Panorama Económico Latinoamericano – Del 22 al 29 de enero de 2025

México y la Unión Europea renuevan pacto comercial

El gobierno mexicano y la Unión Europea (UE) concluyeron las negociaciones para modernizar el Acuerdo Global de México con la UE, lo cual ocurre casi nueve años después de que comenzó la renegociación y en medio de los amagos del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles de 25 por ciento a las exportaciones mexicanas.

Aunque la Secretaría de Economía (SE) no confirmó el término de las negociaciones, el bloque económico europeo indicó que el proceso concluyó “tras el compromiso político entre el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, y el titular de la SE, Marcelo Ebrard Casaubón.

El acuerdo establece un marco ambicioso y moderno para profundizar y ampliar el diálogo político, la cooperación y las relaciones económicas con México, señaló la UE.

El bloque europeo indicó que la modernización creará nuevas oportunidades económicas para ambas partes, como las exportaciones agroalimentarias de la UE a México, servicios, la contratación pública con normas progresistas contra la corrupción en los sectores privado y público.

El acuerdo establece la ambición conjunta de la UE y México de promover y proteger los derechos humanos, el multilateralismo y la paz y la seguridad internacionales, indicó.

También resaltó que el acuerdo facilita la cooperación estratégica en cuestiones geopolíticas clave, como la reducción de riesgos de las cadenas de suministro, la garantía de un suministro sostenible de materias primas críticas y la lucha contra el cambio climático.

La modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), que nació en el año 2000, también busca avanzar en los objetivos de las emisiones cero. También reforzará los compromisos en materia de desarrollo sostenible, delincuencia organizada transnacional, migración e igualdad de género.

La UE y México ya son socios de confianza y están dando un gran paso. Ahora queremos profundizar aún más nuestra cooperación, lo que beneficiará enormemente a nuestros ciudadanos y a nuestras economías, expresó em redes soci Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien expresó su deseo de trabajar con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La modernización del Acuerdo Global comenzó casi a la par de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), antecesor del T-MEC. No obstante, si bien la negociación culminó en 2018, durante la pasada administración no continuó el proceso de modernización.

Uno de los temas que obstaculizaron el proceso fue el de indicaciones geográficas o denominación de origen, la cual reconoce a los productos como originarios de ciertas regiones, como es el caso de la champaña para Francia.

El acuerdo definitivo también se retrasó debido a los cambios en el sector energético en la administración pasada, por lo que se acordaron ajustes de las normas de contenido local para que existan facilidades para exportar vehículos eléctricos y baterías a México.

Ahora la mayor parte de las mercancías estarán libre de aranceles, en particular, productos agrícolas como pollo, leche en polvo, queso y carne de cerdo, entre otras, aunque aplicarán cuotas.

Datos de la UE muestran que el comercio de bienes entre la UE y México alcanzó 82 mil millones de euros en 2023, mientras el comercio bilateral de servicios alcanzó 22 mil millones de euros en 2022, lo que convierte a México en el segundo socio comercial más importante de la UE en América Latina.

La modernización no sólo ocurre en medio de la amenaza de Trump de imponer aranceles a ambos socios, sino también ante la dependencia de importaciones asiáticas que tienen las dos partes.

Ahora, tanto el bloque europeo como el gobierno de Sheinbaum deberán ratificar el Acuerdo Global. En el caso de México lo hace el Senado de la República.

 

Argentina: la distribución va en bicicleta

Horacio Rovelli *

El gobierno de Javier Milei realizó y realiza un fuerte ajuste fiscal y económico. En el primer caso, la Secretaría de Hacienda de la Nación estima una reducción del gasto de la Administración nacional en 3,8% del PIB en el año 2024. El total de las erogaciones significó el 15,3% del PIB en 2024, contra 19,1% del PIB en el año 2023, con un PIB que el BCRA evaluó que descendió en el año 2024 en un 3,8% ^[1] en el total de bienes y servicios producidos.

La reducción del gasto de la Administración Nacional representa aproximadamente un 30% del total de las erogaciones. Las variables de ajuste son la obra pública (prácticamente paralizada; las de menor ejecución son las obras viales, de allí que se proponga su concesión al capital privado), los haberes previsionales y las transferencias a las provincias (esencialmente en transporte y en energía).

Y el ajuste económico se visualiza en un superávit comercial en el orden de los 17.000 millones de dólares, dado que a noviembre de 2024 las exportaciones de bienes ascendieron a 72.642 millones (acrecentándose en un 18,1% con respecto a igual lapso de 2023) y las importaciones a 55.444 millones de dólares (disminuyendo en un 20,2% con respecto al año anterior).

