Ecuador: Luisa González denunció «el más grotesco fraude electoral»

Eloy Osvaldo Proaño

La segunda vuelta de la elección presidencial en Ecuador, caracterizada desde un inicio por la manifiesta
utilización del aparato gubernamental para favorecer la relección del presidente derechista Daniel Noboa,
culmina, por ahora, con un resultado oficial que fue de inmediato desconocido por la aspirante opositora Luisa González, quien denunció la comisión del “más grotesco fraude electoral” y exigió el recuento total de los sufragios,

 Luisa González cuestionó los resultados de la segunda vuelta presidencial, pidió un recuento de votos y solicitó la apertura de urnas, al considerar que existen dudas sobre la transparencia del proceso electoral. “Me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad”, expresó en un mensaje dirigido a sus seguidores y al Consejo Nacional Electoral (CNE).Se espera que el presidente reelecto y su binomio asuman el cargo el 24 de mayo de 2025, fecha prevista para la posesión oficial y el inicio del nuevo período de gobierno de cuatro años.

Apenas un año y cuatro meses después de haber asumido la presidencia tras las elecciones anticipadas de 2023, Noboa deja atrás un período atravesado por la crisis energética, una encarnizada lucha contra el crimen organizado y un total alineamiento con Estados Unidos en política exterior. Nacido en Estados Unidos,  quiere tropas extranjeras (incluso mercenarios), reforma constitucional y más armas para enfrentar el crimen. La oposición lo acusa de militarizar el país y entregar soberanía a cambio de respaldo político.

Durante la jornada, cerca de 57 mil y más de 40.000 militares fueron desplegados para resguardar los recintos electorales y el traslado de las papeletas y actas de escrutinio.

Todo hace pensar, en suma, que en Ecuador la derecha gobernante ha echado mano nuevamente de todo el arsenal de irregularidades  para adulterar el sentido de la voluntad popular. Se espera que el presidente reelecto y su binomio asuman el cargo el 24 de mayo de 2025, fecha prevista para la posesión oficial y el inicio del nuevo período de gobierno de cuatro años.

En las cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE) la colocaban por debajo del multimillonario  Noboa, actual mandatario,  por más de 11 puntos porcentuales (44.15 por ciento frente a 55.85). Tal diferencia discrepa de la mayor parte de las encuestas previas, que auguraban un virtual empate, y de varios sondeos a boca de urna, que daban a González una ventaja de entre 3 y 5 por ciento sobre Noboa.

Entre las irregularidades señaladas por la oposición progresista están los cambios de última hora en diversas casillas en las que el oficialismo tuvo malos resultados en la primera vuelta, el 9 de febrero, una galopante propaganda oficialista en cadenas nacionales realizada hasta cuatro veces al día en momentos en que regía la veda publicitaria, el uso de dineros públicos para sufragar las giras proselitistas de Noboa .

Además,  en vísperas de la jornada electoral, el gobierno de Noboa declaró el estado de excepción en la mitad del territorio ecuatoriano –justamente, en los que el gobernante resultó derrotado el 9 de febrero–, con lo que quedaron suspendidos los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, de libre tránsito y de reunión. Asimismo, se impidió que votaran los ecuatorianos residentes en Venezuela, entre los que el voto opositor es mayoritario.

Desde hace más de un año Ecuador está bajo “conflicto armado interno” para contrarrestar la escalada de violencia criminal que ha llevado a que el país se sitúe a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, una tendencia que se ha recrudecido en este inicio de 2025 con un promedio de un asesinato por hora.

Asimismo, se ejerció intimidación, agresión y fabricación de delitos contra simpatizantes de la aspirante de la izquierda, se expulsó de las mesas de votación a representantes del frente de oposición, y la presidenta del CNE, Diana Atamaint, mostró en todo momento una actitud parcial a favor de Noboa. Éste, por su arte, rehusó abandonar el cargo para hacer campaña, como lo marca la ley, y maniobrómediante decretos de muy dudosa legalidad
para impedir que la jefatura de Estado recayera en la vicepresidenta Verónica Abad, con quien está peleado.

Además,  Acción Democrática Nacional, el partido oficialista, invirtió una ingente cantidad de dinero en bots y cuentas falsas que inundaron las redes sociales con difamaciones y noticias falsas.

Un dato que muestra la posible manipulación de las cifras es que el porcentaje de votación para González permaneció, según esos números, prácticamente igual al que obtuvo en la primera vuelta –44 por ciento– pese a
que para la segunda sumó a diversas fuerzas políticas que habían participado con aspirantes propios, como es el caso del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), que logró más de 5 por ciento de los sufragios.

Luisa González anunció ayer mismo su decisión de repudiar esta distorsión y de encabezar un movimiento de resistencia al fraude. Así, los comicios, lejos de ofrecer una solución pacífica e institucional a las diferencias, parecen ser el punto de partida de una crisis política que habrá de sumarse a los desastres de seguridad pública, economía y energía que ya padece la nación andina.

El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) se sumó a la denuncia de «fraude» planteada por la candidata presidencial de su partido, Luisa González,  «Todos saben que estos resultados son imposibles. Sacamos el mismo 44 % de la primera vuelta. Estos mafiosos hubiesen podido disimular un poquito más», manifestó Correa en la red social X.

Ya el Observatorio en Comunicación y Democracia (Comunican) ya había alertado sobre la trampa del balotaje. En Ecuador, desde hace ya casi 20 años el correísmo es la principal fuerza política del Ecuador. Si hubiera eliminado el balotaje habría retornado al poder en 2021. El tema claramente excede la elección presidencial ecuatoriana. Debería ser motivo de reflexión para todos los movimientos populares que mantienen un sistema electoral que les impide profundizar reformas estructurales a largo plazo en beneficio de las grandes mayorías.

*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)