Pacto agropecuario: beneficios de unos pocos y  pobreza de muchos argentinos

Horacio Rovelli|

El jueves 30 de septiembre el gobierno argentino firmó y presentó en el Congreso el Proyecto de Ley de “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador», que consensuó con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y que tiene un conjunto de beneficios para un sector que básicamente no lo necesita.

Sus principales cámaras, que son CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) y CEC (Centro de Exportadores de Cereales) declaran haber ingresado en los primeros ocho meses del año 23.229,2 millones de dólares por la venta de 74,32 millones de toneladas de granos y derivados.

Además, el sector agroindustrial en su conjunto representa el 17 por ciento del PBI en todo el país y el 65 por ciento de las exportaciones nacionales, y es quien fijan el precio de los alimentos en el mercado nacional igualándolos al mercado externo, cuando los mismos se producen en el país y el costo en moneda dura es mucho menor al internacional y, la fertilidad de la tierra si no es la mayor, es una de las mayores del mundo.

El Consejo Agroindustrial Argentino está conformado por 52 cámaras y entidades del sector y, a través de este acuerdo con la Nación, buscan promover las exportaciones para alcanzar 100.000 millones de dólares anuales en un mediano plazo, cifra que significa un aumento del 54% respecto a los 65.000 millones de dólares que se exportan actualmente en el segmento de productos agrícolas y agroindustriales.

De la llamada Mesa de Enlace del “campo argentino” son socios del CAA,  Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) y la FAA (Federación Agraria Argentina). No así la Sociedad Rural Argentina.  La Mesa, como organismo político-sindical del sector, aduce que el proyecto de marras: “…no es más que un aporte menor de ideas elevadas al Poder Ejecutivo para que se transformen en ley destacando que, son solamente medidas de fomento e incentivos para ciertas actividades que dependen de muchas pautas de cumplimiento y de presupuestos que no está establecido ni quién las regulará”.

Es cierto que en el proyecto de ley se establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y, que requerirá la intervención de los ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo llegado el caso y en materia de sus competencias.

Pero también es cierta la debilidad de los organismos de control que incluso no tienen intercomunicación entre sí y trabajan como compartimentos estancos, máxime cuando la base del proyecto es la reducción del cobro de los impuestos del sector que se apropia de la renta extraordinaria de la fertilidad de la tierra y al que se le deja la libertad de beneficiarse con desgravaciones que ellos mismos determinan por declaración jurada.

Fernando Basso y Pedro Peretti, desde el Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad, no se cansan de exigir que 50 metros antes de cada Aduana se ponga una balanza para pesar lo que declaran exportar en puertos privados o concesionados al sector privado, y nunca se hace.

Los asociados y sectores del CAA son diversos, pero allí están prácticamente todos los integrantes de las cadenas de valor agropecuarias: los productores de carne avícola, vacuna y porcina; las industrias y cámaras ligadas a la producción de arroz, maní, algodón, madera y pesca, entre otros; y las empresas exportadoras nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales donde participan AGD, ADM, Cargill, COFCO, Louis Dreyfus, Cargill, Molino Agro; ACA y Glencore por si, por Renova y por Viterra SA que antes se llamaba Oleaginosa Moreno Hnos. SA , etc. y que representan el 90% de las exportaciones de granos..

A ello, se suman las Bolsas de Cereales y acopiadores de todo el país. Es decir, hay productores, comercializadores, industriales, productores de biocombustibles y exportadores.

El Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador propuesto, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2025, incluye un registro que funcionará bajo un formato de “ventanilla única digital” y en el que deberán inscribirse aquellos interesados que pretendan acceder a los beneficios y a las condiciones que establezca la reglamentación y, gozarán de la estabilidad fiscal en lo dispuesto por la ley por el plazo estipulado.

Para ello deben demostrar que acrecientan año tras año uno o más de los indicadores siguientes: a) Volumen de ventas;  b) Volumen de producción física;  c) Volumen de exportaciones físicas; d) Cantidad de personal ocupado;  y e) Inversiones realizadas. Con el primero y básicamente las ventas al exterior, les basta y es su principal objetivo.

