Los dueños del agro argentino: propietarios y arrendatarios

On Ene 5, 2025

Horacio Rovelli

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales de la Argentina, creado por la ley 26.737 del año 2011, el 0,89 % de los propietarios poseen el 33,89% de la superficie con una extensión promedio de 22.000 hectáreas y el otro 99,11 % de propietarios se reparte el 66,11% restante.

El registro afirma que 26 millones de hectáreas corresponden a 1.250 titulares (0,1% de los propietarios privados), de los cuales 11.790.229,15 hectáreas son de firmas extranjeras, y de ellas, 1.877.885 hectáreas son propiedad de firmas que tienen domicilio en guaridas fiscales ^[1].

La nueva configuración de la producción agropecuaria, según el informe del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) de la ex AFIP (ahora ARCA), en la Argentina actual, hay plantado, en producción agrícola, 34,3 millones de hectáreas, de las cuales 24 millones son arrendadas, administradas principalmente por los pool de siembra, que son los mayores contratistas del campo, asociados a grandes capitales estadounidenses, cotizan en la Bolsa de Nueva York, y los que financian esos pool de siembra son básicamente los mismos que compraron los títulos de deuda de la Argentina.

El SISA es un régimen de declaración obligatoria de datos de siembra ante la ex AFIP (hoy ARCA). De allí surge que en la campaña que pasó hubo 88.527 productores agrícolas en la Argentina, que sembraron un total de 37 cultivos. La mayoría de ellos sobre campos alquilados. La cantidad de productores se mantiene más o menos estable en los últimos años. Lo que sí se nota es un leve pero paulatino pase de hectáreas propias a arrendadas. Solo 10,3 millones de hectáreas siguen siendo explotadas por sus dueños.

El SISA presenta una oportuna estratificación, donde se refleja que la necesidad de alquilar tierras predomina en los segmentos de productores de mayor escala. Los que siembran de 800 a 3.000 hectáreas tienen una relación de tres hectáreas alquiladas por cada una propia. Y algo parecido sucede con los productores de más de 3.000 hectáreas. Poseen 1,37 millones de hectáreas, pero alquilan otras 4,9 millones.

Si tomáramos de manera moderada diez quintales de soja por hectárea como un costo promedio para esos alquileres (que usualmente son pactados en plazos cortos de una campaña), se podría estimar que los productores agrícolas destinaron en el año 2024 unos 20 dólares por hectárea arrendada y que la renta percibida por los dueños de los campos suma un total de aproximadamente 4.800 millones de dólares en el año.

El informe de SISA asevera que en la Argentina son muchos los productores que no disponen de campo propio y arriendan toda la superficie que producen. Los datos de la tenencia de la superficie implantada muestran que hay más personas involucradas en el negocio, ya que existen 88.527 CUIT, de los cuales no todos son productores. Sobre ese universo, se registraron 37.641 casos de personas o empresas que producen sobre campo propio, otros 40.274 casos que lo hacen sobre campo exclusivamente arrendado y 10.612 personas que combinan ambas situaciones.

El productor agropecuario del sur santafesino Pedro Peretti sostiene que la Argentina hoy tiene una agricultura de “tres pisos”: uno es el terrateniente dueño de la tierra, el otro son los contratistas rurales (los que la trabajan efectivamente) y el tercer piso son los pools de siembra, grandes grupos financieros que se dedican a alquilar tierras y sembrarlas para exportar. “El chacarero tradicional, como el gaucho, hoy ya es un mito urbano”.

En otras actividades y producciones, como las recreativas y de turismo, forestación, mineras (y dentro de ellas la minería hidrocarburífera), etc., existen también grandes propietarios y grandes arrendatarios, como son los casos de:

Grupo Benetton (Italia), 900.000 hectáreas, administradas por la empresa Compañía de Tierras del Sud Argentino. Posee estancias en Caleufu (Neuquén), Pilcaniyeu, San Pedro, Cañadón Blanco, Etido, Colonia Maitén y el intento de usucapión de Huanhué (Río Negro), El Maitén, Leleque, Fofocahuel, Firtihuín, Lepá, Esquel y usurpación de campos vecinos (Chubut), Coronel y El Cóndor (Santa Cruz). Negocios ganaderos, forestales y mineros.
Familia Braun Menéndez con 750.000 hectáreas en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Una rama de esta familia es parte de La Anónima S.A., cadena de supermercados que posee 159 sucursales en 80 ciudades y actualmente es presidida por Federico Braun Menéndez.
El Grupo Walbrook (Gran Bretaña), 600.000 hectáreas, administradas por la empresa Nieves de Mendoza. Propiedades: Campo el Álamo, Las Juntas, Los Molles, Las Leñas, Valle Hermoso, Los Amarillos, Agua del Toro, Río Colorado, todas localizadas en el sur de Mendoza. En estas propiedades están los lugares turísticos de Malargüe más visitados: la laguna Niña Encantada, el Pozo de las Ánimas, el centro termal Los Molles, el centro de esquí Las Leñas, la Laguna de Valle Hermoso y otros espejos de agua cordilleranos.
Cresud S. A., firma presidida por Eduardo Elszstain, tiene 538.822 hectáreas en las provincias de Santa Cruz (100.911 hectáreas), La Pampa (9.615 hectáreas), Entre Ríos (6.024 hectáreas), Santa Fe (1.431 hectáreas), Córdoba (1.534 hectáreas), San Luis (7.010 hectáreas), Mendoza (674 hectáreas), Chaco (26.370 hectáreas), Catamarca (12.395 hectáreas) y Salta (37.858 hectáreas). Tienen tierras en Brasil, Paraguay y Bolivia. Se dedican al negocio agropecuario, con producción de granos de oleaginosas y cereales, cañas de azúcar y carnes. El conglomerado también está integrado por Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA), dedicada al desarrollo inmobiliario y dueña de los principales shoppings del país.
La Familia Sapag con 420.000 hectáreas en la provincia de Neuquén. La familia Sapag gobernó Neuquén y casi todas las intendencias durante más de 50 años. Además, controlan la obra pública y la construcción en esa provincia. Donde más se concentran estas propiedades es en cercanías de las localidades de Cutral Có, Zapala, Las Coloradas, Chos Malal, El Cholar, El Huecú, Junín de los Andes y San Martín de los Andes. En los últimos años, también comenzaron a adquirir predios menores en la zona de Vaca Muerta.
Estomonte A.G.S.A. es una firma suiza que posee 404.098 hectáreas en plena cordillera de Los Andes, ubicada en el departamento de Calingasta, en San Juan. Está en litigio con el Estado de la provincia de San Juan porque en el predio hay ríos, zonas glaciares e importantes picos montañosos.
Pluspetrol, que posee 320.000 hectáreas. La empresa fue fundada en 1977 por Luis Rey; hoy lo suceden sus hijos, unidos a la familia Poli. La firma se presenta como líder en materia de petróleo, gas y litio en América Latina. Las primeras operaciones comenzaron en Neuquén y, con el paso de los años, se expandieron al norte argentino. Hoy tienen presencia en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Uruguay.
La familia Pérez Companc, que declara poseer 290.000 hectáreas. Estancias Santa Ana (El Turbio), San Benito (Cmdte. Piedrabuena), San Ramón (Puerto Deseado), Santa María (Lago Buenos Aires), El Talismán (Corcovado, Chubut). Estas propiedades están administradas a través de la firma Goyaique Sacif, radicada en Uruguay. La corporación, además, es propietaria y/o arrendataria de una cantidad similar de tierras en otras regiones del país, principalmente en la pampa húmeda. Pérez Companc es la mayor accionista de Molinos Río de la Plata SA (que vende alimentos en el mercado interno) y de Molinos Agro SA, su firma exportadora. Molinos Agro compró el viernes último por 26 millones de dólares a la multinacional de origen canadiense Nutrien AG Solutions, con 220 hectáreas en Santa Fe, cerca del puerto San Lorenzo, región clave para el agro y donde Molinos posee una planta de molienda de soja de 20.000 toneladas/día –es uno de los principales procesadores de poroto de soja en el país– y el puerto sobre el río Paraná.
Familia Zingoni-Arze, 250.000 hectáreas en la provincia de Neuquén. Campos en Catan Lil, Collón Curá y Piedra del Águila, principalmente. Negocios ganaderos. Estancias Los Remolinos, Las Blancas, Las Coloradas, El Salitral, Las Cortaderas, La Verde, Casa de Piedra y Nahuel Mapi (Catan Lil); San Bernardo, Corral de Piedra, Ache-có y Pil Pil (Sañicó); La Ema, Campo del Norte y Santo Tomás (San Ignacio). Hasta 1966, todas estas propiedades estaban administradas por una sola empresa: Corporación Zingoni S. A., luego se conformaron nueve sociedades anónimas diferentes que continúan hasta la actualidad en manos de los herederos de los dueños de aquella.
Grupo Los Grobo, de la familia Grobocopatel; la historia de la firma data de 1984 en Carlos Casares —provincia de Buenos Aires— con la fundación de Los Grobo Agropecuaria, emplazada en 3.500 hectáreas. Actualmente tiene presencia en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, alquilando tierras que administran bajo “modelos de asociación y riesgo compartido” con los propietarios, por unas 260.000 hectáreas dedicadas a la producción agrícola en la Argentina, y extienden sus actividades a Paraguay y Uruguay. Entre las empresas que integran el grupo se encuentran: Agrofina; Los Grobo Agropecuaria; Molino Canepa; Los Grobo Consulting; Fundación Emprendimientos Rurales Los Grobo; etc. Desde el año 2016, el capital accionario de Grupo Los Grobo está constituido en un 76% por el IFC, FMO, UTIMCO y el fondo Victoria Capital Partners, que lidera el grupo.

La caída de los precios internacionales de la soja (y en menor medida del maíz y del trigo), la apreciación del tipo de cambio real y los derechos de exportación (las retenciones) generaron una crisis incipiente entre las empresas del sector agropecuario. Son varias las empresas que entran en renegociación de los pagos con sus proveedores.

Respecto de los precios internacionales, en el acumulado del año 2024, la soja sufrió un derrumbe del 23,3%, para situarse en torno a los 360 dólares por tonelada, la cifra más baja en términos reales desde octubre de 2006. Variaciones más acotadas, pero negativas al fin, tuvieron el trigo (-12,3%) y el maíz (-3,4%).

En ese marco, los márgenes netos para los productores por un campo alquilado son muy exiguos, de allí que el grupo Los Grobo no pagara en diciembre de 2024 deudas por unos 10 millones de dólares.

Paralelamente, una empresa proveedora de insumos al campo (originalmente de la familia Calvo, de Santa Fe), la Red Surcos [2], que tiene dos plantas de producción de fitosanitaros, una en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, y la otra en la localidad de Recreo, provincia de Santa Fe, debió suspender pagos por 3,5 millones de dólares y 9.364 millones de pesos a principios de diciembre de 2024. La Comisión Nacional de Valores no solo dispuso la suspensión provisional de la firma, sino que también presentó una denuncia judicial argumentando que la empresa emitió obligaciones negociables sin informar sobre su real situación financiera ^[3].

Otras importantes firmas propietarias rurales son:

