Los “momios” presionan a la Convención Constitucional chilena

Cecilia Vergara Mattei

El pleno de la Convención Constitucional votó a favor de la creación de una Cámara Regional que sustituirá al Senado chileno, aunque no acordaron las atribuciones del nuevo órgano legislativo, y aprobó una propuesta que permite la reelección presidencial inmediata y bajar a 30 años la edad mínima requerida para ser presidente. Los constituyentes avanzaron sobre puntos clave sobre el sistema político, gobierno y sistema electoral.

Después de varios avisos y pasos en falso, Chile se encuentra frente a una realidad impensada al inicio del proceso: la Convención Constitucional, podría fracasar. Tres encuestas de opinión colocan a la opción Rechazo con el liderazgo provisorio de cara al plebiscito de salida, y otras dos le ubican en el margen de error estadístico.

La campaña del rechazo a la nueva constitución tiene una larga data y varios de sus actores principales la siguen  respaldando hoy día en el seno de la Convención. Es un liderazgo que conduce a la derecha a un punto muerto y que ha conseguido lo que era impensado: alianzas y pactos coyunturales entre fuerzas de centro izquierda e izquierda que hasta ayer estaban en trincheras opuestas, señala Eric Palma en El Mostrador

Todavía resuena el eco de unas encuestas que arrojaron el avance del rechazo y la pérdida de adhesión del apruebo. Algunos se han apresurado a celebrar, anticipando incluso un escenario en que es el Parlamento recién constituido el que termina generando una nueva constitución (la vía Ricardo Lagos-Michelle Bachelet).

El primer artículo de la nueva Carta magna define a Chile como un Estado social y democrático de derecho, lo que viene a reemplazar al Estado subsidiario instaurado en la Constitución del 80, elaborada en la dictadura de Augusto Pinochet. “Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”, señala el artículo.

Los nuevos articulados pasarán al borrador de la Carta Magna que será sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre. El voto será obligatorio, por lo que se espera una gran afluencia a las urnas. Las chilenas y los chilenos podrán decidir si mantienen la constitución pinochetista de 1980 o avanzan hacia una norma suprema de hondas raíces democráticas. Algunas encuestas poco halagüeñas anuncian la victoria del desapruebo.

Fin del Estado subsidiario

El artículo primero  establece un Estado Social y Democrático de Derecho y así deja de existir el Estado subsidiario. Con ello se asegura el fin de la desprotección social que han sufrido chilenas y chilenos en sus condiciones de vida y se termina así el privilegio que tienen los dueños del capital para mercantilizar servicios sociales

Roberto Pizarro señala que la derecha chilena “siempre fue cavernaria, y tales energúmenos merecen el calificativo popular de ‘momios’. La Convención Constitucional adopta criterios, formas y reglas inéditas en Chile. ¿Podrán prevalecer los ‘momios’ contra las innovaciones institucionales?“

La Constitución pinochetista de 1980 y el Estado subsidiario han permitido que un tercio del ingreso sea capturado por el 1% más rico de la población; que es el que se ha adueñado de las actividades productivas y de la banca; el que controla las exportaciones, pero también se beneficia de las ganancias de los fondos previsionales, los de colegios, universidades, equipos de futbol y es propietaria de los medios de comunicación.

Ahora, el  Estado activo podrá reorientar la actividad económica desde el extractivismo rentista hacia la diversificación productiva, con protección de los ecosistemas, igualdad de género y descentralización regional efectiva.

Asimismo, el artículo 12 señala que “Chile es un Estado plurilingüe, su idioma oficial es el castellano y los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo indígena. El Estado promueve el conocimiento, revitalización, valoración y respeto de las lenguas indígenas de todos los pueblos del Estado Plurinacional”.

La eliminación del Senado y el rechazo del artículo que establecía las atribuciones de la Cámara Regional dejó en evidencia un quiebre interno que se venía gestando desde que comenzaron las críticas de dirigentes del Partido Socialista al “Gran Acuerdo” que les valió duras críticas del Frente Amplio y el Partido Comunista.

Las críticas incluso ironizaban sobre los momios, los referentes históricos del socialismo. luego de una ofensiva comunicacional con los senadores José Miguel Insulza y Álvaro Elizalde criticando un supuesto “unicameralismo encubierto”. A los cuestionamientos se sumó el expresidente Ricardo Lagos sentenciando la eliminación de la Cámara Alta como un “grave error”, con lo que la presión sobre los convencionales socialistas no hacía más que crecer.

