¿Transparencia?: El FMI mantiene en secreto las negociaciones con Argentina

Jorge Marchini

El Fondo Monetario Internacional (FMI) suele plantear que la «transparencia» resulta fundamental para la buena administración y la previsibilidad. Afirma que debe lograrse a través de «la exhaustividad, claridad, fiabilidad y puntualidad en la presentación de informes públicos».

En forma paradójica, el mismo FMI exige que todas las negociaciones que requieran su financiamiento deban ser llevadas adelante en secreto. Los participantes deben cumplir el compromiso de confidencialidad, aunque sus efectos puedan tener significación estructural y consecuencias negativas para las sociedades de los países deudores.

De allí que no hayan resultado sorprendentes las respuestas brindadas días atrás en conferencia de prensa por la actual Directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack. Indagada sobre el estado actual de negociaciones con la Argentina, el país con el cual desde el superpréstamo al gobierno de Mauricio Macri en 2018 es el más endeudado en el mundo con el Fondo, reconoció que «la situación económica (argentina) es muy difícil y se ha exacerbado mucho con la sequía (del verano)».

Pero en lo concreto, en forma enigmática, la funcionaria solo atinó a afirmar «las discusiones están en curso y ciertamente no quiero adelantarme a ellas». Cabe preguntarse: ¿qué está en discusión en forma tan reservada?

 Exigencias y tiempos

Desde la perspectiva argentina, tal como lo adelantó el propio ministro Sergio Massa, la expectativa es el relajamiento de exigencias y un adelanto de desembolsos programados por parte del FMI reconociendo el impacto de la sequía, siendo que «ya saben que Argentina tiene un ancla que el Gobierno anterior dejó y condiciona su desarrollo». En su mirada, pesan los tiempos políticos y la incertidumbre que provoca la acumulación de vencimientos de deuda pública en divisas.

En los próximos meses deben pagarse 16.000 millones de dólares con organismos de crédito multilateral y binacionales, 11.000 millones de los cuales son para el propio FMI —con posibilidad parcial de ser articulados con desembolsos esperados del propio Fondo— y el resto con otras entidades.

Desde la visión del FMI, se plantean a través de versiones o trascendidos posiciones encontradas en relación a la Argentina que reflejan debates internos. Los duros refieren que dar un mayor apoyo al país, en la forma de un adelanto de desembolsos para permitirle evitar una devaluación mayor del peso y una inmediata fuerte caída de la actividad económica, sería «incentivar a que el gobierno argentino no haga un ajuste fuerte inmediato y, por lo tanto, no prepare condiciones para su profundización por un próximo gobierno».

En forma alternativa, se manifiesta la línea de quienes en el Fondo entienden que de lo que se trata es evitar el default de Argentina. Lo plantean por considerarlo un «caso líder» para los países periféricos ante un muy endeble cuadro financiero internacional debido al fuerte aumento de tasas de interés. Sus posiciones reflejan una combinación de preocupaciones en relación a los efectos geopolíticos internacionales, pero también, del peligro de una mayor inestabilidad que dañe la ya muy cuestionada credibilidad del FMI al haber brindado el desmesurado respaldo al gobierno de Cambiemos para lograr la reelección presidencial de Mauricio Macri.

El temor que se impone, tal como demostró  el trágico final de la convertibilidad 2001, es que, de cortar el Fondo el apoyo a la Argentina, pudiera desembocarse en una desarticulación social y política incontrolable tal como ocurrió en el final del gobierno de Fernando de la Rúa con la conducción económica de Domingo Cavallo. El FMI tiene bien ganada fama de provocar crisis, y no de solucionarlas.

El limbo de indefinición, de todas formas, tiene también límites de tiempo. Argentina debería pagar al FMI vencimientos por

• un equivalente de 2.713 millones dólares a fines de este mes;
• otro en agosto por 2.660 millones y
• en septiembre por 756 millones de dólares.

A fines del presente mes el Fondo también tendría que completar la quinta revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas. De aprobarse, liberaría un desembolso del propio FMI de 4.300 millones de dólares, contra pagos de Argentina de 6.100 millones. En un juego contable que podría denominarse «te doy plata, siempre y cuando me pagues y te sacrifiques más». Sin reservas suficientes, en un marco inflacionario que golpea duramente a la mayor parte de la sociedad y, además, en un período de lógica incógnita política, sin alternativas de liquidez para pagos en el corto plazo la relación de la Argentina con el FMI se encuentra en una encrucijada.

