígenas, trabajadores del campo y la ciudad, pequeños y medianos empresarios, incluso para muchos profesionales.

La impronta represiva no sorprende, ya que es otra acción delineada por el gobierno y la derecha ecuatoriana, un ataque violento a la expresión popular y al derecho social a la resistencia reconocido en la Constitución, para lo que ha contado con el aparato judicial y la elaboración de leyes represivas.

Tres meses atrás, ordenó una violenta represión a las mujeres que realizaban la marcha del 8 de marzo; luego el ataque a estudiantes de medicina de Guayaquil que reclamaban presupuesto para tener profesores y la represión a acciones pacíficas de la Unión Nacional de Educadores que tuvo que realizar una segunda huelga de hambre para que el gobierno cumpliera con la Ley de homologación salarial.

Y para sumar, el arresto de jóvenes a los que acusan de terrorismo; amenazas, en distintas momentos, a dirigentes de lucha antiminera, maestros y otros.

Por eso no sorprende que la figura gubernamental con el discurso más agresivo es el Ministro del Interior, general Patricio Carrillo, de triste recuerdo, ya que era Comandante de la Policía durante el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019. La Defensoría del Pueblo denunció al gobierno y funcionarios como Carrillo por haber cometido 249 vulneraciones a los derechos humanos durante esos días, seis fallecidos por acción y unas 20 personas que perdieron un ojo por la represión.

El gobierno reafirma su carácter represivo y antipopular, y cuenta con el apoyo de los sectores empresariales y la mayor parte de los medios de comunicación comercial, que la aúpan.

* Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)