Panorama Económico Latinoamericano – Del 15 al 22 de enero de 2025

Moderado crecimiento económico en América Latina prevé la ONU

Las perspectivas económicas de América Latina y el Caribe pueden fortalecerse en el corto plazo debido a un gasto más robusto de los hogares y la flexibilización de las políticas monetarias, indicó este jueves 9 el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (Desa) de las Naciones Unidas.

Sin embargo, la región se enfrenta a importantes riesgos a la baja, como las incertidumbres políticas internas y una demanda externa más débil de lo previsto, indica el aparte regional en el informe “Situación y Perspectivas para la Economía Mundial 2025”.

El principal informe económico de la ONU al despuntar el año prevé que el crecimiento mundial se mantendrá en 2,8 % en 2025, sin cambios respecto a 2024.

En América Latina y el Caribe las perspectivas de corto plazo “siguen siendo moderadamente favorables” y se espera que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) regional pase de una estimación de 1,9 % en 2024 a 2,5 % en 2025.

Junto con las razones que impulsan el crecimiento están los riesgos a la baja, entre ellos, en el frente exterior, una desaceleración más brusca de lo previsto en China y Estados Unidos, que afectaría negativamente a las exportaciones, las remesas y los flujos de capital.

En el frente interno, la incertidumbre política podría mermar la confianza de las empresas y las inversiones.

Las perturbaciones relacionadas con el clima, sobre todo en el Caribe, también podrían poner a prueba las políticas fiscales y perturbar la producción agrícola, haciendo subir la inflación de los alimentos.

En Brasil, se espera que el crecimiento se desacelere, de 3,0 % en 2024 a 2,3% en 2025, manteniéndose muy por encima de la media de 2010-2019, de 1,4 %. Esta desaceleración refleja los vientos en contra por una política monetaria más restrictiva, la reducción del gasto fiscal y el debilitamiento de las exportaciones.

En México, se pronostica que el crecimiento del PIB siga siendo lento. Tras una expansión estimada de 1,6 % en 2024, se prevé que el producto crezca 1,3 % en 2025, limitado por la debilidad del consumo privado y los esfuerzos de consolidación fiscal.

En Argentina, la economía se está recuperando tras dos años de contracción, impulsada por una reactivación del consumo privado y un fuerte crecimiento de la inversión.

En la República Dominicana, Guyana y Paraguay, se prevé que el crecimiento del PIB se mantenga por encima de 3,5 % en 2025.

En el Caribe (excluida Guyana, que vive un bum petrolero), el crecimiento económico se estima en 2,5 % para 2024, y se espera que se mantenga sin cambios en 2025, a medida que se desvanezcan los efectos del repunte del turismo tras la pandemia.

Aunque las perspectivas son favorables, el crecimiento económico ha seguido siendo lento durante más de una década. Entre 2015 y 2024, el crecimiento medio del PIB regional fue de solo el 0.9%, la tasa más baja de cualquier década desde los años cincuenta del siglo pasado.

El PIB por persona sigue estancado, al mismo nivel que hace diez años y, para mejorar los resultados del mercado laboral, elevar el nivel de vida y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es crucial acelerar el crecimiento económico, subraya el texto del Desa.

Por otra parte, el informe destaca el potencial de los minerales críticos para la transición energética -como el litio, el cobalto y los elementos raros de la tierra- y también para acelerar el progreso hacia los ODS en muchos países.

Para los países en desarrollo ricos en recursos, incluidos varios de América Latina y el Caribe, el aumento de la demanda mundial de minerales esenciales representa una oportunidad única para impulsar el crecimiento, crear empleo y aumentar los ingresos públicos para invertir en desarrollo sostenible.

Sin embargo, el informe advierte de que estas oportunidades conllevan riesgos significativos.

La mala gobernanza, las prácticas laborales inseguras, la degradación medioambiental y la excesiva dependencia de los volátiles mercados de materias primas podrían exacerbar las desigualdades y dañar los ecosistemas, socavando los logros del desarrollo a largo plazo.

Li Junhua, secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU destacó en el informe que “los minerales críticos tienen un inmenso potencial para acelerar el desarrollo sostenible, pero solo si se gestionan de forma responsable”.

Los gobiernos “deben adoptar políticas con visión de futuro y marcos normativos integrales para impulsar la extracción sostenible, el reparto equitativo de los beneficios y las inversiones en la creación de capacidades productivas para maximizar los beneficios para el desarrollo de estos recursos”, advirtió Li.

La reforma laboral colombiana: más inclusión, menos desigualdades

La reforma laboral que actualmente se discute en el Congreso de Colombia es inclusiva porque formaliza a trabajadores domésticos, de plataformas digitales de reparto y migrantes, entre otros, otorgándoles derechos y garantías laborales y sociales, resuelve desigualdades históricas en favor de las mujeres y el movimiento Lgtbiq+ y recupera derechos perdidos –como el recargo nocturno y el pago del 100 por ciento del salario por trabajo en dominicales y días festivos–.

El proyecto de Reforma Laboral aprobada el 17 de octubre en la Cámara de Representantes tras seis semanas de debate, y que pasa al Senado de la República para continuar el trámite con dos debates más, es una de las apuestas sociales del gobierno de Petro que plantea como eje central la estabilidad en el empleo, y cuyos avances en el Congreso han sido complejos, dada la débil representación parlamentaria del Pacto Histórico en las dos cámaras del Congreso de Colombia.

El debate de la reforma laboral en la Cámara de Representantes dejó un saldo de 81 artículos aprobados, de ellos 53 fueron aprobados con modificaciones, 15 pasaron como venían en la ponencia y 7 fueron eliminados. Sobre este logro, el mismo 17 de octubre la representante del Pacto Histórico por Bogotá, María Fernanda Carrascal, dijo: “estamos muy felices por este avance, esto es un triunfo para los trabajadores, es una reforma progresista que devuelve derechos que habían sido arrebatados como la jornada nocturna, que abre oportunidades a las mujeres, y busca mejores condiciones laborales y de ingresos a las familias colombianas”1.

Son muchas las razones que justifican una reforma laboral en Colombia, sin embargo en este escrito se destaca que muchas de las normas del Código Sustantivo del Trabajo –CST– que fue aprobado en 1950 mediante el Decreto Ley 2663 se han quedado obsoletas, además, la Constitución Política de 1991 definió al Estado colombiano como un Estado Social de Derecho y elevó a rango constitucional el derecho al trabajo (art. 25) y el derecho de asociación sindical (art. 38), al tiempo que incorporó al bloque de constitucionalidad los tratados internacionales (artículos 93 y 214 de la CP). Y, muchas de las normas del CST, actualizadas mediante sentencias de las altas cortes nacionales e internacionales, no se cumplen.

Así mismo, deben regularse las nuevas formas de empleo surgidas con los desarrollos tecnológicos y de las comunicaciones, así como los trabajos del cuidado de adultos mayores y personas en condición de discapacidad, al igual que el trabajo doméstico no remunerado, por tratarse de bienes y/o servicios económicos que generan valor y demandan costos en tiempo y energía necesarios para producirlos, requiriendo un marco normativo que les otorgue valor.

Y en materia de libertad sindical, se precisan reformas que hagan viable el ejercicio de asociación sindical, negociación colectiva y huelga, en un país en el que existe una fuerte cultural antisindical y un uso desmesurado de contratos sindicales, civiles, comerciales y de cooperativas de trabajo asociado que hacen inviable la sindicalización de muchos trabajadores.

En lo que tiene que ver con el acoso laboral y la violencia sexual que históricamente han existido y que poca atención han tenido en Colombia, es necesario regularlos de manera adecuada y avanzar en la aprobación de normas de discriminación positiva a fin de que estas prácticas históricas que tienen su explicación en la existencia de estructuras patriarcales de violencia que se reproducen social y culturalmente por hombres y mujeres, por la influencia de los medios de comunicación y por instituciones como la familia y la escuela, se puedan prevenir y erradicar en los lugares de trabajo.

