Colombia: crisis institucional “en vivo” y encrucijada progresista
Paula Giménez y Matías Caciabue
Con una estrategia disruptiva para promover la transparencia y la comunicación directa, el presidente colombiano Gustavo Petro dejó al descubierto la crisis institucional de su gobierno durante la transmisión de una reunión de gabinete, a principios de febrero. La crisis se presenta, en el último tramo de un mandato que finaliza en 2026, mientras el gobierno del Pacto Histórico batalla en el congreso para sancionar reformas de salud y trabajo que buscan mejorar las condiciones mínimas a los sectores populares y enfrenta embates judiciales en contra de la reforma previsional aprobada en 2024.
A través de la cadena nacional, el martes 4 de febrero, Petro apareció en el prime time para que millones de colombianos pudieran interiorizarse de las tensiones que atraviesa el gabinete presidencial.
“El presidente es revolucionario, pero el gobierno no”, fue una de las declaraciones de Petro. El objetivo era transparentar a la ciudadanía el estado general de la gestión, pero la estrategia terminó en un cruce tenso que incluyó acusaciones cruzadas, cuestionamientos al presidente por nombramientos recientes y dejó a cielo abierto las contradicciones por las que atraviesa la coalición a la que cada vez le resulta más complejo lograr un equilibrio entre las alianzas para la gobernabilidad, las presiones externas, las intentonas golpistas y las urgencias populares que parieron una fuerza social de contenido popular, con alta capacidad de movilización, que se sintetizaron institucionalmente en la coalición política del “Pacto Histórico”, la corriente de izquierda que por primera vez ocupa el Palacio de Nariño.
La misma vicepresidenta de Colombia y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, tomó la palabra para lamentar la presencia de actos de corrupción en el gobierno y expuso la falta de recursos con la que se le encomendó la tarea de crear el Ministerio de Igualdad y expresó su angustia por la situación que atraviesa la población en la región de El Catatumbo, donde se encuentra parte de su familia.
Pese a ello, celebró esforzadas victorias de su gestión al frente de esta cartera y anunció que se encuentran poniendo en marcha “siete soluciones de agua potable para el país” y otras políticas hacia la juventud y las mujeres en situación de vulnerabilidad, además de el envío de alimentos para la región de El Catatumbo.
Además de la vicepresidenta, otras dos ministras y dos altos funcionarios mostraron su desacuerdo con el nombramiento de Benedetti. Benedetti salió por primera vez del gobierno después de que se filtraran unos audios en los que se le escuchaba decir: “Nos hundimos todos, nos vamos presos”, mientras discutía a gritos con Sarabia, por entonces jefa de despacho, por la financiación de la campaña electoral de Petro en 2022. En julio del año pasado, la esposa de Benedetti lo denunció por violencia de género en España, él negó los hechos y ella luego se retractó.
Susana Muhamad (ministra de Ambiente) también cuestionó fuertemente la designación de Benedetti: “Como feminista y como mujer no me puedo sentar en esta mesa de gabinete y de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti”. Petro defendió a Benedetti, que fue su jefe de campaña presidencial: “El feminismo no es para destruir al hombre, como el hombre no es para destruir a la mujer. (…) He visto feminismos que destruyen a los hombres”.
Por su parte Sarabia, quien estuvo implicada en la investigación por el desvío de fondos públicos, es la tercera canciller de Colombia en menos de un año. Reemplazó a su antecesor Luis Gilberto Murillo y tomó las riendas de la Cancillería cuando Petro rechazó las condiciones impuestas por Trump para el traslado de las y los deportados.
A días de la tensa reunión de gabinete, Gustavo Petro informó que pidió a sus ministros y otros altos funcionarios poner a disposición sus cargos y que habría cambios en el gabinete para garantizar el cumplimiento “del programa ordenado por el pueblo”. La ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, presentó su renuncia de manera “irrevocable” y se pronunció a través de su cuenta en X: “La política debe transitar sin sectarismos y sin ambigüedades”, según escribió en su carta de renuncia.
Más temprano, antes del pedido de Petro, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, también declinó su cargo. Dos días después, el 11 de febrero, Iván Velásquez, titular de Defensa, se convirtió en el sexto funcionario del círculo cercano al presidente que decidió salir del gobierno. En total fueron 10.
Desde Dubai, en medio de su gira por medio oriente, el mandatario explicó los cambios de ministros como una búsqueda de enfocar la estrategia y agregó que apuntaba a sacar del gobierno a quienes ya demuestran sus pretensiones electorales, camino a 2026.