Si bien es de destacar las ventas de energía y combustible por 8.626 millones de dólares hasta noviembre de 2024 (se acrecentó en un 20% con respecto a igual período del 2023), lo cierto es que también aumentaron considerablemente las exportaciones de carne vacuna y de leche y demás productos lácteos, cuando se produjeron en el país, en el año 2024, récords de baja de consumo per cápita de carne y de leche y sus derivados, por lo que hay hogares con niños que no consumen ni carne vacuna ni leche.

La razón está en su precio, que se acrecentó notablemente con respecto al de noviembre de 2023. Por ejemplo, el litro de leche en sachet al consumidor estaba en los supermercados a 155 pesos en noviembre de 2023 y esa misma marca y cantidad costaba 1.300 pesos en diciembre de 2024. A su vez, los grandes distribuidores, en noviembre de 2023, le abonaban al tambero 27 centavos de dólar por litro de leche, y en diciembre de 2024 le abonaban 43 centavos de dólar por litro (452,5 pesos). Se acrecentó el precio en divisas porque el dólar mayorista (que es el del comercio exterior) se acrecentó en el año casi tres veces, al pasar de valer 378,37 pesos el 30 de noviembre de 2023 a 1.052,50 pesos el 30 de diciembre de 2024, pero creció mucho menos que el precio al consumidor de la leche (casi nueve veces).

La leche está más cara en dólares, y mucho más en pesos. Pero los insumos para el productor, como el gasoil se pagaba 292 pesos por litro en diciembre de 2023 1.123 pesos la suma de 292 pesos y en diciembre de 2024 sufrió un incremento del 384,6%. Esto afecta la producción agropecuaria  y explica la fuerte disminución de la renta que perciben los agricultores, pero no sólo la agropecuaria, porque se trata de un insumo básico para la producción en general.

En síntesis, la exportación de leche y sus derivados se acrecentó en el año 2024, pero, al encarecerse internamente midiéndola en dólares, es posible que para este año 2025 se la importe desde Uruguay (donde se le paga al tambero 0,38 dólares por litro de leche fluida).

Y a esta situación se arribó porque el gobierno devaluó nuestra moneda en más de un 100% el 12 de diciembre de 2024, y dejó que los grandes formadores de precios “cazaran en el zoológico” ante  las cadenas de supermercados y los mercados cautivos, con nombre y apellido, como la leche y sus derivados,  la carne,  el arroz, las harinas, los aceites, azúcar, etc.

Paralelamente, el salario mínimo, vital y móvil fijado por el gobierno, incluso el salario promedio, y las jubilaciones y pensiones, crecieron muy por debajo de los precios, y también del 117,8% de inflación anual ^[2] que afirma el INDEC para el año 2024. Esto significó la transferencia de ingresos de los asalariados y jubilados y pensionados a las grandes empresas formadoras de precios.

La “libertad” de precios y el margen exorbitante de ganancias en pesos (y acrecentados al convertirse en dólares) explican por qué las acciones de las grandes empresas mencionadas crecieron en su cotización en los mercados de valores en más del 100% en dólares el año pasado (a las que se deben sumar los grandes laboratorios medicinales y las empresas extractivistas y distribuidoras de petróleo, gas y electricidad).

Carry trade

En ese marco, los títulos públicos ajustables por el Índice de Precio al Consumidor del INDEC (IPC) pagaron una tasa anual de 117,8%, y el costo de volver a dólares Contado con Liqui, fue de solo el 20%; por ende, tuvieron un rendimiento no menor al 95% en dólares.

La Administración nacional en once meses de 2024 logró un superávit fiscal primario de 11.706.855 millones de pesos que utilizó en su totalidad para pagar los intereses y el capital de una deuda pública que nunca se investigó. El ajuste fiscal continuó en diciembre de 2024 y enero de 2025; la prioridad para el gobierno es pagar la deuda. Sin embargo, es tal su magnitud, acrecentada por el ajuste por IPC, que en diciembre de 2024 sumó 475.980 millones de dólares. En sólo el primer año de Milei  se incrementó en 73.224 millones.

La renta financiera por el diferencial de precios en pesos y en divisas generó utilidades extraordinarias a los compradores de títulos y acciones, que el gobierno pretende seguir alimentando al anunciar que el dólar oficial se ajustará al 1% mensual desde febrero de 2025, para asegurar la renta financiera de los títulos públicos en pesos ajustados por el IPC e incluso por tasas fijas, pero mayor que la inflación, y también de las acciones de compañías que logran fijar precios. El problema es qué actividad productiva o comercial lícita puede competir con la renta financiera que garantiza el gobierno de Milei.

Se empobrece a los jubilados y pensionados, se obliga a competir en relaciones cada vez más desventajosas a las pequeñas y medianas empresas que no tienen dólares blanqueados. Aumenta la desocupación y la marginalidad, se endeuda cada vez más al país, y se pone en venta el patrimonio nacional a cambio de dicha deuda.