Y en materia de pobreza y desigualdad, las cifras en Colombia son elocuentes: según el Banco Mundial, para 2022 el coeficiente de Gini que mide el grado de desigualdad en la distribución del Ingreso estaba en 0.54, el desempleo juvenil en 17.7 por ciento, la brecha de género en ingreso laboral en 5.5 por ciento, la brecha salarial de género en 6.9 por ciento, la brecha de tiempo de cuidado entre hombres y mujeres en 5.5 horas, la informalidad en 56 por ciento y la informalidad rural en 86 por ciento.

Ante este panorama, no hay duda acerca de la necesidad de una reforma laboral en Colombia, sin embargo, es importante precisar que, desde una perspectiva económica y fiscal, no es correcto pedirle a una reforma laboral metas de empleo, dado que estas son actividades propias de un Plan Nacional de Desarrollo, un Plan de Reactivación Económica o un Plan de Reindustrialización. Además, la evidencia empírica ha demostrado, contrario a lo que dicen muchos empresarios y gremios económicos, que disminuir los costos laborales no genera más empleo, por tanto, es importante abandonar la discusión de la reforma laboral alrededor de la oferta y la demanda2.

En este mismo sentido se han pronunciado Guillermo Oglieti y Oscar Murillo (2024), quienes proponen examinar otros enfoques económicos, distintos al neoliberal, el cual, apoyado en la teoría marginalista, plantea que el empleo depende de su precio y que los derechos están vinculados a los ingresos, concibiendo al salario sólo como costo. Contraria a esta perspectiva, la teoría keynesiana señala que si al consumo le agregamos las inversiones y los gastos del gobierno, y esto equivale a un nivel de ingreso nacional que sea compatible con la utilización total de todos los recursos con que cuenta una economía, se alcanzará el pleno empleo y que lo que determina los niveles de empleo son los niveles de ingreso, que son los que pueden reactivar la economía3.

Un estimativo macroeconómico del impacto de la reforma laboral desde una perspectiva económica distinta a la neoliberal, realizado con base en un informe del Banco de la República y en el primer texto de la reforma laboral presentada al congreso en 2023, arroja como resultado que de aprobarse la totalidad de los artículos propuestos, la economía crecería entre 1,2 y 3,4 por ciento el primer año y luego decrecería paulatinamente y que el impacto sectorial sería positivo, destacando un crecimiento anual del 5,8 por ciento en el sector textil, 4,7 por ciento en madera y entre 4 y 6 por ciento en los demás sectores económicos, además de que se crearían entre 600 mil y un millón de nuevos puestos de trabajo. En este análisis, el salario deja de ser solamente un costo, para convertirse también en una fuente de demanda que impulsa la economía y la inversión. Para ningún economista es un secreto que hay momentos en que la economía de un país necesita el impulso a la oferta y otros momentos en que necesita el impulso a la demanda4.

Con estas claridades, se reafirma que esta reforma laboral realiza una apuesta clara y decidida por la inclusión, la superación de desigualdades y la recuperación de derechos, aunque en la Cámara de Representantes ha sufrido graves afectaciones en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la libertad sindical, el aumento de ingresos mediante una nueva tasa de indemnizaciones, la licencia de maternidad y paternidad en parejas adoptantes del mismo sexo, la ampliación de licencias para sector vigilancia y los derechos y garantías laborales para los trabajadores rurales, lo cual se considera desafortunado porque evidencia una posición mayoritaria en la Cámara de Representantes que desdeña la importancia del principio de libertad sindical en la construcción de democracia empresarial y desconoce derechos que se encuentran en convenios de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– que son compromisos internacionales suscritos por Colombia que hoy hacen parte del Bloque de Constitucionalidad; ante la negativa del aumento de la indemnización por despido injusto impide garantizar una protección adecuada a los trabajadores en diversas circunstancias; con la negativa de la licencia de maternidad y paternidad a parejas adoptantes del mismo sexo profundiza desigualdades y discriminaciones contra la población Lgtbiq+ y, con el rechazo del contrato agropecuario prolonga una deuda histórica que en materia laboral se tiene con los trabajadores del campo en el país.

Sin embargo, el proyecto de reforma laboral avanza en diferentes aspectos: en el tema de los principios, que son los fundamentos que marcan la pauta para la interpretación de las normas y relaciones laborales, se mantienen los del artículo 53 de la CP y se adicionan todos los del bloque de constitucionalidad (artículos 93 y 94 CP) y los que ha desarrollado la OIT sobre libertad sindical, así mismo privilegia una perspectiva de derechos y profundiza los conceptos de trabajo digno y decente al proteger derechos individuales, promover la igualdad de oportunidades, fortalecer la protección del principio de libertad sindical, aunque no en la dimensión planteada en el segundo proyecto de ley, dado que veinte artículos sobre cuotas de aprendices, creación a puestos trabajo para atención a emergencias y normas sobre aplicación de la negociación colectiva, la libertad sindical y la afiliación a los sindicatos, fueron borrados de la reforma en el primer debate.

De igual modo se garantiza la protección laboral y social mediante la inclusión de trabajadores de plataformas digitales, madres comunitarias, trabajo doméstico, víctimas del conflicto armado, migrantes, deportistas y entrenadores, periodistas y comunicadores, del arte y la cultura y del transporte, resuelve desiguales condiciones de garantías laborales y de protección de las personas vinculadas por contrato de prestación de servicios e impulsa la formalización de micronegocios, la seguridad social para trabajadores del sector portuario, la participación de las comunidades étnicas en la búsqueda de trabajo decente, dejando a las empresas la posibilidad de realizar contratos de prestación de servicios para actividades que no sean parte del objeto social o actividad principal de la empresa.

En lo que tiene que ver con la equidad y reducción de brechas y justicia de género, se han aprobado licencias por menstruación incapacitante, licencias de maternidad y paternidad y una serie de medidas para la equidad y la eliminación de la violencia por el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo, tales como la prohibición de exigencias de esfuerzos físicos a la mujer embarazada, jornada flexible para trabajadores con responsabilidades familiares del cuidado, entre otras. Y en materia de dignidad humana y justicia laboral, se aprueban medidas sobre estabilidad laboral y productividad, debido proceso disciplinario, ineficacia del despido discriminatorio, precisión de casos de estabilidad laboral reforzada, nueva definición de trabajo diurno (6 am a 7 pm) y nocturno (7 pm a 6 am) que permite recuperar dos horas de recargo nocturno y reducción de la jornada máxima a 8 horas diarias y 42 horas a la semana, aplicadas de manera gradual de acuerdo con la ley 2101 de 2021.

En materia de tercerización e intermediación laboral, plantea la obligatoriedad del uso adecuado de estas, mediante las siguientes reglas: i) contratistas y subcontratistas serán solidariamente responsables frente a sus trabajadores por el pago de salarios, prestaciones y seguridad social; ii) el trabajador tendrá derecho al reintegro si la empresa beneficiaria no cumple con lo dispuesto en la norma; iii) las Empresas de Servicio Temporal solo podrán celebrar contratos para los fines previstos en la norma (art. 46), sin derecho a prorrogar el contrato ni a celebrar un nuevo contrato con la misma empresa. Si se incumple la norma, habrá derecho a reintegro sin solución de continuidad; iv) no se podrán celebrar contratos de prestación de servicios para realizar actividades subordinadas en empresas privadas. Si se desconoce la norma, se entiende que hay relación laboral con todas las implicaciones en materia de derechos laborales y de la seguridad social; vi) se prohíben los contratos sindicales que alientan la tercerización laboral ilegal y debilitan la capacidad de organización y representación de los trabajadores.

