El programa de la derecha argentina: precarización, represión y relaciones carnales

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Las propuestas electorales de Juntos por el Cambio pretenden convertirse en la quinta etapa del programa neoliberal iniciado por José Alfredo Martínez de Hoz, que fue continuado por el menemismo, el delarruísmo y el macrismo. Los tres ejes sobre los que se estructura un potencial gobierno juntista –en palabras de sus promotores– son: la reforma del mercado de trabajo, el disciplinamiento social y el alineamiento internacional con el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos.

Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich

En una reciente exposición ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AMCHAM), la precandidata Patricia Bullrich consideró que “la indemnización es un pasivo brutal sobre las empresas (…) ahí hay cambios que hay que hacer, muy fuertes (…) hoy no es razonable la indemnización. Los convenios colectivos hay que sacarlos”. Para cumplimentar ese objetivo, los diferentes voceros sugieren reducir “las barreras de entrada al mercado laboral” –tanto formal como informal–el valor genérico de la fuerza de trabajo, que consideran desmedidamente incrementada por las multas y la supuesta industria del juicio.

En la actualidad, la ley establece que al despido le corresponde una indemnización estipulada en el convenio colectivo. En el caso de un empleo no registrado, la indemnización incluye, además, multas. El proyecto de JxC sugiere reducir dichas multas a un 25% del salario mínimo, vital y móvil por cada mes que se estuvo “en negro”: un verdadero aliciente para contratar personal precarizado. La propuesta para la reforma estructural del mercado de trabajo fue coordinada por Miguel Ángel Pichetto y participaron de la misma Eduardo Levi Yeyati y Horacio Barrero por el radicalismo; Esteban Eseverri y Ezequiel Jarvis del PRO, y Hernán Reyes de la Coalición Cívica. Para consumar el retroceso –y lograr que exista un profuso ejército de reserva laboral disponible—Bullrich adelantó que eliminará los planes sociales.

La búsqueda por suprimir derechos a los trabajadores se complementa con beneficiar al colectivo empresarial mediante un conjunto de decisiones ligadas a la eliminación del cepo cambiario, garantizando “el libre acceso de las personas humanas y jurídicas a monedas extranjeras y a activos denominados en otras monedas”. Esa medida fue ejecutada en los primeros años del gobierno macrista y concluyó en septiembre de 2019 con un cepo más restrictivo que el que se había impuesto en los últimos años del periodo kirchnerista. La batería de normas propuestas para beneficiar la oferta se completa con reducciones impositivas orientadas a limitar la inversión social: “Para bajar impuestos –sugiere Luciano Laspina en su libro Desenredar la Argentina, recientemente publicado– hay que bajar el peso del Estado, convirtiéndolo en austero y eficiente”.

La propuesta se complementa con una política de apertura de las importaciones orientada a morigerar los precios internos –normativa que siempre ha generado una alta mortandad de pymes–, reducción de impuestos para las corporaciones, aumento de tarifas, eliminación de retenciones y una política planificada de privatización de empresas públicas: “El Estado argentino hace cosas que no son propias de su función esencial, como tener una empresa de energía para importar gas, una empresa de aviación o una petrolera”, manifestó uno de los más relevantes asesores económicos de Bullrich.

Historia de calvarios

El regreso de la convertibilidad.

Para legitimar estas medidas, la presidenta de la Fundación Mediterránea, María Pía Astori, ofreció a quien obtenga la candidatura –después de las PASO– su programa económico de gobierno. En la celebración por los 46 años de la Fundación –el 4 de julio, el mismo día de la independencia de Estados Unidos– disertaron en el Teatro General San Martín de la ciudad de Córdoba el máximo referente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), Carlos Melconian, y el ex mandatario uruguayo Luis Lacalle Herrera.

En su exposición, el funcionario del macrismo Melconian reafirmó los conceptos de Astori referidos a que la convertibilidad fue “el único plan que le dio al país diez años de estabilidad (…) desde allí se aportó una hoja de ruta que brindó certidumbre”. Con ese homenaje a Domingo Cavallo –su antecesor en el IERAL– se volvió a honrar la convertibilidad que finalizó de forma trágica en el 2001. Melconian añadió, además, que el IERAL dispone de un programa económico integral y que tiene expectativa de “darle al país el próximo ministro de Economía”.

En referencia a Cavallo, consideró que en la actualidad “ni siquiera lo discuten quienes en su momento estuvieron en desacuerdo”. Para ofertarse tanto a Horacio Rodríguez Larreta como a Bullrich, se ubicó por arriba de la disputa preelectoral, advirtiendo que se debe terminar con las contradicciones de “shock versus gradualismo, de la dinámica del ajuste, de los halcones y las palomas”. El programa es único y –fiel al léxico de la doctrina del shock– exigirá esfuerzos, sobre todo de los sectores más vulnerables.

Escena del estallido del 2001

El segundo eje es el disciplinamiento y la represión, abonado con la fragmentación social como paso previo a la violencia estatal contra diferentes grupos vulnerables, capaces de ser etiquetados como culpables de los males que aquejan a la sociedad. Perseguir a los sindicalistas que defiendan los derechos laborales, criminalizar a los referentes de los movimientos sociales y a los dirigentes kirchneristas aparece en forma reiterada como promesa de campaña, en formato de “meter bala”. También se señala a los pueblos originarios, en su versión mapuche o de comunidades puneñas –asentadas en territorios donde se encuentran recursos mineros como el litio– como paradigma de peligrosidad latente.

Para instituir su desprecio, se los etiqueta como ocupantes ilegales de tierras que pretenden escindirse de la nación. Esa misma disposición se manifiesta contra los ciudadanos que viven en condiciones precarias en las barriadas populares: el planteo del candidato a legislador de Jorge Macri, Franco Rinaldi, referido a la necesidad de quemar las villas, no parece ser un exabrupto sino el sincericidio de una derecha que desprecia de forma visceral a los sectores populares. Los pronunciamientos contra la normativa de la Educación Sexual Integral, aprobada en 2006, y contra la interrupción voluntaria del embarazo que entró en vigencia en 2021, coinciden con las repetidas amenazas de suprimir el Ministerio de la Mujer.

El tercer eje es el que le da marco geopolítico a la ofensiva reaccionaria. Los equipos técnicos de Larreta y Bullrich coinciden con un alineamiento con Estados Unidos, con la lógica de las sanciones unilaterales y con el co-gobierno con el Fondo Monetario Internacional, acoplado al nuevo consenso de Washington, que propone limitar a los BRICS y garantizar el acceso a los recursos naturales –por parte de las corporaciones multinacionales–, privando de dicho acceso a China.

La primera experiencia neoliberal estuvo atravesada por un genocidio. La segunda y la tercera concluyeron en el 2001. La cuarta en el endeudamiento más grande que un país ha contraído con un organismo multilateral. Estamos a tiempo de evitar el quinto calvario.

*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

 

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