Masiva marcha nacional universitaria, punto de inflexión en el escenario político argentino

 Emilia Trabucco

La marcha nacional universitaria del 23 de abril, protagonizada por más de un millón y medio de personas en defensa de la educación pública fue un punto de inflexión en el escenario político argentino, a cuatro meses del inicio de gestión del presidente Javier Milei. Fue una de las marchas más grandes del siglo, contabilizando 800 mil asistentes solo en Capital Federal, con su antecedente reciente en agosto de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri en la antesala del acuerdo histórico con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En las calles de todas las provincias, a lo largo y a lo ancho del país, los y las argentinas repudiaron las políticas de ajuste del gobierno, donde destacó la presencia masiva de la juventud y miles de ciudadanes que participaban por primera vez de una movilización popular: la “temida” clase media para el gobierno de Milei.

La defensa de la educación pública en general, y de la universidad nacional en particular, fue un eje aglutinador de las demandas de los diferentes sectores, que se expresó  en la heterogeneidad que confluyó en la calle. Ello es producto de una larga historia de lucha de la sociedad argentina, que ha logrado conquistar y sostener su derecho a la educación pública, en un país que cuenta con universidades públicas en todo el territorio nacional que elige el 80% de les estudiantes, siendo un ejemplo en la región de América Latina y el mundo.

La “licuadora y la motosierra” contra las universidades públicas

La decisión del gobierno de replicar para el año 2024 el mismo presupuesto que había sido asignado a las universidades públicas en 2023, y de prácticamente congelar los salarios del personal docente y no docente, en el contexto de la escalada inflacionaria provocada por la devaluación de diciembre y las medidas de desregulación de la economía, ha puesto al sistema en una situación crítica, con una velocidad y profundidad inéditas.

El presupuesto universitario se encuentra profundamente afectado por la “motosierra y la licuadora” del gobierno de Milei. Al encontrarse congelado, representa solo el 0,27% del PBI, el valor más bajo de las últimas décadas. Los gastos de funcionamiento han sufrido una caída del 58% en el primer trimestre, comparado con el mismo período de 2023, teniendo en cuenta una inflación interanual del 300%. Esto llevó a que muchas instituciones vieran afectadas gravemente las condiciones mínimas para el desarrollo de sus actividades.

En relación a los salarios de les trabajadores docentes, éstos han sufrido una caída real del 30% en los cuatro meses de gobierno, perdiendo 50 puntos con respecto a la inflación. Como no pasaba hace 20 años en Argentina, muchas categorías docentes hoy se encuentran bajo la línea de la pobreza. A ello se agrega la suspensión de facto de la negociación colectiva, ante la negativa del gobierno al diálogo con los sindicatos, limitándose a anunciar unilateralmente aumentos irrisorios.

El rol articulador de los sindicatos y centros de estudiantes, los enemigos declarados de Milei

El Frente Sindical Universitario, conformado por todos los sindicatos docentes (CONADU, CONADU Histórica, CTERA, FEDUN y FAGDUT) y nodocentes (FATUN), y las agrupaciones estudiantiles -representadas en la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Malvinas Argentinas- tuvieron un rol central en el despliegue de iniciativas que fueron construyendo la antesala de la marcha, sumando a los y las rectoras de las universidades, nucleados en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional).

El día 8 de abril, dichos sectores definieron un plan de lucha con 48 horas de visualización los días 10 y 11 de abril y la convocatoria a la gran marcha universitaria el 23: “la situación crítica – en lo salarial y lo presupuestario – de las Universidades Nacionales y del Sistema Público de Ciencia y Tecnología provocada por el gobierno de Milei, el ataque que el partido de gobierno realiza a la educación pública equiparándola con el adoctrinamiento y la reciente declaración de uno de sus principales referentes -Benegas Lynch – que reclama libertad para legitimar el trabajo infantil frente al derecho a la educación obligatoria, plantean la necesidad de una respuesta en unidad”.

El mismo día, el CIN definió por unanimidad, plegarse a la convocatoria.

El  11 de abril,  la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro nacional con movilización para el próximo 9 de mayo en oposición a la ola de despidos en el Estado, las medidas que atentan contra los derechos laborales y políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

Además, resolvió participar de la Gran Marcha Universitaria y movilizar el 1 de mayo, en el Día del Trabajador y la Trabajadora, al Monumento al Trabajo. La Central de Trabajadores de Argentina (CTA-T), la CTA Autónoma (CTA-A), la Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular (UTEP), los movimientos sociales, las organizaciones de Derechos Humanos, feministas, culturales, se fueron plegando a dicha convocatoria.

A partir de allí, se multiplicaron las iniciativas en todas las universidades, que incluyeron clases públicas, festivales, ollas populares, vigilias, abrazos simbólicos y concentraciones en los alrededores de los edificios, los hospitales y escuelas que dependen de las universidades. En el proceso también se sumaron estudiantes de universidades privadas. Las redes sociales también se inundaron de mensajes de apoyo a la movilización, destacando la posibilidad de ser primera generación de profesionales en familias trabajadoras gracias a la universidad pública.

Maniobras del gobierno para desmovilizar: boicot, amenazas y falsos anuncios

Esta situación fue leída por el gobierno nacional, que instrumentó múltiples estrategias para intentar desmovilizar a la sociedad argentina. Profundizaron su ataque mediático a los sindicatos, centros de estudiantes y rectores, e intentaron deslegitimar la marcha disparando principalmente contra la CGT o referentes políticos como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otras organizaciones populares que apoyaron la convocatoria.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó la convocatoria como “rara” y “compleja”, y aseguró que “muchos intereses se juntan para querer poner en jaque al Gobierno», mientras anunciaba la activación del protocolo represivo “antipiquetes”. Por su parte, Luis Caputo, ministro de Economía, tildaba la marcha de “berrinche de quienes ven afectados sus negocios”.

El día previo a la marcha, el Ministerio de Capital Humano (al que pertenece la Secretaría de Educación) anunció un giro de partidas a las Universidades de 21.800 millones de pesos para su funcionamiento”, mientras que el 23 a la mañana, Manuel Adorni, vocero presidencial, aseguraba que “la discusión sobre el presupuesto destinado a las universidades está saldada y transferida”. Muy por el contrario, la situación estuvo muy lejos de resolverse: el Estado solo pagó una parte de las partidas que ya adeudaba, sin ningún aumento presupuestario.

El lunes 21, el presidente intentó desviar la atención con una cadena nacional, donde festejó el superávit fiscal logrado en el primer trimestre de gobierno. Superávit que se explica en un 50% por el recorte y la licuación de jubilaciones, ayudas sociales y asignaciones familiares, seguido por quita de subsidios al transporte y servicios básicos, recorte a Universidades y salarios.

Los múltiples intentos de desmovilización no tuvieron los efectos esperados por el gobierno, que tuvo que observar las calles de todo el país repletas de miles  de argentines dando un mensaje contundente contra las políticas de empobrecimiento y destrucción de derechos conquistados.

El presidente, lanzó en la red X una imagen de un león tomando de una taza “lágrimas de zurdos”, que luego tuvo que reformular con un largo tuit titulado “causa noble, intereses oscuros”. El discurso oficial fue girando hacia un ataque directo contra las autoridades universitarias -que el CIN repudió públicamente-, asociándolos a su repetido concepto de “casta” e instalando el eje de las auditorías sobre las Universidades.

La vicepresidente Victoria Villarruel, “hija de la educación pública”,  graduada en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, expresó: “Quiero una UBA donde puedas hablar y pensar como quieras sin que te impongan la policía del pensamiento. Y principalmente quiero una UBA donde el dinero de todos los argentinos no sea malgastado para bancar los kioscos (…) La educación pública es un derecho, pero auditar y garantizar transparencia, una obligación”.