En cuanto a las medidas para la transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles, la reforma laboral establece lineamientos de políticas públicas de trabajo decente para la transición justa y los empleos verde y azul que están orientados a la descarbonización y la preservación ambiental, incentivos que reglamentará el Ministerio del Trabajo al empleo verde y azul, formación para la promoción del empleo verde y azul con mayor participación de mujeres, jóvenes y otros grupos vulnerables, regulación del trabajo a domicilio y el teletrabajo por su contribución a la transición justa, auxilio de conectividad para modalidades de trabajo a distancia y en reemplazo del auxilio de transporte, auxilio compensatorio de costos de internet y energía, promoción de las distintas modalidades de trabajo a distancia, protección laboral ante la automatización de actividades y protección laboral frente a procesos de descarbonización y transición energética, mediante un plan que deberá ser concertado entre las partes.

Sin desconocer estos importantes avances en materia de inclusión laboral, equidad, reducción de brechas y justicia de género y dignidad humana y justicia laboral; son muchos los retos y desafíos del derecho y del mercado laboral en Colombia. En primer lugar, sería necesario un cambio de enfoque económico que ponga en el centro de las preocupaciones la recuperación de la industria y el agro que se han visto gravemente impactadas por el enfoque neoliberal, generando problemas de informalidad, flexibilidad y precariedad laboral que se traducen en deterioro de los salarios y el empleo, disminución del poder de los sindicatos, entre otros. Pero mientras estos cambios estructurales se pueden realizar, es importante proponer que se diseñen e implementen las políticas de generación de empleo aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida” y que tienen que ver con las apuestas por la reindustrialización, la priorización del campo como motor del desarrollo, el impulso de la economía solidaria, popular y comunitaria, el impulso a los microcréditos y los avances en procesos de formalización. Todo ello redundará en la disminución de las tasas de desempleo y en continuar avanzando en los procesos de formalización del alto porcentaje de población colombiana que se encuentra en la informalidad.

Así mismo, es importante adelantar iniciativas que permitan aumentar la actividad productiva, lo cual podría contribuir a mejorar la informalidad laboral y empresarial del país, lo que permitiría ofrecer mejores condiciones laborales a los trabajadores. Pero este aumento de la productividad debe considerar las nuevas realidades del mercado laboral, entre las cuales se destacan las dificultades para atraer personas que asuman la creciente demanda de trabajos del cuidado, transporte, comercio al por menor, industria manufacturera, construcción y las tecnologías de la información y la comunicación –TIC– lo que indica la necesidad de fortalecer la pertinencia en educación para el trabajo y el fortalecimiento del trabajo humano, así como la urgencia de redefinir roles de trabajadores para optimizar procesos y desarrollar competencias necesarias para integrar las tecnologías de forma efectiva.

Otro aspecto importante señalado por la Organización Internacional del Trabajo es la rudimentaria adopción de tecnologías, que unido al descenso en la productividad y a la incertidumbre económica, impactan negativamente el mercado de trabajo y el crecimiento económico de un país como Colombia, que como se señaló anteriormente, cuenta con altos niveles de endeudamiento, altos índices de inflación y altas cifras de informalidad, precariedad laboral y desempleo, lo cual supone grandes retos para los principales actores del mundo del trabajo: el gobierno, los empleadores y los trabajadores.

Para quienes están desempleados, para quienes laboran en la informalidad, para quienes sufren la violación de sus derechos laborales, para los sindicalizados y los que no lo están, para los trabajadores del campo, para quienes se desempeñan en nuevos roles surgidos a la luz de las nuevas tecnologías, así como para otros sectores del mundo del trabajo y de la sociedad en general, lo no alcanzado en la mejora de sus condiciones y garantías de trabajo, queda abierto para que lo asuman como propósito por conquistar extra Congreso de la República.

Son retos asociados con el necesario avance hacia la superación del neoliberalismo en general y, en particular, deshacer los pasos conducentes hacia una necesaria industria nacional que garantice soberanía nacional en diversidad de planos, así como la apertura de miles de puestos de trabajo digno, como lo manda y reconoce la normatividad internacional.

Retos, unos y otros, que hacen parte de la disputa entre capital y trabajo. Abordar esa disputa desde ya, en todos los planos, sería una de las mejores herencias que pudiera dejar el actual gobierno.

Notas

1   María Fernanda Carrascal, tomado de Audiencia Pública de la Cámara de Representantes, 22 de agosto de 2024.

2   Coronel, tomado de Audiencia Pública de la Cámara de Representantes, 22 de agosto de 2024.

3   Guillermo Oglieti y Oscar Murillo, tomado de Audiencia Pública de la Cámara de Representantes, 22 de agosto de 2024.

4   Oglieti, 2024, tomado de Audiencia Pública de la Cámara de Representantes, 22 de agosto de 2024.,

 

Avances, desafíos y el papel de la biotecnología en la agricultura boliviana

Horacio Guido Valle Santa Cruz

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística (INE) el Índice de Precios al Consumidor, lo que comúnmente conocemos como inflación, al mes de octubre acumuló un incremento del 7,26%, siendo que el componente que tuvo mayor incidencia sobre el alza es el que corresponde al sector alimentos y bebidas no alcohólicas. En efecto, aspectos coyunturales relacionados a la política, energía, monetario, entre otros, explican su impacto en el aumento del nivel general de precios de los alimentos. Sin embargo, existe un factor estructural al que se debe prestar especial atención y es el que se vincula a la productividad y medioambiente, cuestión que invita a realizar la siguiente reflexión.

El informe “El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo”, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que desde la pandemia en 2020 se han desplazado a umbrales de pobreza y hambruna a entre 713 y 757 millones de seres humanos, manteniéndose estas cifras hasta el 2023, mencionando además que el gasto público que realizan los gobiernos en seguridad alimentaria y nutrición se destina principalmente al consumo de alimentos, existiendo una escasa capacidad de gasto para hacer frente a los principales factores determinantes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, rasgo que no es indiferente al caso boliviano. Existen ciertas diferencias importantes que es necesario mencionarlas al momento de identificar las medidas que se asumen para afrontar esta cuestión.

Durante los últimos años, y en concordancia a los principios constitucionales que señalan que el Estado tiene la obligación de “garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población”, se dedicaron esfuerzos a mejorar y ampliar la producción de alimentos a nivel nacional a través de diversos programas, así como con la creación de empresas y ampliación de unidades de negocio de empresas públicas existentes.

Algunos casos concretos refieren a la Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (Eepaf), cuya función principal es la de producir abonos y fertilizantes para incrementar la productividad agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria, prestando servicios de tratamiento de residuos biodegradables para la producción de abonos, además de comercializar fertilizantes de distinta índole, lo que permitió que la empresa aumentara sus ingresos percibidos llegando a registrar 95,8 millones de Bs en 2022 y 122 millones de Bs en 2023, derivando en una utilidad neta de 19,1 millones y 23,5 millones en moneda boliviana respectivamente. Asimismo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) amplió su giro de negocio a través de inversiones para la producción de urea y amoniaco que permite ser utilizada como fertilizante para la producción de alimentos e incrementar el rendimiento.

Un caso similar refiere a la Empresa Estratégica de Producción de Semillas (EEPS), dedicada principalmente a producir, acopiar, almacenar y comercializar semillas, grano comercial y derivados, apoyando el desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos comunitarios potenciales. Los resultados que obtuvo durante la gestión 2022 y 2023 señalan ingresos por 29,4 millones y 38 millones de Bs, lo que se plasmó en una utilidad de gestión de 14,3 millones y 1,6 millones respectivamente. A su vez, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), contribuye a la cadena productiva alimentaria apoyando tanto la producción agropecuaria como agroindustrial y estabilizando el mercado interno de productos agropecuarios.

