Brasil: Parlamentarismo de saqueo

Jeferson Miola

En su discurso inagural como presidente de la Cámara de Diputados brasileña, Hugo Motta evocó nada menos que 14 veces el nombre de Ulyses Guimaráes, un político que tuvo un importante papel en la oposición a la dictadura y la lucha por la vuelta a la democracia a Brasil y que también presidiera el Parlamento entre 1985 y 1989.

Se engaña quien interpreta tal evocación como señal de compromiso fervoroso del heredero de Cunha e Lira con la democracia y con la convivencia republicana entre los poderes ni como señalo de compromiso con la decencia pública.

Las menciones de Ulyses tenían un sentido dudoso y fuera de contexto, o fueron empleada de modo capcioso, como cuando Hugo Motta condenó  lo que él considera “el superpresidente, el presidencialismo absoluto”, para proponer en su lugar, en contraposición, “un parlamento parlamentarista”, que insinuó que es el ideal de Ulyses que él  promete materializar en la presidencia de la Cámara.

Referiéndose a parlamentos parlamentaristas contemporáneos, versión exótica de un sistema de gobierno que solamente existe en las geniales cabezas de los congresistas brasileños, pero no en otro país del mundo. Hugo Motta afirmó que esa “voluntad de los constituyentes originarios (la usurpación del presupuesto del Estado) fue postergada por cuatro décadas”.”Los constituyenteso establecieron la corresponsabilidad y la coparticipación del gobierno”, afirmó.

En una especie de homenaje histórico a Eduardo Cunha, Motta dijo que fue en esa época que “aquí, en esta Cámara, en 2016, mediante la aprobación de las enmiendas impositivas el Parlamento finalmente cumplió cone los orígenes del proyecto constitucional”.

Está mal, sin embargo, quién interpreta esta evocación como un signo del ferviente compromiso de Cunha y Lira con la democracia y con la convivencia republicana entre los poderes. Tampoco, como señal de compromiso con la decencia pública.

Refiriéndose a los parlamentarios contemporáneos, una versión exótica de un sistema de gobierno que sólo existe en los jefes generales de los congresistas brasileños, pero en ningún otro país del mundo, Hugo Motta afirmó que esta «volingness de las Constituyentes originarias» [la usurpación del presupuesto de la Unión] ha sido pospuesta por casi 4 décadas. Las Constituyentes han establecido la corresponsabilidad y la coparticipación del gobierno, dijo.

Y en una referencia implícita al predecesor y padrino político Arthur Lira, quien avanzó  con el esquema corrupto de presupuesto secreto, Hugo Motta celebró que el “Poder Legislativo haya recuperado sus prerrogativas, definidas por los Constituyentes originales, proclamadas aquí, en esta misma silla, y lo ha hecho después de los atormentados temblores desde la redemocratización.”

Cuando mencionó las tormentosas conmociones desde la redemocratización, Hugo Motta aludió a los procesos de destitución de Collor de Mello en 1992 y de Dilma Roussef en 2016.

Y dejó en el aire lo que puede interpretarse como una amenaza velada también para el Presidente Lula: la distancia de los principios de las Constituyentes llevó a la primera destitución -un claro síntoma del nuevo poder constitucional del Parlamento, aún no entendido por el sistema político; a innumerables estresantes y escándalos; a las crisis que sólo ganaron proporción; a la segunda destitución; a la erosión completa del sistema político en su conjunto y a la onda antipolítica.

El presidente del Senado, David Alcolumbre, también criticó la actuación del Supremo Tribunal Federal en relación a las enmiendas parlamentarias. Dijo que las decisiones de la Corte Suprema Federal deben ser respetadas, pero es igualmente indispensable asegurar que este Parlamento no se vea restringido en su función primordial de legislar, de representar los intereses del pueblo brasileño, incluyendo llevar recursos e inversiones a todas las regiones de Brasil.

El fervor federalista de Alcolumbre tiene motivos; pero una razón nada republicana. Fue el sexto parlamentario, entre los 594 diputados y senadores, que distribuyó más recursos  en 2024, por un total de 72,7 millones de reales, una cifra superior al total de fondos para inversiones de la inmensa mayoría de los municipios brasileños.

Un informe de la CGU [Completado General de la Unión] de septiembre del año pasado reveló que los tres municipios de Brasil que recibieron más enmiendas del presupuesto secreto de 2020 a 2023 son parroquias electorales del senador en su estado natal, Amapá.

De 2020 a 2024 los congresistas destinaron la cifra astronómica de 148,9 mil millones de reales en enmiendas parlamentares al presupuesto de la nación- Y, ahora, los  parlamentaios achacam al gobierno para garantizar en el Presupuesto de 2025 otros 50 mil millones de reales-

El esquema de enmiendas presupuestarias es una fuente de desvíos, de corrupción, de clientelismo y de demgogia electoral, que secuestra del gobierno electo por el pueblo la prerrogativa de ejecutar las políticas y programas escogidos por la soberanía popular, además de conllevar perjuicios inconmensurables a las políticas públicas.

Las enmiendas parlamentarias actúan como instrumentos de saqueo y asalto al presupuesto y a los fondos públicos. Lamentablemente, este cáncer maligno ya no se limita al Congreso Nacional, está diseminado en las legislaturas de las demás esferas del gobierno. La Suprema Corte, a través de la firme actuación del ministro Flávio Dino, ha intentado frenar este parlamentarismo de asalto y saqueo.

Por eso mismo, Flavio Dino es el blanco central de la ira de los congresistas y saqueadores, que no dudarán en crear una grave crisis institucional para mantener este multimillonario robo de los fondos públicos.

*Miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)