Apagón en España y Portugal, el precio de privatizar un servicio básico
Isabella Arria
Al mediodía del lunes un apagón generalizado dejó sin electricidad a toda España y Portugal, así como a una parte de Francia, con afectaciones al tránsito, al transporte público, a las telecomunicaciones, a la industria y a todos los hogares e instituciones que no cuentan con fuentes de respaldo. El servicio comenzó a restablecerse seis horas después y pasaron 10 horas antes de que se recuperara una relativa normalidad.
El apagón confirma que entregar a la iniciativa privada éste y otros servicios esenciales no garantiza un mejor funcionamiento, algo por demás conocido a partir del propio ejemplo español y de otros como el estadounidense. En 2003, EEUU sufrió un apagón que afectó a 50 millones de personas en Nueva York y otras urbes tanto en ese país como en el vecino Canadá, cuya causa fue la falta de inversión y mantenimiento por parte de las empresas.
Este apagón ya se clasifica entre los 15 cortes de electricidad más importantes de la historia mundial por los más de 58 millones de habitantes afectados. Caos, estado de emergencia, parálisis, día oscuro, ciberataque, ¿la sombra de Putin? El gran apagón que han sufrido España y Portugal ha protagonizado los titulares de la prensa internacional, plagados de adjetivos e hipótesis.
The New York Times ha destacado cómo la falta de energía interrumpió «bruscamente» las actividades cotidianas en España, provocando todo tipo de incidencias y afectando a estructuras básicas como los aeropuertos. Sin una respuesta clara de las autoridades españolas sobre la causa del corte eléctrico, añade el diario neoyorquino, la histórica caída ha mostrado la «vulnerabilidad del sistema eléctrico europeo», a juicio de The Washington Post, que habla de dos países paralizados por un apagón que no tiene una explicación inmediata.
En espera de conocer los motivos, está claro que el reparto del sector entre varias trasnacionales –Iberdrola, Naturgy, Endesa, EDP y Repsol– complica la coordinación para el restablecimiento del servicio y las investigaciones pertinentes. En el mismo sentido, En 2021 y 2023, Texas padeció inviernos especialmente crudos que se saldaron con importantes apagones con duración de varios días.
En el primero de esos años, las firmas eléctricas privadas, lejos de indemnizar a los usuarios, remitieron facturas con un sobrecosto de hasta 7 mil por ciento con el pretexto de los elevados precios del gas usado en la generación de energía. Algunos usuarios debieron pagar el equivalente a 300 mil pesos mexicanos de entonces por un servicio que, además, fue inestable e incierto.
Mientras, en las calles, en los negocios y en las casas, la ciudadanía afrontó el apagón como pudo. Desde un acaparamiento frenético hasta una confusión y desconcierto total, pasando por un confinamiento tranquilo y la resignación a un estilo de vida anticuado y sin electricidad.
La Audiencia Nacional abrió una investigación para saber si el apagón fue un acto de sabotaje informático. El juez José Luis Calama dio un plazo de diez días al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica para que informen por escrito de las causas del apagón en España. Asimismo abrió diligencias de oficio ante la afirmación del presidente Pedro Sánchez de que «se han perdido» de forma súbita durante cinco segundos 15 GW de la energía que se estaba produciendo antes del apagón, lo que equivale al 60% de la luz que se estaba consumiendo, siendo «algo que no había ocurrido jamás».
Pese a que Red Eléctrica ha descartado que el apagón haya sido fruto de un ciberataque, el magistrado, al frente del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, acuerda como primeras diligencias requerir al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica Corporación SA la elaboración de sendos informes para que en un plazo improrrogable de diez días «indiquen la o las causas que motivaron el apagón». 
Desde Londres, la cadena BBC relataba el «caos» producido por el apagón: «Los semáforos se apagaron. El metro cerró. Los negocios cerraron y la gente hizo cola para sacar efectivo, ya que no funcionaban los pagos con tarjeta».
Entre 2018 y 2021, las compañías que controlan el mercado eléctrico español aumentaron sus tarifas hasta 500 por ciento: mientras algunas familias tuvieron que optar por lavar la ropa de madrugada (puesto que las tarifas varían de acuerdo con el nivel de la demanda), a otras no les quedó de otra que recurrir a las velas ante la imposibilidad de pagar los recibos. Los comedores sociales se vieron desbordados porque miles de personas no podían permitirse el lujo de cocinar en casa.
Cuando el presidente Sánchez intentó frenar la escalada de los precios en 2021, Iberdrola recurrió a sus estrechas relaciones con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para chantajear al Ejecutivo: si éste aplicaba medidas contra el abuso de las empresas eléctricas, el PNV se retiraría de la coalición de gobierno, haciéndolo caer.
Las poderosas energéticas hispanas no sólo son un peligro para la democracia, sino también para el medio ambiente. En julio y agosto de 2021, Iberdrola vació dos embalses en las provincias de Zamora y Cáceres para beneficiarse con la venta de energía, con lo que dejó sin agua a los pobladores y ocasionó pérdidas a los sectores agrícola y turístico.
En el mismo periodo, Iberdrola y Naturgy vaciaron pantanos de la comunidad autónoma de Galicia con el propósito de lucrar con un esquema perverso que fija el precio por subasta, pero no para ofertar a los consumidores el precio más bajo, sino para permitir a la industria vender al más alto ofrecido en el pool. Así, al desecar los embalses, estas empresas generaron energía a precio bajo para vender a los precios inflados por los costos internacionales del gas natural, con un costo ecológico y social que nada tiene que ver con la sostenibilidad de que presumen.
*Periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)