Sin embargo, a pesar de estas políticas e inversiones realizadas, según la FAO, el rendimiento agrícola en Bolivia es uno de los más bajos de la Región cuando nos referimos a la producción de maíz, arroz, caña de azúcar, sorgo, trigo, papa, quinua, maní, entre otros, ocupando únicamente un cuarto lugar en la producción de grano de soja.

Si se observan datos sobre balance alimenticio, el país cuenta con 617 kg por persona al año, lo que sitúa al país solamente por encima de Ecuador y Venezuela, razón por la cual, para cubrir la demanda insatisfecha, se importan y consumen alimentos de países como Perú, Brasil, Argentina y Chile, que adoptaron biotecnología, por lo cual nuestra dieta ya incluye este tipo de alimentos. Actualmente el país ha quedado rezagado en cuanto a la producción de este tipo de cultivos, a excepción de la soja, siendo importante destacar que el uso de biotecnología en la producción de alimentos no está prohibido por la Constitución, siempre y cuando se demuestre que no representa riesgos para el medio ambiente ni la salud humana.

Bolivia no debe mantenerse ajena a las experiencias globales, donde millones de hectáreas están dedicadas al cultivo de alimentos transgénicos que no han demostrado afectar negativamente el medio ambiente ni la salud humana, más al contrario ayudan a cuidar la naturaleza como el caso del maíz modificado que posee cualidades que impiden la proliferación de plagas, lo que reduce el uso de pesticidas y disminuyen los costos, además de evitar los daños a la salud que conlleva el uso excesivo de estos. Conjuntamente, algunos cultivos son más resistentes a condiciones climáticas adversas, lo que aumenta el rendimiento por hectárea, e incluso pueden ser enriquecidos con vitaminas y minerales para combatir la desnutrición, así como disminuir o evitar la ampliación de la frontera agrícola al existir un mejor rendimiento en menores áreas.

Finalmente, para mitigar los riesgos asociados al uso de biotecnología, es necesario que el Estado en el marco de sus competencias mejore los procesos de evaluación a productos que pudieran representar riesgos a la salud de la población, disminuir la afectación de otras especies a través de la aplicación de tecnología e infraestructura adecuada y monitoreo de un comercio adecuado entre los proveedores de semillas y los productores, ante la necesidad de modernizar la agricultura boliviana, adoptando biotecnología para incrementar la productividad para garantizar la seguridad alimentaria, mientras se promueve una regulación efectiva para evitar posibles efectos negativos.

Más mujeres trabajando en Perú, pero en la informalidad y precariedad

Mariela Jara

El optimismo con que Jessy Amado encara su precaria situación laboral contrasta con su preocupación por el futuro. Ella es parte del casi 70 % de mujeres trabajadoras que en Perú no accede al sistema de pensiones que le permitiría contar con una jubilación en su vejez.

“Tendría que abrir una cuenta de ahorro y alimentarla desde ahora para cuando ya no pueda trabajar, pero por el momento no genero los suficientes ingresos con mi emprendimiento”, dijo a IPS en su puesto dentro de una galería comercial en la capital peruana.

Amado, de 58 años y oriunda de la ciudad de Nazca, en el departamento costero de Ica, al sur de Lima, se dedica a la venta de joyas de plata, bisutería, artículos de decoración y regalos.

“Soy una mil oficios, yo me encargo de todo en mi emprendimiento: compro materiales, los productos, estoy en la tienda, hago demostraciones… ufff. Trabajo más de ocho horas al día toda la semana, sin descanso y aunque quisiera no puedo contratar a alguien que me apoye porque la economía no da”, agregó en medio de una sonrisa.

Reconoció que no tener hijos es un factor que le ha permitido sostener esta dinámica. Y aunque confía en que su pasión por ser “joyera artesanal” la seguirá motivando, al igual que su deseo de brindar un buen servicio, su ánimo se ensombrece ante la crítica realidad económica y social del país.

“Con este gobierno la situación está cada vez peor”, sentenció.

Con 34 millones de habitantes, este país andino mantiene niveles de pobreza de 30 % en un contexto de creciente inseguridad ciudadana y bajísimos niveles de aprobación al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, sucesora desde diciembre del 2022 del destituido Pedro Castillo por un intento de golpe de Estado.

El rechazo suma al muy cuestionado Congreso legislativo y al Poder Judicial, en un país donde los tres poderes del Estado cuentan con menos de dos dígitos de aprobación, según los últimos sondeos. En particular, Boluarte cuenta con un respaldo de 3 % y el Congreso de 8 %.

El empleo refleja una de las peores caras de esta crisis: más de 70 % de la masa trabajadora se encuentra en la informalidad.

Ello implica ausencia de derechos en relación a la protección social, al acceso a vacaciones pagadas, a la jornada laboral de ocho horas, a la compensación por tiempo de servicios, a la libertad de sindicalización, a las gratificaciones en los meses de julio y diciembre en el país.

En un puesto de trabajo formal, por ejemplo, el empleador aporte 9 % para el acceso al seguro social de salud, y se descuenta al trabajador o trabajadora 13 % de su remuneración para su afiliación a un sistema nacional de pensiones. Estas condiciones están ausentes en los empleos informales.

La población económicamente activa en Perú suma más de 18 millones, de los cuales más de ocho está compuesta por mujeres. La mayoría de ellas se encuentra ocupada, pero en condiciones precarias, y más de 500 000 están desempleadas.

Más complicado para las mujeres

Para Mariella Belleza, abogada feminista especializada en derecho laboral, existe una discriminación estructural que pone en desventaja a las mujeres en diversas áreas, acentuadas con la falta de oportunidades en la educación y capacitación y con la asignación a ellas de la responsabilidad del trabajo doméstico no remunerado.

“El mercado laboral está segmentado, tanto vertical como horizontal: las mujeres estamos en áreas como servicios y cuidados; el 97 % de trabajadoras del hogar son mujeres, lo mismo en enfermería y en limpieza. Estamos también en el comercio, pero el pequeño comercio. Y todas esas actividades son las más precarizadas”, sostuvo en diálogo con IPS en su departamento en la capital de Lima.

Remarcó que en la informalidad laboral, las mujeres trabajan más y ganan menos, y no ocupan puesto de poder, salvo en sus emprendimientos familiares. “Las vemos en las microempresas, en las chiquitas, que en más de 90 % fracasa dentro de los tres primeros años”, agregó.

Según el informe del Inei “Perú: brechas de género, avances hacia la igualdad de mujeres y hombres” publicado en noviembre del 2024, de las mujeres ocupadas  41,5% lo estaba como trabajadora independiente, por cuenta propia, caracterizado por su baja productividad, inestabilidad, ausencia de beneficios sociales y escasos ingresos.

Ni siquiera llegan a la remuneración mínima vital que rige para los trabajadores asalariados del sector privado, que se actualizó en 1130 soles a finales de diciembre luego de dos años y medio congelado, equivalente a unos 300 dólares.

Belleza consideró un fracaso las políticas de formalización laboral de las últimas décadas porque en vez de centrarse en la realidad peruana miran el derecho laboral europeo y tampoco atienden las brechas de acceso al empleo por género, edad y origen.

“Cómo es posible que el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, el que permite sostener la sociedad y reproducir la mano de obra, no se tome como un indicador económico o no se incorpore al derecho laboral”, se preguntó la abogada laboralista.

También refirió que por razones culturales tradicionales se realizan ferias locales y regionales en todo el país, que son espacios de intercambio económico con presencia de iniciativas diversas a pequeña escala.