En el proyecto se establece una amortización acelerada (y por ende al computarse  la mayor inversión en menos plazo incrementa el costo y con ello genera menos ganancia contable), en tres años, en cuotas anuales iguales y consecutivas, en lugar de 10 años o más de acuerdo al tipo de inversión en cada sector del agro, para bienes muebles nuevos amortizables -excluido automóviles- adquiridos, elaborados o fabricados, y para insumos (que van desde semillas, bulbos, fertilizantes, chapas, etc.) de acuerdo al nomenclador arancelario común del Mercosur, incluso en menos plazo de tres años.

También la amortización anticipada para  inversiones en construcciones –excluida la vivienda- y de infraestructura, como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al cincuenta por ciento (50%) de la estimada, todo para abultar el costo contable y declarar menos ganancia y por ende pagar menos impuestos.

Igual trato favorable se hace sobre la valuación de la hacienda para los establecimientos de invernada o engorde a corral, con el objetivo de eximirlos del pago del impuesto a las ganancias durante los años de engorde y, pagan ganancia cuando vendan los novillos.

Asimismo, contempla la devolución de IVA en tres cuotas, a diferencia de la actualidad que es a cinco años de promedio. Esta iniciativa alcanzará a plantas frigoríficas, acopios, usinas lácteas, plantas de balanceado, planta de tratamiento de frutas, entre otras producciones.,

El Proyecto de marras crea el “Sistema de Promoción Agroindustrial para la Producción Sostenible” compuesto por tres programas: a) Incrementar el uso de semilla fiscalizada de especies autógamas[1] de producción nacional. b) Estimular la producción sustentable con fertilizantes e insumos, incluso los biológicos. Y c). Incrementar la productividad de la ganadería vacuna (Aumentos en los porcentajes de destetes de terneros logrados y aumento del peso de los animales enviados a faena).

El Sistema de Promoción Agroindustrial para la Producción Sostenible generará un certificado de crédito fiscal intransferible hasta un importe del cincuenta (50%) de los gastos y erogaciones deducibles del impuesto a las ganancias correspondientes a adquisiciones de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, insumos -incluso los biológicos-, semillas autógamas, forrajeras y hortícolas, debidamente identificadas y fiscalizadas, relacionadas con los Programas a) y b) y de gastos en genética y sanidad ganadera vinculados con el Programa c), y hasta el límite del cincuenta por ciento (50%) del impuesto a las ganancias a pagar.

Dicho certificado de crédito fiscal intransferible podrá ser utilizado por el término de veinticuatro (24) meses contados desde su emisión para la cancelación del impuesto a las ganancias a pagar del período fiscal de que se trate o de sus respectivos anticipos y/o de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, y no podrá dar lugar a saldos a favor como así tampoco a reintegros o devoluciones por parte del Estado nacional. Este plazo podrá prorrogarse por doce (12) meses, por causas justificadas. Y se determinará por cupo fiscal en las leyes de presupuesto de la Administración Nacional.

Como resultado el sector se verá favorecido en pagar menos impuesto a las ganancias y, si contabilizan saldos a favor, utilizarlos para pagar hasta dos y hasta tres años después dicho gravamen.

En síntesis

El gobierno insiste en seguir haciendo concesiones a los sectores más concentrados de la economía argentina que son a su vez, los principales beneficiados de la suba de los precios

Así alcance el sector en un mediano plazo exportar por 100.000 millones de dólares anuales, si no se le fija los necesarios y mayores derechos de exportación – retenciones (el proyecto les confiere estabilidad fiscal hasta el año 2025, cuando le corresponde a otra administración)- y un cupo de exportación para garantizar el debido abastecimiento para el mercado interno, al menos para la carne vacuna, trigo y maíz, van a seguir subfacturando vía la República Oriental del Uruguay (como lo demostró la sanción a 17 principales frigoríficos en mayo de este año[2])  y sobrefacturando compras de granos del Paraguay.

El gobierno presenta este proyecto y no reglamenta la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, sancionada en enero de 2015, con el objetivo de afianzar la población que habita los territorios rurales e impulsar el aprovechamiento de cada territorio para generar bienes primarios, industrializados y servicios diferenciados por sus particularidades ecológicas, culturales, procedimientos de elaboración en clara defensa del pequeño y mediano productor.

