Panorama Económico Latinoamericano – del 2 al 9 de enero de 2025

T-MEC: cuando la trampa es la regla

Silvia Ribeiro 

La semana pasada el panel de controversias del T-MEC falló contra México en el caso sobre maíz transgénico levantado por Estados Unidos, al que se sumó posteriormente Canadá. Pese a que México tiene toda la razón al defender su derecho a legislar en protección de la salud de su población y de la diversidad del maíz en su centro de origen, era muy probable que el fallo fuera en su contra. Como lo llamó Luis Hernández Navarro, fue un juego con cartas marcadas (https://tinyurl.com/ye23jkaf).

El fallo mostró claramente lo que el Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México sentenció como desvío de poder: pese a las trampas en el proceso, no hubo violación de las normas, ya que los acuerdos fundantes del T-MEC fueron hechos para favorecer los intereses de las empresas trasnacionales y actores más poderosos, a costa del interés público, del bien común y contra los derechos de los pueblos y la naturaleza.

Siendo un resultado terrible, era previsible. Para empezar, los dictaminadores del panel estaban en mayoría a favor de la biotecnología empresarial desde el comienzo. No fue azar, a la firma del T-MEC se designaron jueces por defecto si las propuestas hechas por las partes en controversia eran rechazadas por la otra parte. Cosa que sucedió hasta agotar las opciones y terminar en un panel que garantizara que el fiel de la balanza estaría a favor de los transgénicos.

Además, Estados Unidos remitió la controversia al capítulo 9 del T-MEC sobre medidas sanitarias y fitosanitarias que refieren a normas internacionales que repiten la misma parcialidad: toman mayoritariamente en cuenta estudios científicos pagados por las empresas, diseñados por encargo para echar un velo sobre los estudios de científicos independientes que muestran riesgos y daños de los transgénicos y los agrotóxicos asociados a éstos (Ver expediente del Conahcyt para el caso (https://www.ceccam.org/node/4149).

No obstante, lo más absurdo de este proceso es que el decreto de 2023 del gobierno mexicano que Estados Unidos llevó al panel de controversias porque afectaría el comercio y exportaciones de maíz a México, no afectaba tal cosa. El decreto estableció que el maíz transgénico no podía ser usado para masa y tortilla en el país, productos que se elaboran con maíz blanco cultivado en México y no con el de importación, que es amarillo y se destina a forrajes y otros usos industriales. De hecho, desde el decreto de 2023, Estados Unidos aumentó notablemente sus exportaciones de maíz a México (Braulio Carbajal, El campo, gran perdedor en tres décadas de T-MEC, La Jornada, 26/12/24).

Tampoco afecta en realidad a los agricultores estadunidenses, porque no cuestionaba las importaciones. Si fuera el caso, esos agricultores podían vender maíz híbrido no transgénico a México, incluso a mejor precio. Pero quien decide qué semillas se plantan no son los agricultores, sino tres empresas trasnacionales (Bayer-Monsanto, Corteva y Syngenta), que controlan el mercado de semillas industriales y que en Estados Unidos sólo reproducen y ponen a la venta maíz transgénico, porque tiene un sobreprecio hasta de 30 por ciento y al estar patentado, convierte en un delito el uso de la semilla en otra cosecha o cruza, aún si es contaminación accidental.

Pero el interés principal de llevar este caso al panel del T-MEC y el más relevante para las empresas que controlan los transgénicos no era la hipotética pérdida de exportaciones, sino sentar ejemplo en otros sentidos. El primero es impedir que avancen leyes que refieran a que transgénicos y agrotóxicos tienen riesgos para la salud y el ambiente. En esto las empresas han invertido la carga de la prueba: no es necesario demostrar que esos son productos sanos y saludables, sino que alcanza con afirmar que no hay pruebas irrefutables de que sean dañinos. Si tales pruebas se presentan, son negadas con un alud de artículos pseudocientíficos encargados por las empresas a científicos de alquiler.

El segundo objetivo fue dejar claro que México no puede legislar en forma precautoria en productos que son claves para las trasnacionales, ni en su propio país, ni para proteger la salud de su propia población.

La lamentable contracara de todo esto es que las políticas agrícolas internas de sucesivos gobiernos de México han debilitado la producción nacional de maíz, por falta de apoyos y competencia desleal con el maíz subsidiado de Estados Unidos. Desde la firma del TLCAN (luego T-MEC), las importaciones de maíz de Estados Unidos han crecido en 468 por ciento, alentadas por la demanda creada por trasnacionales de cría de ganado que se instalaron en México y por la reconversión de productores de maíz a producción de berries y aguacate (https://tinyurl.com/2s2e8p65).

Como explica Ana de Ita, también el gobierno de López Obrador aumentó la dependencia alimentaria al desproteger la producción nacional de maíz de mediana escala, principales abastecedores de maíz blanco al mercado nacional (https://tinyurl.com/4utmzu9x).

Pese a todo, seguirá la defensa del maíz por parte de sus pueblos, que es su corazón y nunca la abandonaron. Es necesario también cuestionar también de fondo los tratados de libre comercio y las políticas agropecuarias en México.

* Investigadora del Grupo ETC

Microfinanzas solidarias para la economía popular

Mario Ospina Ospina y Carlos Eduardo Mira

Para los informales de la economía popular, aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, en el rebusque y que realizan una actividad económica de subsistencia, no es solución una oferta de un microcrédito individual, porque tienen que enfrentarse a muchas situaciones en la calle y un crédito con pago de cuotas mensuales durante un periodo de tiempo de un año o más, los termina empobreciendo aún más y dejándolos en una situación crítica de la que difícilmente podrán salir por sus propios medios.

La mayoría de los informales acceden al crédito con tasas de interés más altas que la usura y registran dificultades en su historial crediticio y al no poder pagar se encuentran reportados en centrales de riesgo.

El sector mercantil formalizado hoy puede vincularse de forma más fácil al sector cooperativo y solidario y obtener beneficios de los programas diseñados por el actual gobierno. Por lo general, este grupo de personas y micronegocios cuidan su historial crediticio y requieren acceder periódicamente a recursos de capital de trabajo o para compra de activos fijos con tasas de interés competitivas y/o de fomento, para abaratar los costos financieros con que deben lidiar día a día, cercanos a la tasa de usura.

Datos del primer trimestre de 2023 dan una cifra de 12.9 millones de personas ocupadas en la informalidad. Esto equivale al 58.2 por ciento del total de ocupados. La atomización es una de las características distintivas de la economía popular. Otra es la multiplicidad de identidades que abarca y la inorganicidad relativa de este sector¹.

La solución para estas personas está en lo asociativo, en la solidaridad, en la pertenencia a un grupo, juntándose con otros para que los postulados de la ayuda mutua, la cooperación, el trabajo en equipo y la construcción de confianza sean los que determinen la salida definitiva de la situación en la que se encuentran.

Existe en nuestro país una metodología exitosa de banca comunal, denominada Círculos Solidarios, a través de la cual muchos grupos sociales han salido de la dependencia del gota a gota, gracias a esta alternativa de apalancamiento de bajo costo. Con pequeños créditos destinados al fortalecimiento de unidades productivas de subsistencia y con respaldo solidario, se construyen lazos de confianza y se accede a programas complementarios y a redes solidarias más consolidadas.

El negocio del gota a gota

Otra violencia más se suma al sufrimiento de millones de colombianos, siendo el gota a gota una variante económica que mueve millones, lava recursos ilícitos y ejerce control territorial sobre muchas comunidades.

Colombia es un país de múltiples violencias y la delincuencia ha tenido la capacidad de llevar a otros lugares del mundo sus negocios, siendo de las más recientes el del gota a gota. Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Bolivia y varios países centroamericanos han conocido este negocio gracias a colombianos que lo han exportado.

Una mafia se apropia de un territorio y aprovechando la informalidad y pobreza, empieza a ofrecer pequeños créditos con pago de intereses por encima de la tasa de usura y en diversas modalidades: pago diario o semanal, generando sobrecostos para el deudor y la amenaza que si no paga su familia lo hará.

¿Cuántas personas cargan con el peso de un familiar extorsionado por las mafias del gota a gota en su sector de trabajo? ¿Cuántas cargan con el peso de tener o haber tenido un familiar secuestrado, como presión para pagar la deuda adquirida? ¿Cuántos más cargan con el peso del suicidio de un familiar o amigo cercano, por no poder atender la deuda?

Este flagelo nació en Colombia a finales de los años 90, mueve millones de dólares cada día y se ha extendido sin control por 18 países. Son muchas las hojas que se han escrito sobre este negocio, ya transnacional.

Try Bloomberg Today hace la cronología, informando que hace 13 años Ecuador fue el primer país al que llegaron estos prestamistas y resalta que desde hace 30 años los colombianos siguen dominando los esquemas de usura en Centro y Sur América.

En el mismo artículo menciona que según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores “[…] hay 537 colombianos condenados y en la primera década de este milenio, el ‘gota a gota’ se extendía por toda Colombia a través de redes con asiento en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y el eje cafetero. Los mismos desde donde han operado poderosos carteles de la droga”².

Se han sofisticado tanto, que están a la vanguardia del desarrollo tecnológico con fines de delito. Según informe de Infobae, del pasado 01 de noviembre de 2023, el modelo según han denunciado distintas victimas a las autoridades y medios de comunicación, consiste en que a los teléfonos móviles de las víctimas se les instala automáticamente una aplicación luego de que reciben un mensaje de texto con un enlace que oprimen … los delincuentes hacen llegar un dinero a la aplicación bancaria que tengan instalada (que en muchos casos jamás pidieron y comienzan a cobrar apelando a los métodos acostumbrados en los gota a gota. Y agregan: “a sus teléfonos, correos y redes sociales llegaban intimidaciones para obligarlos a pagar, muchas de estas iban acompañadas de fotografías y personas desmembradas, groserías y señalamientos injuriosos”³.

Y en un artículo de El País del 30 de junio de 2023 registran: El ‘gota a gota’ virtual: la nueva modalidad de préstamos que tiene atemorizadas a sus víctimas” […] Al menos 89 plataformas o sitios web realizan créditos, según reveló la Dirección de Delitos Informáticos” ⁴.

In Sight Crime destaca en un artículo escrito por Anastasia Austin fechado el 28 de julio de 2023: Banqueros criminales en Latinoamérica: una explicación del monopolio en el gota a gota.

“[…] grupos colombianos siguen dominando los esquemas de usura conocidos como gota a gota en Centro y Sur América… en países como Perú, Panamá y El Salvador han acabado con operaciones de usura… Las grandes ganancias y la amplia experiencia de los grupos criminales colombianos les dan ventaja sobre los usureros locales…

Las ganancias de la cocaína dan a las organizaciones narcotraficantes transnacionales una gran reserva de dinero de donde echar mano y los avances tecnológicos han facilitado las transacciones financieras entre fronteras…⁵.

Los informales de la Economía Popular

La propuesta del Gobierno Nacional de apoyar la economía popular como una estrategia de inclusión, produjo en abril de 2023 la publicación, por iniciativa de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente y la Universidad del Magdalena, de la investigación: La Economía Popular y Comunitaria. Una oportunidad para fortalecer la inclusión productiva, el trabajo digno y el emprendimiento⁶.

Se avanza en precisar qué es la economía popular y qué la caracteriza, sus actores y cifras de informalidad en Colombia, particularidades, limitaciones financieras, la urgencia de construir una política pública de la economía popular, los propósitos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo y algunas vías de solución.

El universo empresarial colombiano lo componen 6.7 millones de unidades productivas, de las cuales el 85.6 por ciento son micronegocios⁷.

En palabras del Ministro de Comercio, Industria y Turismo: “Por eso, es menester un pacto con las economías populares, no solo para recuperar la confianza en el Estado, sino también para construir una sociedad basada en el reconocimiento del trabajo de al menos dos tercios de la población económicamente activa que hoy está en la informalidad”.

Entre 2019 y 2020, más del 75% de los micronegocios tenían una persona ocupada, o sea, eran trabajadores por cuenta propia. Y las mujeres tenían una participación del 56%⁸, lo que hace más urgente el proceso de buscar soluciones colectivas, para que ellas logren generar unas compensaciones en su carga de varias jornadas y para potenciar sus liderazgos.

La mayoría de los negocios informales se caracterizan por ser de subsistencia al no corresponder a una oportunidad de mercado, y por generar ingresos que solo permiten cubrir gastos mínimos para vivir⁹. El 82.2 por ciento de los micronegocios el año anterior (2022) no tuvo acceso a ninguna fuente de crédito¹⁰. Entre los determinantes del no acceso al crédito se encuentran: 30 por ciento falta de garantías (fiador o aval); 24 por ciento reporte en centrales de riesgo; 13 por ciento no tenían historial crediticio; 27 por ciento no puede demostrar ingresos suficientes¹¹.

El programa de Gobierno 2022-2026, en el punto 2.4.3. propone un pacto con las economías populares, fortalecer la institucionalidad para la promoción y fortalecimiento de la EP y crear líneas especial de financiación, pero las mismas deben responder a lo expuesto en el párrafo anterior y las soluciones deben ser diversas y atender las dinámicas que se viven en los diferentes territorios.

“La economía popular se refiere a los oficios y ocupaciones mercantiles (producción, distribución y comercialización de bienes y servicios) y no mercantiles (domesticas o comunitarias) desarrolladas por unidades económicas de baja escala (personales, familiares, micronegocios o microempresas), en cualquier sector económico. Los actores de la EP pueden realizar sus actividades de manera individual, en unidades económicas u organizados de manera asociativa”¹².

Trabajadores por cuenta propia, empleados domésticos, ambulantes, pequeños mineros, artesanos, artistas callejeros, confecciones, recicladores, ventas por catálogo, bicitaxistas, economía del cuidado, pequeños productores del campo, pescadores, trabajadores de albañilería, ventas de comida, domiciliarios y muchas más ocupaciones en ciudades y el campo.

“la heterogeneidad de las actividades y de los actores que conforman la EP, vista desde la perspectiva de los resultados de la Encuesta de Micronegocios, muestra que cerca del 50% de ellos tenían una ubicación fija y el otro 50% una ubicación móvil. Además, esta es una muestra de la escasez de capital con la que desarrollan su actividad, pues solo alrededor del 14 por ciento tenían un sitio donde desarrollaba su actividad económica”¹³.

El programa de Gobierno 2022-2026, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, señala que “el sistema financiero público al lado de una banca cooperativa reemplazará el gota a gota y proveerá alternativas a la banca privada para los actores de la economía popular”.

Propuesta

Como se señaló previamente, existe un vínculo entre la vulnerabilidad, el negocio ilegal del gota a gota y las barreras de acceso y uso de la financiación de sus iniciativas económicas.

Por la experiencia que muchas entidades cooperativas han tenido a lo largo de los años, trabajando con enfoque territorial y que cuentan con una sensibilidad propia de la solidaridad para atender a la población de menores recursos, el microcrédito llega a los sectores formalizados, muchos de ellos micronegocios que hacen parte de la economía popular, pero no a los sectores informales.

La población más informal y vulnerable no puede acceder a un crédito individual, así sea cubierto o respaldado con el Fondo Nacional de Garantías FNG como se propone con la línea de microcrédito Creo, pues los requisitos y condiciones establecidas en el Decreto Nº 2120 del 11 de diciembre de 2023 propone una salida individual a una problemática social como se ha venido describiendo en el presente documento.

La solución a un problema nacional como el gota a gota, que tiene capturada a la población informal del país debe ser colectiva, promoviendo la asociatividad y a través de modelos de banca comunal como la desarrollada por la Corporación Fomentamos y conocida como de Circulos solidarios.

El mayor error en todo modelo de financiación, especialmente para los informales, es que, en caso de llegar a acceder al crédito, este se otorga, pero se abandona al emprendedor en el acompañamiento y formación que requiere para hacer más productivas sus operaciones.

Todas y cada una de las barreras que encuentran los informales han sido abordadas por la Corporación Fomentamos a lo largo de sus 20 años de existencia, desarrollando una metodología propia para hacerles frente. Dicha metodología y el nombre de ésta, que se denominan Círculos Solidarios, se encuentran con las debidas protecciones ante el Ministerio del Interior e Industria y Comercio. Ninguna de las barrera tradicionales existe bajo la metodología de los Círculos Solidarios, de tal suerte que no importan los posibles reportes negativos (aun de múltiples carteras castigadas), ni la edad (se pide sólo que la persona sea mayor de edad), el único requisito es la copia de la cédula de ciudadanía y no importa cuán bajo puede ser el nivel de ventas o que tan informal puede ser la unidad productiva de subsistencia (muestra de esto es que los créditos a otorgar pueden ser desde $100.000).

Los Círculos Solidarios son un programa de Inclusión, objetivo estratégico de la Corporación. Incluso la tasa de interés se establece en condiciones blandas para personas que “al parecer” encarnan tanto nivel de riesgo.

Esta metodología basada en la confianza, la solidaridad y la ayuda mutua, es única en Colombia y por ello se procedió a su respectivo registro de marca y protección a la metodología. Los Círculos Solidarios se definen como la creación de un grupo de personas de ocho (8) a diez (10) inicialmente, las cuales pertenecen a la economía de la subsistencia o informalidad y se reúnen para llevar a cabo un ejercicio de inclusión financiera solidaria (ahorro, crédito, formación y previsión), con encuentros y reuniones con una periodicidad semanal o catorcenal acordada al interior de cada Círculo. Tiene como objetivo mejorar las condiciones de calidad de vida de los participantes y su entorno y por esto este programa ofrece oportunidades a este tipo de población para que puedan fortalecer sus emprendimientos mediante el acompañamiento y el acceso a recursos económicos y reducir los préstamos informales como el gota a gota.

Los servicios que brinda la Corporación para el Fomento de las Finanzas Fomentamos, se diferencian de los productos ofrecidos por la Banca Tradicional y Programas Gubernamentales, brindando no solo el acceso al crédito blando, sino valores agregados como son:

• El aporte de una metodología para el fortalecimiento en habilidades de inclusión financiera, estimulando la cohesión social y productiva.
• Promoción del ahorro (en cuentas de las personas constituidas en cooperativas financieras vigiladas).
• Previsión que protege a las personas ante riesgo como la muerte, inundaciones, incendios, deslizamientos, accidentes o incapacidades que les impidan trabajar.
• Formación de redes, recreación, convivencia social.
• Capacitación en habilidades para la vida y para la administración de los micronegocios
• Posibilidad de la creación de ahorro para ser canalizado al programa de Beps (Beneficio económico periódico de Colpensiones).

El proceso de los Círculos Solidarios permite la reconstrucción del tejido social en las comunidades vulnerables desde el fortalecimiento de las unidades productivas, la promoción del ahorro, la superación del gota a gota o pagadiario y mitigar los niveles de pobreza de los integrantes. Dados los procesos de inclusión financiera, algunos de los socios de los círculos solidarios pueden alcanzar niveles de formalización que les permitirá crecer y acceder a los beneficios y servicios de las Cooperativas Financieras y las de ahorro y crédito.

Por las razones anteriores, se requiere del gobierno nacional y/o los Ministerios vinculados con el programa de la Economía Popular, de la destinación de una partida para financiar la aplicación de la metodología y la contratación de los promotores que acompañan el proceso y una variante para que recursos de la línea de microcrédito Creo se puedan destinar a fondear este programa de Microfinanzas solidarias, con el propósito de llegar a muchas regiones del país.

Algunos datos¹⁴

La Corporación Fomentamos durante el año 2023 atendió 26.000 personas en el área metropolitana del Valle de Aburrá, Urabá, Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá y Magdalena Medio, con créditos desembolsados por $48.962 millones.

Al cierre del año, los siguientes son los datos más relevantes:

• Saldos de cartera $8.096 millones
• Saldos de ahorro $6.800 millones
• Indicador de mora de más de 15 días: 2.56%
• Convenios vigentes (ver cuadro).
• Notas

1   Sarmiento Anzola, Libardo, “Colombia 2023, mercado laboral y economía popular”, periódico desdeabajo, mayo-junio 2023.