Notas

^[1] El gasto de la Administración nacional fue del 23,6% del PIB en 2022, por lo que gran parte del ajuste se venía realizando en el gobierno de Alberto Fernández; había sido del 27,5% del PIB en el 2020 (COVID mediante), y del 24,2% del PIB en 2021.

^[2] El SMVyM de diciembre de 2023 fue de 156.000 pesos y el de diciembre de 2024 de 279.718 pesos, el incremento fue de 79,3%.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Millonaria inversión chilena en cercanías del megapuerto peruano de Chancay

La expansión logística en Sudamérica se intensifica con nuevos proyectos millonarios que buscan transformar la conexión comercial regional, en medio de una creciente competencia por liderar el comercio marítimo en el Pacífico.

Con una inversión de 30 millones de dólares, la firma chilena Megacentro apuesta por fortalecer su presencia estratégica en Perú mediante la construcción de un nuevo centro logístico cerca del Megapuerto de Chancay, una obra clave para el comercio exterior en Sudamérica.

Este proyecto busca posicionar a Chile como un actor relevante en el creciente corredor comercial del Pacífico, aprovechando las ventajas competitivas de esta infraestructura, que conecta de manera directa a la región con los mercados asiáticos.

De acuerdo con José Sáenz, gerente general de Megacentro, la cercanía con el Megapuerto de Chancay es clave para el éxito del posible proyecto.

“Es una ubicación estratégica que nos permitirá reducir los tiempos de respuesta y optimizar la logística para atender tanto a empresas locales como internacionales”, afirmó el experto a DFSUD.

Esta expansión no solo incrementaría la capacidad de almacenaje de la empresa, sino que también contribuiría a agilizar los procesos de distribución, mejorando la competitividad de las cadenas de suministro.

Planes de expansión

Megacentro, actualmente, opera cinco centros logísticos en Perú: dos en Lurín, al sur de Lima, otros dos en Arequipa y uno en Chiclayo.

La compañía ha mantenido un crecimiento sostenido, al punto que alcanzó niveles de ocupación de entre el 95% y el 98% en sus instalaciones, lo que refleja la alta demanda en el sector logístico.

En línea con este desempeño, para 2025 se proyecta la entrega de 42.000 metros cuadrados adicionales de área techada en su complejo Megacentro Industriales del Sur, ubicado en Lurín, tras una inversión millonaria.

No obstante, el proyecto más ambicioso de la firma apunta al distrito de Ventanilla, al noreste de Lima, en las cercanías del estratégico Megapuerto de Chancay, que fue inaugurado en noviembre de 2024 durante la cumbre de la APEC.

Este puerto se perfila como un hub fundamental para el comercio exterior en la región, gracias a su capacidad para recibir embarcaciones de gran envergadura y su conectividad directa con los mercados asiáticos.

El terreno en Ventanilla se encuentra en fase de evaluación. Aunque la falta de una zonificación industrial adecuada en esta área podría retrasar el inicio de las obras, Sáenz aseguró que el objetivo es completar el proyecto para fines de 2026.

Esta expansión se suma al crecimiento regional que Megacentro ha venido impulsando en otras localidades peruanas, como Piura, Trujillo y Arequipa, donde la actividad económica,

particularmente en los sectores agrícola y minero, ha generado una creciente necesidad de infraestructura logística de alta calidad.

Chancay y su impacto en logística

El Megapuerto de Chancay, desarrollado por el conglomerado chino Cosco Shipping en alianza con el estado peruano, ha sido catalogado como uno de los proyectos más relevantes en el ámbito marítimo del Pacífico sur. Con una inversión de 3.600 millones de dólares, este puerto busca posicionarse como un enlace clave entre Sudamérica y Asia, facilitando el tránsito de mercancías y reduciendo costos logísticos.

La infraestructura de Chancay incluye terminales multipropósito, áreas de almacenamiento, y un túnel subterráneo diseñado para conectar directamente las zonas de carga con las terminales portuarias.

Según expertos, este puerto no solo dinamizará el comercio exterior de Perú, sino que también ejercerá presión competitiva sobre los principales terminales marítimos de la región, como el Puerto de San Antonio y el Puerto de Valparaíso en Chile.

El impacto del puerto ya se hace sentir en el mercado peruano. Javier Guembes, gerente general de Dinámica Costera, destacó que productos como teléfonos móviles, laptops y electrodomésticos podrían experimentar una reducción en sus precios, gracias a la optimización de las rutas de transporte y la disminución de costos operativos.

Competencia con San Antonio

Mientras Megacentro busca aprovechar las ventajas estratégicas del Megapuerto de Chancay, los puertos chilenos también se preparan para enfrentar la nueva competencia.

El Puerto de San Antonio, ubicado en la región de Valparaíso, ha duplicado sus exportaciones de cerezas en 2024, alcanzando 5.400 contenedores, equivalentes a más de 12,8 millones de cajas. Este crecimiento ha sido posible gracias a la coordinación entre líneas navieras, empresas de transporte y la gestión eficiente del concesionario DP World.