A esto cabe sumar el convulsionado ambiente político, sacudido por el alza de precios, los conflictos territoriales en las “macrozonas” y la titubeante instalación del gobierno entrante, que pone en duda cualquier certeza previa sobre el estado de ánimo de la población respecto de la necesidad de cambios estructurales.

Analistas hablan de un complot oligárquico de los momios, los viejos dinosaurios. Es inobjetable que gente con mucho poder (al menos de presión comunicacional) que quiere ver el fracaso del proceso constituyente, y deposita recursos en esa lucha, sobre todo cuando constataron su posición minoritaria dentro de la Convención.

No todos le tienen cariño a la democracia real. Que haya medios de comunicación sesgados, campañas virtuales organizadas al borde de la legalidad y otras argucias reaccionarias es algo que ocurría, y ocurrió. La línea entre señalar lo evidente (hay intereses organizados buscando deslegitimar el proceso) y caer en el desprecio de clase (creer que la población es “débil y manipulable” y no puede legítimamente optar por rechazar) es muy delgada.

La eliminación del Senado

El proceso de redacción de la nueva Constitución chilena llegó a uno de sus puntos cruciales con la aprobación de la eliminación del senado. El artículo 9 establece que “la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional, encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución». «Sus integrantes se denominarán representantes regionales», añade el texto.

El artículo obtuvo 104 votos a favor, 42 en contra y seis abstenciones. En este sentido el nuevo órgano legislativo continuará siendo bicameral. Sin embargo, el pleno no llegó a un consenso sobre algunas indicaciones del artículo referidas a la composición y las atribuciones del nuevo órgano por lo que volverán a ser debatidos en la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral.

Según el portal The Clinic, la aprobación del artículo que definía las atribuciones de la Cámara de Regiones estuvo a un voto de ser aprobada. Sin embargo, el socialista Patricio Fernández votó en contra y argumentó que la cámara nueva debe tener más atribuciones «como la ratificación en el nombramiento de autoridades y participar del proceso de acusaciones constitucionales», precisa el medio local.

El proyecto del nuevo órgano legislativo fue adoptado como un punto medio para avanzar en discusiones entre los constituyentes que quieren mantener el sistema bicameral y los unicameralistas que buscan mantener sólo la cámara de Diputados.

Para la constituyente del Frente Amplio, Constanza Schonhaut, el artículo 9 permitiría agilizar los procesos legislativos en favor de la población chilena. “Vamos dibujando el nuevo sistema político: Con un poder legislativo bicameral asimétrico. Así, dejamos atrás al Senado y damos paso a una Cámara de las Regiones para mejorar representación de regiones, agilizar el trámite legislativo y responder a las demandas ciudadanas”.

Por otra parte, los constituyentes votaron a favor de permitir que quien ejerza la presidencia de la república pueda optar por una reelección inmediata tras cumplir los cuatro años de su gestión, una medida vigente en Argentina, Colombia, Bolivia, y Venezuela.

Además, el artículo 40 que reduce la edad necesaria para ejercer la primera magistratura: «Para ser elegida Presidenta o Presidente de la República se requiere tener nacionalidad chilena, ser ciudadana o ciudadano con derecho a sufragio y haber cumplido treinta años de edad», señala el texto. Asimismo, deberá tener residencia efectiva en el territorio nacional los cuatro años anteriores a la elección, salvo que cumpliera misiones en el exterior.

La Convención

La nueva Constitución significaría una revolución jurídica necesaria para la transformación social que reivindica el pueblo chileno permanentemente, y que tuvo en el “estallido social” de octubre de 2019, el día que ardió Santiago, su más visible expresión. La constituyente es paritaria, diversa, incluye a sectores ideológicamente opuestos, y está formada mayoritariamente por mujeres y hombres que provienen de movimientos sociales y con escasa o ninguna trayectoria en partidos políticos.

Cabe tener presente que la constituyente incorpora a los pueblos originarios a través de los denominados “escaños reservados”. Nunca antes en Chile había ocurrido algo igual. Mapuches, Aymaras, Rapa Nui, Atacameños, Diaguitas… pueblos indígenas a los que nunca se les había escuchado están ahora participando en la redacción de una nueva Constitución. “Han estado siempre ahí, pero no los veíamos”, comenta una convencional con tono bajo.

A esto cabe añadir una circunstancia nada menor: la necesidad de que sea un quórum reforzado, los dos tercios del pleno, que tiene la capacidad de otorgar la última palabra en la aprobación. Esta era una gran batalla si una minoría de la Convención se empecinaba en boicotear la constituyente, porque tendrían siempre capacidad de veto ante cualquier aprobación por parte de la mayoría.

* Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)