Argentina: Ataque libertario al derecho a huelga
Rubén Armendáriz
El gobierno libertario de Javier Milei restringió parcialmente el derecho a huelga en Argentina al ampliar, mediante un decreto, la cantidad de servicios que deberán garantizar una prestación mínim incluso en medio de un conflicto laboral, una medida contraria a lo que dictan la Constitución, las leyes y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia el gobierno ultraderechista avanza sobre el derecho de huelga de los trabajadores con los mismos argumentos que utilizara Javier Milei en el decreto dictado a pocos días de asumir la presidencia y posteriormente declarado inconstitucional, cuando intentó redefinir el alcance de los servicios esenciales, limitando en función de ello el paro en tales actividades.
Ahora, al intentar anular el derecho a huelga, extiende las restricciones incorporando una segunda categoría de actividades o sectores, calificados como “de importancia trascendental”, los cuales deberán garantizar las prestaciones en un mínimo del 50 por ciento en días de paro.
La norma fue rechazada por sindicatos y abogados laboralistas, que entienden que volverá a ser considerada inconstitucional por la Justicia, en tanto que los gremios analizan una respuesta colectiva ante este nuevo intento de avasallamiento de derechos laborales establecidos por ley. “Lo que pretenden es dejar sin efecto la legislación laboral y retrotraernos al siglo XIX, donde las relaciones son civiles o comerciales y el derecho a huelga se trata en la justicia penal”, sostuvo la exministra de Trabajo Raquel Olmos.
La abogada Natalia Salvo explicó de “a través de un decreto de necesidad y urgencia, queno tiene nada de necesidad ni de urgencia porque está funcionando el Parlamento, el Presidente, de una manera oblicua, cuando desregulan la actividad de la Marina Mercante introduce un montón de actividades económicas como servicios esenciales, a contramano de lo que establece la Organización Internacional del Trabajo y nuestro mismo artículo 14 bis que consagra como derecho humano fundamental el derecho de huelga”.
“El Gobierno Nacional, a través del Decreto 340/2025, intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo”, expresó la Confederación General del Trabajo (CGT), la central obrera más importante del país: “La CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un Gobierno que pretende borrar, una vez más, los derechos que tanto costó conquistar y defender”.
A los servicios considerados esenciales hasta ahora –sanitarios, hospitalarios, relativos a agua potable, a la energía eléctrica, el gas y el control del tráfico aéreo– el decreto sumó todas las ramas del transporte marítimo y fluvial, pero también los servicios aduaneros, migratorios y la educación en todos sus niveles.
Asimismo, estableció como “actividades o servicios de importancia transcendental“, a la producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios, transporte terrestre y subterráneo, radio y televisión, actividades industriales, industria alimenticia, producción y distribución de materiales de construcción, reparación de aeronaves y buques, servicios aeroportuarios, servicios logísticos, y la actividad minera y frigoríficsa.
También lo servicio de correo, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria, servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos, comercio electrónico y producción de bienes y/o servicios ligados a compromisos de exportación.
Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, señaló que al igual de lo que se intentó con “el declarado inconstitucional DNU 70/23, amplía de tal modo los servicios esenciales que prácticamente prohibe hacer huelgas. No se puede restringir, por decreto, sin adecuación a criterios internacionales, el derecho a huelga”.
Señaló que “la legislación argentina, hasta esta ilegal modificación, siguiendo a la OIT sólo consideraba esencial a los servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población.
Cremonte indicó que el decreto tiene una finalidad concreta, que no es prohibir la huelga. Tan absurdo es que en un inciso incluye “la interrupción o suspensión de la producción pudiere (…) afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”. Es claro que no trata de proteger la vida de la población ni el ejercicio de un derecho”.
El abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano recordó que la ampliación del espectro de actividades consideradas esenciales estaba originalmente incluida en un extenso decreto de desregularización general de la economía, firmado por Milei poco después de su llegada al poder en diciembre de 2023. En su momento, “ya fue declarado inaplicable por inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”.
*Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)