Para mantener su liderazgo, San Antonio ha anunciado un plan de ampliación que incluye una inversión superior a los 4.000 millones de dólares. Las obras, que comenzarán en 2025, contemplan la construcción de un muelle de abrigo, dragado y mejoras operativas que permitirán recibir buques de mayor capacidad.

De manera similar, el Puerto de Valparaíso ha destinado 1.500 millones de dólares para modernizar sus instalaciones, incluyendo un muelle de casi cuatro kilómetros de largo y la expansión de áreas operativas.

Eduardo Abedrapo, presidente de la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), afirmó que estas inversiones no solo mejorarán la eficiencia del puerto, sino que también serán cruciales para mantener la competitividad frente al Megapuerto de Chancay.

Un panorama en transformación

El desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias en Sudamérica está redefiniendo el panorama logístico de la región.

Por un lado, la expansión de Megacentro en Perú destaca la importancia de contar con infraestructura moderna para atender la creciente demanda de sectores como el agrícola, el minero y el industrial. Por otro, la competencia entre los puertos de Perú y Chile podría acelerar la adopción de tecnologías innovadoras y mejoras operativas en ambos países, generando beneficios significativos para el comercio exterior de la región.

En este contexto, la apuesta de Megacentro por consolidar su presencia cerca del Megapuerto de Chancay representa no solo una oportunidad estratégica, sino también un reflejo de las transformaciones que está experimentando el sector logístico. La carrera por la competitividad continúa, mientras Sudamérica se posiciona como un actor clave en las rutas comerciales globales.

La economía brasileña ¿pasó de crecer a descarrilar?

En los últimos 30 días, el Banco Central debió vender reservas por 32.500 millones de dólares, el 13% del total, para evitar que el dólar superase la barrera de los 6,20 reales

El valor de las empresas brasileñas no encuentra piso, como refleja la evolución del Bovespa, el principal indicador bursátil, que en dólares había alcanzado niveles por sobre los 65.000 y 63.000 en 2008 y 2010 y estaba a casi 29.000 a principios de 2024, pero hoy apenas supera los 19.000, el cuarto nivel más bajo en lo que va del siglo.

Solo en 2016, durante el proceso de recesión, crisis fiscal y destitución de la entonces presidente, Dilma Rousseff; 2020, durante la pandemia; y 2009, en el peor momento de la crisis financiera mundial iniciada a fines del año previo, el índice llegó a niveles inferiores al actual.

Sin piso y sin techo

“El valor bursátil de las empresas no encuentra piso y la suba de tasas de interés en moneda local (que agrava los problemas fiscales y de deuda pública) no encuentra techo”, escribió Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, para quien el hilo conductor es la escalada de la deuda pública neta, que entre 2022 y 2025 habrá engordado 10 puntos del PBI por año.

Según el autor, buena parte del problema fueron las políticas fiscales del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, que desde que asumió (el 1 de enero 2023) aplicó una política de gasto que instaló el déficit fiscal entre 8 y 9% anual del PBI.

Aceleración y descarrilamiento

Lo paradójico, dice, es que desde 2016 Brasil venía creciendo sobre bases “relativamente sólidas”, pero con su impaciencia y su subestimación del mercado, “Lula quiso acelerar el tren y, en lugar de llegar más rápido, terminó descarrilando”.

Según el trabajo, la crisis no tiene resolución clara. En la medida que el gobierno no ataque el exceso de gasto público y el Banco Central mantenga su independencia y siga aplicando su política de metas de inflación, la tasa de interés será positiva (superior a la inflación) y alta en términos reales, agravando el problema del déficit y la deuda públicas.

“Esto podría desencadenar una recesión en 2025, y una escalada mayor de la deuda pública en términos del PIB, por el peso de los intereses”, cree Vasconcelos. Y el conflicto entre prioridades fiscales y políticas y la política monetaria no tiene salida a la vista, porque las próximas elecciones presidenciales serán en octubre de 2026.

Algo tiene que ceder. Pero cualquier intento del gobierno por meter mano en el Banco Central o del nuevo presidente de la institución, Gabriel Galípolo, por complacerlo con una política monetaria laxa, agravaría la desconfianza y podría generar una corrida contra el real.

De hecho, aunque el ministro de Economía, Fernando Haddad, estudia nuevas medidas fiscales para achicar el déficit, los mercados descreen de prescripciones homeopáticas: les preocupan mucho los mecanismos indexatorios que aumentan el gasto público y expanden la deuda.