Esta crisis institucional se da a la par de la lucha del presidente Petro por llevar adelante reformas en salud y trabajo, en un Congreso en el que no cuenta con la mayoría. En lo que refiere a salud, el acceso sigue siendo inequitativo. La Ley 100 de 1993, que establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), ha sido muy criticada por la fragmentación del sistema y las barreras para acceder a servicios de salud en áreas rurales o marginadas.
En 2023, aproximadamente 7.2 millones de colombianos no tuvieron acceso adecuado a servicios de salud. En lo laboral, más del 60% de los trabajadores en Colombia están empleados en el sector informal, lo que genera vulnerabilidad económica y derechos laborales limitados. Además, la tasa de desempleo fue de 10.5% en 2023. Para noviembre de 2024, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,2%, lo que muestra una leve mejoría. Aunque la tasa de ocupación fue 58,5%.
La apuesta grande del gobierno estuvo centrada en transformar algunas estructuras colombianas. Es así que se
intentó avanzar en un propuesta de una segunda reforma tributaria que buscaba recaudar 9,8 billones de pesos (unos 2.120 millones de euros) para financiar parte del presupuesto de 2025; la cual fue archivada por el Congreso.
Por otro lado, Gustavo Petro busca cambiar la forma en la que los hospitales públicos y privados trabajan estableciendo la atención primaria como uno de los principales pilares del sistema, y el establecimiento de un régimen laboral especial para el personal de salud y ampliación de la cobertura. El gran objetivo es que se atienda a cualquier habitante de Colombia sin importar su poder adquisitivo.
La reciente revitalización de los sectores más conservadores de Colombia, encolumnados detrás de la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez, no deja de ser preocupante de cara a las elecciones. El hecho que más relevancia tiene en las últimas semanas es lo que puede entenderse como una victoria político-judicial del ultraderechista ex presidente. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la suspensión temporal del juicio que se llevaba adelante en su contra por fraude procesal y soborno de testigos, en la causa que lo conecta con organizaciones paramilitares.
El domingo 16 de febrero Uribe encabezó un evento público celebrado en Medellín. En el acto convocó a los simpatizantes a movilizarse: “Nosotros necesitamos un estallido democrático, que esas urnas queden estrechas. En el 2026, para tener un gobierno fundamentalmente diferente, que sea capaz de acabar con el narcotráfico, nunca 
meter a la cárcel al consumidor, rehabilitar, adelantar políticas públicas. Pero que barra las calles de Colombia la droga, que no haya, que no haya un gramo de droga en las calles de Colombia”.
La experiencia de gobierno de Uribe, quien hoy se presenta como referente democrático y busca ordenar detrás de sí la fuerza social que mantuvo el statu quo y la desigualdad estructural de Colombia, estuvo caracterizada por el fortalecimiento del narco estado a través de los pactos con el narcotráfico, el paramilitarismo y una estrecha alianza con las estrategias imperiales de los gobiernos estadounidenses.
En este contexto la crisis institucional televisada dejó expuesta la encrucijada y las limitaciones que recaen sobre este gobierno progresista que, aunque es hijo de un estallido social, no logra arrebatarle el Estado a las élites colombianas, esas que por años han controlado el país a sangre y fuego.
La compleja situación del Catatumbo, una región fronteriza con Venezuela rica en recursos, en la que la histórica presencia de corporaciones y fuerzas irregulares financiadas por Estados Unidos agravan el conflicto social y armado, arroja por estos días una crisis humanitaria que ha causado más de 60 muertes violentas y más de 53 mil desplazados. Frente a esto, el gobierno respondió con una operación militar.
El mismo presidente que inició su gobierno con una llamativa reforma tributaria, que gravó impuestos al extractivismo y a productos de consumo masivo, supo levantar la voz en todos los ámbitos posibles en contra del genocidio en la Franja de Gaza y bregar por la lucha en contra del cambio climático, se enfrenta hoy a severas críticas de las organizaciones populares de su país por sostener alianzas que no colaboran, o peor aún, obstruyen las transformaciones urgentes que el pueblo necesita.
La apuesta del pueblo colombiano de elegir un gobierno de representación popular para cambiar el rumbo del país tensiona a Petro en su rol histórico de cumplir con ese mandato.
Será tarea de las fuerzas populares, escuchar los contundentes llamados del presidente a la calle y desde ahí, tensionar el camino necesario para profundizar los procesos de cambio que necesita Colombia.
*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos, directora de NODAL. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y ex Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).