2   La República, artículo Try Bloomberg Today. 1 septiembre 2023

3   www.Infobae.com/Colombia/2023, del pasado 01 de noviembre de 2023

4   El País.com/ América- Colombia/ del 30 de junio de 2023

5   In Sight Crime.org.es/noticias, artículo escrito por Anastasia Austin fechado el 28 de julio de 2023

6   La Economía Popular y Comunitaria. Una oportunidad para fortalecer la inclusión productiva, el trabajo digno y el emprendimiento, primera edición, Santa Marta, Editorial Unimagdalena, 2023.

7   Ibíd., p. 36.

8   Ibíd., p. 57.

9   Ibíd, p. 134.

10 Ibíd., p. 144.

11 Ibíd., p. 150.

12 Giraldo C., 2020, Trabajo y economía popular, Documentos Escuela de Economía, FCR-CID.

13 Ibíd., p. 255.

14 Cifras suministradas por Corporación Fomentamos, enero 2024.

*   Directivos de  Confiar Cooperativa y  Corporación Fomentamos, respectivamente

Honduras: Presupuesto 2025, sin espacios para el consenso

Javier Suazo

A medida que se acercan las fechas de elecciones primarias y generales (marzo y noviembre de 2025), para elegir las nuevas autoridades de gobierno, se introduce un principio de condicionalidad por la oposición política, evidente en el Congreso Nacional.

Ello tiene un alcance mayor, cuando los diputados electos son mayoría y pertenecen a la oposición política y, en teoría, controlan la agenda legislativa, sumando incluso un grupo de diputados del Partido Libertad y Refundación (IBRE) que juraron no traicionar sus principios  e ideario político-ideológico , pero  en la práctica se autodenominan  liberales de “sepa”.

La condicionalidad refiere a la aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica 2025 presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, siempre y cuando se garantice e incluyan medidas de política, programas y proyectos de la misma oposición, se reduzcan fondos que supuestamente se destinarán a la campaña política y favorecer a la candidata oficialista, Rixi Moncada, o existan fondos asignados para proyectos que, dado el poco tiempo de ejecución, no se ejecutarán y destinarán a otros propósitos.

El presidente del Congreso de la Republica, Luis Redondo, ha calificado estas acciones como actos de extorción de la oposición política, donde se pretende que se aprueben nuevos impuestos a la población, se engavete la Ley de Justicia Tributaria y acelere el endeudamiento del país.

Luis Redondo “advirtió que la no aprobación del presupuesto afectará gravemente a servicios esenciales como salud, educación y seguridad, así como el aumento salarial a maestros y las transferencias a las municipalidades. Además, provocará retrasos en el pago de salarios a empleados públicos y en la ejecución de proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras y hospitales, entre otros. El gobierno del Plan Bicentenario ha logrado mantener la estabilidad fiscal y el crecimiento económico sin necesidad de aumentar impuestos, a pesar de los «obstáculos y boicots del bipartidismo».[1]

Hay evidencia de una amplia socialización de este proyecto de presupuesto 2025, especialmente por la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional que preside el Dr. Hugo Noé Pino. Esta socialización no solo incluyó al sector privado, organizaciones sociales y gremiales, sino también a  la academia y centros de investigación como el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH).  Igual trabajo se realizó con las instituciones de gobierno, en cuanto a los fondos propuestos para cumplir los objetivos, metas y proyectos, y las prioridades de gasto establecidas conjuntamente entre la Secretaria de Finanzas (SEFIN)  y  Secretaria de Planificación Estratégica (SPE).

Según el Dr. Hugo Pino, “pese a la apertura del proceso, en tres ocasiones se invitó al jefe de bancada del Partido Nacional a participar en reuniones con la Comisión de Presupuesto, con el fin de aclarar comentarios erróneos que se han difundido respecto al documento. Sin embargo, en todas las oportunidades, el jefe de bancada afirmó no poder asistir”[2]

En el caso del Partido Liberal,  la propuesta incluye  el reforzamiento en el gasto de inversión pública en el área de la salud, protección social, educación y transferencias a las municipalidades, lo que sugiere un análisis de las propuestas y ajustes de las partidas asignadas, que ya se ha realizado por SEFIN.

El argumento de los diputados liberales es que los hospitales están desabastecidos de medicamentos e insumos,  y las atenciones a pacientes especiales son limitadas, sumado a la asignación de más recursos a programas de compensación social como la Red Solidaria.  En educación recomiendan un ajuste mayor de salarios a los maestros sin valorar los costos e impactos negativos, igual mayor presupuesto para compra de textos escolares.  Se exige que el gobierno cumpla con el 11% del presupuesto destinado a transferencias municipales, aun cuando se desconoce el proceso que conlleva la nueva ley de descentralización.

Estos aumentos suman a una política definida por el gobierno de la Republica para apoyar a los sectores sociales e infraestructura económica y productiva. Para el caso, el proyecto de presupuesto prioriza sectores como la protección social, la salud, la educación y la seguridad ciudadana con una inversión pública y social de L 97,650.1 millones, donde el 31.4% corresponde a programas de compensación social liderados por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL); él15.4% para la construcción de  hospitales de traumas y laboratorios nacionales especializados; un 10.7% como subsidio para 800 mil abonados de la ENEE y rehabilitación de complejos hidroeléctricos.

Unos 7,909 millones de lempiras, o sea el 8.09%,  para construir nuevas cárceles, y 4,356 millones (4.46%) para infraestructura educativa, abarcando programas como Matrícula Gratis, Merienda Escolar y mejoras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

“El presupuesto también destina L 67,319.5 millones al pago de la deuda pública, una carga heredada del narco gobierno que incrementaron la deuda de 3,000 millones a más de 20,000 millones de dólares en 12 años. A pesar de ello, el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro ha mantenido un historial de pago puntual, demostrando compromiso con la estabilidad económica del país.”[3]

Otra crítica de los políticos de oposición, es el monto de recursos asignados a la mal llamada “partida” confidencial 449 de la presidencia de la Republica,  por 12,000 millones de lempiras y donde se incluyen fondos de más de 2, 000 millones de lempiras para las elecciones 2025. Siempre ha funcionado como una partida de contingencias para cubrir gastos como aumentos de salarios, elecciones, cuotas de arrendamiento de locales (centro cívico), entre otros. Igual se critica que la Secretaria de Defensa podrá hacer compras directas de hasta 11,000 millones de lempiras, lo cual no cierto al no estar provisionados los recursos ni autorizados por ese monto.

Se cuestiona el aumento del presupuesto de la Secretaria de Planificación Estratégica (SPE) en más de 500 millones de lempiras, que funciona también como una institución de información y prensa, donde parte de los recursos se destinarán a estos propósitos y serán alimentados con los fondos asignados en las partidas de gastos de publicidad de cada una de ellas.

El Consejo Cívico Fiscal (CCF), integrado por economistas de instituciones de sociedad civil, sector privado y académicas, demandan un presupuesto general más inclusivo, equitativo, estratégico y sostenible para 2025.

Ello incluye: a) Restricción de partidas presupuestarias para favorecer el gasto que beneficia más a la población como salud, educación, niñez; b) Protección de asignaciones presupuestarias como partidas de medicamentos e insumos que muestran una insuficiencia en hospitales públicos;  c) Promoción de Inversiones Estratégicas que dinamicen sectores productivos de la economía; d) Protección de los recursos naturales ( no a la cárcel en la mosquita); e) Asegurar los recursos para el proceso electoral ( ya se contemplan); f) La llamada partida confidencial desagregarla y asignar los recursos a cada Secretaria de Estado; g) Coherencia Fiscal.[4]

El presupuesto para 2025 asciende a 430, 907.8 millones de lempiras, con un aumento de 23,770 millones de lempiras si se compara con el presupuesto anterior. De ese monto, el 61.8% corresponde al gobierno central y el resto (38.2%)  a la administración descentralizada.

Una referencia obligada en las discusiones de presupuesto 2025, son las prioridades del gasto destinado a los sectores de mayor demanda, o sea donde se concentra la mayor parte de la población (salud, educación, vivienda, protección social, seguridad, producción alimentaria, protección forestal), lo cual debe estar cubierto y no permitirse una erosión de los recursos para otros fines. A ello se suma, la productividad del gasto, referida a los logros obtenidos con la ejecución de los fondos, caso contrario tendremos una pérdida neta de recursos, sea por ineficiencia o corrupción.

Hay un compromiso del gobierno frente a los organismos internacionales por honrar el pago del servicio de la deuda, provisionándose los recursos para 2025.  Ello, aun cuando, no hay nuevos impuestos  ni evidencia creíble que la ley de justicia tributaria, avalada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sea aprobada.

Los presupuestos responden a programaciones físicas de metas reales e institucionales, por lo cual la programación presupuestaria no debe verse como separada de la programación de metas.  Tenemos una gran brecha en ello, ya que los planes operativos y estratégicos han sido vulgarizados como instrumentos de planificación, donde no hay un mecanismo efectivo de formulación, seguimiento y evaluación de estas metas comparado con los recursos ejecutados (eficiencia y eficacia como palabras claves o ejes transversales).

Los aumentos de gasto corriente, como ajuste de sueldos y salarios, viáticos y contratación de nuevos empleados,  y mayor monto de subsidios a la población afectan otras partidas de gasto, pero no debe permitirse que afecten partidas para atenciones y compra de insumos en salud y educación por ejemplo,  dos (2) de los principales sectores priorizados por el gobierno y que constituyen promesas de campaña.

Hay que abrir un nuevo espacio para el diálogo con los actores, más allá de las bancadas,  ya que gran parte de los diputados de oposición responden a las directivas de estos actores reales e intereses de grupo y personales. A lo interno del Congreso Nacional, la valorización de las propuestas del partido liberal es fundamental.

Notas:

[1] Tunota.com, 23 de diciembre de 2024

[2] Presupuesto General 2025 prioriza la Inversión Publica,Minota. 17 de diciembre de 2024.

[3]Minota.com op.cit

[4] Ver Comunicado del Consejo Cívico Fiscal de fecha 29 de noviembre de 2024.

Perú volvió a crecer en medio de la incertidumbre 

El Perú cerrará en 2024 con un crecimiento de alrededor de 3% (3.2% según estima el Banco Central de Reserva), luego de una caída de 0.55% en 2023, y en medio de una incertidumbre política, inseguridad ciudadana, así como de normas populistas y cortoplacistas.

El discurso del Ejecutivo durante el año apuntó a una recuperación económica, aunque se olvidó de que un avance menor de 5% no ayuda a generar empleo de calidad ni reducir en grandes cantidades la cifra de pobreza. El Gobierno, en innumerables oportunidades durante el año, también ha querido atribuirse como un logro la estabilidad de la moneda y la baja inflación, sin reconocer que este mérito le corresponde a la política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), un organismo que es autónomo y sin injerencia política.

Lo que deja 2024

El año estuvo marcado, nuevamente, por medidas populistas, como el séptimo retiro de los fondos de las AFP y el libre acceso al 100% de las cuentas por compensación por tiempo de servicios (CTS). Ambas acciones, pensando en el corto plazo, impulsaron el consumo privado, pero no son sostenibles en el tiempo.

Y si bien el resultado de 2024 recién se conocerá en febrero del próximo año, entre enero y octubre la economía creció 3.02% según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Es el sector pesquero el que registra un mayor crecimiento con un avance de 19.73%, mientras que el sector financiero y seguros es el único con dato negativo (-1.86%) hasta el momento.

Algo que también marcó este año en materia económica fue el incumplimiento por segundo año consecutivo de la regla fiscal. En julio y en el ámbito de las facultades otorgadas al Ejecutivo por parte del Congreso, se aprobó el Decreto Legislativo 1621, que establecía ajustes a las reglas macrofiscales referentes al resultado económico del sector público no financiero.

De esta manera, se estableció que el déficit fiscal de este año no debía ser mayor de 2.8% del producto bruto interno (PBI). Este porcentaje se encontraba por encima del 2% del PBI proyectado inicialmente.

No obstante, dicha meta no será cumplida, tal y como sucedió en 2023. El BCR, en ese sentido, estima que el déficit cerrará en 3.7% del PBI, es decir, casi un punto porcentual más de la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Petroperú y un nuevo respaldo del Ejecutivo por más de US$2,000 millones también estuvo en la pauta económica este año. La empresa estatal volvió a cambiar de directorio, eligiendo al izquierdista radical Alejandro Narváez como presidente de la petrolera, quien ha minimizado la crítica situación financiera en la que se encuentra la petrolera, la cual al tercer trimestre reportaba pérdidas acumuladas por más de US$745 millones.

Celebración a medias

Desde el Ejecutivo hay mucho interés por destacar el crecimiento de este año; sin embargo, para el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla y para el gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, no hay motivos para celebrar ese avance.

El extitular del MEF precisó que el aumento del consumo privado explicó

principalmente la recuperación de la economía. Indicó que el incremento de este último estuvo asociado al bajo crecimiento de la inflación, que se ubica dentro del rango meta (entre 1% y 3%). “Eso no es adjudicable al Ejecutivo, sino al Banco Central de Reserva”, añadió.

Para Castilla, algo que también movió la aguja de la economía fueron las exportaciones, que se estima que este año superen los US$75,000 millones. Según explicó, esto responde al contexto internacional y al buen precio de los metales.

Además, consideró que hay factores que impiden el despegue de la inversión privada, como la alta rotación de las autoridades que perjudican el avance de los proyectos, así como la falta de disposición del Ejecutivo para frenar medidas populistas que se aprueban en el Parlamento.

“La recuperación que vemos ahora es normal, con riesgo de que se vea interrumpida. Las medidas populistas han tenido un alto costo fiscal”, sostuvo.

En tanto, Víctor Fuentes consideró que el crecimiento de 3.2% es

“mediocre” e insuficiente para el país, ya que el Perú necesita avanzar a tasas cercanas al 5%.