Con dominancia fiscal, subir las tasas de interés agrava el problema de expectativas de inflación y devaluación, en lugar de resolverlo”, explica Vasconcelos, lo cual ya está impactando el nivel de actividad. Si bien el PBI habría crecido 3,5% en 2024, se desaceleró a fin del año, como sugieren datos sobre acceso al crédito del sector privado e importaciones.

Es allí donde ya se manifiesta un preocupante “derrame” sobre la economía argentina. Las importaciones brasileñas, que aumentaron 9,2% en 2024, serían una de las principales variables de ajuste y un real ultra-devaluado impulsará hacia terceros mercados, incluido el argentino, la producción industrial que no tenga demanda en el mercado interno, algo que ya se refleja en el mercado automotor.

Algunos números al respecto:

• Aunque en 2024 Brasil tuvo récord de patentamientos de vehículos (+15% respecto de 2023), las exportaciones de la Argentina a Brasil en el rubro subieron apenas 1%, según datos del período enero-noviembre, mientras las compras de autos made in China crecieron 229 por ciento.
• Las exportaciones de vehículos de Brasil a la Argentina crecieron un 39%, una dinámica que en 2025 sólo podría ralentizarse por reglas del comercio bilateral, no por las del mercado.

El sector automotor es uno en los que más claramente se manifiesta el impacto de la crisis brasileña y la devaluación del real

La diferencia de tamaño entre mercados, que ya era abismal, se agravó el año pasado. El mercado automotriz brasileño es históricamente cuatro a cinco veces más grande que el argentino y en 2024 la relación se agrandó a seis.

Así las cosas, concluye el estudio, “para el entramado industrial del país los temas recurrentes de la agenda 2025 en la relación con el principal socio del Mercosur estarán marcados por la asimetría cambiaria, la diferencia en el ritmo de crecimiento entre ambos países y la profundización del efecto disruptivo de China sobre la región”.

 

TLCAN-T-MEC: tres décadas de impacto en la economía mexicana

José Romero *

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 fue un momento clave para redefinir las relaciones económicas y sociales entre México, EU y Canadá. Diseñado como herramienta para impulsar el desarrollo económico y la modernización, el tratado aspiraba a reducir las desigualdades históricas entre estos países y a promover una mayor integración económica con sus socios del norte. Sin embargo, más de tres décadas después, los resultados han sido dispares.

Mientras algunos sectores se han beneficiado del comercio global, otros han enfrentado retos significativos. Indicadores macroeconómicos, como el ingreso por habitante y el índice de desarrollo humano, han mostrado avances limitados, y para muchos mexicanos, especialmente en zonas rurales, las promesas de progreso no se han materializado plenamente. Problemas estructurales, como la pobreza, la desigualdad, la migración y la inseguridad son desafíos persistentes, subrayando la necesidad de revisar y fortalecer las estrategias de desarrollo económico para alcanzar mayor equidad y sostenibilidad.

El TLCAN culminó las reformas económicas iniciadas en los 80, orientadas a la privatización, apertura comercial y menor intervención estatal, con el objetivo de integrar a México en la economía global. Aunque buscaban atraer inversión extranjera y reducir la brecha con EU y Canadá, estas medidas no consideraron las desigualdades estructurales ni las vulnerabilidades de sectores clave como el agrícola.

Ese sector enfrentó serios desafíos con la aplicación del TLCAN. Antes del tratado, millones de pequeños y medianos agricultores dependían de la producción de maíz, no sólo como base económica, sino como un elemento central de su identidad cultural y social. Sin embargo, la llegada de maíz subsidiado de EU inundó el mercado mexicano con productos a precios que superaron la capacidad competitiva de los productores locales. Sin subsidios y políticas de apoyo comparables, muchos campesinos quedaron en desventaja. Esto resultó en el abandono de tierras cultivables, aumento en la pobreza rural y una importante pérdida de soberanía alimentaria. El maíz, símbolo y pilar de miles de comunidades, pasó de ser fuente de sustento a reflejar la precariedad y exclusión que afectó al campo.

El impacto en el campo mexicano no se limitó a las dificultades económicas, sino que desencadenó un éxodo masivo de la población rural. Sin oportunidades, muchas familias debieron abandonar sus comunidades, migrando hacia las ciudades o a EU en busca de un futuro mejor. Este desplazamiento desarraigó comunidades enteras, fragmentando el tejido social y dejando pueblos rurales casi vacíos, al tiempo que las ciudades enfrentaron el reto de absorber a una creciente población de trabajadores vulnerables.

El colapso del campo impulsó la expansión del narcotráfico en regiones como Guerrero, Michoacán y Sinaloa, donde, ante la falta de alternativas económicas, muchos agricultores recurrieron al cultivo de amapola y mariguana. Esto fortaleció un ciclo de pobreza, violencia y dependencia, mientras el narcotráfico llenaba el vacío estatal, imponiendo su control territorial y social. Estas áreas se convirtieron en centros de actividades ilícitas, marcadas por exclusión, inseguridad y abandono institucional.

El TLCAN también profundizó las desigualdades regionales en México. Mientras las zonas industriales del norte experimentaron crecimiento gracias al modelo maquilador y la integración comercial, las comunidades rurales del sur enfrentaron un creciente rezago. Este desequilibrio impulsó patrones de migración interna hacia las ­ciudades, acelerando una urbanización desordenada y creando cinturones de pobreza.

Por otro lado, las remesas de Estados Unidos se convirtieron en un sustento esencial para muchas familias, aunque al mismo tiempo fomentaron una dependencia económica que limitó el desarrollo de economías locales sostenibles. La constante migración de jóvenes en edad laboral debilitó más a las comunidades rurales, dejándolas vulnerables y atrapadas en un ciclo de pobreza y exclusión que resulta difícil de romper.

El TLCAN no logró cerrar las brechas entre México y sus socios del norte; por el contrario, las amplió y puso en evidencia algunos de los costos sociales y económicos más profundos asociados a las políticas neoliberales implementadas en el país. La crisis en el campo, el incremento de la dependencia alimentaria y la expansión del narcotráfico destacan la urgente necesidad de replantear las estrategias de desarrollo económico para abordar estos desafíos estructurales.

Tras más de tres décadas de experiencia con el TLCAN y ahora el TMEC, el modelo vigente ha mostrado limitaciones para garantizar un desarrollo verdaderamente equitativo. Problemas como la migración masiva, el crecimiento del narcotráfico, las desigualdades regionales y la dependencia económica evidencian la necesidad de un cambio estructural.

Es evidente que la economía mexicana enfrenta un grave problema profundamente arraigado, que demanda una reflexión seria, un replanteamiento estructural y, sobre todo, un amplio debate nacional. Es crucial que la sociedad tome plena conciencia de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en el campo, donde la falta de oportunidades ha sido un factor determinante en el surgimiento de fenómenos como la migración masiva y la expansión del narcotráfico. Es urgente implementar medidas concretas para reactivar el campo, fortalecer su capacidad productiva, superar sus vulnerabilidades y promover un desarrollo más equitativo y sostenible en beneficio de toda la población. Las soluciones deben surgir de este debate, explorando y considerando todas las opciones posibles.

* Director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide)

Chevron declara en Venezuela 300 millones de dólares en impuestos

A pesar de las sanciones ilegales que mantiene el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Venezuela, Chevron Corp. (CVX), empresa petrolera estadounidense, presentó declaraciones de impuestos por unos 300 millones de dólares al Gobierno bolivariano el año pasado, así lo notificó Bloomberg News esta semana.

De acuerdo con la nota, los documentos de Chevron refieren que sus empresas en la nación suramericana debían 8.100 millones de bolívares al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), la agencia tributaria venezolana, en marzo de 2024, bajo su nombre registrado en el país, Chevron Global Technology Services Company. La compañía constituye el único pagador de dichas empresas.

Mientras que la empresa Petropiar presentó ante el Seniat el equivalente en bolívares de 217 millones de dólares por concepto de impuesto sobre la renta en 2023; Petroboscan, donde participa Chevron, declaró 83 millones dólares (27 bolívares por uno).

Junto a estas evidencias, el portavoz de Chevron, Bill Turenne, aseguró a Bloomberg News que la petrolera “lleva a cabo sus negocios en Venezuela en cumplimiento de todas las leyes y reglamentos aplicables”.

El primero de enero, la firma renovó su licencia por otros seis meses, a fin de continuar bombeando alrededor de 200.000 barriles al día, lo que representa casi el 23 por ciento de la producción total del país.

A pesar del marco de la política de medidas coercitivas contra la industria petrolera venezolana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) renovó en noviembre de 2024 las licencias 8–O y 5–Q. Estos documentos facilitan las transacciones de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) con cuatro entidades del sector de Estados Unidos.

En octubre pasado, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que los grupos de extrema derecha exigieron la salida de Chevron del país, para impactar de modo negativo en la economía del Estado.

Panorama internacional

 

1.- Avance de China y retroceso de Norteamérica en el PIB mundial

La región de América del Norte, integrada por México, Estados Unidos y Canadá, enfrenta una grave merma en su participación en el comercio y producto interno bruto (PIB) global, mientras, en contraste, China gana cada vez más terreno, resaltó Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el marco de la presentación del Plan México, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el encargado de las finanzas públicas del país resaltó que el avance de China se dio con base en una política de producir en función de reprimir el consumo y tomando la demanda de otros países.

Por lo anterior, apuntó, la estrategia sexenal que presentó el gobierno busca fortalecer la economía no sólo de México, sino de toda Norteamérica, recuperando empleos y reduciendo la dependencia de importaciones desde Asia, específicamente de China.

