La legitimación del saqueo: atacar a Cristina Kirchner, acordar con el FMI

Emilia Trabucco

El reciente anuncio del ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, sobre la llegada de 20 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue rápidamente recibido con escepticismo. En su discurso del 26 de marzo, Caputo detalló que el gobierno había asegurado un acuerdo preliminar con el FMI para el desembolso de esta suma, lo que inicialmente fue interpretado como un acto de confianza hacia las políticas de ajuste del gobierno.

Sin embargo, el propio FMI, evitó confirmar la cifra anunciada por Caputo, lo que rápidamente generó tensiones en los mercados. El Banco Central perdió casi 500 millones de dólares de sus reservas en la última semana, registrando su stock más bajo desde enero de 2024, en medio de una feroz corrida protagonizada por los sectores financieros que dejan al gobierno al borde del colapso económico.

A pesar de los intentos por mostrar estabilidad, los indicadores económicos de Argentina continúan mostrando signos de vulnerabilidad. El índice de riesgo país, medido por JP Morgan, se mantuvo en niveles elevados (ubicándose en 797 puntos al 28 de marzo), y las tasas de interés continúan siendo altísimas. Además, los mercados no mostraron señales de “tranquilizarse” como esperaba el gobierno, lo que refleja la desconfianza creciente frente al modelo económico.

Este contexto de crisis económica  fue alimentado por las recientes declaraciones de Javier Milei, quien, en una entrevista del 27 de marzo, acusó a Cristina Kirchner de intentar un «golpe de Estado institucional, en la calle y económico», y afirmó con contundencia que “Cristina va a ir presa”. Esta afirmación se produce cuando la expresidenta se enfrenta a la posibilidad de la confirmación de su condena en la “causa Vialidad”, punta de lanza de la persecución judicial iniciada por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, tras la ratificación de la Cámara de Casación, rechazando las apelaciones de la defensa, lo que ha profundizado el clima de tensión política.

Ante esta ofensiva, Cristina Kirchner se apoyará internacionalmente en el Grupo de Puebla, fortaleciendo sus alianzas con fuerzas progresistas a nivel regional, ante la certeza de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy cuenta con solo cuatro miembros, tres de ellos designados por decreto (dos en el período macrista y uno por Milei), ratificarán su condena.

La estrategia se ve con claridad, como ella misma lo expresó en X, el 28 de marzo: “Este acuerdo que van a firmar con el Fondo Monetario no va a funcionar (…) Y como no pueden defenderlo, hacen lo único que saben hacer: gritar “presa, presa, presa”… la bala que no les salió y por eso insisten con el grito con el que quieren tapar el saqueo a la Nación y la miseria para el pueblo argentino”.

Milei y Cristina Kirchner representan dos modelos de país radicalmente distintos. Por un lado, el modelo de la «Patria Financiera», que aboga por un alineamiento completo con el capital financiero internacional y la desregulación de la economía, priorizando la valorización especulativa y el endeudamiento a cualquier costo. Este modelo supone una brutal transferencia de ingresos desde las clases trabajadoras hacia los sectores concentrados y especuladores

Por otro lado, Cristina Kirchner encarna un modelo basado en el crecimiento económico soberano, la producción nacional y la justicia social, defendiendo un rol activo del Estado y la protección de los derechos conquistados por las grandes mayorías, como lo han demostrado tanto las políticas de sus dos períodos presidenciales como el ensañamiento del establishment contra su persona. Más allá de la neblina mediática, el trasfondo es esta disputa de proyectos de país lo que explica la disputa política actual.

El contraste entre ambos modelos quedó expuesto en dos episodios del 14 de febrero, pero con un año de diferencia. En 2024, Cristina Kirchner publicó el documento «Argentina en su tercera crisis de deuda», donde advertía sobre los riesgos de un nuevo sobreendeudamiento y denunciaba que «la falta de controles y regulaciones deja al país expuesto a un nuevo ciclo de endeudamiento sin límites, que solo beneficia a los grandes fondos de inversión”.

En ese momento, tras la publicación, Luis “Toto” Caputo invitó a la exmandataria “a tener un poco de dignidad y permanecer callada”, responsabilizando a sus gestiones por la crisis y defendiendo su política de déficit fiscal cero, cueste lo que cueste, desde la concepción de que dicho déficit es la causa central de la inflación. Kirchner, en las antípodas, fundamentó extensamente que la inflación es producto de la escasez de dólares y el endeudamiento compulsivo, oponiendo al proyecto neoliberal de Mauricio Macri -continuado por Javier Milei-, su proyecto de desarrollo con inclusión social, con el “Estado de derecho” como tercer sector.