Adecoagro (originalmente del grupo Soros, hoy con casa central en Luxemburgo), que posee 217.810 hectáreas repartidas entre Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. Siembran arroz, maíz, trigo, maní, girasol, soja y otros cereales. También se dedican a la elaboración de alimentos lácteos, por medio de la marca Las Tres Niñas, y arroz y snacks a través de Molinos Ala y Apóstoles.
Ledesma SAAI, con 212.429 hectáreas, de las cuales destina 157.000 a la cosecha caña de azúcar para la fabricación de papel y derivados en la provincia de Jujuy.
El Grupo AGD de la familia Urquía, líderes en la producción de aceites por medio de la Aceitera General Deheza, tiene un área cultivada con cereales y oleaginosas que cubre las 200.000 hectáreas en las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis. También posee tierras destinadas al acopio en Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Entre Ríos, entre campos propios, arrendados o en asociación con terceros productores.
Una de las principales empresas agropecuarias de la Argentina es Lartirigoyen S. A., que le pertenece a la familia Lartirigoyen, asociada con Glencore (hoy Vierrra). Produce en La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Salta. Lartirigoyen no posee tierras propias, sino que produce en forma asociativa con más de 55 productores de nuestro país. La empresa se dedica a la producción de cereales y a la actividad ganadera. Posee cerca de 22.500 cabezas vacunas repartidas en campos de La Pampa y el sur de Buenos Aires y dos criaderos de cerdos, uno de ellos en Dorila (La Pampa) y otro en Reconquista (Santa Fe).

El grupo tiene participación accionaria en otras empresas como Molino Tassara, Patagonia Pet (fábrica de alimento de mascotas), Chemotécnica (formulación de agroquímicos), Alea (exportadora de cebada cervecera), Lartirigoyen y Oromi (comercialización de hacienda) y Sitio 0 (puerto de Quequén).

Acopio y comercialización

, Molinos Agro (Pérez Companc) representan el 80% de las exportaciones de granos y sus derivados (la producción de oleaginosas y cereales representan los dos rubros más significativos del comercio exterior en la Argentina).

Las grandes empresas exportadoras tienen los recursos para poder alquilar más cantidad de hectáreas de campo. En el año 2023, esta modalidad se fortaleció por los productores que dejaron de serlo y cedieron sus campos en alquiler por la sequía.

Estas empresas agroexportadoras antes tenían los puertos y concentraban la producción, pero extendieron su actividad, primero al acopio distribuido en todo el país, y luego al alquiler de campos bajo los esquemas del sistema financiero, por lo que tienen miles de hectáreas bajo este sistema de alquileres, minimizando la inversión en el territorio y generando muy poca mano de obra porque el trabajo lo contratan.

Lo cierto es que estas mega empresas agropecuarias expulsan a los chacareros por pagar alquileres superiores y se fueron quedando con casi toda la superficie productiva de la Argentina. Ya es común encontrar en cada zona empresas que siembran más de 10.000 hectáreas.

Sin solución a la vista

En el modelo financiero extractivista del gobierno, la producción agropecuaria no es prioritaria, por ende va a continuar con el carry trade y la devaluación programada mensual (en el intencionalmente malogrado presupuesto del año 2025 infieren que el dólar oficial se ajustará al 1,6% mensual, 19,2% anual).

A su vez, en el año 2024, al campo se le permitió liquidar unos 6.000 millones de dólares en el CCL (contado con liqui), que podrían haberse destinado a las reservas internacionales del BCRA, y que, dado que en el año creció menos el CCL (en todo el 2024 lo hizo un 20,6%) que el dólar mayorista (27,8%), ya no es tan redituable.

En ese marco, lo más probable es que el gobierno no haga nada, no ajuste por encima de lo programado el tipo de cambio y no reduzca las retenciones; por ende se concentará más la producción y su distribución y seguirá expulsando trabajadores y pequeños y medianos (y hasta importantes) productores agropecuarios.

Notas

^[1] Dicha superficie equivale a 65 veces la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[2] La primera produce soluciones fitosanitarias de alta especificación y tecnología, mayormente de bajo volumen, mientras que la segunda elabora productos fitosanitarios de uso más difundido, a mayor escala. En paralelo, cuenta con 14 depósitos propios y una red de 10 centros de distribución en localidades del interior del país para abastecer a toda su red comercial. Sus productos también están presentes en los mercados de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia, a través de oficinas o representantes comerciales.

^[3] La acusación está enmarcada en el artículo 309, apartado 1, inciso b, del Código Penal, que sanciona con penas de uno a cuatro años de prisión y una multa equivalente al valor de la operación a quienes oculten información relevante o presenten datos falsos al emitir valores negociables.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).