Chile: La corrupción de los uniformados

Juan Pablo Cárdenas

Ayer fueron los carabineros, con el llamado Paco-Gate; luego los marinos, con las coimas derivadas de las compras fragatas;  enseguida el Ejército, con el Milico-Gate, y ahora los aviadores, con el tráfico de estupefacientes desde el norte del país a la Capital. A partir del primer día de la llamada transición a la democracia, las Fuerzas Armadas y la policía han estado involucradas en graves y constantes actos de corrupción destinados al enriquecimiento ilícito de sus oficiales, así como actualmente colaborando y beneficiándose del narcotráfico.

Ya se acepta que el crimen organizado está sentado en la mesa de nuestra institucionalidad, pero pocos creían que la penetración en la política, la Justicia y los gobiernos regionales como comunales iba a continuar con su ingreso en los cuarteles, barcos y aviones, como ya consta en varios procesos judiciales.

Ciertamente, los puntuales delitos que hoy se descubren pueden ser solo indicio de una corrupción más profunda y severa, toda vez que el mundo político y los jueces prefirieron hacer vista gorda sobre lo que era un secreto a voces. La cobardía demostrada ante los uniformados ha sido patética en toda nuestra historia y es posible que hoy poco se pueda hacer, ya,  para frenar la codicia e impudicia de nuestros institutos armados.

Ellos tienen el poder de las armas por ello es que en toda nuestra evolución institucional han sido tan habituales aquellos episodios en que los uniformados se han rebelado contra la autoridad civil, pisoteando la Constitución y la Ley que han jurado acatar. Hasta se permitieron 17 años de gobierno interrumpido y violaciones de los Derechos Humanos, por lo que resulta tan falso hablar de nuestra larga trayectoria democrática.

El mal ejemplo de la política y las  instancias civiles siempre les ha servido de acicate para su propia corrupción. Pinochet mismo finalmente se descubrió como un ladrón, además de sus crímenes contra los derechos del pueblo. En más de mil cuentas bancarias en los Estados Unidos acumuló y guardo el dinero arrebatado al fisco y como producto de negocios ilícitos. Qué pudor habría de tener en este sentido después de matar, torturar, hacer desaparecer y exiliar a miles de compatriotas.

Lo grave es que desde el mismo gobierno de Patricio Aylwin el Estado hizo caso omiso del millonario despojo de empresas y otros bienes del Estado materializados por el régimen civico militar. La clase política temió que la ira uniformada en cualquier momento interrumpiera el proceso político, por lo que se le toleraron sus despropósitos al propio ex dictador, como al conjunto de las Fuerzas Armadas y de orden.

Este silencio cómplice sirvió a su vez a los primeros actos ilícitos de la política. A los sobresueldos del gobierno de Lagos y el escándalo del MOP-Gate; el caso Penta y el financiamiento irregular de la política; el Caso Caval que involucró al hijo y la nuera de Michelle Bachelet y, recientemente, el denominado escándalo de los convenios o fundaciones que se calcula en millones de dólares repartidos transversalmente entre los dirigentes y partidos políticos oficialistas y opositores. Mientras que las demandas sociales seguirán postergadas.

Todo esto a vista y paciencia de los militares que tienen más recursos que los tribunales y los medios de comunicación para descubrir estos ilícitos y sumarlos a sus irregularidades. Ciertamente que la “inteligencia militar” siempre fue eficaz en descubrir los delitos de los otros, más que entre los que se guarecen en sus filas. Conocidos son también los delitos de los gendarmes al interior de las cárceles y su colaboración con los capos de las drogas que manejan sus negocios tras las rejas.

Por alguna extraña razón son muchos los chilenos que todavía confían en la honorabilidad de las Fuerzas Armadas. Parecen olvidarse muy rápidamente de aquellos sórdidos episodios de nuestra historia en que éstos han traicionado el llamado Estado de Derecho convirtiéndose en verdugos de quienes confiaron en su lealtad e, incluso, vocación democrática. Cuando todo dice que en sus organizaciones impera la verticalidad de mando.

El implacable mandato de los oficiales sobre sus subalternos, lo que los ha llevado, incluso, a provocar la muerte de esos 45 conscriptos en Antuco, abatidos por el frío en un absurdo y criminal operativo militar. Episodio tan grave y alevoso como el de la misma Caravana de la Muerte, durante la Dictadura, y que contó entre sus víctimas a casi un centenar de prisioneros políticos.

Cobardía más que negligencia ha sido la de la política y la judicatura en relación a los uniformados, y ahora parece ser tarde para descubrir y sancionar la infiltración del crimen organizado en las instituciones castrenses. Todos los meses se sabe de la desaparición de armas y pertrechos militares desde los regimientos, como los sobornos en la compra de tanques y aviones, las malversaciones de caudales públicos, las facturas falsas para lavar dinero, como de otros tantos delitos cuyas denuncias por la prensa desaparecen en breve tiempo en favor de la impunidad muy posiblemente consentida por las autoridades civiles.

En materia presupuestaria constan los recortes convenidos por La Moneda y los parlamentarios opositores que afectan a la educación, las obras públicas, incluso la salud. Pero existe total hermetismo respecto de los recursos que le asigna el fisco a las Fuerzas Armadas, a pesar de que poco tiempo atrás tanto se prometía el recorte de sus abultados presupuestos. Son muy pocas las voces que actualmente demandan la reducción de los onerosos e inútiles gastos militares, en un país que suma más de cien años sin conflictos con nuestros vecinos.

En relación a los funcionarios públicos, los militares siguen siendo privilegiados por sus breves años de servicio activo, sus altas remuneraciones y el sistema propio de previsión. Nadie osa revisar esta situación e instalar la “igualdad ante la ley” que debiera regir al respecto.

Tampoco se les exige a los uniformados someterse a los test para medir su posible adicción a las drogas, especialmente a aquellos soldados apostados en las fronteras y en quienes existe mayor riesgo de ser tentados por el más lucrativo de los negocios. Pésimo, entonces, que el propio Presidente de la República, sus ministros y otros altos funcionarios públicos se resistan a los test que por ley debiera aplicárseles.

¿Se podrá combatir el narcotráfico en un país en que los propios supervisores se resisten a hacerse, por ejemplo, la “prueba del pelo”, uno de los test más efectivos para comprobar este tipo de adicciones. ¡Qué horrible mal ejemplo ante el mundo el de nuestras autoridades como el de los miles de uniformados expuestos a las tentaciones del narcotráfico!

Hace tiempo que los chilenos debieran abandonar los mitos que existen sobre la probidad de los uniformados y asumir lo que es ya una verdad histórica. Esto es, que son las Fuerzas Armadas las que constituyen el principal peligro para la estabilidad de nuestro sistema institucional con sus golpes de estado y cuartelazos. Más aun cuando sus efectivos compiten en corrupción con los políticos, jueces y fiscales así como con el empresariado siempre ávido por sumar beneficios de parte del sistema económico social imperante.

* Periodista y profesor universitario chileno. En el 2005 recibió en premio nacional de Periodismo y, antes, la Pluma de Oro de la Libertad, otorgada por la Federación Mundial de la Prensa. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)