“Allí no podemos pedir la formalidad como se entiende para efectos de una empresa, qué modelo le estamos ofreciendo a estas mujeres y hombres fuera del foco hegemónico”, inquirió.

Planteó imaginar “lo imposible”.

“El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, tiene programas de empleabilidad con capacitaciones, pero ninguno mira a las jóvenes con hijos pequeños para ayudarlas a fortalecer su formación, generando por ejemplo mecanismos de cuidados para los niños y ellas puedan estudiar. Mientras, se emplearán como pueden, en la informalidad y precarización sin capacitarse”, alertó.

El modelo es una estafa

Javier Mujica, abogado laboralista de larga experiencia e integrante del no gubernamental Perú Equidad, afirmó que el panorama laboral en Perú es malo y refleja la carencia de oportunidades de acceso a empleos decentes para la mayoría de la población, en particular mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, personas privadas de su libertad y  mayores de 45 años

Expresó a IPS por teléfono en Lima que la informalidad laboral se da en el sector formal e informal de la economía, pese a lo cual las autoridades del sector del  trabajo no corrigen esta situación.

“Otro rasgo característico muy extendido es la precariedad laboral, personas que trabajan por cuenta ajena que deberían estar cubiertas por el derecho laboral, pero no es así”, dijo.

 

En ese punto, mencionó las políticas neoliberales introducidas en Perú a partir de 1990 durante el mandato del ya fallecido Alberto Fujimori (1990-2000) -condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad- y mantenidas por los siguientes gobiernos.

Detalló que para sus ejecutores han funcionado las recetas de flexibilización laboral, liberalización de los mercados, erradicación de la actividad sindical y negociación colectiva.

“Entienden que hacer competitiva la economía es tener una mano de obra que cueste muy poco. Para ellos la informalidad se corrige reduciendo derechos, pero es espantoso para la mayoría. Han hecho estas reformas sabiendo que el modelo no funciona y que perjudica a la gente, es una gran estafa”, denunció.

Subrayó que en esa realidad si bien las mujeres han logrado mayor acceso al mercado de trabajo, es en condiciones precarias, especialmente en el comercio, servicios y agricultura, áreas en que persiste una sub remuneración de su mano de obra.

“Si el estado invirtiera en un sistema de cuidados facilitaría un mejor posicionamiento de la mujer en el mercado de trabajo. Se necesita además invertir mucho en educación, capacitación, crédito, financiamiento y fomento de la asociatividad, porque la micro escala es una condena a muerte”, puntualizó.

 

La economía venezolana creció cerca de 5% en 2024

Magaly Pérez

El año 2024 fue un año retador bastante complejo, sobre todo a nivel de tipo de cambio. “De alguna manera cuando hablamos de crecimiento económico tenemos que recordar que lo entendemos como una variación positiva del Producto Interno Bruto (PIB), siendo éste la colección de resultados en consumo, inversión, gastos, importaciones y exportaciones; conectando el mercado interno y externo en este indicador que se utiliza como una medida de la eficiencia de las políticas económicas”.

Quien así lo afirmó fue el economista, especialista en finanzas de empresas, y profesor universitario, Aaron Olmos, quien agregó que, aunque el Banco Central de Venezuela, (BCV) aún no ha emitido los datos del último trimestre, lo cierto es que la visión de crecimiento económico para Venezuela que se esperaba está alrededor de 4% o 5% cuando mucho, en todo caso hay que esperar los datos del BCV, referidos al último trimestre, dijo.

Pero evidentemente hubo un crecimiento, no tan elevado, pero a las pruebas nos remitimos desde el punto de vista de los resultados empresariales industriales y comerciales, que, si bien hubo cierto nivel de recuperación, quizás no fue tanto como se esperaba.

Buena noticia

Para el economista, siempre es buena noticia el crecimiento económico, pero considera que hay que hacer la tarea, lo cual pasa por políticas económicas coordinadas. “Recordemos que tuvimos un período bastante complejo de caída del PIB, y que Venezuela sale técnicamente de la hiperinflación en el segundo trimestre del 2021, luego para el 2022 tuvimos esa situación de crecimiento importante del PIB, con el famoso “Venezuela se arregló”. Sin embargo, a finales del 2022 y parte del 2023 la caída del PIB sigue siendo uno de los retos importantes, porque desde el punto de vista real aún hay muchas cosas que corregir.

Intervenciones cambiarias

Olmos indicó que “hasta ahora las políticas económicas consistentes durante el año 2024 fueron más que todo en materia cambiaria las intervenciones alcanzaron 5 mil 609 millones de dólares, lo que casi es un 20% más de lo que se colocó en 2023, que fueron unos 4 mil 709 millones de dólares aproximadamente, que es bastante”.

Explicó que, para tener una idea de esta cantidad, todo lo que se colocó en intervención cambiaria en 2024, equivale a un 53% de lo recaudado por el Seniat de enero a diciembre y representa también el 55% de las reservas internacionales al cierre de 2024. Es un monto bastante importante.

El tema con esto es que el anclaje se pierde a finales de septiembre y principios de octubre, pero no es casualidad, fue una decisión del Banco central de Venezuela, ese proceso de mini devaluaciones que se ha generado, lo cual ha causado más distorsión en la asignación de precios que afecta el nivel de ingresos del venezolano.

La brecha cambiaria

El 31 de diciembre no desaparece la distorsión en la brecha cambiaria, sino que se arrastra, comenzamos el año con un dólar con diferencia de 14 bolívares de distancia entre el dólar oficial y el paralelo, que sigue siendo uno de los elementos más complejos de corregir a nivel de la economía nacional en los actuales momentos. “Comenzamos el año y a una semana de 2025 ya hubo una intervención de 50 millones de dólares”, dijo Olmos.

El tema de las sanciones

A juicio del economista las sanciones van a entrar en juego, tal vez una nueva política de sanciones a instituciones y funcionarios, “tenemos a la vuelta de la esquina después del 20 de enero la ascensión de Trump como presidente de Estados Unidos, y ya tuvimos un período con él y sabemos que la política internacional y la diplomacia venezolana van a estar afectadas por este tema, ya la administración de Joe BIden nos lo hizo a finales del año pasado”.

Considera que más allá de las negociaciones y los acuerdos que se están dando, efectivamente hay que esperar para ver como viene esta visión hacia Venezuela.

Esa visión va a ser muy importante para Venezuela, hay que recordar que el presupuesto del 2024 fijó parte su valor sobre sus ingresos petroleros, es decir, que buena parte del ingreso de Venezuela se basa en los ingresos petroleros, entonces la economía venezolana es muy sensible a esta toma de decisión, más allá de que tengamos otros mercados a los cuales llevar nuestro petróleo, pero es una variable muy importante a la que hay prestarle atención durante 2025; “porque pronto la tendremos presente y por supuesto que va a afectar nuestra economía”.

“Empezamos el 2025 con uno de los principales problemas que es la fijación arbitraria de precios en función de la moneda que el fijador de precios asume que es la mejor para él y una debilidad del salario que sigue siendo un elemento punto de honor a corregir durante todo el año 2025. De mano de una política económica coordinada, donde el desarrollo de la actividad industrial y la recuperación de la actividad económica se base no tanto en intervenciones, ni en transferencias directas, sino en la recuperación del aparato productivo”, finalizó Olmos.

Fijación de precios 

Hay un tema importante que es la fijación de precios, aunque la moneda de uso oficial es el bolívar, pero también se sabe que desde el punto de vista de poder de reserva y de valor, todos escogen la moneda con la cual se sienten más seguros y hay el libre albedrio para escoger la moneda que más los represente según sus necesidades, desde el punto de vista del trabajo y para el respaldo de las inversiones de las empresas.