El día de los enamorados, pero de 2025, Milei protagonizó una estafa de impacto internacional, promocionando la criptomoneda $Libra en la red social X, con complicidad de sectores financieros internacionales, convirtiendo a Argentina en un “casino”. El presidente y su círculo político gozan de impunidad frente a las crecientes denuncias, tanto en el escenario nacional como internacional, por la criptoestafa, que aún está bajo investigación.

Dicha impunidad tiene las mismas raíces que la sistemática persecución judicial a Cristina Kirchner: un entramado de poder donde la “mafia judicial” es el principal brazo de maniobra. Esta persecución es parte de un esquema más amplio de hostigamiento político cuyo punto máximo lo constituye el intento de magnifemicidio que sufrió en 2022. La investigación del atentado ha estado, además, marcada por irregularidades y pruebas alteradas.

Un hecho clave en este contexto fue el daño al teléfono de Fernando Sabag Montiel, el autor material del ataque , con consecuente pérdida de información clave. Mientras tanto, los responsables intelectuales permanecen impunes, y la guerra jurídica (lawfare) se profundiza, intentando dejar a cristina Kirchner la fuera del juego político en un año electoral, en una estrategia que supone el disciplinamiento para todo el arco político opositor, del cual al exmnabdataria sigue siendo la principal referente.

En este marco de tensiones internas, los actores internacionales también abonan a la polarización política del país. El gobierno de Javier Milei ha mostrado una postura de alineamiento total con Estados Unidos, en particular con los sectores más conservadores representados por el presidente Donald Trump. Es el propio Trump, durante su segunda administración, quien volvió a operar políticamente sobre el staff del FMI para acelerar el otorgamiento de un segundo préstamo ilegal, protagonizado nuevamente por el ministro Caputo, el responsable del mega endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

En contraste, el 18 de marzo, Cristina Kirchner fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, prohibiendo su entrada (y también la de sus hijos) a ese país. Como expresa el documento del Foro Economía y Trabajo: “No es casual el extorsivo anuncio de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos que alcanzan a Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Consejo Nacional del Partido Justicialista.

Tres días antes, el 18 de marzo, este organismo había rechazado “en todos sus términos el DNU 179/25”, decreto inconstitucional, que elude la Ley 27.612 por el que el presidente Milei se autoriza a sí mismo para avanzar en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin que se conozcan su monto y condiciones”.

La política y la economía en Argentina se desarrollan así en un escenario de reconfiguración política a través de los extremos, encarnados fundamentalmente por Javier Milei y Mauricio Macri -disputándose la representación de la “derecha”-, y Cristina Kirchner, en un contexto de profundas internas, representando el proyecto nacional y popular. La emergencia del “fenómeno Milei” puso en jaque las fuerzas que venían ordenando el escenario político argentino, con nuevas reglas de juego, profundizando la crisis de la democracia representativa como se la concebía.

El intento de magnifemicidio de Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022, es el hecho bisagra de la ruptura del pacto democrático, donde grupos “libertarios” -la ministra de Segurifdad Patricia Bullrich y la familia Caputo- operaron con total impunidad frente al Partido Judicial, llegando hoy a ocupar cargos clave en el gobierno. Cristina alude a este hecho en la red social X: “no es el primero de su familia -Caputo- que intenta hacerme callar. Solo en un país con este poder Judicial usted puede volver a ser funcionario público”, señaló.

El futuro cercano de la economía argentina se presenta incierto. Las advertencias de Cristina Kirchner en su documento de febrero de 2024 cobran vigencia en este escenario: «Argentina enfrenta una tercera crisis de deuda, con características similares a las de 1989 y 2001, con un esquema de ajuste estructural que profundiza la recesión y el deterioro social».

La perspectiva de un nuevo ciclo de endeudamiento, la posibilidad de una nueva devaluación, la continuada falta de transparencia en los acuerdos con el FMI y la destrucción del poder adquisitivo en las mayorías trabajadoras del país configuran un escenario de colapso económico inevitable, marcado por el insaciable objetivo de lucro de los sectores dispuestos a fugar las riquezas del país.

A medida que las tensiones internas se profundizan y la polarización política se acentúa, en un contexto marcado por un gobierno caracterizado como un régimen fascista, que viola sistemáticamente las garantías democráticas y la voluntad popular, los y las argentinas se enfrentan a la contradicción principal: elegir entre un modelo que prioriza la deuda y la especulación financiera, o apostar a la reconfiguración de una fuerza política que logre reordenarse para enfrentar la estrategia de disciplinamiento y persecución, se oponga a un nuevo endeudamiento y denuncie la ilegalidad de un préstamo que hipoteca el futuro de las próximas generaciones.

* Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU