Perú: militares impunes, otra vez

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Mariana Álvarez Orellana

La aprobación se dio con 16 votos a favor y 11 en contra, sin abstenciones. La norma contempla dos situaciones para la aplicación de la amnistía: en primer lugar, a miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa sin sentencia firme, pero que estén siendo denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado. En segundo lugar, a aquellos con sentencia firme y mayores de 70 años.

El dictamen fue impulsado por el congresista Jorge Montoya, de la bancada ultraconservadora Honor y Democracia, y sustentado por el parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. Ambos defendieron la medida como un acto de justicia hacia quienes “enfrentaron con coraje y amor por la patria” al terrorismo. La ley excluye explícitamente a personas acusadas de terrorismo o delitos de corrupción.

En junio de 1995 la dictadura de Fujimori puso un clavo más en su ataúd con la ley de amnistía para militares violadores de derechos humanos en el marco del conflicto armado interno. Un acto desafiante que suscitó enormes movilizaciones y la ilegítimidad que contribuyó a la caída del fujimorato. Treinta años después,una nueva ley de impunidad acaba de prosperar en el Congreso, la vieja deuda contraída por los vencedores del conflicto hacia sus sicarios y criminales de guerra uniformados se pretende saldar, esta vez en medio de la desmovilización social,la apatía y la anuencia con que el movimiento social contempla la aplanadora parlamentaria.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú ha expresado su oposición a través de un comunicado , advirtiendo que esta normativa «borra décadas de lucha por la justicia y la verdad» dado que más de 156 condenas y 600 procesos por violaciones «graves» a los Derechos Humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas estarían en proceso de archivarse.

Desde Ayacucho, Huanta y otras regiones afectadas por la violencia política, familiares de víctimas expresaron su indignación. Luis Arónez, representante de la Coordinadora Nacional de Víctimas, denunció que la ley favorece a altos mandos militares implicados en crímenes de lesa humanidad. “Más de 25 mil desaparecidos, más de cinco mil mujeres violadas. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hermanos? Esta ley es un insulto. Es una ley hecha por y para los asesinos”, dijo Arónez entre lágrimas, recordando la masacre de Accomarca, en la que murieron 41 personas, incluidos 19 niños.

La ley de impunidad 2.0 viene a cumplir con lo pactado con las FFAA, uno de los soportes del gobierno de Dina Boluarte, bien representadas hoy en el parlamento por almirantes y generales congresistas. Con su gobierno, las fuerzas armadas ostentan hoy enormes presupuestos, millonarias adquisiciones sin ningún tipo de fiscalización, mientras los militares parlamentarios envueltos en denuncias por asesinos y violadores bien representan a sus instituciones ávidas del presupuesto público.

De esta manera el gobierno de Dina Boluarte sigue imponiendo la agenda que  avanza sobre cadáveres de manifestantes, en medio de la generalizada desaprobación de su gestión. Boluarte,  que sucedió constitucionalmente al electo presidente Pedro Castillo, superó el bochornoso y delictivo hallazgo de las joyas que recibió como soborno encubierto, y mientras expone las cirugías estéticas que se practicó a cambio de puestos públicos, tiene estancadas las investigaciones judiciales por su desbalance patrimonial,.

Todo se lo debe a esa curiosa y funcional confluencia de intereses mafiosos  que la usa para redibujar un estado a la medida de los negocios que deja pasar a cambio de su permanencia. Una mucama del poder bastante económica para el medio mientras a su alrededor se festinan enormes presupuestos, la presidenta accidental está contenta con los mendrugos que le permitan la más ordinaria frivolidad. Boluarte no tiene la sofisticación de los que medraron con Oderbrecht, se sabe que ya andaba mordiendo cuando fue ministra del gobierno que traicionó, pero hoy está satisfecha con cirugías, viajes y joyas ,en ese sentido sus aspiraciones no van más allá de las que pretendiese cualquier bataclana, señala Roque Gonzales La Rosa.

La impunidad que hoy consiguen los que arrasaron aldeas e incineraron detenidos en  hornos edificados en cuarteles militares vendrá acompañada del plan de retirar al país de la competencia de los organismos supranacionales de justicia, se apuntalará con la intervención en marcha del poder judicial,los beneficiarios policías y militares reprimirán a quienes cuestionen sus gollerias y todo aquello que hasta hace un tiempo se percibía como inconcebible terminará por hacer parte del paisaje, añade.

Una ley de impunidad

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) manifestó su rechazo categórico a lo que denominaron una ley de impunidad. La actividad contó con la participación de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, activistas y expertos legales. “Esta ley exime de responsabilidad penal a quienes hoy enfrentan procesos por crímenes como desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas y asesinatos”, denunció Gisela Ortiz, hermana de Enrique Ortiz, uno de los estudiantes de La Cantuta asesinado por el grupo Colina. “No se trata de venganza, se trata de justicia. Esta ley nos arrebata el derecho a saber la verdad y a que se sancione a los responsables”.

Ortiz recordó que esta no es la primera vez que el Congreso intenta imponer una amnistía. En 1995, durante el régimen de Alberto Fujimori, una ley similar fue aprobada y luego anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Nos tomó años revertir esa injusticia. Esta es otra batalla, y la enfrentaremos con la misma dignidad”, afirmó.

El rechazo a la ley no solo se centra en el ámbito nacional. Organizaciones como APRODEH y la CNDDHH advirtieron que la norma contraviene los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de derechos humanos. El exministro de Justicia y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, advirtió que la aprobación de esta ley constituye “una regresión jurídica grave” y que podría activar procesos ante la Corte Penal Internacional. “Los jueces y fiscales que apliquen esta ley también incurrirán en responsabilidad internacional”, alertó.

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García Sayán hizo un llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilante. “La justicia no puede ser eliminada por 16 votos de congresistas sin legitimidad. Esta ley es inconstitucional e inconvencional. No debe ser aplicada”. “El derecho internacional es claro: los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser amnistiados”, afirmó.

Gloria Cano, de APRODEH, informó que su organización acudirá caso por caso ante el Poder Judicial y el Ministerio Público para solicitar la inaplicación de la ley. “No vamos a permitir que se cierre la puerta a la justicia para las víctimas. Ya lo hicimos antes y lo haremos de nuevo”. Cano detalló que la ley busca beneficiar a militares como José Valdivia Dueñas (caso Cayara), Martín Rivas (caso Chuschi), Morillo Osson (caso Accomarca) y Daniel Urresti (caso Bustíos), entre otros. Algunos ya cuentan con sentencia firme, mientras que otros están en etapa de investigación o juicio.

Aunque la ley fue aprobada en la Comisión Permanente, aún debe ser promulgada por el Ejecutivo. Sin embargo, los familiares de víctimas no tienen expectativas positivas sobre el actual gobierno. “No esperamos nada de un gobierno que ha avalado otras leyes regresivas como la que busca prescribir los crímenes de lesa humanidad”, sostuvo Gisela Ortiz. La ley podría beneficiar a alrededor de 900 militares y policías, tanto con procesos abiertos como con condenas firmes. Sin embargo, su aplicación no será automática: cada caso deberá ser evaluado por un juez penal, lo que abre un nuevo frente de batalla legal.

Por lo pronto, los familiares de las víctimas han anunciado movilizaciones en Lima y en regiones como Ayacucho. Asimismo, ya han alertado a instancias internacionales como la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice Gisela Ortiz que esta ley no busca reconciliación, busca el olvido. Y añadió: “Pero nosotros no vamos a olvidar. La memoria es nuestra arma y la justicia es nuestro derecho”.

 

*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)