Por esta razón, según lo indica el economista, Aaron Olmos “tenemos apetencia por las divisas, y digo divisa y no dólares, porque de la misma manera que se buscan dólares, se buscan euros y pesos colombianos, ya que a lo largo y ancho del país todavía se sigue viendo esa distorsión en la fijación de precios en diferentes monedas”.

Esta brecha sigue estando presente, y es uno de los principales problemas que hay que atacar durante 2025, también hay que corregir el hecho de que los fijadores de precios utilicen distintas divisas. Tendrán que utilizar la misma divisa, el tema con esto es que muchos empresarios dicen que, si les fijan multas en euros, ellos fijan precios en euros también.

“A fin de cuentas, esto sigue siendo un problema porque el ingreso del venezolano sigue estando en bolívares y la carrera contra el tipo de cambio se pierde en esa distorsión”, aseguró.

 

De Shanghái a Chancay

Jorge Durand

El nuevo megapuerto de Chancay, en Perú, financiado por China, la compañía COSCO Shipping y capital peruano, de origen minero (40 por ciento), propone un nuevo panorama geopolítico y comercial, para Sudamérica y el Pacífico.

Resulta que las mercancías de los grandes barcos de contenedores que llegaban de China para Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, pasaban primero por Manzanillo, Colima, o por Long Beach, en Los Ángeles, y de ahí se repartían por medio de barcos de menor calado a los respectivos países.

Asimismo, los productos que mandaban los países sudamericanos del Pacífico a China tenían que hacer la misma vuelta, pero ahora, por la vía de Chancay, se ahorran 12 días de navegación y mucho dinero. Para empezar, el puerto peruano puede recibir un millón de contenedores al año.

No sólo se trata de un recorrido mucho más largo y de mayor costo, sino de la pérdida de control del espacio geopolítico del Pacífico por parte de Estados Unidos y su aliado comercial México, con el puerto de Manzanillo.

El nuevo puerto de Chancay, a unos 80 kilómetros de Lima, con una profundidad de 18 metros y mil hectáreas de terreno, permite la llegada de grandes barcos de mayor calado que no podían llegar a otros puertos de la región sur. Desde este puerto, totalmente automatizado, se potenciará la exportación de productos agrícolas, minerales y otros a los puertos de Asia, y recibirán infinidad de manufacturas sin tener que pasar por Estados Unidos y México.

El puerto tiene una localización estratégica, al medio de Sudamérica, pero, sobre todo, porque Perú tiene frontera con Brasil y el objetivo principal es llegar por vía terrestre a ese gran mercado, por medio de la carretera transoceánica. Un objetivo añejo, por parte de Brasil, Perú y Bolivia, que ya está en buena parte trazado y construido, pero con poca circulación. La vía, que cruza la selva amazónica y los Andes, acortaría de 48 a 28 días la conexión de Brasil con China y otros desembarcaderos.

La obra de la carretera estuvo a cargo de la empresa brasileña Odebrecht y se financiaba, en parte, de la famosa Caja B, dedicada específicamente a la corrupción de funcionarios. Y en este caso, al ex presidente peruano Alejandro Toledo, que ya está en la cárcel y acompaña a Pedro Castillo, otro ex mandatario, en el penal de Barbadillo, un recinto expresamente diseñado para albergar a ex presidentes corruptos, como Alberto Fujimori, y de la cual se libró Alan García, por la vía del suicidio. Allí también estuvo el ex mandatario Ollanta Humala, cerca de 18 meses, por otro caso de corrupción con Odebrecht.

Pero en Perú, el desastre de la vía política va por un carril y los negocios por otra. En los últimos años se ha convertido en un país exportador de frutas y verduras, además de la minería, y paradójicamente, los recurrentes cataclismos políticos no han impedido la realización de grandes proyectos de irrigación y desarrollo portuario y aeroportuario. Ahora el muelle de Chancay debe integrarse a una red de carreteras y ferrocarriles de la que todavía falta mucho por mejorar, pero que cuenta con el apoyo del capital chino para poder desarrollarse.

De manera complementaria, los peruanos están pensando en otro puerto, de 30 metros de calado, para los megabarcos que no puedan llegar a Chancay. Este futuro puerto, de nombre Corío, queda al sur, en el departamento de Arequipa, que tiene conexión férrea con Bolivia y el norte de Argentina.

A los bolivianos, que perdieron su acceso al mar en la guerra con Chile (1879) y que dependen de los puertos de Arica, Antofagasta e Iquique, les convendría comunicarse por carretera con el muelle peruano de Ilo y así evitar los puertos chilenos que se ven obligados de mala gana a utilizar.

Otro elemento que entra en juego es la crisis actual del canal de Panamá, por falta de agua y el intenso tráfico marítimo, donde los barcos de contenedores tienen que esperar semanas para poder cruzar entre los dos océanos. A esto se añaden los problemas de saturación en los puertos de Los Ángeles, después de la pandemia y en ciertas épocas del año. Para los chinos y otras naciones de Asia, Chancay soluciona muchos de estos problemas, al igual que para varios países de Pacífico.

Los chinos invierten en América Latina y tiene visión de futuro; paradójicamente, Estados Unidos está fuera del escenario latinoamericano. Ahora está abierta la oferta de invertir en el puerto de Corío, en Arequipa, con 30 metros de calado, pero aún no hay nada definido.

Panorama Internacional

1.- Mil 600 millones de mujeres y 800 millones de hombres fuera de la fuerza laboral

Eduardo Camín

Aparte de los numerosos “gadgets” de la Inteligencia Artificial que condicionan consciencias y comportamientos, existe un mundo real, un mundo de paradojas donde la necesidad arranca la máscara frente a la imposición del progreso.

No obstante, pasemos de largo nuestra dialéctica de ingenios, para analizar algunos hechos más pertinentes y cercanos como el desafío de que 708 millones de mujeres que no pueden participar en el mercado laboral debido al trabajo de cuidados no remunerado, según nuevas estimaciones globales de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) publicadas con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo.

En efecto, las responsabilidades de cuidado están excluyendo y frenando a millones de mujeres en todo el mundo de tener un empleo remunerado, y con los cambios climáticos y demográficos que aumentarán la demanda de cuidados, se necesitan urgentemente medidas para apoyar la economía del cuidado.

Las nuevas estimaciones, presentadas en el informe estadístico de la OIT “El impacto de las responsabilidades de cuidado en la participación de las mujeres en la fuerza laboral”, se derivan de datos de 125 países e indican que las responsabilidades de cuidado presentan la principal barrera para que las mujeres ingresen y permanezcan en la fuerza laboral, mientras que los hombres tienen más probabilidades de citar otras razones personales para estar fuera de la fuerza laboral, como educación y problemas de salud.

En 2023, 748 millones de personas (de 15 años o más) no participaban en la fuerza laboral global debido a responsabilidades de cuidado, lo que representa un tercio de todas las personas en edad de trabajar fuera de la fuerza laboral. De estas, 708 millones eran mujeres y 40 millones eran hombres. Está marcada disparidad de género resalta el papel desproporcionado que las mujeres asumen en la crianza de los hijos, el cuidado y apoyo a personas con discapacidad y aquellas que necesitan cuidados a largo plazo, las tareas domésticas y otras responsabilidades de cuidado.

A nivel mundial, alrededor de 1.600 millones de mujeres y 800 millones de hombres están fuera de la fuerza laboral, con el 45% de estas mujeres y el 5% de estos hombres citando responsabilidades de cuidado como la razón de su no participación.

Entre las mujeres de 25 a 54 años, la proporción que cita el cuidado como razón para estar fuera de la fuerza laboral aumenta a dos tercios (379 millones de mujeres). Las mujeres con menor educación y aquellas en áreas rurales también enfrentan mayores barreras para la participación laboral debido a las responsabilidades de cuidado.