El secretario de Hacienda destacó que, por ejemplo, en el comercio internacional el gigante asiático tuvo un espectacular avance de 12 puntos porcentuales” entre 2000 y 2023, al pasar de 1.8 por ciento del total global a 13.6 por ciento; en contraste, el bloque de Norteamérica cayó de tener 19.8 por ciento internacional a 13.8 por ciento.

Esa pérdida de participación nos costó, sobre todo a México y Estados Unidos, mucha industria, empleos, mucha merma en la actividad económica, apuntó el funcionario.

En el PIB mundial, continuó el secretario, Estados Unidos bajó su participación de 30.3 por ciento que tenía en 2000 a 26 por ciento en 2023. Esa participación iba bajando hasta 24 por ciento, pero se recuperó con base en la política, basada en tarifas, que interpuso el presidente Donald Trump en su primer mandato. En el caso de México, apuntó, su participación en el PIB global pasó de 2.2 a 1.4 por ciento.

En contraste, resaltó Ramírez de la O, en ese periodo de 23 años, China incrementó de 2.6 a 17 por ciento su participación en el PIB mundial.

Dichas cifras, enfatizó el titular de la SHCP, exigen medidas urgentes y coordinadas como el Plan México, el cual no sólo busca que el país se coloque entre las 10 mayores economías del mundo, sino también tiene el objetivo de revertir la tendencia con base en fortalecer las cadenas de suministro regionales, por medio de incentivar la industrialización y reduciendo las dependencia de importaciones asiáticas.

Enfatizó que si Norteamérica remplaza 10 por ciento de las importaciones que vienen de China, y dichos productos se fabrican en la región, México podría crecer 1.2 por ciento adicional a lo que ya lo hace anualmente; mientras en el caso de Estados Unidos el dinamismo extra sería de 0.8 por ciento y en Canadá de 0.2 por ciento.

2.- El sistema del dólar, la máquina de producir desigualdad más poderosa

Radhika Desai *

El sistema del dólar es el generador de desigualdad más poderoso que jamás se haya conocido. Es el aparato que permite a los países capitalistas centrales, debilitados productivamente, mantener su prosperidad absorbiendo el valor producido en otros países.

La búsqueda actual de alternativas al sistema monetario internacional basado en el dólar está motivada principalmente por su utilización como arma mediante sanciones ilegales y unilaterales.

Sin embargo, a medida que avanza esta búsqueda, crece la conciencia que el sistema dólar nunca ha servido bien al mundo.

Por ejemplo, el informe encargado por el gobierno ruso antes de la cumbre BRICS de 2024 en Kazán, titulado “Mejora del sistema monetario y financiero internacional”, señala que el sistema monetario y financiero internacional basado en el dólar se ha caracterizado por «crisis frecuentes, desequilibrios comerciales y de cuenta corriente persistentes, niveles elevados y crecientes de deuda pública y volatilidad desestabilizadora de los flujos de capital y los tipos de cambio» y que «sirve principalmente a los intereses de las economías avanzadas».

Podría haber añadido que es posiblemente la causa más importante de desigualdad en el mundo, dentro de las sociedades y entre ellas.

En contraste con las opiniones liberales que atribuyen los conflictos internacionales a desviaciones de los principios liberales, incluido el sistema monetario internacional basado en el dólar, o el realismo que los atribuye a factores «políticos» y «geopolíticos», este artículo sostiene que el sistema de dólar desde su raíz produce la desigualdad internacional.

En este sentido, nos alineamos con perspectivas críticas sobre el capitalismo y el imperialismo como las de Marx y Lenin, Polanyi y Hobson, en las que se basa mi propio enfoque de la economía geopolítica.

Las perspectivas de estos teóricos explican cómo el imperialismo ha impedido históricamente el desarrollo y la igualdad y cómo el antiimperialismo es una herramienta de lucha por la igualdad y el desarrollo.

Hoy en día, se podría decir que el sistema del dólar es el generador de desigualdad más poderoso que jamás se haya conocido. Es el aparato que permite a los países capitalistas centrales, debilitados productivamente, mantener su prosperidad absorbiendo el valor producido en otros países.

Según las estimaciones de la UNCTAD y Jason Hickel, esos flujos de valor alcanzaron un máximo de entre 1 billón y 3 billones de dólares, entre el 10 y el 15 por ciento de la inversión mundial, y la mayor parte de la reciente reducción se debe a que China se libró de esa sangría, gracias, por supuesto, a su desarrollo, lo que significa, entre otras cosas, la capacidad de impedir a los países imperialistas apropiarse de ingresos ganados por el expolio

Déjenme explicar.

Existe una enorme literatura del FMI basado en el dólar, la mayor parte de ella comprometida con Estados Unidos y contrariamente a toda evidencia,  celebra el eficaz «servicio público del dólar al mundo” y predice su longevidad.