Mientras tanto, el FMI ha seguido requiriendo más ajustes. Sus recetas no han cambiado pese a reiteradas ilusiones que «ahora ya no es el mismo». Su tónica se observó tres meses atrás cuando, ante el incumplimiento de la meta pre-establecida de aumento de reservas del Banco Central, «flexibilizó» el programa de exigencias a través «de controles continuos de gastos, una mejor focalización de los subsidios energéticos y de la asistencia social».

La presión del FMI no tuvo como correlato la estabilización sino la mayor inflación, aumentando la incertidumbre, minando la actividad económica y las expectativas. Las consecuencias directas fueron, al revés de las clamadas en su anuncio oficial de «poner base a un crecimiento inclusivo», el impulsar un salto de la carestía de la vida por:

1. Un mayor ritmo de devaluación del peso, por el efecto de arrastre de precios de exportación y mayores costos de insumos de importación (a lo cual se agregan las demoras en la emisión de permisos, SIRA, justamente por la falta de criterios claros de prioridad y transparencia en el uso de divisas).
2. Fuertes incrementos de las tarifas de servicios públicos.
3. Aumentos de tasas de interés. desequilibrando las cuentas fiscales —no por salarios, jubilaciones y gastos sociales que van por detrás de la inflación, sino por mayores costos financieros—.

Se trata de una sábana corta: a cambio de un perdón limitado del FMI (waiver), seguir el mismo rumbo de exigencia de más ajustes. Tanto duros como blandos fondomonetaristas reconocen que va a haber que modificar el acuerdo, ya que sus condiciones y pagos son de imposible cumplimiento.

No saben cuándo ni con quién, pero sí que pretenden en forma común que debe prevalecer el requerimiento de priorizar pagos financieros y, por supuesto, que no se siga cuestionando el comportamiento denunciado de haber servido el «salvataje» de 2018 al mayor apalancamiento histórico de juegos financieros parasitarios. No se ha alterado la pretensión permanente de ocultamiento de responsabilidades del desquicio y sus beneficiarios.

Renegociar no debe ser disfrazar

La perspectiva de renegociación es evidente. En ello no hay tanto secreto. El simple planteo de su necesidad no alcanzará para cambiar el escenario. Desde el punto de vista de la sociedad argentina y no del FMI, debe definirse cómo y con qué condiciones, y, sobre todo, qué prioridades, planteos, opciones y propuestas se plantean.

Debe impulsarse el debate nacional. La campaña electoral no debe ser considerada un impedimento, sino una oportunidad para clarificar y diferenciar posiciones, ideas y propuestas en temáticas centrales como son la deuda pública y la fuga de capitales. No debe tratarse como una discusión confidencial de técnicos. La clarificación de la política pública y el apoyo social son esenciales para enfrentar un juego de presiones, intereses creados y extorsiones.

En juego están la defensa del patrimonio y los recursos del país y, sobre todo, las condiciones de vida y trabajo de la enorme mayoría del país que no juega ni ha jugado con la especulación financiera y la fuga de capitales, pero si ha sido endosada con el endeudamiento público. Hoy son los sectores más golpeados de la sociedad convocados nuevamente «a asumir los sacrificios necesarios» para pagar y seguir ahondando la misma senda económica y social desarticuladora.

Tal como refiere un reciente documento de economistas reunidos por el Foro de Producción y Trabajo: «La deuda, con sus paralelas exigencias condicionales, genera metas fiscales restrictivas y regresivas que apuntan a quitarle medios y potencia al Estado Nacional, disminuyendo y desarticulando su rol esencial para impulsar un desarrollo armónico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacional» ^[1].

No bastan expresiones de deseo, consignas vacías, o discursos e imágenes publicitarias superficiales, efectistas o demagógicas de campaña. Se necesitan líneas divisorias que pueden ser muy bien comprendidas por la sociedad que se dispone a elegir en la urnas, entre otras: la continuidad o no del acuerdo con FMI y sus posibles alternativas; la investigación o no del endeudamiento público, maniobras cambiarias y fugas ilegales de capitales; la afirmación o no de la administración prioritaria y transparente del control cambiario ante la escasez de divisas; la confrontación y desarticulación o no de los juegos especulativos y los chantajes de «golpes de mercado».

No hay lugar para la indiferencia.

 Nota

^[1] La deuda no puede mandar https://drive.google.com/file/d/1cW1dkeeBhUsXBKPQfAU2OtkHXE1a2bEr/view?usp=share_link

*Profesor Titular de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Coordinador para América Latina del Observatorio Internacional de la Deuda, investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Vicepresidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)