“Las mujeres asumen una parte desproporcionada de las responsabilidades de cuidado, lo que impide su participación en la fuerza laboral debido a factores como bajos niveles de educación, oportunidades laborales limitadas, infraestructura deficiente, residencia rural y sistemas de cuidado y apoyo inadecuados. Además, las expectativas sociales y las normas en torno al cuidado restringen aún más la inclusión de las mujeres en el mercado laboral y profundizan las desigualdades de género”,  afirma Sukti Dasgupta, Directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad.

A nivel regional, el porcentaje más alto de mujeres fuera de la fuerza laboral que citan responsabilidades de cuidado como razón se encuentra en África del Norte (63% de las mujeres fuera de la fuerza laboral), seguido por los Estados Árabes (59%).

En Asia y el Pacífico, la cifra es del 52% con poca variación en las subregiones. En las Américas, la variación es marcada, con un 47% citando el cuidado como la razón principal para estar fuera de la fuerza laboral en América Latina y el Caribe, en comparación con solo el 19% en América del Norte. En Europa y Asia Central, el 21% de las mujeres reportan el cuidado como la principal barrera, siendo Europa del Este la región con la tasa más baja a nivel mundial (11%).

“Estos nuevos datos de la OIT exponen importantes desigualdades en el mundo del trabajo debido a responsabilidades de cuidado desiguales y resaltan el poder de los datos para mejorar nuestra comprensión de la economía del cuidado. La OIT ha hecho del trabajo decente en la economía del cuidado una prioridad y está trabajando hacia nuevos estándares estadísticos para mejorar los datos sobre el trabajo de cuidados”, explicó Rafael Diez de Medina, Director del Departamento de Estadística.

A la luz de tales desigualdades sistémicas basadas en género, los miembros de la OIT adoptaron la histórica Resolución sobre el trabajo decente y la economía del cuidado en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en junio de 2024. La Resolución es el primer acuerdo tripartito global sobre el tema, allanando el camino para que los países aborden los desafíos y aprovechen las oportunidades que presenta la economía del cuidado.

Establece que “una economía del cuidado que funcione bien no solo apoya a individuos y familias, sino que también contribuye a una fuerza laboral más saludable, crea empleos y mejora la productividad”. La Resolución también destaca las “barreras estructurales”; que el trabajo de cuidado no remunerado crea para la participación, retención y progreso de las mujeres en la fuerza laboral.

La Resolución de la OIT sobre el Trabajo Decente y la Economía del Cuidado pide políticas y sistemas que contrarresten las desigualdades en términos de quién recibe y proporciona cuidados. “La forma en que el cuidado está actualmente organizado tiende a reforzar las desigualdades de género y sociales que estamos luchando por superar, explicó el Director General de la OIT, Gilbert F. Houngbo.

La Resolución de la OIT sobre el Trabajo Decente y la Economía del Cuidado pide políticas y sistemas que contrarresten las desigualdades en términos de quién recibe y proporciona cuidados, aborda las barreras que impiden que muchas mujeres ingresen, permanezcan y progresen en el trabajo remunerado, y mejora las condiciones de todos los trabajadores del cuidado y, por extensión, la calidad del cuidado, añadió.

La estimación previa más reciente, de 2018, encontró que 606 millones de mujeres y 41 millones de hombres (un total de 647 millones de personas en todo el mundo) no participaban en la fuerza laboral debido a responsabilidades de cuidado. Aunque las nuevas estimaciones no son comparables debido a cambios en la metodología, confirman que las responsabilidades de cuidado continúan siendo la razón principal por la que las mujeres no buscan o no están disponibles para el empleo.

Los datos de la OIT muestran que desde 2018 muchos países han progresado en promover la participación de mujeres cuidadoras aumentando las inversiones en cuidado y educación de la primera infancia. Sin embargo, en un mundo que está siendo remodelado por cambios demográficos, con poblaciones que envejecen, y el cambio climático, que intensifica el trabajo de cuidado no remunerado, es probable que la demanda de servicios de cuidado aumente.

La reciente Resolución de la OIT subraya la importancia de una inversión adecuada en políticas de cuidado. Será esencial si queremos abordar la creciente desigualdad y avanzar hacia una mayor justicia social.

Las eternas promesas y sus desafíos

Por su parte la Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Ana Virginia Moreira Gomes, reflexiona sobre la importancia de la economía del cuidado como pilar de justicia social y analiza cómo la inversión en este sector es clave para avanzar hacia la igualdad de género y el trabajo decente en la región.

Tres grandes tendencias globales afectan el futuro del cuidado: el envejecimiento de la población, la digitalización y el cambio climático. Estos fenómenos incrementan la demanda de servicios de cuidado, al mismo tiempo que complican su provisión. Un enfoque integral es indispensable, donde haya corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad civil, el sector privado y las familias. Sin embargo, el Estado debe asumir una responsabilidad primordial mediante políticas que fomenten un ecosistema de cuidados inclusivo, equitativo y accesible para todos.

Hoy, el 76 por ciento del trabajo de cuidados no remunerado a nivel mundial recae en las mujeres, un desequilibrio que perpetúa desigualdades. En América Latina y el Caribe, este tipo de trabajo representa un tercio del empleo femenino. En algunos sectores como el del trabajo del hogar, con 15 millones de trabajadoras del hogar en la región,  el 76 por ciento estaba en situación de informalidad. Además, se estima que la inversión en servicios universales de cuidado infantil y de larga duración podría generar hasta 30 millones de empleos en nuestra región para 2035.

Los sofismas de la globalización

Recordaremos que el origen del término “trabajo de cuidados” está en los debates sobre el “trabajo doméstico” de las feministas socialistas de los años setenta. A partir de estos debates, desde mediados de los ochenta, el feminismo ha demostrado cómo el trabajo doméstico y de cuidados que las mujeres han venido desempeñando ha permitido a los hombres realizar su actividad en el ámbito público, a los niños (as) tener valores y normas, formación, desarrollo físico y emocional y a las comunidades gozar de cierta cohesión social.

Sin embargo, a pesar de ser importante, la norma social de empleo en la que se basó el contrato social de postguerra otorgó derechos de ciudadanía sólo a las personas empleadas, de modo que, el trabajo doméstico y de cuidados, al no ser retribuido, no generó estos derechos.

Pero además la elevada incidencia cada vez más visible de la informalidad en todas sus formas tiene múltiples consecuencias todas ellas nefastas para los trabajadores, las empresas y las sociedades y es, sobre todo, un gran desafió para la realización de trabajo decente para todos y el desarrollo inclusivo y sostenible. Los cambios radicales en las políticas deberían hacer frente a la creciente necesidad de cuidados y abordar la enorme disparidad entre mujeres y hombres en las responsabilidades familiares y de atención.

Las cifras muestran que las mujeres dedican más de tres cuartas partes del tiempo empleado en el trabajo de cuidado no remunerado. Hace mucho tiempo que la dialéctica sobre el trabajo decente en las cumbres internacionales se afianza en la promesa, pero se diluye en la realidad de la informalidad. Lo que hace que el trabajo informal es la mayor fuente de empleo precario.

Por su parte la OIT afirma que más de dos mil millones de personas, es decir más del 61 por ciento de la población activa, se gana la vida en la economía informal, dejando en evidencia que la transición hacía la economía formal es una condición para hacer realidad el trabajo decente. No olvidemos, que para cientos millones de trabajadores, la informalidad implica una falta de protección social, de derechos en el trabajo y de condiciones laborales decentes, y a la vez para las empresas significa baja productividad y falta de acceso al crédito.