Lo que no explican desde la oficialista La Libertad Avanza, es que por Ley, las universidades son instituciones cogobernadas que realizan sus auditorías, y que a su vez, en determinados casos, trasladan el detalle de sus cuentas a la Auditoría General de la Nación (AGN), quien reporta al Congreso Nacional, no al Ejecutivo.

Auditorías para las Universidades, vía libre para la fuga ilegal de capitales

Lo curioso es que quienes se intentan posicionar como los defensores de la transparencia y la lucha contra la corrupción, no parecen preocupados por auditar las cuentas de los hombres más ricos de Argentina, responsables, por ejemplo, de la fuga ilegal de dólares provenientes del préstamo pedido al FMI durante el gobierno de Mauricio Macri, donde uno de los principales responsables fue Luis Caputo, el actual ministro de Economía.

Paradójicamente, el 19 de abril en el Foro Llao Llao -que reúne empresarios y políticos de derecha de la eregión- el presidente Milei calificó a los empresarios que fugan como “héroes”, “porque lograron escapar de las garras del Estado”.  Destacan también las objeciones que hizo públicas el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la “Ley Bases” del gobierno: «Las fallas de seguridad de la Ley son ostensibles, transformándola en funcional al blanqueo o lavado de capitales”, lo que significará transformar a la Argentina en un paraíso fiscal. Contrasta este relajamiento de controles con el ensañamiento con las Universidades Públicas.

Este es solo un aspecto de una ley sobre la que poco se sabe y que el gobierno anunció que tratará en el Congreso tras lograr dictamen de mayoría gracias a los “bloques dialoguistas” el lunes 29 de abril, en la antesala del 1 de mayo, día del trabajador y la trabajadora, que dará continuidad al plan de lucha de los sectores populares.

La marcha ha puesto en contradicción a algunas fuerzas políticas cuyas bases se movilizaron, lo que posiblemente genere nuevos realineamientos. Cabe una mención al comportamiento político de dichos bloques, de los cuales algunos representantes se hicieron presentes en la marcha universitaria, mientras que dentro del Congreso avalan el plan de ajuste del gobierno. El día siguiente a la multitudinaria movilización, el bloque opositor mayoritario en la Cámara de Diputados (Unión por la Patria), convocó a sesión para tratar el financiamiento universitario, la movilidad jubilatoria y el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente, pero no obtuvo el quórum necesario para sesionar.

La división de la Unión Cívico Radical fue el dato político de la jornada: de sus 30 diputados, 14 dieron quórum, los restantes decidieron ausentarse, entre ellos Rodrigo De Loredo, quien participó de la marcha. En el bloque Hacemos Coalición Federal, apenas cuatro de los 23 integrantes se hicieron presentes. Destacó la ausencia de Margarita Stolbizer, quien también marchó el 23.

Lo cierto es que la política de ajuste del gobierno  ha asumido una velocidad inusitada, pero los procesos de organización popular también se han acelerado. Desde diciembre, se han sucedido -en cuatro meses- cacerolazos, la movilización y paro de la CGT del 24 de enero, la marcha feminista del 8 de marzo, mútliples protestas contra la Ley Bases y el mega Decretro de Necesidad y Urgencia (DNU) y  los recortes a comedores comunitarios, el 24 de Marzo por los derechos humanos, trayectoria donde se inscribe la marcha universitaria y que continúa con el 1 de mayo y el paro general anunciado para el 9 de mayo.

El escenario político se reconfigura permanentemente, ante la aparición de iniciativas populares que además, expresan nuevas formas de organización y de participación política, por fuera de los debates palaciegos y las estructuras tradicionales. La defensa por la educación pública ha demostrado ser una bandera que toca las fibras sensibles de la sociedad argentina, que permitió la más amplia unidad y la posibilidad de que los sectores organizados no queden aislados de las demandas de las mayorías, en el marco de la estrategia de un gobierno que necesita atomizar el tejido social para avanzar en el ajuste más brutal de la historia.

 

*Psicóloga, magíster en Seguridad de la Nación. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), en Argentina.