Dura reforma migratoria en Argentina: requisitos más severos y expulsiones
Rubén Armendáriz
El gobierno del ultraderechista Javier Milei dispuso el miércoles modificaciones al régimen migratorio de Argentina que endurecen los requisitos para la obtención de la ciudadanía, facilitan la deportación de personas condenadas y eliminan la gratuidad en el sistema de salud público, entre otras medidas.
Milei copia un discurso anti inmigración similar al de otros gobiernos de ultraderecha. y justificó la medida como parte de un esfuerzo por «restaurar el orden» y garantizar que los recursos públicos se destinen prioritariamente a los ciudadanos argentinos
La reforma está contemplada en un decreto de necesidad y urgencia, no obstante, la Constitución prevé un mecanismo de control que habilita al Poder Legislativo a anular decretos con el rechazo de las dos cámaras. A partir de la publicación del decreto, cualquier extranjero condenado por algún delito podrá ser deportado, aunque la pena sea leve. También se prohibirá la entrada a personas con antecedentes penales.
El gobierno también cobrará por la atención médica a los extranjeros en hospitales públicos, alegando que, en 2024, ese servicio generó un gasto oneroso para las arcas públicas. La atención solo será gratuita en casos de emergencia.
El ultraderechista Milei, quien llegó al poder a fines de 2023, anunció en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso en marzo el endurecimiento de las políticas migratorias. Es uno de los principales aliados de Estados Unidos y El Salvador, gobiernos que han aplicado medidas de mano dura con los migrantes .
En educación, las universidades públicas podrán cobrar matrícula a los extranjeros con residencia temporal. No obstante, la educación primaria y secundaria seguirá siendo gratuita para todos los residentes. La ciudadanía sólo podrá otorgarse a quienes hayan residido en Argentina durante al menos dos años consecutivos o hayan realizado una inversión significativa en el país. Para obtener la residencia permanente, los solicitantes necesitarán comprobar sus ingresos y no tener antecedentes penales.
El gobierno aplicó una serie de modificaciones en los requisitos necesarios para solicitar la residencia permanente y la ciudadanìa, además de arancelar los servicios de salud y educación para extranjeros. El vocero presidencial, Manuel Adorni, especificó que cualquier inmigrante con condena será expulsado del país y que correrá el mismo destino aquel que mienta en la información para el ingreso.
El anuncio de estas medidas se da en el contexto de procesos electorales en todo el país. El domingo pasado hubo elecciones en cuatro provincias y este domingo votarán los habitantes de la capital. Manuel Adorni, quien anunció estos cambios, es el candidato del gobierno nacional para los comicios capitalinos. Mientras, organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que «no se puede establecer un régimen excepcional para ciertas personas sin un debate en el Congreso» porque está vinculado con el derecho de defenderse.
Según el gobierno, alrededor de 1,7 millones de personas ingresaron al país ilegalmente en los últimos 20 años.
Las nuevas reglas, argumenta el comunicado, buscan reorganizar el sistema y garantizar que los recursos públicos sean utilizados prioritariamente por los argentinos. Se espera que las medidas impacten también a los turistas, quienes ahora deberán presentar un seguro médico para ingresar al país, como ya lo exigen los países de la Unión Europea.
El funcionario, cuestionó además la normativa inmigratoria actual al precisar que «invita al caos y al abuso de muchos vivos que lejos están de venir al país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad”. “Hoy, entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles. En los últimos 20 años, ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, el equivalente a la población del Partido de La Matanza o la provincia de Tucumán”, denunció.
Adorni, subrayó: “La Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma regular. Hoy cualquier condenado con una pena menor de tres años puede ingresar a la Argentina”. “A partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud, y quienes ingresen a la Argentina deberán presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago», puntualizó, y sumó: «También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios si así lo desean, respetando la autonomía universitaria”.
, Adorni detalló: “De ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazo por las autoridades migratorias y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán inmediatamente expulsados”.
“La Argentina no será tierra fértil en el ingreso de los delincuentes. Además, todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado sea el delito que sea y se van a acortar los plazos de los procesos de apelación para las expulsiones que hoy resultan eternos. El que las hace las paga”, sumó.
Asimismo, ponderó: “Hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen y permanecen en las buenas de la ley, que vienen a trabajar, a forjar su futuro, no es justo para ellos que permitamos que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en nuestro territorio al margen de la ley”.
Adorni habló de los “famosos tours sanitarios”, y expuso que solo en un año, ocho hospitales nacionales destinaron “114 mil millones de pesos en atender extranjeros”. “Hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley, con la norma vigente, cualquier inmigrante condenado por un delito con pena menor a cinco años puede seguir viviendo en la Argentina, dijo.
*Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)