Los datos sobre estas cuestiones son esenciales para elaborar políticas apropiadas e integradas que se ajusten a la diversidad de situaciones y necesidades.  En unos de los informes de la OIT el ejército de reserva mundial constaba de más de 2.300 millones de personas, en comparación con los 1.660 millones en el ejército de trabajo activo, muchos de los cuales tienen empleos precarios.

El número de parados o desempleados está en más de 200 millones de trabajadores, y alrededor de 1.500 millones son clasificados como «empleados vulnerables», trabajadores que trabajan por cuenta propia (informales y rurales), así como trabajadores familiares (trabajo de cuidados y doméstico).

El Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo nos recuerda que el cuidado no es solo una necesidad; es un acto de justicia. Promover sistemas, políticas y licencias de cuidado más fuertes e inclusivos es la base de un mundo más equitativo, donde el bienestar colectivo y el trabajo decente vayan de la mano.

La globalización que nos vendieron ha perturbado las estructuras de producción mundiales, lo que ha tenido importantes efectos sobre las empresas y el empleo, y las condiciones de los trabajadores. Y este fenómeno del trabajo de cuidados es una víctima más de la falacia neoliberal.

*Periodista uruguayo residente en Ginebra ex, miembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas (ACANU) Palacio de Naciones Unidas (ONU Ginebra). Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

2.-Trump, en rumbo de colisión con el presupuesto

Joseph E. Stiglitz *

Mucho se ha especulado sobre el caos que tal vez espere (o no) a Estados Unidos y al mundo tras la asunción al cargo el 20 de enero del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Nadie sabe hasta qué punto su agenda declarada es real y hasta qué punto es postureo político para su base de simpatizantes, una demostración de poder para sus enemigos o parte de una estrategia de negociación con el Congreso y diversos amigos y adversarios extranjeros. Pero a pesar de sus bravatas y de sus devotos que quieren crear realidades alternativas, Trump no puede cancelar las leyes de la aritmética, por más que lo intente en las próximas semanas, cuando el gobierno alcance el límite de deuda federal.

El déficit público es la diferencia entre los ingresos y los egresos anuales, y la deuda nacional es la suma de los déficits pasados. Estos hechos tienen implicaciones políticas reales, porque en Estados Unidos la deuda no puede crecer más allá de cierto límite establecido por ley. El 28 de diciembre, Janet Yellen, secretaria del Tesoro saliente, anunció (https://n.pr/4aeUAtK) en forma oficial que se llegaría a ese límite entre el 14 y el 23 de enero.

Apelando a medidas extraordinarias, Biden puede pasar el problema al gobierno entrante, como regalo de despedida por la negativa de Trump (apoyado por Elon Musk) a mantener un acuerdo anterior, y tal vez Trump pueda posponer el día de la verdad, pero no por mucho tiempo. Con un déficit fiscal de 367 mil millones de dólares (https://bit.ly/40s6dKB) para el mes de noviembre y un promedio de 150 mil millones mensuales en todo 2024, superar el límite de deuda actual no llevará mucho tiempo.

Y no facilitarán la tarea los más o menos 110 mil millones de dólares que se añadieron en el acuerdo de Navidad para hacer frente a desastres y emergencias. Mientras tanto, los extremistas en el Partido Republicano insisten en que no se aumente el límite, para lo cual habría que eliminar el déficit por completo.

Si Trump no consigue alinear a todos los republicanos, necesitará conseguir cierto apoyo demócrata, mediante un nuevo acuerdo sobre el límite de deuda y los déficits futuros. Pero, ¿por qué habrían los demócratas de aceptar un aumento del límite de deuda, sólo para que Trump pueda recompensar el apoyo de Musk y otros oligarcas con una rebaja impositiva masiva e injusta?

Y el tira y afloja político en el Congreso sobre el déficit y la deuda es sólo un cuerno del trilema presupuestario que enfrentará Trump desde el primer día. El segundo cuerno es la tributación. Si con algo están realmente comprometidos Trump y sus secuaces es con rebajar impuestos a las empresas y a los multimillonarios. Su principio rector es hacer permanentes las rebajas impositivas imprudentes promulgadas por Trump durante su primer mandato (que en muchos casos caducan a fines de 2025) y bajar todavía más los impuestos a las corporaciones estadounidenses. La mayoría de los cálculos sugieren que esto implica añadir 7.5 billones de dólares a la deuda nacional, aunque la estimación (https://bit.ly/4hcjSLq) de máxima del Comité por un Presupuesto Federal Responsable es el doble de esa cantidad.

Por supuesto, la administración Trump prometerá algún milagro de crecimiento, sacando a relucir la vieja patraña de que las rebajas impositivas se pagan solas. No importa que esto nunca haya sucedido, ni después de las rebajas de 2017, ni después de las de Ronald Reagan en los 80. De hecho, ya se prevé que las políticas tributarias del primer gobierno de Trump costarán 1.9 billones de dólares (https://bit.ly/3C5XbcQ) en un periodo de 10 años. A partir de allí, haría falta un mago fiscal (o un nivel de deshonestidad presupuestaria nunca visto) para convertir 7.5 billones de dólares en cero.

Lo que nos trae al tercer cuerno del trilema: los recortes de gasto. Como es bien sabido, la mayoría de los gastos del gobierno estadunidense no son discrecionales, sino compromisos asumidos con programas como la seguridad social (que incluso la mayoría de los republicanos son reacios a recortar). Además, casi la mitad del gasto discrecional se destina a defensa, otra partida presupuestaria a la que los republicanos son muy afectos. Eso deja sólo unos 750 mil millones de dólares de gasto discrecional no relacionado con la defensa, que Trump debería eliminar por completo para poder eliminar el déficit; esto incluye no sólo el Departamento de Educación, sino también los parques nacionales y las agencias de seguridad nacional que su gobierno necesitará para aplicar sus despiadadas políticas antiinmigración. Incluso entonces, le quedará un agujero anual de un billón de dólares antes de conseguir su rebaja de impuestos, lo que se vuelve matemáticamente imposible si sólo un puñado de legisladores republicanos cumple su promesa de no aumentar el déficit.

Al mismo tiempo, Trump quiere que los europeos aumenten su gasto en defensa a 5 por ciento (https://bit.ly/3Wg9zhr) del PIB. Si Estados Unidos, que hoy gasta en defensa 3.1 por ciento del PIB (https://bit.ly/3Wg9Bpz), hiciera lo mismo (lo contrario sería el colmo de la hipocresía), se sumarían 600 mil millones de dólares al año.

Por supuesto, todavía es posible llegar a un acuerdo bipartidario. Eso implicaría una reforma tributaria progresiva (por la que los que ganan más paguen más) y disposiciones que refuercen los programas públicos que tan importantes han sido en la vida de millones de estadunidenses. No agradaría a los halcones de la deuda ni a los oligarcas que rodean a Trump, pero los superricos no necesitan programas públicos (o eso creen), así que ¿por qué no dejarlos fuera del proceso?

A juzgar por el historial de Trump, llegar a ese acuerdo no será fácil. Habrá caos, como ya vimos cuando la administración federal estuvo a punto de cerrar (https://bit.ly/4jdOduL) unos días antes de Navidad. En aquella ocasión, la solución fue posponer la cuestión hasta la llegada de Trump a la Casa Blanca. Pero, ¿qué solución habrá la próxima vez?

Ya entrando a un nuevo año, la vida y el bienestar de cientos de millones de personas dependerán de la facilidad y rapidez con que se resuelva este dilema. Puede que Trump y sus partidarios quieran trastocar el orden mundial, pero primero deben poner en orden a Estados Unidos, y no está nada claro cómo lo harán.

*Execonomista principal del Banco Mundial y ex presidente del consejo de asesores económicos de la presidencia de Estados Unidos, es profesor distinguido en la Universidad de Columbia, Premio Nobel de Economía y autor de The Road to Freedom: Economics and the Good Society