Del mismo modo, señaló que, si bien el Ejecutivo ha proyectado la reducción de la pobreza, esta contracción sería solo de un punto porcentual, comparado con 2023 (afectó al 29% de las personas).

“Nosotros proyectamos cuatro años consecutivos de incumplimiento de la regla fiscal, y para impulsar la economía no se requiere impulsar el gasto público, sino proyectos”, afirmó.

Chancay abre posibilidades

Una reciente encuesta de Ipsos publicada por Perú21 reveló que la inauguración del Puerto de Chancay se encuentra como el principal evento o suceso del año. Este terminal, cuyo 60% le pertenece a Cosco Shipping Ports Limited, y el resto a la peruana Volcan Compañía Minera, ha puesto al Perú en los ojos del mundo y le permite que se posicione como un hub portuario.

Esta obra, que se inauguró en noviembre en el marco de APEC y con la presencia del presidente chino, Xi Jinmpin, requirió una inversión de alrededor de US$1,300 millones en su primera etapa. El proyecto apunta a conectar Sudamérica y Asia con la reducción de tiempo para los envíos, que pasarán de 35 a 40 días a aproximadamente 25.

Según datos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), este terminal podría movilizar entre 30% y 40% de la carga marítima nacional que tiene como destino el sudeste asiático durante los primeros años. Como se recuerda, China actualmente es el principal socio comercial de Perú, con aproximadamente 353 micro y pequeñas empresas peruanas que exportan a ese país.

Entre los productos que se beneficiarán con este terminal se encuentran los agrícolas, tales como uva, arándanos, palta, mangos; y pesqueros, como la pota. El café, la maca, el camu camu también tienen más oportunidades. Para las importaciones, es importante el impacto que tiene en la industria como la automotriz.

Dentro de las ventajas que trae el puerto se encuentra que recibirá buques de gran envergadura y capacidad de carga de hasta 25,000 contenedores. En tanto, el Ejecutivo ha señalado que Chancay aportará aproximadamente 0.9 puntos al producto bruto interno (PBI) peruano.

No obstante, para aprovechar aún más este puerto, es necesario que ya salga el marco normativo para las zonas económicas especiales (ZEE), que fue aprobada en el Congreso, pero solo en primera votación. La propuesta plantea, entre otras cosas, que los operadores de estas ZEE puedan tener una tasa de impuesto a la renta de 0% en los primeros cinco años.

Reducir la dependencia de EEUU, recomienda Cepal a México

José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), reconoció los esfuerzos del gobierno de México para combatir la pobreza por medio de diversas políticas sociales como el incremento sostenible del salario mínimo y diversos programas sociales que benefician sobre todo a jóvenes y adultos mayores.

Al presentar el Balance de las Economías de América Latina y el Caribe, el directivo destacó que dichos programas llegan a 30 millones de familias, y que gracias a los cuantiosos recursos que movilizan permitieron reducir la población en situación de pobreza de 44 a 36 por ciento entre 2020 y 2022; es decir, en plena crisis económica a causa de la pandemia de covid-19.

Sin embargo, Salazar-Xirinachs alertó que para continuar con esta exitosa estrategia es necesario asegurar la sostenibilidad financiera de los programas sociales, lo cual no es fácil en un contexto de bajo crecimiento económico como el que se prevé para el país, aun sin contar los posibles aranceles con los que amenaza Donald Trump. El centro de estudios de la ONU estima que en 2025 el producto interno bruto (PIB) de México crecerá 1.4 por ciento, y un gravamen de 10 por ciento a sus exportaciones a Estados Unidos implicaría una merma de entre 0.8 y un punto porcentual.

El funcionario destaca la vulnerabilidad mexicana ante la política estadunidense por tener allí el destino de 84 por ciento de su comercio exterior, y brinda una serie de recomendaciones a fin de acelerar el PIB y reducir la dependencia del país vecino del norte.

Ante esta visión pesimista, alineada con la de la mayoría de los analistas encuestados por un banco privado para un ejercicio de expectativas publicado ayer, cabe recordar que en un pasado tan reciente como el tercer trimestre de este año el consenso de los expertos se quedó corto con respecto al desempeño real de la economía mexicana.

Asimismo, es válido inquirir si los pronósticos consideran de manera adecuada el efecto sobre el PIB de otras acciones gubernamentales, desde las grandes obras de infraestructura levantadas el sexenio pasado que entrarán en plena operación el año entrante, hasta la construcción de un millón de viviendas que se emprenderá en los próximos meses y que, como es lógico, detonará la actividad en los sectores de materiales, maquinaria, insumos eléctricos, carpintería; entre otros, además de crear empleos directos e indirectos.

Más allá de las cifras reales del producto interno bruto al cierre de 2025, es fundamental tener en cuenta que los avances reconocidos por la Cepal y otras instancias se lograron no gracias a un gran crecimiento, sino pese a la modestia del mismo. En este sentido, la experiencia mexicana ha refutado a los adeptos del dogma de que la única manera de combatir la pobreza es el acrecentamiento de la riqueza, sin prestar atención a cómo se distribuye.

Desde 2019, se ha comprobado que de nada sirve el crecimiento cuando toda la nueva riqueza es acaparada por un puñado de oligarcas y que, por el contrario, se pueden dar pasos significativos hacia el bienestar de las mayorías cuando el Estado emplea sus facultades en atender los rezagos en vez de en aumentar la fortuna de los ultrarricos bajo el desacreditado supuesto de que éstos se encargarán de trasladar la riqueza hacia abajo.

En suma, es deseable que México adopte las medidas necesarias para esquivar el daño de los amagos trumpistas y reforzar su apuesta por el bienestar, pero los malos augurios deben tomarse con reservas no sólo porque ya han fallado, sino porque no siempre incluyen en sus cálculos las peculiaridades del modelo mexicano.

José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), reconoció los esfuerzos del gobierno de México para combatir la pobreza por medio de diversas políticas sociales como el incremento sostenible del salario mínimo y diversos programas sociales que benefician sobre todo a jóvenes y adultos mayores.

Al presentar el Balance de las Economías de América Latina y el Caribe, el directivo destacó que dichos programas llegan a 30 millones de familias, y que gracias a los cuantiosos recursos que movilizan permitieron reducir la población en situación de pobreza de 44 a 36 por ciento entre 2020 y 2022; es decir, en plena crisis económica a causa de la pandemia de covid-19.

Sin embargo, Salazar-Xirinachs alertó que para continuar con esta exitosa estrategia es necesario asegurar la sostenibilidad financiera de los programas sociales, lo cual no es fácil en un contexto de bajo crecimiento económico como el que se prevé para el país, aun sin contar los posibles aranceles con los que amenaza Donald Trump. El centro de estudios de la ONU estima que en 2025 el producto interno bruto (PIB) de México crecerá 1.4 por ciento, y un gravamen de 10 por ciento a sus exportaciones a Estados Unidos implicaría una merma de entre 0.8 y un punto porcentual.