En cambio con el proyecto de Ley de Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador, se sistematiza y se mecaniza (reemplazando mano de obra) a favor de un sector que se concentra y se extranjeriza cada vez más, que el Estado no termina de controlar y encima, se le disminuye los impuestos, cuando el camino correcto para que reduzcan los precios y se desenganche el mercado externo del interno es con el aumento de la alícuota (tasa) de las retenciones.

El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, compuesta por la gran mayoría de los frigoríficos sancionados en mayo 2021 por el gobierno, realiza el 80% de las exportaciones de carne y, lo hace a costa del mercado interno. Mientras el año pasado declararon exportar 900.699 toneladas de carne vacuna, como se faena 3,2 millones de toneladas, destinaron 2,3 millones al mercado interno, que significó 50,2 kilogramos de consumo per cápita, el más bajo de los últimos 100 años.

Y este año van a exporta en torno a los 800.000 toneladas y se vende en el mercado interno si se paga  800 pesos (unos ocho dólares al cambio oficial) el kilo de carne o más.

Paralelamente una veintena de industrias elaboran el 80% de los alimentos y bebidas que se venden en el mercado interno argentino (Arcor, Molinos Rio de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca Cola, Nestlé, Mondelez-exKraft, Molinos Cañuelas, Aceitera General Deheza; etc.) y las grandes cadenas de ventas (Coto, Carrefour, Cencosud, la Anónima, Walmart) manejan el 65% de la comercialización de esos bienes que se consumen en el país.

En ese marco y con esa sociedad de hecho y de muchos años entre grandes productores y comercializadores, es muy difícil destrabar el proceso de formación de precios de esos productos.

Bien, cuando se presentó el Proyecto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, la mayoría de los asistentes eran los CEOS y dueños de esas grandes compañías formadoras de precio y que explican porqué, según el INDEC, el índice de pobreza se ubicó en el 40,6% y el nivel de indigencia fue del 10,7% de la población en el primer semestre del año 2021, y se debe a la suba sistemática y permanente del precio de los alimentos.

El alza de precios en la Argentina no es esencialmente un problema de estructura de costos (que no se conocen ni se dan a conocer), donde jueguen los aumentos salariales o del combustible. En la Argentina de los últimos 45 años la principal causa de la suba de precios es el valor del dólar y, ello es así, por la fuerte extranjerización de la economía y el predominio que tienen las principales empresas en sus respectivos mercados.

Es obvio que los grandes formadores de precios de alimentos en el mercado argentino se benefician y propician la suba del valor de la divisa para priorizar la venta al exterior y que, por cada dólar que consiguen (y que el proyecto de marras impulsa y estimula) quieren obtener mayor poder de compra en el mercado local.

Esta historia la vivimos varias veces, el gobierno en esta alianza cava su propia fosa (se alía al principal interesado en devaluar la moneda).  Se hace un brutal ajuste externo, nos privamos de consumir alimentos, tenemos altos niveles de pobreza e indigencia y queremos seguir vendiendo alimentos al mundo.

El gobierno debe frenar a como dé lugar y sin miramiento la existencia de todo dólar que no sea oficial y, no convalidar aumentos de precios sin una estructura de costos que lo respalde y demuestre, de otro modo el modelo agroexportador y de salarios bajos se retroalimenta para beneficios de unos pocos y para la pobreza de unos muchos.

Notas

[1] Las especies autógamas son aquellas que se reproducen por autofecundación, es decir, los gametos que se unen para formar el cigote proceden de la misma planta.

[2] La lista de los frigoríficos que se multó está compuesta por las principales firmas que operan en el país: Marfrig Argentina S.A.; Sociedad Anónima Carnes Pampeanas; Coto Centro Integral de Comercio; Quickfood S.A.; Arre Beef S.A.; FRIAR S.A.(del grupo Vicentin); Swift Argentina S.A.; Azul Natural Beef S.A; Frigorífico General Pico S.A.; Conallison SA;  Frigorífico Alberdi Sociedad Anónima; On Beat S.R.L.; Panoa S.R.L.; Industrias Frigoríficas Recreo; Procesadora Ganadera Entrerriana; Tutto Porky´S SRL; Logros S.A.;Carnes Sudamericanas S.A.; y  Black Bamboo Enterprises

 

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).