Chiapas, del paraíso  zapatista al choque entre cárteles narco

Gerardo Villagrán del Corral

Las disputas por territorios entre dos de los principales cárteles de narcotraficantes que operan en México, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación ( CJNG), ha colocado a las poblaciones de varias localidades de Chiapas en una situación desesperante.

Ambos grupos han creados allí, mediante extorsiones, amenazas y reclutamientos forzados, bases sociales. Han bloqueado las comunicaciones terrestres y aéreas y han cortado la electricidad, el agua y las líneas telefónicas dominadas por el cártel rival.

La tensión en las zonas frontera y sierra de Chiapas se incrementa cada día por la disputa del territorio entre los cárteles . Ante un eventual ataque de miembros del Cartel de Sinaloa, integrantes de la agrupación El Maíz, base social del CJNG, reforzaron los puestos de control colocados en las entradas y salidas de Chicomuselo y Frontera Comalapa.

En la guerra entre cárteles quedaron atrapados más de 280 mil habitantes de los municipios Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir. Además hay desasosiego en San Cristóbal de las Casas por la presencia allí de una banda conocida como los motonetos que agrede con completa impunidad a los habitantes.

Una imagen sacudió a los mexicanos: una caravana de autos con hombres fuertemente armados pasan en fila por una carretera entre pobladores que les aplaudían y les agradecían. Los hombres eran del Cártel de Sinaloa y llegaban a Frontera Comalapa, “a liberar a la gente del yugo de los contras”, el CJNG.

Lo más desconcertante no era la demostración de fuerza sino el respaldo social que recibían. No quedó muy claro si los pobladores salieron voluntariamente a dar su apoyo a los criminales o si fueron forzados a hacerlo. Unos 800 soldados y funcionarios se desplazaron el lunes de Comitán hacia Frontera Comalapa para fortalecer la seguridad y restablecer servicios en las zonas afectadas por violencia.

Es común que Chiapas ocupe las páginas de la prensa con nuevos sucesos: piezas sueltas que en conjunto conforman un puzzle complejo, un mosaico variado de violencias: crimen organizado, masacres, feminicidios, secuestros, violencia sexual, desapariciones, desplazamientos, reclutamiento forzado, militarización, paramilitarismo, autodefensas, guerrilleros…

La comunidad internacional  supo de la marginación en qué vivían los habitantes de Chiapas el 1 de enero de 1994. El gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) del Partido Revolucionario Institucional  ponía en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que convertía en un gran mercado único EEUU,  Canadá y México.

Ese mismo día en el estado de Chiapas se produjo la insurrección liderada  por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que exigía la reivindicación de propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización del estado de Chiapas como en el resto del país. Una de las sorpresas que causó al mundo, fue ver a tantas mujeres, muy jóvenes, en la toma de San Cristóbal de las Casas.

Los últimos 30 años han sido testigos de un conflicto armado latente que no hace más que agudizarse con la entrada en escena del Cártel de Sinaloa, el CJNG y distintas mafias locales y regionales que se disputan el control de la zona.

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió la presencia de grupos del crimen organizado, pero sólo como un “asunto muy limitado a una región” en Chiapas. Dijo que “presuntamente se están disputando el territorio” y también pueden tener bases de apoyo, pero acusó que la difusión del desfile de estos grupos armados, está relacionado con una campaña en su contra por el proceso electoral de 2024.

“Le vamos a dar respuesta a lo que ha difundido mucho la derecha, el bloque conservador, que es un fenómeno, porque se trata de cómo se extiende una noticia y sobre todo la reproducen quienes están en contra de la transformación, los conservadores”, dijo López Obrador.

México contagia la narcoviolencia a Guatemala. Guatemala está padeciendo atentados, homicidios y decapitaciones perpetrados en la zona fronteriza de ambos países. Se trata, de acuerdo con autoridades guatemaltecas, de sicarios que tras sus actos se pasan a territorio mexicano para evitar su captura.

Documentos filtrados de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) mexicana revelaron que además de los cárteles mexicanos, hay una importante presencia de células delincuenciales de Guatemala y El Salvador. Los Huistas, señalan los reportes de inteligencia militar, son un grupo guatemalteco relacionado al tráfico de drogas provenientes de Centro y Sudamérica.

La Sedena detalló que la Mara Salvatrucha (MS-13) tendría presencia en los municipios de Tapachula, Ciudad Hidalgo, Mapastepec, Metapa de Domínguez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, Arriaga y Palenque. Esta pandilla, según el reporte militar, se asentó en Chiapas en 2011 y sus actividades delictivas “se limitan a una violencia espontánea entre sus integrantes, así como asaltos y extorsión a migrantes, manteniendo bajo perfil a fin de evitar confrontación con autoridades”.

La Diócesis de San Cristóbal de las Casas denunció  que en el estado de Chiapas se vive un “Estado fallido” y “coludido con grupos delincuenciales” en los tres niveles de Gobierno, por lo que hizo exigió que se atienda la situación de violencia que se vive en la entidad, que se restablezca el orden social, que se castigue a las personas responsables de la violencia y que se ejecuten las órdenes de aprehensión.

A la capacidad de poner a pobladores al servicio de sus propósitos delictivos, debe agregarse la determinación de los cárteles de llevar a cabo acciones con finalidades mediáticas y propagandísticos, como la caravana de vehículos artesanalmente blindados y artillados que hizo desfilar en el poblado de Chamic, cerca de Frontera Comalapa, en un supuesto movimiento para desalojar de la zona al CJNG.

Lo anterior ocurre en el contexto de descomposición, cooptación o ausencia de instancias municipales y estatales, el accionar de corporaciones extractivas claramente depredadoras, el pingüe y criminal negocio de los traficantes de personas, los flujos migratorios de varias nacionalidades y el descontrol existente en el occidente de Guatemala –fronterizo con México–, convertido en una tierra de nadie propicia para el trasiego de drogas y toda suerte de actividades delictivas.

En estas circunstancias, es indudable que en la entidad del sureste las autoridades federales deben apretar el paso en los cuatro ejes en los que se basa la estrategia de seguridad en el país: la lucha contra la corrupción, la generación de empleo y condiciones de bienestar social –en cuya ausencia, el crimen organizado obtiene un semillero de posibles reclutas–, el trabajo de inteligencia para debilitar las finanzas de los grupos delictivos y el despliegue de la Guardia Nacional.

Por lo demás, resulta imprescindible formular y ejecutar, en combinación con lo anterior y así sea a marchas forzadas, una nueva política migratoria capaz de hacer frente a flujos humanos para los que el país no está preparado y de romper el círculo vicioso que se produce entre la inoperancia de la institucionalidad migratoria actual y el florecimiento de las mafias dedicadas al tráfico de personas.

Se necesita, en suma, una visión integral para enfrentar y resolver una circunstancia regional que no sólo pone en peligro a los habitantes, sino que podría dar al traste con el crecimiento económico y el turismo en el estado, y afectar incluso el buen funcionamiento del Tren Maya, uno de los proyectos más importantes del actual gobierno.

*Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)