El funcionario destaca la vulnerabilidad mexicana ante la política estadunidense por tener allí el destino de 84 por ciento de su comercio exterior, y brinda una serie de recomendaciones a fin de acelerar el PIB y reducir la dependencia del país vecino del norte.

Ante esta visión pesimista, alineada con la de la mayoría de los analistas encuestados por un banco privado para un ejercicio de expectativas publicado ayer, cabe recordar que en un pasado tan reciente como el tercer trimestre de este año el consenso de los expertos se quedó corto con respecto al desempeño real de la economía mexicana.

Asimismo, es válido inquirir si los pronósticos consideran de manera adecuada el efecto sobre el PIB de otras acciones gubernamentales, desde las grandes obras de infraestructura levantadas el sexenio pasado que entrarán en plena operación el año entrante, hasta la construcción de un millón de viviendas que se emprenderá en los próximos meses y que, como es lógico, detonará la actividad en los sectores de materiales, maquinaria, insumos eléctricos, carpintería; entre otros, además de crear empleos directos e indirectos.

Más allá de las cifras reales del producto interno bruto al cierre de 2025, es fundamental tener en cuenta que los avances reconocidos por la Cepal y otras instancias se lograron no gracias a un gran crecimiento, sino pese a la modestia del mismo. En este sentido, la experiencia mexicana ha refutado a los adeptos del dogma de que la única manera de combatir la pobreza es el acrecentamiento de la riqueza, sin prestar atención a cómo se distribuye.

Desde 2019, se ha comprobado que de nada sirve el crecimiento cuando toda la nueva riqueza es acaparada por un puñado de oligarcas y que, por el contrario, se pueden dar pasos significativos hacia el bienestar de las mayorías cuando el Estado emplea sus facultades en atender los rezagos en vez de en aumentar la fortuna de los ultrarricos bajo el desacreditado supuesto de que éstos se encargarán de trasladar la riqueza hacia abajo.

En suma, es deseable que México adopte las medidas necesarias para esquivar el daño de los amagos trumpistas y reforzar su apuesta por el bienestar, pero los malos augurios deben tomarse con reservas no sólo porque ya han fallado, sino porque no siempre incluyen en sus cálculos las peculiaridades del modelo mexicano.

 

Análisis internacional

1.- FMI muestra que el dominio del dólar se desvanece

La participación del dólar estadounidense en las reservas mundiales de divisas ha caído a su nivel más bajo en casi tres décadas, según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así, las estadísticas de la institución muestran que en el tercer trimestre de este año la participación de la divisa estadounidense en el sistema internacional de reservas cayó al 57,39 %, lo que representa su nivel más bajo desde 1995, cuando este índice se situó en el 58,96 %, y año a partir del cual el FMI, con sede en Washington, proporciona estadísticas al respecto.

Además, del análisis de los datos de la tabla del organismo se desprende que en el plazo de un solo año —desde el 59,18 % en el tercer trimestre de 2023— el porcentaje de la participación del dólar en las reservas mundiales bajó 1,79 puntos porcentuales.

«Cediendo terreno a las monedas no tradicionales»

Esta tendencia ya fue destacada por el propio FMI en su blog oficial en junio, donde señaló que aunque el dólar estadounidense «sigue siendo la moneda de reserva por excelencia […] continúa cediendo terreno a las monedas no tradicionales en las reservas mundiales de divisas».

Entre las causas de que «la participación del dólar en las reservas extranjeras asignadas a los bancos centrales y los gobiernos siga disminuyendo gradualmente», la institución menciona «la fragmentación económica y la posible reorganización de la actividad económica y financiera mundial en bloques separados y no superpuestos» que «podrían alentar a algunos países a utilizar y mantener otras monedas internacionales y de reserva».

Además, el fondo califica de «sorprendente» que la disminución del papel del dólar estadounidense en las últimas dos décadas no haya ido acompañada de un aumento de la participación de las otras ‘cuatro grandes’ monedas —el euro, el yen y la libra—, sino que se observó el crecimiento de la participación de las divisas a las que el FMI define como las «monedas de reserva no tradicionales». Entre ellas, el renminbi (yuan) chino, el won surcoreano, el dólar singapurense, australiano y canadiense, y las monedas nórdicas.

2.- El debate entre empresa pública versus privada: ¿es relevante?

Alejandro Narváez Liceras *

El debate entre la supremacía de la empresa pública y la empresa privada ha sido una constante en la teoría económica desde el auge del capitalismo y la expansión de los modelos estatales en el siglo XX. La discusión, a menudo ideológica, ha girado en torno a la eficiencia, rentabilidad y capacidad de innovación de cada modelo empresarial. Sin embargo, en un mundo globalizado, tecnológicamente avanzado y marcado por desafíos como el cambio climático, la desigualdad social y las crisis económicas, es necesario preguntarse si este debate sigue siendo relevante en el siglo XXI. En este breve artículo se examinan las diferencias tradicionales entre ambas formas de organización empresarial, se citan casos exitosos de empresas públicas en economías de libre mercado y se plantea una hipótesis sobre la necesidad de nuevos modelos híbridos que se integren lo mejor de ambos enfoques.

Empresa pública versus privada: Un debate con raíces históricas

La discusión sobre el papel del Estado y el mercado en la economía se remonta a autores clásicos como Adam Smith (1776) y Karl Marx (1867). Mientras Smith abogaba por la eficiencia del mercado libre y el interés individual como motores del crecimiento económico, Marx defendía la necesidad de un Estado fuerte para redistribuir la riqueza y garantizar la justicia social.

Las empresas públicas son aquellas cuyo capital y gestión están en manos del Estado, ya sea a nivel nacional, regional o local. Su objetivo principal suele estar orientado al bienestar social, la provisión de servicios esenciales y la promoción del desarrollo económico. Por otro lado, las empresas privadas son propiedad de individuos o entidades no gubernamentales, y su finalidad primordial según el viejo paradigma del management es maximizar el valor de mercado de la empresa para sus accionistas.

Las diferencias entre ambos modelos no sólo radican en la propiedad, sino también, en aspectos como la toma de decisiones, la financiación, la transparencia y la rendición de cuentas. Mientras que, las empresas públicas, pueden beneficiarse de la financiación estatal y estar sujetas a controles más estrictos, las privadas operan en mercados competitivos que las impulsan hacia la eficiencia y la innovación.

Durante el siglo XX, el debate se intensificó con el auge de las políticas keynesianas, que dieron protagonismo al Estado como actor económico central después de la Gran Depresión de 1929, y las políticas neoliberales de las décadas de 1980 y 1990, que promovieron la privatización como fórmula para mejorar la eficiencia y reducir el gasto público (Krugman,” La Conciencia de un Liberal”, 2015).

