Ecuador: entre un proyecto de país y una subasta mercantil

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Irene León

Por el contexto de intensa disputa de proyectos que está presente en el escenario regional, las elecciones presidenciales que se avecinan en Ecuador son cruciales no sólo para este país sino también para la región pues, a más del antagonismo entre la perspectiva neoliberal y una propuesta de país soberano, concurren en el escenario actores externos a la política y a la democracia electoral, con una agenda enfocada en proyecciones geoestratégicas hemisféricas, en intereses del capital financiero y corporativo transnacional, entre otros.

A pocos días de las elecciones presidenciales en Ecuador arrecia la disputa, pues si en la primera vuelta el binomio Luisa González – Andrés Arauz, Movimiento Revolución Ciudadana, obtuvo el primer lugar, con unos 10 puntos de ventaja sobre el candidato del agronegocio, Daniel Noboa, Acción Democrática Nacional, en el ballotage que se celebrará el próximo 15 de octubre, las relaciones de fuerza se han modificado y si bien hay indicios de una reedición de ese mismo escenario de victoria, también se habla de un empate técnico.

González, ganó la primera vuelta con la promesa de retomar los ejes de la Revolución Ciudadana (2007-2017) con un programa alternativo enfocado en el bien común, en la reinstitucionalización del país y en cambios socio económicos y geopolíticos. Fue gravitante en ese resultado la significativa adhesión popular con la que cuenta su movimiento y sobre todo su líder, Rafael Correa, que a pesar de una pertinaz persecución política que lo mantiene en exilio, es el político con más alta popularidad en el país.

En la segunda vuelta, la candidatura de la Revolución Ciudadana ha tenido que medir fuerzas con la gigantesca maquinaria de comunicación y marketing político de Daniel Noboa, el heredero más rico del país, quien desplegó una campaña millonaria, cortejando el voto joven y millennial y disputando la adhesión de un 15% de indecisos, para lo cual no dudo en ocultar su agenda neoliberal e incluso imitar los argumentos de la candidata izquierdista.  Mientras, de modo complementario su binomio, Verónica Abad, se agració con los sectores más conservadores con sus posturas de extrema derecha, aduciendo que los derechos sociales deben desaparecer o que la desigualdad entre los géneros es un mito.

Entre los elementos para el análisis del llamado empate técnico, el más obvio es el previsible ‘espíritu de cuerpo’ de los actores de derecha, que cerraron filas en todos los campos, especialmente en el de los intereses.  Fueron los intereses, principalmente económicos, que definieron desde el primer momento el tono de la contienda electoral. En la primera vuelta, de las 8 candidaturas sólo la del Movimiento Revolución Ciudadana correspondió a la dinámica orgánica y programática de un movimiento político, mientras que las 7 restantes se presentaron en partidos que alquilaron su registro electoral a actores de poder del neoliberalismo, que utilizan el escenario político para intensificar sus proyectos privados.

En el campo electoral ecuatoriano los poderes del neoliberalismo están muy presentes, los más visibles son los medios de comunicación corporativos, que ya no sólo abogan por la candidatura de la derecha, sino que actúan como portavoces de los intereses de los consorcios comunicacionales y defienden su rentabilidad en primera persona. En el caso electoral, el candidato neoliberal Noboa es tan cercano a esos intereses que los medios corporativos actúan incluso como sus voceros.

Pero este es sólo un indicio de que en las elecciones ecuatorianas intervienen una multiplicidad de actores, cuyo campo de acción no es necesariamente el político, ni el electoral, sino principalmente el de la geoeconomía, donde el capital extranjero, aquel de las grandes corporaciones, coloca las prioridades a las que se articulan los grandes, pequeños o medianos capitalistas locales, que anhelan posicionarse en la dinámica apátrida del mercado total.

Estas dinámicas se verifican en el caso del capital financiero, que nunca abandonó el poder y que ahora está fortalecido y dispuesto a todo para seguir beneficiándose de los recursos públicos, como ha ocurrido durante el gobierno del banquero Guillermo Lasso (2021-2023).  También es el caso de las corporaciones transnacionales, que volvieron a posicionar su poder con el retorno al neoliberalismo (2017) y aspiran a apoderarse de los recursos y ecosistemas requeridos para la transición al capitalismo verde y digital que está en marcha en los países del Norte, además de seguir controlando los ámbitos tradicionales: petróleo, agricultura, recursos marinos y otros.

Pero el panorama no estaría completo sin mencionar a aquellos actores que se articulan en torno al negocio de la destrucción y la reconstrucción, los vendedores de escenarios de caos y de modelos de seguridad, así como de armas, inteligencia, mercenarios y otros, que en Ecuador ocupan un lugar importantísimo desde que, con la liberalización del mercado y la desinstitucionalización, dejó de ser el segundo país más seguro de la región y pasó a ser uno de los más violentos. A este sector, le conviene el conflicto permanente, pues sus negocios dependen de eso.

En esa misma línea, tenemos a los actores asociados a los capitales ilícitos, que forman parte del mercado total, actúan en un nicho de creación de caos, así como en diversos campos de lo que ‘todavía’ se llaman sectores ilícitos: tráfico de drogas, venta de órganos, trata de personas, etc., pero que son parte de las dinámicas del libre mercado.

Por otro lado, Ecuador es una pieza relevante en el rediseño geoestratégico de Estados Unidos en la Región Andina y más allá. En los últimos 6 años el país ha rubricado con ese país importantes acuerdos y cartas de intención en materia de seguridad y defensa, que definen un compromiso a mediano plazo, el más reciente consiente el eventual desembarco de tropas marítimas y terrestres con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

 (Fuente: AFP)Más aún, en una especie de experimento sin precedentes, la Senado de Estados Unidos adoptó la Ley de Asociación entre Estados Unidos y Ecuador de 2022 /DAV 22083 65X/ Senado y Cámara de Representantes. Una ley de aplicación extraterritorial, que establece una especie de protectorado, donde Estado Unidos inhibe los derechos de autodeterminación del Ecuador. No es un acuerdo bilateral, sino una ley estadounidense que compromete a Ecuador como contraparte de sus aspiraciones geopolíticas y sistémicas.

En este contexto, por la presencia de una significativa disputa de dos proyectos de sociedad, el momento electoral  se presenta como una especie de camino sin retorno, pues está en juego la posibilidad misma de permanencia de la noción de país, debido al fortalecimiento de compromisos geopolíticos, socioeconómicos y estratégicos que forman parte de la agenda neoliberal, frente a la cual Revolución Ciudadana antepone un proyecto de soberanía y bien común, acorde con la Constitución del Buen Vivir aún vigente en el país.

(*) Socióloga y comunicadora ecuatoriana. Colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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