También existe una enorme literatura sobre la financiarización y sus daños. Sin embargo, hasta mi Economía Geopolítica de 2013 , nadie hablaba de su íntima conexión.

Allí y en otras publicaciones, como Capitalism, Coronavirus and War, argumenté que después de 1971 el sistema del dólar se apoya en los cimientos volátiles de sucesivas financiarizaciones, en una serie de expansiones de la actividad financiera denominada en dólares, cada una de las cuales involucra activos, actores, flujos y regulaciones. Cada una de estas financiarizaciones eran, por supuesto, insostenibles, provocando sucesivas crisis.

Cada financiarizacion tuvo que ser reemplazada por otra. Al aumentar la demanda puramente financiera del dólar, se contrarrestaron la presión a la baja que ejercían sobre la moneda los déficits fiscal, de cuenta corriente y comercial de Estados Unidos. Esta presión  habría expulsado al dólar de su desmesurado papel mundial, como Robert Triffin predijo en la década de 1950.

De hecho el sistema financiero del dólar ha aumentado enormemente la desigualdad internacional. A continuación, se ofrece una lista incompleta de las formas en que esto ha ocurrido:

– Subvalúa sistemáticamente las monedas de la mayoría mundial, lo que permite a los tenedores de dólares comprar productos y servicios de la Mayoría Mundial a precios muy baratos.

– Se basa en desequilibrios persistentes que provocan el subdesarrollo, ya que no existe un imperativo que imponga la autosuficiencia ni aborde la falta de competitividad.

– Ofrece a los gobiernos y empresas de la mayoría mundial crédito, a tasas de interés usurarias, no cuando lo necesitan sino sólo cuando los acreedores en dólares necesitan prestar. (habitualmente no de forma contracíclica sino procíclica).

El sistema dólar ha inducido crisis de deuda cuando las autoridades monetarias occidentales han aumentado los tipos de interés, como en los años 1980 y nuevamente hoy.

En las reestructuraciones de deuda que siguieron, el principio de responsabilidad de los acreedores fue borrado por el FMI y el Banco Mundial, que actuaron exclusivamente como alguaciles de las instituciones financieras occidentales, lo que dio lugar a nefastos flujos inversos de capital mediante los cuales los países pobres han pagado muchas veces la deuda que originalmente contrajeron, imponiendo un retraso económico a millones de personas.

Con las crisis el sistema dólar exige el levantamiento de los controles de capital para liberar los flujos de capital que transfieren aún más riqueza de los países de la mayoría mundial a los países capitalistas centrales, ya que los ricos transfieren riqueza para evadir impuestos en su país y participar en la actividad especulativa que abunda en el sistema financiero internacional denominado en dólares.

Los estudios empíricos definen que los flujos de inversión de los países de la mayoría mundial hacia los países avanzados son un problema importante ya que el sistema ha desviado la inversión de la producción a la especulación, debilitando los esfuerzos de desarrollo.

Ha inflado sistemáticamente burbujas de activos: las más recientes fueron la burbuja punto-com, las burbujas inmobiliaria y crediticia, y la actual «burbuja de todo».

Un buen número de estas burbujas de activos ocurren en los mercados de materias primas, que elevan los precios de los productos más comercializados por los países de la mayoría mundial.

El estallido de las burbujas provoca dolorosas crisis financieras en las que los pobres –personas y países– son los que más sufren, mientras que los ricos –países y personas– obtienen paracaídas dorados.

Estos salvatajes suministrados por los gobiernos en forma de subsidios y por los bancos centrales como dinero fácil, sólo sientan las bases para la próxima financiarización.

Los paracaídas gubernamentales han regulado los sectores financieros, incluyendo la autorización de libres flujos de capital, NO para promover la producción y el desarrollo sino la especulación, no para una economía de creadores sino para una economía de especuladores, no para la generación de empleo sino para la preservación del valor de las reservas ociosas de riqueza.

Esta lista de las formas en que este sistema genera desigualdad entre países no sólo es incompleta, sino que excluye las formas en que genera desigualdad dentro de los países, lo que también contribuye a la desigualdad internacional, en particular al reducir el mercado mundial y dificultar el desarrollo.

En Estados Unidos, la desigualdad generada por este sistema es responsable de la división social, la polarización política y la confrontación cultural que sufre el país y que lo ha llevado al borde de una guerra civil.

Esta crisis de EEUU debería ser una señal para cualquier país que piense que puede reemplazar al dólar por su propia moneda y no por una cesta de monedas.

Hay que recordar que el sistema también ha promovido guerras contra países como Irak y Libia simplemente porque buscaban salir del sistema dólar.

El sistema dólar está a punto de derrumbarse por su propio peso: razón de más para idear alternativas. Ya es hora de que avancemos en ese proyecto.

*Profesora de Economía de la Universidad Manitoba, Canadá.