No obstante, el siglo XXI ha demostrado que tanto la empresa pública como la privada tienen fortalezas y debilidades. La empresa pública, a menudo criticada por su burocracia y la interferencia política, ha demostrado ser clave en sectores estratégicos y en contextos de crisis. Por su parte, la empresa privada, aunque eficiente, ha sido cuestionada por su enfoque en la rentabilidad a corto plazo, en detrimento de la sostenibilidad social y ambiental.

Fortalezas y debilidades de cada modelo

Como es lógico, ambos modelos tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles.  Veamos algunos:

Eficiencia y rentabilidad: Tradicionalmente, se argumenta que las empresas privadas son más eficientes debido a la competencia del mercado y la presión por generar máximas ganancias. Sin embargo, esto no siempre es cierto. Un estudio de la OCDE (2020) revela que empresas públicas bien gestionadas pueden alcanzar niveles de rentabilidad similares a las privadas en sectores estratégicos como la energía y el transporte, por citar dos ejemplos.

Responsabilidad social: Las empresas públicas suelen tener un mandato más amplio que incluye la provisión de bienes y servicios públicos. Un ejemplo claro es la red ferroviaria de Alemania (Deutsche Bahn ), que siendo una empresa estatal, mantiene estándares de calidad e innovación muy competitivos (OCDE, 2019). Sus decisiones pueden priorizar el bienestar social sobre la rentabilidad económica, sin poner en peligro su supervivencia.

Innovación y riesgo: Las empresas privadas suelen estar mejor posicionadas para innovar, dado su mayor margen para asumir riesgos, pueden adaptarse rápidamente a cambios en el entorno económico. No obstante, muchas innovaciones tecnológicas han tenido su origen en inversiones públicas. Un caso paradigmático es la tecnología detrás de Internet, la cual fue desarrollada inicialmente con financiamiento gubernamental estadounidense (Mazzucato, 2013).

Casos exitosos de empresas públicas en economías de mercado

A pesar de las críticas, existen abundantes ejemplos de empresas públicas que han logrado superarse por su eficiencia, innovación y contribución al desarrollo económico y social.

Deutsche Bahn: La empresa ferroviaria alemana es un exitoso modelo de empresa estatal. Combina rentabilidad con un enfoque sostenible, invirtiendo en tecnología de trenes eléctricos y reduciendo su huella de carbono.

Électricité de France: La empresa pública francesa es líder en generación de energía nuclear y ha sido clave en garantizar la seguridad energética del país, a la vez que impulsa una transición hacia fuentes renovables (OCDE, 2020).

Posten Norge: El servicio postal noruego, gestionado por el Estado, ha implementado una transformación digital que lo ha convertido en uno de los más eficientes y tecnológicos de Europa (UNCTAD, 2021).

Enagás: La compañía española, que gestiona la red de gas natural, destaca por su eficiencia operativa y su papel en garantizar la seguridad energética del país, actuando con estándares competitivos a nivel internacional (BID, 2020).

Estos casos demuestran que las empresas públicas, cuando son gestionadas con eficiencia, con rendición de cuentas y en el marco de buena gobernanza, pueden competir con éxito en el mercado global y responder a las necesidades sociales de forma sostenible.

¿Es relevante el debate en el Siglo XXI?

En un mundo marcado por problemas globales como el cambio climático, la desigualdad y las crisis económicas, el debate entre empresas públicas y privadas resulta estéril e irrelevante. La verdadera cuestión radica en cómo combinar las fortalezas de ambos modelos para crear empresas que no sólo sean rentables, sino también responsables y sostenibles.  Claramente, el debate ha evolucionado, especialmente en el contexto de los desafíos contemporáneos. La crisis financiera de 2008, por ejemplo, evidenció las limitaciones del mercado libre y la necesidad de intervenciones del Estado para estabilizar las economías. Asimismo, la pandemia de COVID-19 reveló la importancia de contar con sistemas de salud públicos robustos. En este marco cabe señalar tres puntos principales:

1. a) La necesidad de modelos híbridos. A la luz de lo anterior, se plantea la hipótesis de que la dicotomía entre empresa pública y privada es cada vez menos relevante. En su lugar, surgen modelos híbridos que buscan combinar lo mejor de ambos mundos: la eficiencia y capacidad de innovación del sector privado con la orientación al bien común y la estabilidad del sector público. En esa línea, los modelos de colaboración público-privada, también conocidos como Partnerships (PPP), han demostrado ser una buena opción. En países como Canadá y Australia, los proyectos de infraestructura desarrollados bajo este esquema han permitido combinar la eficiencia del sector privado con el interés público (FMI, 2021). En el Perú esta alternativa tiene aún mucho camino que recorrer.
2. b) El rol del Estado como inversor estratégico. Mariana Mazzucato, “El Estado Emprendedor” (2018) argumenta que el Estado no sólo debe ser un regulador, sino también un «inversor de primer orden» que financia proyectos estratégicos e innovadores, especialmente en áreas donde el sector privado no está dispuesto a asumir riesgos.
3. c) La responsabilidad social y ambiental.Las empresas del siglo XXI deben responder a un triple equilibrio: económico, social y ambiental. En este sentido, la discusión no debería centrarse en la propiedad de la empresa, sino en su capacidad para generar riqueza (valor) a largo plazo para la sociedad en su conjunto. Aquí radica el reto de las empresas públicas y privadas de nuestro siglo.

Algunas conclusiones

El debate entre la empresa pública y la privada, aunque históricamente significativo, ha perdido relevancia en el contexto actual convirtiéndose en una discusión de poca valía. La experiencia del siglo XXI ha demostrado que ambas modelos de empresa tienen fortalezas y debilidades, y que el éxito depende más de la calidad de la gestión que de la propiedad de la empresa. Los casos exitosos de empresas públicas en economías occidentes evidencian que el Estado puede ser un gestor eficiente cuando actúa con criterios de transparencia, innovación y sostenibilidad.

Las empresas públicas han demostrado ser exitosas en sectores estratégicos y en situaciones de crisis, garantizando equidad, estabilidad y sostenibilidad a largo plazo. Entre tanto, el dinamismo y la eficiencia del sector privado son esenciales para impulsar la innovación y el crecimiento económico. Por tanto, en la era actual, la verdadera solución no radica en elegir entre ambos modelos, sino en construir sinergias que permitan aprovechar lo mejor de cada uno. Los nuevos desafíos globales requieren enfoques colaborativos, modelos híbridos que integren lo mejor del sector público y privado, donde el bienestar social, la eficiencia y la sostenibilidad sean los pilares de la empresa del futuro.

Por último, en las empresas públicas es necesario implementar prácticas modernas de gobernanza, reducir la interferencia política y fomentar la innovación para optimizar su funcionamiento. En un contexto global marcado por desafíos económicos y ambientales, las empresas públicas estratégicas seguirán siendo actores indispensables, siempre que sean capaces de adaptarse a las exigencias del mercado y satisfacer las necesidades de la sociedad.

*Profesor principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente presidente del Directorio de Petroperú.